La seguridad pública demanda importantes esfuerzos públicos y privados, que se traducen en revisión de reglas, instituciones, modelos de gestión, y estrategias de prevención y persecución criminal. Durante la Administración del Presidente Boric se impulsaron cambios al Ministerio Público que generaron la Fiscalía Supraterritorial para investigar delitos vinculados al crimen organizado. Al mismo tiempo, se incorporaron dispositivos relevantes como el uso de informantes, agentes encubiertos y cooperadores eficaces, y se hicieron inversiones en la policía preventiva. A su turno, el Gobierno del Presidente Kast ha anunciado una batería de propuestas en materia de seguridad que recogen iniciativas parlamentarias y propuestas propias del Ejecutivo.

Sin perjuicio de la elogiable proactividad de los poderes ejecutivos y legislativo, deben establecerse límites y resguardos para que las nuevas reglas no se transformen en focos de vulneraciones de garantías, o abusos de poder.

La reforma constitucional, que genera un nuevo estado de excepción vinculado a situaciones de inseguridad ciudadana, representa una decisión peligrosa y desaconsejable por varias razones.

En primer lugar, la Constitución ya establece reglas vinculadas a las exigencias de seguridad pública, entre las que sobresalen el artículo 1 inciso quinto, el artículo 6, el artículo 9, artículo 19 numeral 7, y las normas que regulan al Ministerio Público, a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad y al Consejo de Seguridad Nacional.

En segundo lugar, los mecanismos, instituciones y reglas asociadas a la seguridad pública se encuadran en un sistema de pesos y contrapesos fundamentales para evitar abusos o vulneraciones de derechos. De este modo, el Gobierno de turno no controla al Ministerio Público, órgano autónomo que dirige las investigaciones criminales. A su tuno, las peticiones de la Fiscalía son controladas por los jueces, quienes dan las autorizaciones para interceptar comunicaciones, ordenar detenciones, levantar el secreto bancario, o decidir el uso de la prisión preventiva. En otra dimensión, las policías poseen facultades autónomas que se traduce en controles de identidad investigativos y preventivos, facultades de detención, pero que luego son controladas por la Fiscalía y los tribunales.

Existe un delicado y justificado entramado de pesos y contrapesos que permiten evitar la concentración excesiva de poder con la finalidad de asegurar un equilibrio razonable entre eficacia persecutoria y respeto a las garantías. Ello es una característica de los modelos más robustos y, eficientes como lo colocan de manifiesto las experiencias de Alemania, Portugal, Italia, e Inglaterra, entre otros.

En el otro extremo, las experiencias de concentración de poderes excesivos en manos del Poder Ejecutivo y en la policía, sin contrapesos del Poder Legislativo, Poder Judicial, o del Ministerio Público, esconden problemas relevantes. La reforma que propone el Gobierno evidencia estos problemas. En efecto, la posibilidad de afectar derechos y garantías, como las comunicaciones, el derecho a reunión o desplazamiento de modo unilateral por el Gobierno de turno, representa un riesgo que en las experiencias comparadas suelen limitarse a casos de terrorismo. Soluciones más amplias que se extienden a un conjunto de ilícitos menos precisos como aquellos asociados a la expresión crimen organizado genera un margen amplio para limitar derechos.

Estas preocupaciones no nacen de meras especulaciones académicas, son precisamente el tipo de instrumentos que, usualmente se emplean en países como, El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba o países de la Europa del Este, para perseguir a opositores políticos, organismos de la sociedad civil, y periodistas. Las democracias liberales deben desconfiar de la existencia de poderes discrecionales que se sustraen a efectivos arreglos institucionales de pesos y contra pesos. Que contingentemente esos poderes puedan usarse con propósitos encomiables, en nada asegura que en el futuro se ejerzan con la finalidad de erosionar el entramado de libertades inherentes a la democracia liberal.

