«Esta decisión la pondero como un hecho de alto impacto porque la unanimidad de la Corte removió a uno de los suyos y ese elemento da varias señales; que no haya sido por una mayoría, sino por la totalidad de los pares de la Ministra y, por lo tanto, resguardando o tratando de dar una señal de resguardo de los principios de independencia y probidad en la función del Poder Judicial, en un momento muy complejo. Además, la misma Ministra más otros dos están en juicio político en el Congreso Nacional, entonces me parece, no sólo lo histórico, sino el alto impacto de cómo se da una señal de sostenerse en sus rieles, por decirlo así, la Corte Suprema», dijo Jordán.

¿Es posible que estén sucediendo situaciones irregulares con otros miembros de la Corte Suprema y que no sean debidamente sentenciadas o corregidas?

Eso no lo sabemos, lo único que está claro es que los casos que conocemos han sido complejos y por lo tanto queda una duda razonable. Lo clave está en cuál es la decisión que se toma a partir de estos casos, es decir, sabiendo que hay circuitos extra institucionales para la toma de decisiones, ciertas redes subterráneas, ¿la remoción es la solución? o, sabiendo que existen esos circuitos, tomar medidas para que no se produzcan, generar barreras, yo creo que ese es el camino. Cuando uno tiene un problema, pasó en el año 2015 con el financiamiento ilegal de la política, no solamente se toma una medida sobre eso sino que se toman medidas institucionales para cambiar la forma en que opera el sistema. En este caso será mayor transparencia en los procedimientos, tanto en los nombramientos, rendición de cuentas, creo que ahí hay un desafío a partir de la remoción de hoy día, porque lo que nos da cuenta es que hay o había un problema profundo.

El profesor UAH aseguró que la crisis del Poder Judicial es un verdadero “terremoto institucional”: “Desde el retorno a la democracia que no habíamos estado en presencia de que la institucionalidad judicial haya estado tambaleando. Hemos pasado por distintas crisis en los últimos 7 u 8 años -financiamiento ilegal de la política, Carabineros, PDI- pero que el Poder Judicial, en el cual las personas depositan la confianza para que resuelva sus problemas, esté en crisis me parece grave”, aseguró. Y dijo: “Hay que diferenciar la acusación constitucional respecto de los que acusan y los argumentos que tienen, de los hechos como realmente han ocurrido y en eso yo creo que, nosotros como abogados y abogadas, tenemos que ser fieles al debido proceso”.

Además, explicó que “el riesgo [de que la acusación constitucional se vuelva un circo político]está en el evento en que diputados(as) toman esto solo como una señal política hacia la ciudadanía. Si queremos tomarnos en serio las acusaciones, junto con dar una señal, tenemos que mostrarle a la ciudadanía que esos hechos graves de notables abandono de sus deberes se acreditaron, mostrar las pruebas. Si no hacemos esa segunda parte y solo queremos dar señales políticas, estamos entrando en un terreno que es que los jueces y juezas dependen del pulso político del Congreso y eso me parece que es institucionalmente complicado”.

Mientras en nuestro país se debate sobre una reforma al sistema de nombramiento de jueces, este domingo se promulgó en México una polémica enmienda constitucional impulsada por el Presidente López Obrador.

Su principal objetivo es la reestructuración del Poder Judicial para que los jueces federales, incluso los de la Corte Suprema, sean elegidos por votación popular y directa.

Con esta reforma, 1.600 jueces y magistrados cesarán en sus funciones, mientras que el mismo número será elegido popularmente en junio del próximo año, con un plazo inminente de transición. Si bien, el nuevo sistema no es inédito (rige en Bolivia, EE.UU., Japón y Suiza) sí tiene particularidades que lo hacen único, máxime si se lo compara con el modelo norteamericano. Así, se contempla que la reforma mexicana sea efectiva para la judicatura federal, opere en sistema de listas, un tercio de cuyos candidatos será elevado por las cámaras del Congreso, otro tercio por el Ejecutivo y un tercio por la Suprema Corte. Se anticipa que el mencionado sistema de listas hará especialmente difícil reconocer los méritos individuales del candidato. En contraste, en algunos estados de EE.UU. se eligen popularmente jueces locales (no federales), en distritos uninominales, cuyo diseño permite reconocer los méritos de cada postulante. A lo anterior, se suma la distinta función que ejerce un juez federal en México y un juez local en Estados Unidos. Este último, en un procedimiento adversarial y con jurados, queda limitado a desplegar una función de árbitro técnico.

Situados en Chile, esta reforma nos invita a reflexionar sobre la necesidad de realizar un acucioso diagnóstico de nuestros problemas de independencia judicial interna (gobierno judicial concentrado en la Corte Suprema) y de independencia judicial externa (opaco y permeable a las influencias políticas). Ello, para que cambios constitucionales como el analizado sean evaluados con prudencia. Baste señalar, por ejemplo, que el sistema que imperaba en México definía la elección de los integrantes de la Suprema Corte en base a magistrados propuestos por el Presidente, con acuerdo del Senado. El nombramiento de jueces estaba a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de exámenes y concursos de méritos. Es decir, uno en el que intervenía un Consejo, como el que sugieren varios de los proyectos de reforma propuesto en nuestro país.

