Se trata de un gran hito institucional para la Facultad de Derecho UAH, que se encuentra consolidando su oferta de postgrado y espera avanzar con igual fuerza con las demás cohortes.

«Nos llena de una enorme alegría y gratificación saber, por testimonio directo de nuestros propios estudiantes, que ya están poniendo en práctica, en su ejercicio profesional diario, la formación teórica y práctica que recibieron en las aulas. Ver cómo un grupo tan numeroso de abogadas y abogados cierra exitosamente una etapa tan importante es un motivo de profundo orgullo para nuestro programa, sobre todo al tratarse de la primera cohorte. Además, es un fuerte estimulo para continuar por esta senda y advertir aquellos aspectos que requieran cambios», aseguró el director (s) del programa, Juan Pablo Castillo.

Un aspecto que destacó el equipo del Magíster fue el egreso simultáneo de sus versiones sincrónica y asincrónica. «Cumplimos con nuestra aspiración de que, más allá de las particularidades de su impartición, ambas versiones fueran idénticas en cuanto a su rigor y forma de egreso», dijo.

Respecto de los sellos diferenciadores del proceso de egreso, Castillo aseguró que uno de ellos fue la variedad de instrumentos elegidos por las y los estudiantes para sus defensas orales, quienes abordaron problemáticas penales complejas de gran vigencia y alta relevancia dogmática. Así, pudieron elegir entre elaborar un informe en derecho, comentar una sentencia o presentar un recurso de nulidad ficticio.

«Entre estas tres modalidades destacamos el equilibrio, lo cual da cuenta de una cohorte bien heterogénea en cuanto a sus sensibilidades profesionales, ya que cada una de estas modalidades tiene sus propias particularidades y exigencias, y ver el nivel con el que las afrontaron demuestra de la versatilidad y solvencia de nuestros graduados», afirmó el académico.

Rigor dogmático, innovación y pertinencia

Entre las y los titulados que optaron por realizar informes en derecho y comentarios de jurisprudencia, comentó Castillo, varios desarrollaron investigaciones con un nivel de solidez bibliográfica y dogmática que permite su publicación en cualquier revista especializada del área penal.

«A modo de ejemplo, abordaron desde el análisis de garantías constitucionales en delitos como el abigeato —evaluado bajo el principio de legalidad y las exigencias de lex certa y lex stricta—, hasta la comunicabilidad en los delitos especiales propios respecto de la responsabilidad del extraneus, a propósito de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema», detalló.

En el análisis jurisprudencial, varios profundizaron en casos de relevancia histórica e institucional, como el episodio La Serena de la Caravana de la Muerte, fallos recientes sobre la formación del consentimiento en la suscripción engañosa de documentos, o discusiones del foro penal ordinario como la calificación de robos en bienes nacionales de uso público.

«Quisiera relevar el tratamiento de dogmática penal con enfoque de género presente en varios trabajos, abordando temas tan sensibles y complejos como la calificación jurídica e imputación subjetiva en contextos de extrema vulnerabilidad en casos de infanticidio o el modo de comprender la provocación suficiente en la legítima defensa. Esta variedad temática da cuenta del compromiso del programa con el rigor dogmático, la innovación y la pertinencia frente a los problemas más urgentes de la justicia penal contemporánea«, explicó.

Finalmente, el director (s) del Magíster en Derecho Penal enfatizó la estrategia docente implementada para sostener el rigor académico ante el crecimiento de la matrícula: «Dada la gran cantidad de estudiantes de esta primera cohorte, el programa incorporó a su claustro académico un número igualmente importante de profesoras y profesores guías. Esta ampliación garantizó desde el primer día un acompañamiento personalizado, riguroso y cercano para cada uno de los trabajos de investigación, lo cual se demostró en el cumplimiento del calendario que como programa nos habíamos autoimpuesto y que permitió el cierre de esta primera cohorte en el quinto semestre».

El académico, y coordinador del Magíster en Derecho Penal UAH, concentró su intervención en cuatro puntos: 1) realizó una lectura general de la reforma al 411 bis; 2) analizó la estructura típica del nuevo 411 bis A y su tensión con la falta de omisión de socorro del artículo 494 N° 14; 3) revisó el riesgo de superposición con el delito de trata de personas del artículo 411 quater; 4) presentó dos problemas dogmáticos de fondo: la homologación de formas de intervención delictiva y el eventual quiebre del principio de culpabilidad en la agravante por minoridad de la víctima.

Como primera observación, Castillo precisó que el Mensaje —que sustituye la expresión “la entrada ilegal al país” por “la entrada o salida ilegal del país— no ofrece cifras propias sobre la magnitud del fenómeno de salida ilegal facilitada desde Chile, sino que se limita a describir, en términos generales, que las estructuras delictivas “no operan de forma unidireccional”.

De acuerdo con el criterio del académico, que esa afirmación no venga acompañada de un diagnóstico empírico específico debilita la fundamentación del principio de necesidad de pena para su ampliación. “No se trata de objetar la bidireccionalidad en sí, sino de advertir que el legislador está extendiendo el ámbito de punibilidad de un tipo penal sin el mismo nivel de sustento empírico que exhibe para la otra mitad de la reforma”, aclaró.

Cinco recomendaciones al proyecto

Si bien Castillo valora de manera favorable la orientación general del proyecto, es decir, la ampliación bidireccional del 411 bis y la tipificación del traslado interno, que responden a un vacío real en la legislación, identifica cinco puntos que requieren corrección antes de su aprobación:

1. Incorporar una cláusula de excepción o atenuación para la asistencia humanitaria y de emergencia, que evite desincentivar el auxilio a personas en riesgo.
2. Resolver expresamente el concurso entre el nuevo 411 bis A y el delito de trata de personas del 411 quater, mediante una cláusula de subsidiariedad expresa.
3. Revisar la homologación de las formas de intervención delictiva, considerando una atenuante para los aportes de menor entidad.
4. Reformular la calificante del funcionario público para que exija abuso o exceso de la función, y no su mero desempeño regular, resguardando así la certeza jurídica de quienes actúan legítimamente en el marco de sus atribuciones.
5. El punto que considera más urgente: exigir explícitamente el conocimiento o la posibilidad de conocer la minoridad de la víctima como presupuesto de la agravante correspondiente, para no comprometer el principio de culpabilidad.

La actividad tenía por objetivo analizar las presentaciones de las invitadas con académicas, académicos y estudiantes de Derecho UAH. «Este encuentro permitió un cruce de miradas dogmáticas sumamente enriquecedor entre las expositoras y los asistentes, fomentando un debate crítico que, de paso, fortalece la formación de nuestros doctorandos y ayudantes. Con estas instancias, la Universidad Alberto Hurtado reafirma su compromiso de integrar diversas tradiciones jurídicas en la discusión penal contemporánea», aseguró Juan Pablo Castillo, académico y coordinador académico del Magíster en Derecho Penal.

Determinación del nexo causal

La Dra. Maria Federica Carriero, investigadora de la Universidad La Sapienza de Roma, realizó la presentación titulada “Determinación del nexo causal en el derecho penal”, en la que expuso los desafíos actuales de la causalidad en el Derecho Penal italiano.

La experta aseguró que este tema es fundamental para garantizar los principios de legalidad y culpabilidad, de ahí que la necesidad de emplazar el nexo de causalidad en principios constitucionalmente consagrados en Italia se ha hecho mediante los artículos 25 y 27 de la Constitución Italiana, que establecen el principio de materialidad y la naturaleza personal de la responsabilidad penal.

Carriero analizó la teoría condicionalista (condicio sine qua non), que utiliza la eliminación mental para identificar causas, aunque sin desconocer los inconvenientes que genera y que han vuelto indispensable complementarla con consideraciones de tipo valorativo, como las que permite incorporar la teoría de la imputación objetiva, donde el resultado debe ser la materialización del riesgo creado por la conducta.