Una tercera cuestión que merece observación dice relación con el uso más extendido de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estas fuerzas carecen de entrenamiento adecuado para actuar en contextos urbanos cotidianos, ello es una razón para que el Parlamento haya aprobado roles acotados en materia de seguridad ciudadana. Si la actual organización, recursos, perfiles, dotación, y apoyo tecnológico de las policías preventivas e investigativa no son suficientes, la tarea urgente consiste en mejorar tales condiciones o crear organismos policiales especiales y mejor entrenados para enfrentar al crimen de mayor complejidad. El uso de las Fuerzas Armadas, supone otros riesgos como la judicialización de casos en los que se ven involucrados los estamentos militares en sus tareas de orden público, y el reclutamiento de activos militares por parte de los grupos criminales, tal como ha ocurrido en diversos países de Centroamérica. A diferencia de lo que sucede con el terrorismo, el crimen organizado no está empeñado en difundir y promover sus acciones en el espacio público. Ello explica por qué, en casos como el italiano, la presencia de las Fuerzas Armadas en la custodia de lugares críticos del espacio público, está asociado a una amenaza terrorista de características muy particulares, y no a la intervención en el resguardo de la seguridad pública y el combate al crimen organizado.

Blanco y Moreno aportaron con el capítulo titulado “La prueba en el proceso penal acusatorio adversarial” (pp. 73-132), referido al tratamiento de la información en el proceso penal, y su valor como antecedente y como prueba en las distintas etapas del proceso penal. En él se analiza, en particular, las fases de incorporación, admisión y valoración de la prueba, y las reglas y criterios que es posible observar en los modelos de justicia penal acusatorio-adversarial en distintos países latinoamericanos.

«Sin lugar a duda esta obra se constituirá en una referencia obligada en el debate sobre el tratamiento de la prueba penal en Europa y América Latina», aseguró el académico Rafael Blanco.

Existen áreas prioritarias del Estado que requieren de un proceso continuo de revisión, monitoreo y actualización. Una de ellas refiere al sistema de justicia, pues representa uno de los pilares fundamentales del sistema político democrático y base del modelo de pesos y contrapesos.

En este contexto el próximo 11 de marzo no sólo marca el inicio de un nuevo gobierno, sino que genera una oportunidad y una responsabilidad para revisar la agenda de reformas del sistema de justicia. Desde luego debe relevarse que desde la recuperación de la democracia, la agenda de transformaciones en materia de justicia ha sido intensa y protagónica, siendo los cambios en la composición y nombramientos de la Corte Suprema, la especialización en salas del máximo tribunal, la Reforma Procesal Penal, la generación de los Tribunales de Familia y de Justicia Penal Adolescente, la generación de la Academia Judicial, la creación del Ministerio Público y la Defensa Penal, algunos de los más relevantes.

Estos avances estructurales deben ser reconocidos. Sin embargo, consolidar un Estado Democrático de Derecho exige abordar las brechas que el propio desarrollo ha dejado en evidencia. No se trata de desandar lo recorrido, sino de completar una arquitectura institucional propia de un genuino Estado de Derecho.

Una primera pieza pendiente es la reforma al Gobierno del Poder Judicial, de forma de consolidar un sistema que garantice una separación de funciones entre aquellas propiamente jurisdiccionales y otras de tipo administrativo y de gestión. Junto a ello se erige como necesario una modificación del sistema de nombramiento y remoción de jueces de modo de establecer mecanismos que aseguren una genuina independencia interna y externa de los tribunales. El proyecto enviado por el Gobierno del Presidente Boric al Parlamento es un buen inicio del debate. A su turno se requiere abordar con urgencia cambios al sistema de ejecución penal, con transformaciones prioritarias en la organización de Gendarmería de Chile, en los modelos de gestión penitenciaria y la generación de jueces de ejecución penal. No es posible sostener un discurso serio sobre seguridad sin asumir que el sistema penitenciario es el eslabón más débil de la cadena. La sobrepoblación, la segmentación criminal al interior de los recintos y la precariedad de los programas de reinserción requieren una reforma orgánica que profesionalice la institución y la inserte coherentemente en la política criminal del Estado.

En materia de justicia penal se requiere avanzar en la independencia orgánica de la Defensa Penal Pública, la generación de un sistema de juicios por jurados, la generación de un colegio único de jueces penales, eliminando la separación entre jueces de garantía y de juicio. Otro aspecto relevante refiere a la necesidad de generar salas especializadas a nivel de Cortes de Apelaciones.

Otro aspecto coligado al sistema de persecución criminal refiere a la necesidad de avanzar en una reforma policial que permita mejorar la estructura y organización de la policía preventiva y de orden público, de modo de avanzar en modernizaciones pendientes. En esta línea parece necesario incluso discutir la generación de policías especializadas en materia de protección de víctimas y testigos al estilo de los sistemas comparados.