Algunos podrían pensar que, con un sistema como el establecido por la reforma mexicana, la justicia se democratiza. Sin embargo, la democracia y el Estado de Derecho requieren de jueces independientes e imparciales que apliquen objetivamente la ley y fallen al margen de intereses de grupos y de mayorías contingentes. Una forma de asegurar la independencia judicial es un adecuado sistema de nombramientos, en el que la selección se deba al mérito y la capacidad de los candidatos. Elegir jueces popularmente, los equipara a políticos tradicionales que persiguen votos para acceder a cargos públicos, desvirtuando su naturaleza y función. Los jueces no deben estar condicionados por el apoyo de un partido político o de un grupo, ni de recursos para hacer campaña, ni de su popularidad. La independencia judicial externa exige que el juzgador se aparte de estos factores.

Este seminario -que se realizó el miércoles 04 de julio y que también contó con la participación de Marcia Figueroa, Jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- se enmarca en un ciclo de seminarios online que abordan diversos desafíos procesales relevantes para la judicatura y los intervinientes en la ejecución de las audiencias, en el contexto de la elaboración de las Guías para la Conducción de Audiencias de la Academia Judicial.

El profesor Moreno abordó la presencia del acusado en la audiencia; vicios formales; principio de congruencia; convenciones probatorias; señalamientos de puntos de declaraciones; tratamiento de la prueba común; cuestionamiento a la práctica de hacerse de la prueba fiscal; exclusiones temáticas; ofrecimiento de prueba del querellante y ofrecimientos de la prueba pericial.

Con ocasión de un estudio exploratorio sobre la función de control de cumplimiento de sentencias condenatorias que han impuesto penas privativas libertad y penas sustitutivas en adultos, el Departamento de Desarrollo Institucional (DDI) de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) con el objetivo de ampliar la mirada y conocer otras perspectivas profesionales, convocó el viernes 2 de octubre a un panel de expertos compuesto por el profesor de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado Sr. Rafael Blanco Suárez; el Director de Programas y Jefe de Delegación, Seguridad Ciudadana y Justicia de la Pan-American Development Foundation (PADF), Sr. Roberto Obando Prestol; el profesor de la Universidad Autónoma, Dr. Jörg Alfred Stippel; el profesor asociado de la Universidad de Chile, Dr. Guillermo Sanhueza Olivares; y el Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel y profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sr. Jaime Salas Astrain.

La jornada contó con tres rondas de preguntas destinadas a indagar sobre: ¿qué elementos esenciales debe contener un sistema de ejecución penal y qué camino debe recorrer el estado chileno?, ¿qué deben los jueces controlar en las penas privativas de libertad y cómo deben hacerlo?, y ¿qué deben los jueces controlar en las penas sustitutivas y cómo deben hacerlo?

Por parte del Departamento de Desarrollo Institucional los anfitriones fueron Mario Lara Orellana, Jefe de Departamento, Rolando Ossa Rodríguez, Jefe del Subdepartamento de Calidad y Operaciones Jurisdiccionales, Esteban Paiva Jara, Jefe del Subdepartamento de Modernización, y Alberto Urzúa Toledo, investigador del estudio y moderador de la sesión. Adicionalmente, entre los anfitriones, se contó con la participación de Zvonimir Koporcic Alfaro, Subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El día 24 de septiembre, el programa de Mediación y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, participó del seminario denominado “Avances y Desafíos del Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile, población adulta y adolescente”, organizado por el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, Sename, SENDA y Fundación Paz Ciudadana.

En el encuentro desarrollado en la Corte Suprema expuso Hernán Larraín, ministro de Justicia; el Fiscal Nacional, Jorge Abbot; el ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas; y Andrés Mahnke, Defensor Nacional.

El objeto de la actividad era informar, a la comunidad académica del país, el estado de avance que ha tenido el programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD) desde su inicio el 2004, el cual ha convertido a Chile en un pionero en la materia.

En representación de la Facultad de Derecho UAH participó la profesora Rosa María Olave, Andrés Guajardo, Camila Plaza, Constanza Rodríguez y Eleazar Rodríguez, todos ellos miembros del programa de Mediación y Resolución de Conflictos de la facultad.

En la oportunidad, Roberto Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, señaló que una política pública que se haga cargo de la cada vez mayor cantidad de internos en el país debe considerar una estrategia que reinterprete el derecho de acceso a la justicia, entendiendo por tal un procedimiento reglado, pero más eficaz y temprano que la vía común y ordinaria, incorporando lo que actualmente se conoce como Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MACS).

Es así como ya en 29 Tribunales de Garantía del país se ha implementado el programa TTD, resolviendo conflictos de carácter delictual mediante la suspensión condicional del procedimiento y permitiendo que las personas ingresen a este programa ya no en calidad de imputados o condenados, sino como usuarios o candidatos.