La académica presentó casos complejos, como la negativa de tratamiento médico por parte de la víctima, para debatir cuándo se interrumpe la relación de causalidad bajo el principio de «autorresponsabilidad». Finalmente, abordó la subsunción bajo leyes científicas y el impacto de la Sentencia Franzese de 2002 como un caso paradigmático en el uso de leyes estadísticas y criterios de «alta credibilidad racional» para probar el nexo causal cuando no existen leyes universales.

La Dra. Carriero concluyó su presentación instando a las y los asistentes a distinguir entre leyes estadísticas y estadístico-causales para lograr una mayor certeza procesal, tesis que profundiza en su libro «Causalità e imputazione. Le leggi scientifiche tra metodo e dogmi» publicado por Giappichelli en 2025.

Derecho Penal agroalimentario en Europa

Por su parte, la Dra. Federica Raffone, investigadora y docente de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, expuso la presentación “Derecho Penal agroalimentario en Europa: marco normativo y centralidad del sistema italiano», en la que las crecientes tensiones del Derecho Penal agroalimentario en Europa, destacando la necesidad urgente de transitar hacia un marco normativo común que supere la actual fragmentación de los sistemas nacionales.

A su juicio, a pesar de que la Unión Europea posee un sistema de seguridad alimentaria altamente armonizado en sus estándares técnicos, la respuesta penal sigue siendo territorial y heterogénea. Esta asimetría generaría un espacio de tensión donde un mercado alimentario globalizado convive con respuestas judiciales fragmentadas que dificultan la persecución efectiva de delitos.

La académica presentó el sistema italiano como un «laboratorio» para comprender las transformaciones del sector, caracterizado por las dificultades probatorias que estos delitos generan, donde el peligro suele ser difuso, invisible y difícil de reconstruir y, especialmente, por la excesiva superposición entre ilícitos administrativos y penales, lo que diluye la frontera de la responsabilidad penal. De acuerdo a lo expuesto, uno de los puntos centrales de su propuesta es la distinción técnica entre riesgo y peligro.

En ese contexto, la Dra. Raffone constató que en este ámbito el derecho penal no debe limitarse a reaccionar ante daños pasados, sino que ha comenzado a asumir funciones regulatorias para gestionar riesgos futuros, sin que eso implique descuidar que la intervención penal debe mantenerse como extrema ratio frente a peligros graves, evitando una trasposición automática de conceptos administrativos.

El desafío final, concluyó la experta, no es necesariamente intervenir más, sino mejor. Esto requiere una redistribución de responsabilidades entre el individuo y la empresa, integrando nuevas exigencias como la sostenibilidad y el bienestar animal en un diálogo académico internacional que permita construir un lenguaje jurídico común.

El 13 de enero pasado la opinión pública conoció el veredicto que absolvió al teniente coronel (R) Claudio Crespo, acusado del delito de apremios ilegítimos en contra de Gustavo Gatica, quien a partir del actuar del primero, disparos con una escopeta antidisturbios, perdió la visión de ambos ojos. Las reacciones que generó la decisión del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago (TOP) se expresaron, en el plano político, en recriminaciones al interior del oficialismo y conformidad por parte de la derecha. La estridencia de dichas reacciones reprodujo la disposición poco reflexiva con que fue concebida y diseñada la Ley 21.560 (Naín-Retamal), la cual, aparentemente, habría condicionado el resultado absolutorio.

Entre las modificaciones que introdujo esta ley destacan dos. Por una parte, la incorporación de un nuevo elemento en la descripción legal del delito de apremios ilegítimos (artículo 150 D del Código Penal), consistente en una remisión a “los reglamentos respectivos” que regulan el uso de la fuerza en el control del orden público, referencia inexistente en la redacción anterior. Por otra, la consagración de una forma especial de legítima defensa aplicable a Carabineros en el cumplimiento del deber constitucional de resguardar el orden público y la seguridad pública interior. Esta última modificación proyecta efectos en un doble sentido: desplaza parcialmente la eximente tradicional de cumplimiento de un deber —hoy circunscrita a la afectación de bienes patrimoniales— y presume, en contextos de resguardo del orden público, la concurrencia de la “necesidad racional del medio empleado” por el funcionario policial que repele una agresión ilegítima.

Así concebida, la reforma resulta estéril. El veredicto que involucró a Crespo y Gatica parece confirmarlo. Más allá de la referencia explícita que el veredicto realiza a la Ley Naín-Retamal, la razón de la absolución es más procesal que penal. No resulta atribuible, en rigor, a ninguna de las dos modificaciones técnicas antes descritas. Incluso asumiendo como ciertas las conjeturas a las que arriba el tribunal —que Gatica habría agredido ilegítimamente a Crespo, que la entidad del ataque comprometía su vida o integridad física y que no existió provocación suficiente—, Crespo igualmente podría haberse visto favorecido por una legítima defensa común, sin necesidad de presunciones especiales.

La absolución se explica, más bien, por el efecto procesal derivado de la nueva redacción del tipo penal de apremios ilegítimos. El Ministerio Público acotó la imputación a la infracción de dos instrumentos infralegales —la Circular 1832 y la Orden General 2635—, pese a que estos no agotan la totalidad de los “reglamentos respectivos” en la materia. La imputación, así formulada, pecaría de defecto que, en un modelo acusatorio y no inquisitivo, el tribunal no puede subsanar. De ahí que la discusión futura se centrará en la función técnica de dicha remisión reglamentaria y si la imputación fue excesivamente restrictiva. Si se acredita que esta referencia no altera la naturaleza original del delito y solo explicita un mandato dirigido al juez, el fundamento del veredicto se debilita, con dos efectos relevantes: se reabre la posibilidad de tener por configurado el delito y se reactiva la opción de desvirtuar la presunción de necesidad racional del medio empleado en el uso de la escopeta antidisturbios.

Para la directora de Investigación, Pamela Mendoza, “la productividad alcanzada es expresión del compromiso y excelencia de nuestro cuerpo académico, y se proyecta a través de un programa doctoral de calidad, cuyos doctorandos ya contribuyen activamente a la investigación científica”.

“Valoro especialmente que la investigación desarrollada durante 2025 exprese no solo una alta productividad académica, sino, sobre todo, el aporte sustantivo de toda nuestra comunidad académica a través de una producción jurídica situada, crítica y con vocación pública. Los trabajos publicados abordan problemas estructurales del derecho contemporáneo y dialogan de manera rigurosa con la jurisprudencia y el debate comparado”, aseguró la decana de Derecho UAH, Miriam Henríquez.

Cabe destacar que la gran mayoría de las publicaciones corresponden a artículos en revistas científicas indexadas en bases de datos internacionales como Scopus y Web of Science, lo que da cuenta de la calidad y visibilidad de la investigación desarrollada por la Facultad.