Finalmente se requiere retomar la postergada reforma procesal civil para incorporar las necesarias transformaciones y modernizaciones en esta área, introduciendo el sistema de audiencias orales, mecanismos alternativos de resolución de controversias, oralidad y publicidad, entre otros. Un sistema de justicia moderno no puede mantener una justicia civil predominantemente escrita y lenta mientras exige eficiencia en lo penal.

El nuevo gobierno tiene ante sí una agenda compleja. La clave no está en acumular anuncios, sino en priorizar reformas estructurales que consoliden lo avanzado y proyecten el sistema de justicia hacia las próximas décadas.

Durante la historia republicana de Chile operó un sistema de justicia criminal que concentraba en el juez del crimen las potestades de investigar, acusar y fallar. Este sistema operó en buena parte de Europa continental en el sigo XIX y permaneció en nuestro país sin grandes alteraciones hasta el año 2000.

El sistema inquisitivo, secreto y lento traía aparejados problemas de protección de garantías dada la inexistencia de jueces imparciales, a lo que se sumaba la carencia de defensa penal especializada y la ausencia de órganos profesionales en la persecución criminal. Estudios de la Corporación de Promoción Universitaria (CPU) y del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) evidenciaba que el tiempo promedio de investigación de causas sencillas era superior a seis años. Muchas causas permanecían abiertas por decenios, finalizando, en la mayor parte de los casos por sobreseimientos temporales.

El nuevo sistema de persecución y enjuiciamiento criminal, supuso una transformación radical, reemplazando el viejo modelo inquisitivo, escrito y secreto por un proceso penal adversarial, oral y público, que sustituyó el expediente por audiencias de debate, creando el Ministerio Público como órgano autónomo a cargo de la persecución penal y la Defensa Pública para representar a los imputados y acusados. Los tribunales pasaron a desempeñar un rol de protección de garantías y de juzgamiento de los casos. Como resultado de estos cambios se generó un proceso dotado de mayor celeridad, logrando disminuir los tiempos de duración de las causas penales en delitos de baja complejidad y logrando evidentes avances en la resolución de delitos flagrantes. El nuevo modelo evidenció su capacidad para administrar y procesar grandes volúmenes de casos, procesando en la actualidad más de un millón setecientas mil causas según datos de la Fiscalía Nacional -el sistema antiguo apenas lograba administrar seiscientas mil causas- logrando, asimismo, la mayor frecuencia de condenas en procedimientos abreviados y ordinarios desde el inicio de la reforma.

Los desafíos que se evidencian a futuro para el sistema procesal penal son evidentes y se concentran en la capacidad de perseguir criminalidad compleja, delitos sin imputado conocido asociados a bandas criminales u organizaciones transnacionales dotadas de mayor organización, poder de fuego, y control territorial.

Este tipo de criminalidad supone esfuerzos por mejorar los modelos de análisis criminal multidisciplinario de la Policía y el Ministerio Público, mejorar los sistemas de inteligencia nacional que nutren la prevención y persecución criminal, utilizar eficazmente los instrumentos de agente encubierto, cooperador eficaz o el sistema de informantes y agentes reveladores. A ello se suma la necesidad de avanzar en modelos que logren afectar el patrimonio de las organizaciones criminales como mecanismos de extinción de dominio, o bien el uso efectivo del comiso aprobado hace algún tiempo en nuestro país. La aprobación de la Fiscalía Supraterritorial y los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) es una buena base para mejorar la persecución criminal de la criminalidad organizada. Otros esfuerzos fundamentales se vinculan con la necesaria autonomía institucional de la Defensa Penal, mejoras urgentes en materia penitenciaria y sistemas de control internos de las agencias estatales que se han visto afectadas por la criminalidad y su capacidad de corrupción.

El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristián del Campo SJ, dio la bienvenida a la actividad y destacó el rol de la institución en momentos de cambios institucionales. “Nosotros no consideramos la labor universitaria ni la investigación ni la docencia como ejercicios aislados, sino como un trabajo que debe hacerse en un diálogo muy estrecho con actores diversos de la sociedad. En ese sentido, la Reforma Procesal Penal es un ejemplo muy elocuente de esa vocación. Fue un proceso en que la Universidad se puso al servicio del país, con sus capacidades intelectuales, pedagógicas, ofreciendo formación y reflexión en un momento en que el país estaba repensando la base de su justicia criminal”, aseguró.