Una conversación para reflexionar sobre la probidad, transparencia y declaración de intereses, y patrimonio en el Poder Judicial sostuvo el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Enrique Rajevic, con los fiscales judiciales de todas las Cortes de Apelaciones del país.

Rajevic destacó la importancia de la transparencia en diversas dimensiones, considerando que la información refuerza la legitimidad del sistema. Manifestó que para la dimensión del clima interno, asumir esta regla, vinculada a la declaración de intereses y patrimonio, en especial aquella relacionada con parentescos e intereses de carácter subjetivo, permite una mayor probidad en las decisiones que se están adoptando respecto del personal, por ejemplo, en materia de calificaciones y ascenso.

Por último, resaltó la relevancia en el impacto que tienen estas políticas públicas en la sociedad, que no solo consiste en revisar cómo funciona el Poder Judicial sino que contribuyen a la percepción de una imparcialidad estricta de los jueces.

La actividad –organizada por la fiscalía de la Corte Suprema– fue parte del programa del II Encuentro Nacional de Fiscales Judiciales, realizada los días 2 y 3 de agosto en el Palacio de Tribunales, en el que se trabajó y discutió además sobre el apoyo a la función jurisdiccional en temas como régimen disciplinario, visitas a establecimientos penitenciarios y gestión de tribunales.

Con una masiva asistencia, se realizó el jueves 20 de julio en el Salón Honor del Palacio de Tribunales el Seminario Internacional de Ética Judicial, que fue presidido por la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi. En el encuentro, el director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Rodrigo Coloma, analizó los estándares de conocimientos que deben tener los magistrados y también lo que espera la ciudadanía respecto a casos mediáticos.

En su presentación, el  doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid afirmó que «las sentencias suficientemente justificadas son, a su vez, sentencias en las que se esgrimen las mejores razones disponibles organizadas bajo una estructura argumental culturalmente validada».

El seminario fue coordinado por la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH), y se desarrolló en el marco de la participación de la ministra Rosa Maria Maggi en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ). A la actividad asistieron ministros del tribunal Pleno, las presidentas de las Cortes de Apelaciones de San Miguel y Valparaíso, ministros de tribunal de alzada de Santiago y Rancagua, coroneles judiciales de Carabineros y Fuerza Aérea, el Conservador de Bienes Raíces Propiedad y Comercio de Santiago y autoridades del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y del Tribunal de Contratación Pública, entre otros.

En la actividad se realizaron dos paneles, siendo el primero de ellos «La libertad de expresión y vida privada, ¿cuáles son los límites éticos?» Este encuentro fue moderado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza, y contó con la ponencia del doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Rodolfo Vigo. Posteriormente, el ministro del Tribunal Constitucional y doctor en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid, Gonzalo García, reflexionó sobre la libertad de expresión, abordando los dilemas de la posverdad y la «privacidad», desde una perspectiva de la crítica social.

El segundo panel «Ética y rol del Poder Judicial», fue dirigido por el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Alejandro Madrid, y contó con las presentaciones del profesor Rodrigo Coloma y del ex ministro de la Corte de Justicia de Uruguay, Ricardo Pérez Manrique, quien se refirió a los principios éticos del juez.

El seminario Internacional de Ética Judicial fue transmitido vía streaming y está disponible en el canal del Poder Judicial: http://www.poderjudicialtv.cl/

• Más información y fotografías en la nota publicada por Poder Judicial.

El miércoles 4 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, se realizó el  «Encuentro Pro Centros de Justicia Ciudadanos». Una iniciativa impulsada por el Poder Judicial, que  cuenta con el respaldo de la Corte Suprema. Los Centros de Justicia Ciudadanos, pretenden acercar el Poder Judicial a la comunidad e instalar el diálogo como motor de acuerdos y de resolución de conflictos, perfeccionando el derecho de acceso de acceso a la justicia y aportando a la recomposición del tejido social.

La jornada en la Facultad de Derecho UAH contó con la participación de Sergio Muñoz, Ministro de la Corte Suprema, y representantes de distintas instituciones, como Enseña Educa, Techo para Chile, Centro de Justicia para las Américas, grupos indígenas, inmigrantes, grupos trans, universidades, Matriztica, entre otros. En representación de la Facultad de Derecho UAH intervinieron Macarena Rodríguez, Directora de Carrera, Rosa María Olave, Directora del Programa de Gestión y Resolución de Conflictos, y Mirtha Ulloa, Profesora de Negociación y Mediación.

Ver Comunicado de Prensa

Más información en http://decs.pjud.cl/

Del 23 al 25 junio de 2015, Raúl Letelier, Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Alberto Hurtado, dirigió el curso “Actividad de Policía y Sanción Administrativa” para la Academia Judicial. El programa tuvo por objetivo entregar herramientas de análisis para comprender la lógica y regulación más relevante en el ámbito de las sanciones administrativas, en tanto expresión de una actividad administrativa de ordenación (también llamada de policía). En el curso participaron Ministros y Relatores de la Corte de Apelaciones, Jueces y Secretarios de Tribunales de Garantía y de Tribunales Oral en lo Penal.