Académicas y académicos que publicaron en 2025

Profesores Planta

1. Claudio Agüero
2. Michelle Azuaje
3. Juan Pablo Castillo
4. Rodrigo Coloma
5. Miriam Henríquez
6. Catalina Mansilla
7. Victoria Martínez
8. Hugo Rojas
9. Lieta Vivaldi
10. Nathalie Walker
11. Leonel González
12. Yasna Otárola
13. José Manuel Fernández
14. Pamela Mendoza
15. Juan Luis Modolell
16. Gustavo Poblete
17. Enrique Rajevic
18. Sebastián Salazar

Profesores colaboradores

1. Paula Godoy
2. Claudio Quintana
3. Mauricio Rettig
4. Claudia Sarmiento
5. Francisco Pino
6. Francisco Estrada

Doctorado en Derecho UAH

1. Allan Gallardo
2. Sebastián Sandoval
3. Valentina Silva
4. Alessia Baghino
5. Bernardita Conley
6. Lisandro Gómez
7. José Luis Gutiérrez
8. Bastián Moraga
9. Sonia Zaldívar
10. Gloria Mancilla

Alumni UAH

1. Bruno Bahamondes
2. Eduardo Sepúlveda

Detalle de las publicaciones

Artículos de Revistas

AGÜERO, Claudio y GALLARDO, Allan (2025): “Tres concepciones de la vulnerabilidad”, Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, N° 45: pp. 78-103, ISSN: 2735-6337, https://doi.org/10.21703/issn2735-6337/2024.n45.05 [Latindex]

Calzetta, Alejandro, AGÜERO, Claudio, Zambrano, Juan Pablo y SEPÚLVEDA, Eduardo (2025): “Puesta a punto de un modelo inferencial para analizar la operación de especificación en sentencias judiciales”, Isonomía – Revista de teoría y filosofía del derecho, Nº 62: pp. 83–115, ISSN: 1405-0218, 2683-2593, https://isonomia.itam.mx/index.php/revista-cientifica/article/view/799, [Scopus Q2]

Villavicencio, Luis, Fernández, Soledad, AGÜERO, Claudio, Zúñiga, Alejandra, SANDOVAL, Sebastián y SILVA, Valentina (2025): “Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre medicamentos de alto costo en Chile vía recurso de protección (2017-2022)”, Revista de Investigações Constitucionais, Vol. 12, N° 2, e512. https://doi.org/10.5380/rinc.v12i2.95584 [Scopus Q1]

Sologuren, Enrique, Oliva, Carla, Cordovez, Maximiliano, AGÜERO, Claudio y Toro, Fernando (2025): “Géneros especializados del ámbito jurídico: organización retórica-discursiva de la sentencia y la demanda en contexto chileno”, Lengua y Sociedad, Vol. 24, Nº 2, e30273, ISSN 1729-9721, 2413-2659, https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/lenguaysociedad/article/view/30273 [Scopus Q2]

AZUAJE, Michelle, Coddou, Alberto, Contreras, Pablo y Viollier, Pablo (2025): “Intervención, supervisión y control humano en las decisiones automatizadas”, Derecho PUCP, Nº 95, pp. 189–226, ISSN: 0251-3420, 2305-2546,  https://doi.org/10.18800/derechopucp.202502.006 [Scopus Q2]

AZUAJE, Michelle (2025): “Inteligencia artificial y derecho de autor: estado de la cuestión y desafíos regulatorios emergentes a partir del caso chileno”, Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, Nº23, 429-452, ISSN: 2422-569X, https://doi.org/10.26422/RIPI.2025.2300.azu [Scopus Q4]

ATAOGLU, Seren (2025): “Sobre las definiciones estipulativas”, Isonomia. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, Nº 62: pp. 149–170, ISSN: 1405-0218, 2683-2593, https://doi.org/10.5347/62/2025/797, [Scopus Q2]

BAHAMONDES, Bruno (2025): “La naturaleza del contrato como regla de interpretación contractual.”, Pro Jure Revista De Derecho – Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, N°64, eISSN 2810-7659 https://doi.org/10.4151/SO2810-76592025064-1495 [Scopus Q3]

BAGHINO, Alessia (2025): “La noción de ‘amenaza futura’ en la jurisprudencia chilena: análisis del recurso de protección en defensa de los territorios indígenas”, Vergentis. Revista de investigación de la cátedra internacional conjunta Inocencio III, N° 19: pp. 141-161, ISSN: 2445-2394, 2605-3357, https://vergentis.ucam.edu/index.php/vergentis/article/view/304 [Scopus Q4]

BAGHINO, Alessia (2025): “Los animales no humanos en la cosmovisión indígena: entre los derechos y la ética”, DALPS (Derecho Animal-Animal Legal and Policy Studies), N° 3: pp. 344–373, ISSN: 3020-1071 https://doi.org/10.36151/DALPS.059 [Latindex]

BAGHINO, Alessia (2025): “Structural Violence and Religious Freedom: Towards a Legal Principle of Structural Justice in the Chilean Experience”. Religions, vol. 16, Nº 12, ISSN: 2077-1444. https://doi.org/10.3390/rel16121566 [WoS- Scopus Q1]

CASTILLO, Juan Pablo (2025): “Sobre el concepto de trabajo o servicio forzado en el delito de trata de personas del artículo 411 quater”, Política Criminal, Vol. 20, Nº 40, pp. 451- 484, ISSN: 0718-3399, https://politcrim.com/wp-content/uploads/2025/11/Vol20N40A17.pdf [Scopus Q2]

COLOMA, Rodrigo y Rimoldi, Florencia (2025): “Testigos: De fuentes de información a informadores activos”, Revista Iberoamericana de Argumentación, Nº monográfico 5, pp. 93-121, ISSN: 2660-4515, EISSN: 2604-6202, https://doi.org/10.15366/ria2025.m5.005 [Scopus Q3]

COLOMA, Rodrigo; Lira, Renato y SANDOVAL, Sebastián (2025): “Dudas razonables. Sobre la concepción de estándar de prueba de Larry Laudan”, Quaestio Facti , N°10, pp. 1-15, https://revistes.udg.edu/quaestio-facti/article/view/23126/26730 [Scopus Q2]

CONLEY, Bernardita (2025): “Dominio y protección de la información sin regulación específica mediante el deber de confidencialidad contractual”, Ius et Praxis, Vol. 31, N° 2, pp. 91-107, ISSN 07172877, 07180012, https://www.iusetpraxis.utalca.cl/wp-content/uploads/2025/08/06.-Bernardita-Conley.pdf [Scopus Q2]

ESTRADA, Francisco (2025): “El informe técnico en la reforma a la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente”, Pro Jure Revista De Derecho – Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, N°64, eISSN 2810-7659, https://doi.org/10.4151/SO2810-76592025064-1486 [Scopus Q3]

Barrientos, Francisca, GODOY, Paula y Schencke, Fabiola (2025): “La negociación extrajudicial de cláusulas potencialmente abusivas que realiza el SERNAC dentro de los procedimientos voluntarios colectivos”, Revista de Estudos Empíricos em Direito, Vol. 12, pp. 1-39, ISSN: 23190817, https://doi.org/10.19092/reed.v12.916 [Scopus Q3]

HENRÍQUEZ, Miriam (2025): “El estatus de las leyes preconstitucionales y su relación con las normas derogatorias constitucionales”, Ius et Praxis, Vol. 31, N° 2, pp. 44-55, ISSN 0717-2877, 0718-0012, https://www.iusetpraxis.utalca.cl/wp-content/uploads/2025/08/03.-Miriam-Henriquez.pdf [Scopus Q2]

GÓMEZ, Lisandro (2025): “A ‘Shared’ Experience of Constituent Power: The Legal Culture of Some Legal Scholars and Constituents in the de facto Chilean Constitution”, Revista derecho del Estado. N° 63, pp. 265–285, https://doi.org/10.18601/01229893.n63.06 [Scopus Q2]

GÓMEZ, Lisandro (2025): “Expectations about fundamental rights. People initiatives in the 2023 Chilean constitutional process”, Oñati Social Legal Series, https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2342 ISSN: 2079-5971 [Scopus Q2]

MANSILLA, Catalina (2025): «“Amar los cerros”: mesas y bocas de un mallku aymara (norte de Chile)», Disparidades. Revista de Antropología, Vol. 80, N° 1, p. e1010, eISSN: 2659-6881, https://doi.org/10.3989/dra.2025.1010 [Wos- Scopus Q2]

MARTÍNEZ, Victoria (2025): “Estado liberal y la (re)distribución de los cuidados en las familias”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, N° 49: pp. 219-239, ISSN: 2386-4702, 0214-8676, https://doxa.ua.es/article/view/29368 [Scopus Q2]