Asimismo, la decana de la Facultad de Derecho UAH, Miriam Henríquez, enfatizó el sentido especial de esta conmemoración. «No solo celebramos un hito de la historia jurídica nacional, sino también un proceso en el que nuestra institución y nuestra Facultad estuvo involucrada desde su origen. La reforma comenzó en 1999, prácticamente al mismo tiempo que nació nuestra Facultad de Derecho y, desde entonces, ambos caminos han estado estrechamente vinculados. Académicas y académicos participaron en el diseño de la reforma, en la capacitación de jueces, fiscales, defensores y abogados, y además apostó en el debate público sobre sus fundamentos”, dijo.

Y añadió: “Nacimos juntos con la reforma, investigando sus efectos, evaluando su implementación y formando profesionales que hoy sostienen, perfeccionan y proyectan este modelo desde el Ministerio Público, la Defensoría Penal, el Poder Judicial y el ejercicio privado. Por eso hoy, en un triple marco: de la celebración de los 25 años de la Facultad y de los 25 años de la reforma procesal penal, también celebramos los 25 años del Postítulo en Litigación Penal Estratégica, un programa pionero que ha acompañado la reforma, formando generaciones y generaciones de actores de la reforma capaces de sostener su sentido en la práctica cotidiana”.

25 años formando a jueces, fiscales y defensores

El académico Rafael Blanco recordó el momento en que se estableció la Facultad de Derecho UAH, hace 25 años, proyecto que se fusionó con la idea de acompañar los procesos de reforma a la justicia penal creando, a su vez, el Postítulo de Litigación Penal Estratégica, programa que ha formado –y lo sigue haciendo hasta el día de hoy- a 1575 personas.

“Hemos acompañado cada uno de los procesos importantes de reformas en los ámbitos de la justicia laboral, en los ámbitos de la justicia constitucional. Nuestro sello es una vocación de servicio frente a las demandas del sistema de justicia”, dijo el también director del programa.

El académico hizo un recorrido por el trabajo realizado por el equipo académico de la UAH en el contexto de la reforma procesal penal, formando a jueces, fiscales y defensores en Santiago, Quilpué, La Serena, Valparaíso, Concepción, Puerto Montt, Coyhaique, Punta Arenas, entre otras localidades.

Así, en este contexto de celebración se destacó a académicas y académicos que han participado durante estos 25 años del programa y han sido personas fundamentales en su consolidación y prestigio.

Equipo directivo y de coordinación

1. Kitty Flores, coordinadora administrativa del programa por muchos años
2. Cristóbal París, coordinador administrativo del programa
3. Diego González, coordinador administrativo del programa
4. A quien desarrolló por muchos la coordinación académica, profesor Leonardo Moreno
5. A quien ha sido desde sus inicios el director del programa, profesor Rafael Blanco

Equipo docente

1. Ministro de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama
2. Ex Ministro de la Corte Suprema don Héctor Carreño
3. Ministra de Corte de Apelaciones Graciela Gómez
4. Carla Troncoso
5. Jorge Sáez
6. Eduardo Gallardo
7. Fernando Guzmán
8. Ángel Valencia
9. Jaime Retamal
10. Andrés Rojas
11. Claudio Fierro
12. Rubén Romero
13. Mirtha Ulloa
14. Rosa María Olave
15. Mauricio Zelada
16. Rodrigo Coloma
17. Claudio Agüero
18. Leonardo González
19. Enzo Anselmo
20. Jaime Arellano
21. Joanna Heskia
22. Mauricio Decap
23. Marcelo Sanfeliú
24. Álvaro Carreño
25. Diego González
26. Andrés Rieutord
27. Leonel González
28. Héctor Hernández
29. Leonardo Moreno
30. Rafael Blanco
31. Julio Fontanet de Puerto Rico
32. Janaina Matida de Brasil
33. Rubén Chaia de Argentina
34. Manolo Quilicini de Puerto Rico

Una reciente encuesta sobre democracia en Chile, realizada por Feedback y la Universidad Diego Portales, coloca de manifiesto que, independiente del sector político al que pertenece la persona encuestada, esto es, tanto los que adhieren a sectores de izquierda como los que lo hacen a sectores de derecha, el acceso igualitario a la justicia se considera un valor esencial del sistema político. Las vigentes experiencias y lecciones que resulta posible extraer de los regímenes dictatoriales, autocracias o democracias liberales a lo largo del mundo permite identificar la relevancia que efectivamente posee el Poder Judicial para proteger los derechos y garantías de las personas cuando el resto de los sistemas institucionales de pesos y contrapesos fallan, son desactivados o destruidos. Ella es la razón que ha impulsado a estos regímenes a capturar al poder judicial de muy diversas formas.