PÉREZ, Ariel (2025): «Derecho transitorio constitucional: el debate y la experiencia chilena», Estudios Constitucionales, Vol. 23, Nº 2, pp. 61-93, ISSN: 0718-0195 [Scopus Q2]

PINO, Francisco (2025): “Los conceptos arendtianos de acción y libertad: objeción de conciencia y derecho”, Cuestiones de Filosofía, Vol. 11, N° 36, pp. 97-118, https://doi.org/10.19053/uptc.01235095.v11.n36.2025.17454 [Scopus Q4]

Millaleo, Salvador, ROJAS, Hugo y Shaftoe, Miriam (2025): “Indigenous Peoples and Truth Commissions: A Comparative Analysis”, Latin American Legal Studies, Vol. 13, N°2, pp. 79-125, ISSN: 0719-9112, 0719-9104, https://lals.uai.cl/index.php/rld/article/view/197 [Scopus Q3]

SALAZAR, Sebastián (2025): «Análisis comparativo de la jurisprudencia constitucional española y chilena sobre el Contenido Material de las Leyes de Presupuestos: Una aproximación desde el slow comparison», Estudios Constitucionales, Vol. 23, Nº 2, pp. 181-210, ISSN: 0718-0195 [Scopus Q2]

SILVA, Valentina (2025): “El bienestar: un criterio para determinar El interés superior de niños, niñas y adolescentes”, Revista Chilena de Derecho Privado, N° 44, pp. 217-252, ISSN: 07180233, 07188072, https://doi.org/10.32995/S0718-8072205891 [Scopus Q2]

SILVA, Valentina, Sandoval, Danae y Villavicencio, Luis (2025): «El uso del interés superior del niño por la Corte Suprema en casos de distribución de medicamentos de alto costo», Pro Jure Revista De Derecho – Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, N°64, eISSN 2810-7659 https://doi.org/10.4151/SO2810-76592025064-1527 [Scopus Q3]

Salazar, Andrea, Troncoso, Camila y VIVALDI, Lieta (2025): “Aproximaciones a la noción de cuidados desde las organizaciones sociales”, Revista Punto Género, N° 23, pp. 70–102, ISSN: 2735-7473, https://doi.org/10.5354/2735-7473.2025.79586 [Latindex]

Pérez, Danitza y VIVALDI, Lieta (2025): “Aborto, feminismo y arte en Chile: la solidaridad como posibilidad para el presente y el futuro”, Descentrada, Vol. 9, N°2, e267, ISSN 2545-7284, https://doi.org/10.24215/25457284e267 [Latindex]

WALKER, Nathalie (2025): «El diseño ético de productos y servicios digitales como instrumento para resguardar la dignidad, libertad y salud mental de los usuarios», Revista Justicia y Derecho, Vol. 8, N° temático, pp. 1-10, ISSN: 0719-9392, https://doi.org/10.32457/rjyd.v8it.2912 [Scopus Q3]

WALKER, Nathalie y Droguett, Carmen (2025): “Algunas prevenciones en torno a la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en el proceso judicial”, Actualidad Jurídica, año XXVI, N° 51: pp. 203-215, https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/articulos/algunas-prevenciones-en-torno-a-la-incorporacion-de-sistemas-de-inteligencia-artificial-en-el-proceso-judicialnathalie/

Díez, Felipe y WALKER, Nathalie (2025): “La apertura de los sistemas inteligentes como característica en conflicto con la concepción estática de producto terminado. Ámbito de la responsabilidad por productos defectuosos en Chile”, Ius et Praxis, Vol. 31, N° 2, pp. 70-90, ISSN 07172877, 07180012, https://www.iusetpraxis.utalca.cl/wp-content/uploads/2025/08/05.-Felipe-Diez-y-Nathalie-Walker.pdf [Scopus Q2]

Otros revistas

GALLARDO, Allan (2025): “Responsabilidad por falta de servicio en el caso de Fabiola Campillai con el Fisco de Chile. Ministro de Primera Instancia y Fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 04 de junio de 2023, Rol N°2-2022”, Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, N° 46: pp. 129-145, ISSN: 2735-6337, https://doi.org/10.21703/issn2735-6337/2025.n46.07 [Comentario de Jurisprudencia|Latindex]

GUTIÉRREZ, José Luis (2025): “Validez del acto administrativo y debido proceso: una lectura estructural (Corte Suprema, rol 246.595-2023)”, Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 38, Nº 2, pp. 313-321, ISSN: 0716-9132, 0718-0950, https://revistaderechovaldivia.cl/index.php/revde/article/view/2224 [Comentario de Jurisprudencia| Scopus]

MORAGA, Bastián (2025): “El resurgimiento de la imprevisión en Chile, una nueva oportunidad: Sentencia de la Corte Suprema chilena Rol N°161.630-2023”, Revista de Derecho (Universidad de Concepción), Vol. 93, N° 258, pp. 377-386, ISSN: 0303-9986, 0718-591X, https://revistas.udec.cl/index.php/revista_de_derecho/article/view/19358 [Comentario de Jurisprudencia|Scielo]

ZALDÍVAR, Sonia (2025): “El principio protectorio del derecho del trabajo como pauta interpretativa en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Análisis de la Sentencia I-8-2024 de fecha 7 de julio de 2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique a la luz de la ley n° 21.645 de 2024”, Ius et Praxis, Año 31, Nº 3, pp. 180 – 191, ISSN 0717-2877, 0718-0012, https://doi.org/10.4067/S0718-00122025000300180 [Comentario de Jurisprudencia| Scopus]

ZALDÍVAR, Sonia (2025): “La instrumentalización del acoso como una forma de discriminación laboral. Un análisis de la sentencia Rol T-256-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel”, Revista de Derecho (Universidad de Concepción), Vol. 93, N° 258, pp. 403-414, ISSN: 0303-9986, 0718-591X, https://revistas.udec.cl/index.php/revista_de_derecho/article/view/22280 [Comentario de Jurisprudencia|Scielo]

Libros

COLOMA, Rodrigo (2025): Decidir hechos y argumentar con pruebas. Materiales para una teoría de la prueba en los procesos judiciales (Madrid, Marcial Pons), ISBN: 9788413817309.

Bocardo, Alejandra, GONZÁLEZ, Leonel y Echegoyemberry, Natalia (2025): Necesidades jurídicas insatisfechas en Iberoamérica un análisis sobre las encuestas realizadas y una guía para su implementación (Valencia, Tirant lo Blanch), ISBN13 9788410718791

Covarrubias , Sara y Nel Greeven (2025): Manual de Derecho procesal de familia. Curso habilitante de familia en el contexto de las actividades de capacitación en línea. Actualizadores: Machado, Patricia, Opazo Mario y OTAROLA, Yasna (Valencia, Tirant lo Blanch), ISBN: 9791370210663 – 9791370210670

QUINTANA, Claudio y Rojas, Luis Emilio (2025): Derecho penal: aspectos esenciales de la parte general para la práctica y la labor jurisdiccional (Santiago, DER Ediciones), ISBN: 978-956-405-249-6

Otros

SALAZAR, Sebastián (2025): Propuestas progresistas para la descentralización. Democratización, equidad territorial y autonomía (Santiago: Fundación Friedrich Ebert en Chile), ISBN 978-956-6410-31-7.

ROJAS, Hugo (2025): Pilares de justicia transicional en América Latina (Bogotá: Programa Estado de Derecho Lainoamérica, Konrad Adenauer Stiftung).

Capítulos de libro

CONLEY, Bernardita (2025): “Reconsideración analítica de la función del plazo como exigencia de acciones de término matrimonial”, en_ Sabioncello, Muriel (dir.) Estudios de Derecho de Familia VIII (Santiago: Thomson Reuters), pp. 213-226, ISBN : 978-956-400-648-2.