Los ejemplos saltan a la vista y entre ellos destacan la ausencia total de separación de poderes en Venezuela y la captura política del Poder Judicial a través del diseño de procedimientos de selección de jueces afines al régimen, que se entrelaza con la captura de las cortes superiores de justicia. Otro tanto encontramos en el régimen de Nicaragua, desmantelando la separación de funciones y poderes del Estado.

A la lista anterior se agregan los intentos del actual gobierno de Israel para modificar la composición del órgano que designa jueces de modo de constituir una mayoría de miembros afines al gobierno evitando, de este modo, un genuino contrapeso de poderes. Otro tanto ha ocurrido en el caso de El Salvador y el desmantelamiento de la autonomía necesaria de la Sala de lo Constitucional de la Corte de ese país.

Recientemente, México aprobó una reforma que modifica el sistema de nombramientos de jueces en varias instancias de la judicatura, dando origen a un procedimiento fuertemente capturado por los poderes ejecutivo y legislativo, que ha supuesto la generación de listas de jueces candidatos elaborados por esos poderes del Estado, que luego deben ser ratificados en una elección popular. Como si lo anterior fuera poco, se diseña un sistema de control disciplinario que arriesga una fuerte presencia política en su seno, aumentando los riesgos de captura ex post de los jueces seleccionados

No puede dejar de mencionarse la relevancia que el poder judicial posee como último eslabón de contrapesos, atendida la experiencia reciente de Estados Unidos, donde queda en evidencia la importancia de la judicatura para frenar órdenes ejecutivas que arriesgan violentar reglas constitucionales o de Derechos Humanos y que han encontrado en el poder jurisdiccional el único freno efectivo y la protección de garantías de las personas.

La mayoría de estos casos han sido fuertemente criticados por los organismos competentes de las Naciones Unidas y en particular por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de dicha organización.

En este contexto global, Chile enfrenta un debate impostergable: la modificación del sistema de nombramiento de jueces en pos de asegurar las necesarias salvaguardas para proteger la independencia interna y externa del poder judicial. La idea propuesta por el Gobierno de un consejo de nombramientos judiciales de carácter autónomo, integrado de forma plural, con representantes del poder judicial, de la academia, y de abogados de reconocida trayectoria con ratificación parlamentaria, pero ubicada en el seno del propio poder judicial, es un buen inicio del debate. La Cámara de Diputados ha dado el primer paso tras la aprobación en primer trámite de este texto. Sería deseable que el Senado otorgara prioridad a la discusión de esta nueva institucionalidad tan necesaria para el sistema democrático de nuestro país.

El domingo 1° de junio se ha concretado la primera elección, mediante voto popular, de jueces y magistrados en México, convirtiéndose en un caso obligado de análisis en nuestra región.

Se ha tratado de un proceso que por primera vez en su historia ha elegido a prácticamente 3.000 jueces en la mayoría de los Estados del país, precedido por una campaña electoral en la cual los candidatos expresaron sus preferencias y posiciones sobre el Poder Judicial. Dentro de dos años se completará la elección de jueces con un segundo proceso electoral.

Si bien en otros países -como en Estados Unidos, Japón, Bolivia o Suiza- existen votaciones populares de cargos judiciales, lo cierto es que en ninguno de ellos se trata de elecciones masivas para todas las instancias del Poder Judicial como lo es en el caso de México.

La reforma llevada adelante para esta elección de la judicatura adolece de varios problemas de los que es necesario hacerse cargo.

El primero y más relevante es que el modelo elegido de selección supone en forma previa a la votación, la confección de listas de elegibles por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ello introduce indeseables incentivos y lógicas político-partidistas que arriesgan la captura del sistema de justicia en México. Al mismo tiempo se abren espacios no deseados para el apoyo económico informal de candidatos por parte de grupos económicos u organizaciones criminales de difícil fiscalización. A todo lo anterior se puede agregar aún el riesgo de contaminar la selección popular de jueces con consignas que contradicen la función contra mayoritaria propia de la función jurisdiccional.

La reforma contempla asimismo la generación de comisiones o instancias de evaluación de la función judicial, cuya integración puede fácilmente ser manipulada de forma política.

En síntesis, de trata de una reforma que retrocede en independencia judicial y que genera condiciones para la captura política del sistema de justicia.

El caso de México nos llama a la reflexión en Chile. En un año marcado claramente por la elección presidencial y en un contexto de críticas sobre la legitimidad de los sistemas de nombramiento del Poder Judicial, Chile requiere un debate serio respecto a su modelo de organización judicial, su gobierno y los procedimientos de selección de jueces y ministros.

En esta dirección, la generación de una comisión de nombramientos, integrada de forma técnica e inserta en la propia orgánica del Poder Judicial, camina en la dirección correcta. Ello por lo demás es la matriz esencial del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo a la discusión parlamentaria y apoyada por diversos centros académicos que requiere de una urgente discusión.

A continuación, puedes conocer el detalle.

Artículos de Revistas

1. AGÜERO SAN JUAN, Claudio, SILVA BERRÍOS, Valentina y ZAMBRANO TIZNADO, Juan Pablo (2024): “Una reconstrucción analítica de la dogmática latinoamericana sobre el principio de interpretación conforme a la Constitución”, EUNOMÍA. Revista en cultura de la legalidad, N° 26: pp. 11-35, ISSN: 2253-6655, https://doi.org/10.20318/eunomia.2024.8500 [Scopus Q3]

2. AGÜERO SAN JUAN, Claudio, SOLOGUREN INSÚA, Enrique, ZAMBRANO TIZNADO, Juan Pablo y CALZETTA, Alejandro (2024): “Organización retórica de sentencias judiciales chilenas: análisis del caso de Robynson Gómez Noa”, Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, Nº 82: pp. 204-228, ISSN: 0212-5056, 2013-1453, https://doi.org/10.58992/rld.i82.2024.4173 [Scopus Q2]

3. AZUAJE PIRELA, Michelle (2024): “Deepfakes, réplicas digitales y futuro del trabajo creativo: desafíos y tendencias regulatorias”, Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, Nº 21: pp. 105, ISSN: 2422-569X, https://ojs.austral.edu.ar/index.php/ripi/article/view/1552 [Scopus Q4]

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20. MORALES BRAND, José Luis Eloy y MORENO HOLMAN, Leonardo (2024): “Rol de los Jueces de Garantía durante la etapa investigativa del proceso penal acusatorio”, Revista en Ciencias Penales y Criminológicas, N° 12, ISSN: 2683-7528, https://ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=51ead6ea8b5cae85263bf63c2cf7eafe [Latindex]

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23. ROJAS CORRAL, Hugo y PINO EMHART, Alberto (2023): “Sobre el efecto reparador de las sentencias civiles en casos de violaciones graves a los derechos humanos en Chile”, Atenea, N° 528: pp. 267-287, ISSN: 0716-1840, 0718-0462, https://doi.org/10.29393/At528-16SEHA20016 [Wos|Scopus Q3]

24. ROJAS CORRAL, Hugo (2024): “50 Years After the 1973 Coup in Chile: Analysis of the Processes of Transition to Democracy and Transitional Justice”, Seattle Journal for Social Justice, vol. 22, N° 3: pp. 587- 620, ISSN: 1544-1245, https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol22/iss3/8

25. DÍAZ, Camila, DUNSTAN, Jocelyn, ETCHEBERRY, Lorena, FLOCK, Antonia, GREZ, Alejandro, MERY, Domingo, REUTTER, Juan y ROJAS CORRAL, Hugo (2024): “Automatic knowledge-graph creation from historical documents: The Chilean dictatorship as a case study”, CEUR Workshop Proceedings, arXiv: pp. 1-11, ISSN: 1613-0073, https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.11975 [Scopus Q4]

26. SCHEFFER LAGOS, Sebastián (2024): “Instrumentos colaborativos en la regulación de la responsabilidad civil frente a daños ocasionados por sistemas de inteligencia artificial: sandboxes y evaluación de impacto algorítmica”, Justicia, vol. 29, N° 45, pp. 1-17, ISSN: 0124-7441, 2590-4566 https://doi.org/10.17081/just.29.45.7170