CONLEY, Bernardita (2025): “Más allá del retiro injustificado: cuatro hipótesis de la responsabilidad civil precontractual. Un análisis jurisprudencial (2010-2024)”, en Illanes, Alejandra, Montecinos, Andrea y Rodríguez, María Isabel (edits.) Estudios de Derecho Privado. Quintas Jornadas de Profesoras de Derecho Privado (Santiago: Rubicón Editores), pp. 403-414, ISBN: 978-956-6351-10-7.

CONLEY, Bernardita y Hevia, Francisca (2025): “Capítulo I. El rol y la función de la familia en el Estado”, en Guridi, Mar y Rubio, Fernanda (comp.) Código de la familia e infancia y adolescencia, adultos mayores y personas en situación de discapacidad (Valencia: Tirant lo Blanch), pp. 15-164, ISBN: 9791370101190, 9791370101206.

Cereceda, Emiliana, FERNÁNDEZ, José Manuel, Murray, Marjorie, Olivari, Alicia y ROJAS, Hugo (2025): “Derechos económicos, sociales y culturales en el Chile transcional: de la precariedad al reconocimiento”, en Risor, Helene, Murray, Marjorie y Di Giminiani, Piergiorgio (edits.), Después de los treinta años. Experiencias y relatos sobre democracia y derechos sociales en Chile (Santiago, UAH Ediciones), ISBN: 978-956-357-526-2

GONZÁLEZ, Leonel (2025): “La teoría probatoria en los sistemas orales de América Latina”, en Antonio Pedro Melchior y Caio Badaró Massena (org.) Estudos jurídicos em homenagem ao Professor Geraldo Prado (São Pablo, Marcial Pons), pp. 337-348, ISBN: 9786585108447

GONZÁLEZ, Leonel (2025): “El juicio por jurados en una nueva justicia civil. Una forma de contribuir al mejoramiento de la legitimidad y confianza en el Poder Judicial”, en Carrasco, Jaime y Contreras, Cristián (edits.) Proceso y tutela de derechos (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 189-198, ISBN: 9791370211769, 9791370211776.

MANCILLA, Gloria, y Maldonado, Tatiana (2025): “La reformalización de la investigación: de la praxis a la regulación normativa. Desafíos para un debido proceso”, en Ríos, Rodrigo y Machado Lorena (editores) Diálogos chileno-brasileiros de Direito Penal e Processual Penal, vol. II, pp. 95–118 (São Paulo: Tirant lo Blanch), ISBN: 9788594776785, 9788594776778

MARTÍNEZ, Victoria (2025): “¿Cómo influyen los dilemas interpretativos en la prueba? El caso de la ley Zamudio”, en Coloma, Rodrigo, Decidir hechos y argumentar con pruebas. Materiales para una teoría de la prueba en los procesos judiciales (Madrid, Marcial Pons), ISBN: 9788413817309

MARTÍNEZ, Victoria (2025): “La paradoja de la flexibilidad laboral para la igualdad de género”, en Alvarado, Paulina; Planet, Lucía; Lagos, Felipe, El tiempo en el trabajo y sus brechas de género (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 161-170, ISBN: 9791370102869, 9791370102876.

MENDOZA, Pamela, (2025):“Una aproximación a la noción de daño colectivo en el derecho chileno”, en Barría Paredes, Manuel (director), Estudios de Derecho Civil XVIII (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 1131-1145, ISBN: 979-13-7021-280-3

MODOLELL, Juan Luis (2025): «Las nuevas tecnologías en el sistema penal de Venezuela», en Rask-Malarino-Gil (edits), Nuevas tecnologías y Sistema penal: un estudio de los ordenamientos latinoamericanos, (Berlín-Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung-Programa Estado de Derecho) pp. 357-375, ISBN: 978-628-7708-12-9, https://www.kas.de/documents/271408/16552318/Nuevas+tecnolog%C3%ADas+y+sistema+penal.pdf/0f54a35a-cc82-eabe-08be-acc087ecb4d5?version=1.0&t=1744043075289

POBLETE, Gustavo (2025): «Responsabilidad del Estado por actuaciones policiales», en: Lovera, Domingo y Lam, Reynaldo (dir.) Anuario de Derecho Público 2024 (Ediciones Universidad Diego Portales), pp. 25-41, ISBN: 978-956-314-643-1.

RAJEVIC, Enrique (2025): “Estado, datos personales y transparencia: la nueva agencia chilena de datos personales”, en: Zaror, Danielle (dir.) Expertos en acción: protegiendo datos personales bajo la nueva legislación (Santiago: Rubicón Editores), pp. 55-68, ISBN: 9789569947988

RAJEVIC, Enrique (2025): “Novedades de la Ley Nº 21.634, de 2023, y de su implementación reglamentaria, en el fortalecimiento de la probidad y transparencia en la contratación pública”, en: Lazo V., Ximena y Obando C., Iván (dir.) Nueva Contratación Pública. Reflexión y crítica de la Ley Nº 19.886 y su reglamento (Valencia: Tirant Lo Blanch), pp. 97-142, ISBN: 9791370213541.

Bravo, Sebastián y RETTIG, Mauricio (2025):“Problemas metodológicos sobre el uso y aplicación del estándar de prueba en la sentencia definitiva penal”, en Coloma, Rodrigo (edit.) Decidir hechos y argumentar con pruebas materiales para una teoría de la prueba en los procesos judiciales (Madrid, Marcial Pons), ISBN: 9788413817309.

ROJAS, Hugo (2025): “Human Rights Violations in the 2019 Social Outbreak in Chile: Progress and Challenges in Justice and Reparations for Victims”, in: INFANTE-BATISTE, V., WILKINSON, R.D. (eds) Fifty Years of Human Rights in Chile. St Antony’s Series. Palgrave Macmillan (Cham: Palgrave Macmillan), pp. 155-172, https://doi.org/10.1007/978-3-031-77351-8_9

Navia, Carlos, SALAZAR, Sebastián  y SARMIENTO, Claudia (2025): «Desafíos para la regulación del derecho a la educación desde una perspectiva socialista», en: Navia, Carlos (coord. y edit.)  Educación y justicia social: Propuestas desde el socialismo democrático (Santiago: Fundación Friedrich Ebert en Chile), pp. 14-23, ISBN 978-956-6410-28-7.

Lira, Renato y SANDOVAL, Sebastián (2025):“Generalizaciones sobre terremotos que ocurren cada cierto tiempo en Chile”, en Coloma, Rodrigo, Decidir hechos y argumentar con pruebas. Materiales para una teoría de la prueba en los procesos judiciales (Madrid, Marcial Pons), ISBN: 9788413817309.

SILVA, Valentina (2025): “Interés superior del niño, autonomía progresiva y decisiones médicas: un mapa de tipos de casos”, en Sabioncello, Muriel (dir.) Estudios de Derecho de Familia VIII (Santiago: Thomson Reuters), pp. 213-226, ISBN : 978-956-400-648-2.

SILVA, Valentina (2025): “Artículos 2319, 2320 y 2321 del Código Civil en el contexto de las familias reconstituidas. ¿Quién o quiénes responden?”, en: Illanes, Alejandra, Montecinos, Andrea y Rodríguez, María Isabel (edits.) Estudios de Derecho Privado. Quintas Jornadas de Profesoras de Derecho Privado (Santiago: Rubicón Editores), pp. 829-842, ISBN: 978-956-6351-10-7.

SILVA, Valentina (2025): “Capítulo VIII. Grupos vulnerables. Sistema de protección a personas en situación de discapacidad en Chile”, en Guridi, Mar y Rubio, Fernanda (comp.) Código de la familia e infancia y adolescencia, adultos mayores y personas en situación de discapacidad (Valencia: Tirant lo Blanch), pp. 601-674, ISBN: 9791370101190, 9791370101206.