27. SEPÚLVEDA HALES, Bárbara y VIVALDI MACHO, Lieta (2023): “Análisis de los contenidos sobre igualdad sustantiva de las mujeres del anteproyecto de Constitución Política aprobado por la Comisión Experta”, Estudios Constitucionales, Núm. Especial: pp. 60-87, ISSN: 0718-0195, 0718-5200, https://estudiosconstitucionales.utalca.cl/index.php/home/article/view/108 [Scopus Q2]

28. SEPÚLVEDA HALES, Bárbara y VIVALDI MACHO, Lieta (2024): “La perspectiva de género como hermenéutica en el control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional chileno”, Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 37 No2, pp. 87-109, ISSN: 0716-9132, 0718-0950, https://revistaderechovaldivia.cl/index.php/revde/article/view/1974 [Scopus Q2]

29. TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia y NAVARRO SCHIAPPACASSE, María Pilar (2024): «Aplicación de la norma general antielusiva chilena en relación con las normas especiales antielusivas», Revista de Derecho (Valdivia), vol. 37, N° 1: pp. 77-99, ISSN: 0716-9132, 0718-0950, http://dx.doi.org/10.4067/s0718-09502024000100077 [Scopus Q2]

30. FAÚNDEZ-UGALDE, Antonio, FAÚNDEZ-ALLIER, Juan, TOLEDO-ZÚÑIGA, Patricia y TOSO-MILOS, Ángela (2024): “Managerial ethics for tax transparency: findings in Chilean companies”, Journal of Law and Sustainable Development, vol. 12, N° 4: pp. 1-21, ISSN: 2764-4170, https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.3653

31. FAÚNDEZ-UGALDE, A., TOLEDO-ZÚÑIGA, P., TOSO-MILOS, A. y SAFFIE-GATICA, F. (2024): «Advancing fiscal transparency in Latin American countries: new findings in reports on tax sustainability in Chile», Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, vol. 15 No. 7: pp. 63-84, ISSN: 2040-8021, 2040-803X, https://doi.org/10.1108/SAMPJ-03-2023-0152 [Wos|Scopus Q1]

32. OSORIO MORALES, Hugo y TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia (2024): “Experticia, vaguedad y máximas de la experiencia en los casos de elusión Fiscal”, Derecho PUCP, n.º 93: pp. 274-279, ISSN: 0251-3420, 2305-2546, https://doi.org/10.18800/derechopucp.202402.007 [Scopus Q2]

33. VIVALDI MACHO, Lieta, TRONCOSO ZUÑIGA, Camila y SALAZAR NAVIA, Andrea (2024): “Cuidados desde paradigmas feministas: la reproducción social y la ética en la normativa y políticas públicas”, Latin American Legal Studies, vol. 12, N° 1: pp. 7-49, ISSN: 0719-9104, 0719-9112, https://lals.uai.cl/index.php/rld/article/view/140 [Scopus Q4]

34. CASAS, Lidia, BOZO, Natalia, VIVALDI, Lieta, MONTERO, Adela, ÁLVAREZ, Juan José y BABUL, Jorge (2023): “Discriminación interseccional: obstáculos en el acceso de las mujeres a la implementación de la ley de aborto en la atención primaria de la Región Metropolitana de Chile”, Atenea, N° 528: pp. 135-150, ISSN: 0716-1840, 0718-0462, https://doi.org/10.29393/At528-7DILJ60007 [Wos|Scopus Q3]

35. GONZÁLEZ ARISTEGUI, Daniela, MONTERO, Adela, RAMÍREZ-PEREIRA, Mirliana, TAPIA DE LA FUENTE, Belén, ROBLEDO, Paz, CASAS, Lidia C., VIVALDI, Lieta (2024): “La relevancia del acompañamiento psicosocial en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en Chile”, Revista Facultad Nacional Salud Pública, vol. 42: pp. 1-13, ISSN: 0120-386X, 2256-3334, https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/353511 [Scopus Q4]

36. MIRANDA PÉREZ, Fabiola, TRONCOSO ZÚÑIGA, Camila y VIVALDI MACHO, Lieta (2024): “La causa feminista en la justicia: estudiar el proceso de transversalización del género a partir de la imbricación entre feminismos”, Revista derecho del Estado, N° 60: pp. 107–142, ISSN: 0122-9893, 2346-2051, https://doi.org/10.18601/01229893.n60.06 [Scopus Q2]