VIVALDI, Lieta (2025): “Técnicas de Reproducción Asistida en los debates feministas y la voz de las mujeres: ambivalencias, oportunidades y deudas desde la igualdad”, en: Yopo Díaz, Martina (edit.) Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad (Santiago: Fondo de Cultura Económica), ISBN: 9789562893916

La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) recibió la visita del destacado académico italiano Dr. Gabriele Fornasari, Profesor Titular de Derecho Penal de la Università degli Studi di Trento, quien dictó el seminario “La aplicación analógica de las causas de exculpación”. La actividad, organizada por el Magíster en Derecho Penal de la UAH, se desarrolló como un espacio de reflexión y debate en torno a uno de los temas más complejos y sensibles de la dogmática penal contemporánea.

El encuentro tuvo lugar en el Salón de Doctorado de la Facultad y convocó a una audiencia diversa y altamente especializada. Además de estudiantes de pregrado, doctorandos y académicos de la UAH, asistieron docentes de distintas universidades del país, transformando el seminario en un punto de convergencia regional de especialistas en Derecho Penal.

El profesor Gabriele Fornasari es reconocido como una de las voces más influyentes del penalismo europeo. Doctor en Derecho por la Universidad de Parma y licenciado por la Universidad de Bolonia, cuenta con una extensa trayectoria académica y una prolífica producción científica. Sus investigaciones abarcan desde la evolución de la dogmática penal italiana del siglo XX hasta temas como la inexigibilidad, la justicia transicional y las tensiones entre la Constitución y el Derecho Penal.

Además, el Dr. Fornasari es Investigador Asociado del Centro de Investigaciones de Filosofía del Derecho y Derecho Penal (CIFDE), lo que refleja su permanente vínculo con la academia chilena y su contribución al desarrollo del pensamiento penal contemporáneo.

Durante su exposición, el académico profundizó en las implicancias teóricas y prácticas de la aplicación analógica de las causales de exculpación, una cuestión que interpela directamente los principios de legalidad y reserva legal, al tiempo que busca ofrecer respuestas justas en escenarios no expresamente regulados por la ley. Su análisis permitió a los participantes explorar este delicado punto de intersección entre norma, equidad y dogmática penal, a través de una perspectiva comparada y metodológicamente rigurosa.

El seminario constituyó un valioso aporte para la comunidad jurídica y reafirmó el compromiso del Magíster en Derecho Penal de la UAH con la formación avanzada, el pensamiento crítico y el diálogo académico a nivel internacional.

La norma contenida en el tipo penal del artículo 472 bis del Código Penal (CP) —fruto de la reforma introducida por la Ley 21.595 de 2023— castiga penalmente a quien emplea a otra y paga una remuneración manifiestamente desproporcionada a la baja. Esta disposición, que parece del todo razonable respecto de su propósito (evitar abusos en relaciones por definición desiguales, como son las laborales), plantea, sin embargo, un asunto cardinal para el Derecho Penal moderno: el alcance de la llamada subsidiariedad del recurso punitivo frente a otras disciplinas del árbol jurídico.

En efecto, la mera introducción del precepto supone responder negativamente la pregunta de si existen otras ramas del ordenamiento menos invasivas para la libertad humana que sean más eficaces para contrarrestar cierto fenómeno. Dicho de manera más directa, si acaso el Derecho del Trabajo ha ya demostrado ser inocuo para contener la práctica en cuestión.

A pesar de la crisis global de la actividad sindical, promovida por las características adoptadas por el trabajo contemporáneo, y las prioridades existenciales del trabajador moderno, el Derecho del Trabajo chileno cuenta con una institucionalidad medianamente robusta (tribunales especiales y entes administrativos encargados de la fiscalización) como para creer que el tipo en cuestión responda a una suerte de “llamada de auxilio”. La norma, antes bien, apunta a casos en que la relación laboral es sustancialmente informal, situada al margen del control estatal lato sensu. De esta conjetura se sigue, por tanto, que la disposición tampoco buscaría satisfacer el propósito comunicativo de que la sociedad admita la posibilidad de ver al empleador (también) como un delincuente común y ya no como un mero infractor administrativo incapaz de cometer de delitos.

Teniendo, por ende, claridad respecto de la fenomenología a la que el precepto apunta, la pregunta referida a la subsidiariedad vuelve a adquirir pertinencia y, asumiendo que dicho umbral se cumpla —“se trata de una lesión intensa a un bien jurídico especialmente importante”—, la solución es igualmente insatisfactoria. Pues bajo la etiqueta de síntesis “explotación laboral” quedan comprendidas hipótesis que ciertamente van mucho más allá del pago desproporcionadamente bajo; piénsese tan solo en el trabajo que se emplea sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad o la contratación de migrantes irregulares. En uno y otro caso, el tipo penal no resultaría aplicable si, pongamos por caso, el empleador paga por una actividad una cifra conforme el precio de mercado y/o igual o por sobre el sueldo mínimo, pero desarrollada en condiciones groseramente insuficientes en términos de seguridad, idóneas para poner en peligro la vida, salud o integridad física del trabajador.

El tipo penal soslaya que el trabajo puede significar una dimensión esencial de la vida del trabajador, indispensable para el desarrollo de una existencia libre y digna. Por eso no extraña que, al regularla de manera conjunta a la usura, la interpretación de lo que ha de entenderse por explotación laboral tienda a favorecer lecturas que la reduzcan a la mera afectación patrimonial para la víctima.

Que algo tan evidente como esto haya pasado desapercibido para el legislador es indiciaria, en definitiva, de la superficialidad con que la cuestión de la subsidiariedad fue afrontada.

Es por ello que, a diferencia de otras realidades, en nuestro medio es inviable hablar de una relación consolidada entre Derecho Penal y Derecho del Trabajo con manifestaciones positivas en el seno del ordenamiento. Este estado de cosas, con todo, es plenamente coherente con el parco espacio que a nivel de fuentes primerias (i.e. la Constitución Política de la República) tiene, de un lado, el trabajo como actividad y, de otro, el trabajador como agente clave de la comunidad política. La viabilidad de cualquier cambio en esta materia tiene acá su fuente de legitimidad.

El título de la ponencia del profesor Castillo fue “Elementos para un deslinde entre la explotación laboral del artículo 472 bis y el trabajo forzado del artículo 411 quater”, la cual se enmarca en el proyecto Fondecyt de iniciación que concluyó hace algunos meses.

La presentación tuvo por objeto realizar una comparación entre el concepto de trabajo forzoso previsto como una de las finalidades del delito de trata de personas (art. 411 quater) y el concepto de explotación laboral, implícitamente reconocido en el nuevo delito del artículo 472 bis. “Mediante una revisión de la jurisprudencia en torno al primer delito, la tesis contenida en la presentación consiste en que el desmesurado estándar que ha de satisfacerse para que los tribunales chilenos asuman la configuración de trabajo forzado, se explica por la técnica legislativa elegida para el delito; concretamente, al solapamiento de fenómenos (la trata y el trabajo forzoso) que no necesariamente han de concurrir de forma conjunta”, aseguró Castillo.

Asimismo, la ponencia advirtió algunos inconvenientes de la explotación laboral del artículo 472 bis, como su cuestionable ubicación en la estructura del código y el hecho que redujera su alcance sólo al pago desproporcionadamente bajo del salario, que si bien es una muestra gráfica de explotación laboral, ciertamente no es la única.

Además, el viernes 8 de noviembre presentó el libro “Motivi aggravanti e circostanze discriminatorie. Legittimità e limiti della tutela penale della pari dignità” del profesor de la Universidad de Brescia (Italia), Andrea Perin.

El 24 de septiembre pasado, en la ciudad de Modena (Italia), Lorenzo Carbone (50 años) confesaba ante las cámaras de televisión, que se apostaron afuera de su casa, que había matado a su octogenaria madre. Su rictus era incontrovertiblemente el de una persona desorientada y, al mismo tiempo, conmovida: declaró que desde hace un buen tiempo no lograba tener el control de los cuidados que su madre demandaba derivados de la demencia y el Alzheimer que padecía. Luego de haberla estrangulado, deambuló toda la noche, calificó el hecho como un “instinto”, que no resistía más y que, en definitiva, no sabía por qué lo había hecho. Las imágenes culminan con Carbone rompiendo en llanto y aceptando la sugerencia de la prensa de llamar a la policía para tomar su declaración y eventualmente detenerlo.

Este dramático caso, cuyos contornos guardan similitudes con otros tantos que se han dado en nuestro país, revela la precariedad de las personas que cuidan de otras por razones afectivas y/o parentales. Quienes cuidan de manera informal no cuentan con capacitación técnica o profesional para enfrentar las dificultades de esta tarea. Más aún, usualmente se ven forzadas a cuidar a costa de su propia salud física y mental.

La soledad y precariedad del cuidado informal es un drama cotidiano que, cada cierto tiempo, sale del mundo privado y familiar por casos extremos como el de Carbone. El problema, sin embargo, es que aunque parezca invisible, la forma en que actualmente organizamos los cuidados impone una carga desproporcionada en las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres. La estructura social, jurídica y hasta económica supone que las necesidades de cuidado de las personas más vulnerables serán satisfechas, privadamente, por sus familias. Esta organización entra en crisis con el sostenido envejecimiento de la población, la incorporación de las mujeres en el mercado formal del trabajo y la diversidad de formas familiares.

La crisis del cuidado, que solo se profundizará en el futuro, deja a menos personas disponibles para cuidar, en familias cada vez más pequeñas y envejecidas. Si el Estado y la sociedad no son corresponsables, el drama de las personas que cuidan, aisladas y sin recursos, será más frecuente. Por ello, varios países de América Latina han diseñado políticas públicas integrales para resguardar los derechos y el bienestar de las personas que necesitan ser cuidadas y también de sus cuidadores.

En Chile, el proyecto de ley que pretende crear el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (Boletín N°16905-31) tiene como primer grupo objetivo las personas con dependencia severa y sus cuidadores. Este grupo de cuidadores ha manifestado que sus mayores problemas son la vulnerabilidad económica, la escasez de tiempo y el desmedro a su salud física y mental. Hasta que esta política pública no sea aprobada e implementada eficazmente, quienes cuidan seguirán expuestos a una vida precaria.

En términos estrictamente jurídico-penales, la pregunta que cabe formular es si en un contexto como el descrito —complementado con la falta de cobertura estatal que se haga cargo de la salud mental de las y los cuidadores— debiera generarse responsabilidad penal, por ejemplo, mediante la imputación del delito de parricidio (artículo 390 CP).

Una respuesta afirmativa en tal sentido supondría descartar de plano las eximentes de responsabilidad penal que pudieran resultar pertinentes; en particular, la referida a la inimputabilidad del artículo 10 nº 1, reconociendo a lo sumo la atenuante de “obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente provoquen arrebato u obcecación” (artículo 11 nº 5). Como se sabe, los términos de esta eximente han permanecido inalterados durante los ciento cincuenta años de vigencia del Código, lo cual ha sido posible gracias a una indispensable interpretación evolutiva, atenta a los avances de la psiquiatría, de los términos “locura” y “demencia”. Ante la necesidad práctica de aplicar preceptos que se valen de conceptos en desuso, pero cuya presencia es incontrovertible, el efecto producido ha sido que el enriquecimiento interpretativo resultante ha permeado a toda la eximente, incluyendo la referida a lo que la doctrina ha denominado “trastorno mental transitorio”, reconocida en el precepto bajo la forma de aquel “por cualquier causa independiente de su voluntad, se halla privado totalmente de razón”.

Nuestro Código penal, hijo de las concepciones psiquiátricas dominantes durante el siglo XIX, entendían las situaciones de inimputabilidad en términos exclusiva y excluyentemente psicopatológicos: el inimputable era solo aquel que por condicionamientos biológicos o desequilibrio morboso no era capaz de conducirse racionalmente. Gracias al avance en esta materia de la psicología y medicina psiquiátrica, de un lado, y al tránsito hacia un entendimiento normativo de la culpabilidad, de otro, se ha alcanzado el consenso de que la inimputabilidad no equivale necesariamente a enfermedad mental. Dicho de manera más sintética: la inimputabilidad derivada del trastorno mental transitorio no ha de ser homologada a la enfermedad mental, pues no todo estado de inimputabilidad supone que el sujeto sea un enajenado (basta pensar en niños, niñas y adolescentes), como tampoco toda enfermedad mental acarrea por sí sola la inimputabilidad del hecho.

En términos conceptuales, el trastorno mental transitorio se presenta cuando el sujeto experimenta una perturbación psíquica provocada por causas exógenas inmediatas que eliminan en él la aptitud de comprender el injusto del hecho y evitar su materialización; de este modo, su carácter episódico y fuente no psicopatológica constituyen las principales diferencias que tiene con la enajenación mental en sentido estricto. En buena parte de los casos –y pareciera que el descrito al inicio de esta reflexión responde a ese patrón–, suele estar presente una serie de condiciones patológicas previas de la víctima, donde la perturbación halla terreno fértil y facilita su verificación. Precisamente lo anterior explica que, en nuestro país, desde el entendimiento normativo de la inimputabilidad, se exija una evaluación del efecto psicológico que efectivamente se haya producido en el sujeto. Conforme a este paradigma, nada impide que determinados fenómenos emotivos o pasionales alcancen un grado que anule (y ya no simplemente atenúe) el entendimiento. Esto lo que ocurre tratándose de la ira, especialmente cuando se desata en contextos de tensión sostenida, originando reacciones primitivas en que la conducta se desencadena como el impulso de un shock emocional violento. Lo notable de este progreso conceptual consiste, por ende, en que la exención de responsabilidad penal ya no queda reducida a las emociones depresoras o paralizantes de la conducta (paradigmáticamente: el miedo), sino también aquellas que se traduzcan en la causa psicológica de formas violentas, como la ira o el ardor combativo.

Este cuadro perfectamente puede ser el de quien tiene la responsabilidad de cuidar de alguien que se deteriora progresivamente, careciendo de herramientas, formación y apoyo externo; en definitiva, de quien, por la coyuntura que atraviesa, está socialmente aislado. Dicho en términos psicoanalíticos: la reacción homicida puede responder a una supercompensación de una individualidad insegura. La evidencia criminológica enseña, en fin, que en muchos de los llamados delincuentes pasionales la explosión afectiva está precedida por una larga historia de conflictos íntimos, desaliento, frustración o graves conflictos familiares.

Carbone no sólo mata físicamente a su madre, sino a la fuente de opresión que opera en su inconsciente. Considerando que las tareas de cuidado, altamente demandantes, suelen empobrecer una correcta integración social, es muy probable que, al momento de los hechos, tras la protesta interior, la rebelión personal y la ira desatada, Carbone haya reconstruido psicológicamente su padecimiento y que ésta se haya apoderado rápidamente de su conciencia hasta alcanzar su cénit con la rabia. Si, conforme se ha estudiado por parte de la psicología, el pánico es la forma más intensa del miedo, la rabia es la manifestación máxima de la ira. En ambas el individuo no sabe lo que hace, deviene un mero espectador de sus actos, los cuales son impulsados por fuerzas que surgen inopinadamente de su interior y pueden llevar hasta el homicidio. Se trata, en definitiva, de una emoción sobre la cual no se tiene dominio, una especie de arma que se dirige sola sin necesidad de una mano que la manipule, teniéndonos sujetos y no dejándose gobernar.

Este caso pone de manifiesto cómo la estructura del Estado puede condicionar de manera importante la respuesta en un caso donde la inimputabilidad se juega, precisamente, en el aislamiento generado por la ausencia del Estado. La distribución de los cuidados como una tarea exclusiva de las familias, sobre los hombros de cuidadores/as que pagan los costos con su salud física y mental genera el ambiente propicio para que estos casos ocurran. La corresponsabilidad social sobre los cuidados es un asunto de justicia, que ante las situaciones descritas reviste carácter de urgente.

La actividad se vincula la inminente publicación de un libro del profesor Andrea Perin, que, entre otros temas, aborda el problema del fundamento de las circunstancias agravantes por razones o fines discriminatorios, previstas en algunos códigos penales.

El profesor Perin (U. de Brescia) abordó algunas ideas de su trabajo, reflexionando alrededor de los argumentos esgrimidos por la doctrina que defiende la legitimidad de los denominados “delitos de odio” (bias crimes o hate crimes), esto es, delitos calificados y/o agravados por motivos o fines discriminatorios. En particular, el invitado centró en el controvertido papel que el principio de igualdad sustancial puede jugar en esta materia y en la función que la pena podría tener en el marco del objetivo general, asumido por el Estado, de eliminar o reducir los “obstáculos” que se interponen entre la persona discriminada (frágil, vulnerable, desfavorecida) y el ejercicio de sus derechos fundamentales.

Lo anterior se ha vinculado críticamente a un cambio de paradigma general que se puede apreciar en el derecho penal contemporáneo; concretamente a propósito de la tesis conforme a la cual el reconocimiento de la igualdad material o sustantiva como cimiento constitucional debiese conducir a una reconfiguración del derecho penal, clásicamente centrado en las garantías fundamentales que limitan el ejercicio del poder punitivo del estado de derecho en favor del imputado, hacia uno enfocado en las expectativas de justicia de la víctima. La intervención del profesor Perin ha reflexionado críticamente sobre esta aproximación teórica, con especial referencia a su cuestionable idoneidad para legitimar ciertas técnicas de tipificación penal en materia antidiscriminatoria.

La actividad culminó con un comentario crítico del profesor Fernando Londoño (UDP), quien abordó la reflexión desde de un paradigmático caso local de femicidio frustrado en que se adujo en favor del agresor la emoción violenta del arrebato y obcecación. Su intervención culminó con algunas referencias críticas alusivas al fenómeno del “populismo penal”, su conexión con el uso prioritario “de la gruesa herramienta de la pena” y el quiebre contemporáneo que esa solución importa para el principio de intervención mínima del derecho penal.

El profesor Juan Pablo Castillo (UAH) agradeció la conferencia del profesor Perin, señalando que ésta se enmarca en una incipiente pero intensa relación institucional entre la Universidad de Brescia y la Universidad Alberto Hurtado: “los vínculos entre la U. de Brescia y la UAH son incipientes. Tuve la posibilidad de hacer una estancia de investigación allí y hoy nos acompaña un doctorando de la U. de Brescia que también está haciendo una estancia de investigación”, dijo.

Por Daniela Sánchez M.

Juan Pablo Castillo / Universidad de Brescia (Italia)

En enero, el profesor UAH Juan Pablo Castillo fue invitado por la Universidad de Brescia para desarrollar una estancia de docencia e investigación, bajo la calidad de Visiting Professor, en donde realizó clases monográficas sobre los temas que ha estado investigando en el último tiempo: cuestiones de la parte general (causas de justificación, causas de exculpación) y también problemas de la parte especial, concretamente el problema de la trata y explotación laboral y los trabajos forzados.

“Fue un período muy fructífero en que pude intercambiar conocimientos con colegas y estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado, además de haber hecho uso de la biblioteca de la universidad, lo cual me permitió documentarme para futuras investigaciones que pretendo emprender. Profesionalmente, aunque también en el plano humano, fue una experiencia muy gratificante, lo cual fue posible gracias a las facilidades que la Facultad me concediera para garantizar la continuidad de mis tareas docentes en Chile”, dijo el profesor Castillo.

Además, destaca la relación que se está forjando con dicha Universidad: “Es un hecho que el vínculo institucional entre la UAH y la Universidad de Brescia va tomando forma. Hace unas semanas recibimos a un estudiante del programa de doctorado bresciano para que realice una estancia en la UAH y durante agosto recibiremos al profesor Dr. Andrea Perin, quien mantendrá algunos encuentros académicos en nuestra casa”.

Victoria Martínez / Universidad de Sevilla (España)

Entre abril y mayo, la profesora y directora del Programa de Derecho y Cuidados UAH, Victoria Martínez, realizó una estancia de investigación de 3 semanas en la Universidad de Sevilla, ya que su programa de Doctorado en la Universidad Diego Portales se co-tutela con dicha institución, para trabajar en su tesis doctoral “Los cuidados como un asunto constitucional. Una aproximación teórica sobre el derecho a cuidar”.

“Durante ese tiempo pude trabajar con mi supervisora, la profesora Ruth Rubio Marín, realicé y asistí a clases de máster, trabajé en la biblioteca, me entrevisté con otros profesores de la Facultad, y conversé con otros compañeros del doctorado. Fue una experiencia muy fructífera y pude avanzar mucho en el trabajo de mi tesis”, aseguró.

El objetivo de la tesis de la profesora Martínez es proponer una conceptualización del derecho a cuidar como derecho fundamental, clarificando qué es lo que se pretende proteger con este derecho, qué forma de protección podría otorgar y valorar la conveniencia o no de su establecimiento.

Sebastián Salazar / Universidad de Glasgow (Escocia)

En junio, el profesor y coordinador académico del Núcleo Constitucional UAH Sebastián Salazar partició como asistente en la Summer Academy del Law and Political Economy (LPE) in Europe Project (Escuela de Verano en Derecho y Economía Política), que se realizó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Glasgow, un programa enfocado especialmente en investigadores en fase de doctorado y al principio de su carrera profesional.

Dicha instancia contempló la realización de talleres de redacción, clases magistrales en profundidad sobre temas clave de la LPE, sesiones sobre formulación de políticas públicas, una introducción a la economía heterodoxa, mesas redondas y actividades sociales, como la visita a New Lanark, lugar en el que estuvo la fábrica de Robert Owen.

“Tuve la oportunidad de compartir con connotados académicos provenientes de destacadas universidades norteamericanas, como Columbia y Yale, y europeas, como Glasgow, LSE, Ámsterdam, Rotterdam, entre otras. Además, pude compartir con más de 30 participantes provenientes de distintos países de Europa, Sudamérica y Asia, así como de Estados Unidos. Gracias a esta experiencia, pude compartir parte de mis estudios doctorales y líneas de investigación vinculadas con la teoría constitucional y la economía política constitucional. Asimismo, ahora soy parte de una red de trabajo a nivel global en estas temáticas y participaré en diversos grupos de estudios sobre LPE”, afirmó.

Adicionalmente, el profesor Salazar realizó una visita a las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Goethe de Frankfurt.

“En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistarme, en primer lugar, con el profesor Thomas Biebricher, destacado profesor de Ciencia Política cuya principal línea de investigación se centra en el análisis de las diversas dimensiones del neoliberalismo, el ordoliberalismo y el pensamiento político liberal conservador en su dimensión política ideológica y constitucional. En segundo lugar, con el profesor Eduardo Chía, quien realiza sus estudios de Doctorado en Derecho en la citada universidad. Como resultado de estas visitas, se articulará un trabajo conjunto en investigaciones relacionadas, teniendo como primer hito la traducción de un libro del profesor Günter Frankenberg, de la Universidad Goethe de Frankfurt”, explicó.