37. WALKER SILVA, Nathalie (2024): “Naturaleza jurídica de la inoponibilidad: Una propuesta de inclusión en el sistema de ineficacias del código civil chileno”, Revista Chilena de Derecho Privado, n.º 42, pp. 171-206, ISSN: 0718- 0233, 0718-8072, https://rchdp.udp.cl/index.php/rchdp/article/view/761 [Scopus Q2]

Otros revistas

1. AZUAJE PIRELA, Michelle (2024): “Research Handbook on Intellectual Property and Moral Rightsde de Ysolde Gendreau (Ed.) Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2023, 582 páginas”, Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, N° 20: pp. 207-212, ISSN: 2422-569X, https://doi.org/10.26422/RIPI.2024.2000.azu [Reseña]

2. BAHAMONDES MASOTTI, Bruno (2024): “Pizarro, Carlos. (2023). Introducción a la Responsabilidad Civil. (Santiago: Tirant lo Blanch)”, Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 15, N° 1: pp. 1-5, ISSN: 0718-9389, 0719-2150, https://doi.org/10.7770/rchdcp-v15n1-art352 [Recensión]

3. MORAGA GÁEZ, Bastián (2024): “La recepción de la teoría de la imprevisión en el derecho chileno. Corte de Apelaciones de Santiago, 21 de septiembre de 2022, rol n.° 5296-2022”, Revista chilena de derecho privado, nº 43: pp. 247-260, ISSN: 0718- 0233, 0718-8072 https://doi.org/10.32995/S0718-80722024880 [Comentario de jurisprudencia]

Ediciones de revistas

1. AZUAJE PIRELA, Michelle y ORDELIN FONT, Jorge Luis (2024): “Derecho e inteligencia artificial”, Justicia, vol. 29, N° 45, pp. 1-3, ISSN: 0124-7441, 2590-4566 https://doi.org/10.17081/just.29.45.7313

2. ROJAS CORRAL, Hugo y VÉLEZ MARTÍNEZ, Sheila (2024): “Editorial”, Latin American Legal Studies, vol. 12, N° 1: pp. 1-6, ISSN: 0719-9104, 0719-9112, https://lals.uai.cl/index.php/rld/article/view/188

Libros

1. ARANCIBIA OBRADOR, María José (2024): Tarjetas de pago. Análisis de la Ley N° 20.009 (Santiago, DER Ediciones), ISBN: 978-956-405-182-6

2. BLANCO SUÁREZ, Rafael, GALLARDO FRÍAS, Eduardo y MORENO HOLMAN, Leonardo (2024): Litigación Penal estratégica en audiencias preliminares (Valencia, Tirant lo Blanch), ISBN: 978-841-197-362-5.

3. FERNÁNDEZ CUBILLOS, Héctor, MARTÍNEZ PLACENCIA, Victoria, ROJAS CORRAL, Hugo y VIVALDI MACHO, Lieta (2024): Cómo escribir ensayos. Manual de investigación jurídica y socio-jurídica (Santiago, Ediciones UAH), ISBN: 978-956-357-478-4

4. GARCÍA PINO, Gonzalo (2024): El postconstitucionalismo chileno: una radiografía del estado actual de la Constitución (Santiago, DER Ediciones), ISBN: 978-956-405-223-6

5. MODOLELL GONZÁLEZ, Juan Luis (2024): Manual de derecho penal. Teoría del delito (Santiago, DER Ediciones, segunda edición), ISBN: 978-956-405-175-8

Ediciones de libros

1. DEPARTAMENTO DE DERECHO PRIVADO (2024): Estudios de Derecho de Familia VII. Actas de las séptimas jornadas nacionales Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado (Santiago, Thomson Reuters), ISBN: 9789564005263

2. HUACHACA SÁNCHEZ, Dalmiro, MORENO HOLMAN, Leonardo y MORALES BRAND, José Luis (2024): Reglas del proceso penal acusatorio y reglas de litigación oral (Lima, San Bernardo) ISBN: 9786124949050

3. ROJAS CORRAL, Hugo y VÉLEZ MARTÍNEZ, Sheila (eds.) (2024). Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas (Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado) ISBN: 9789563575125, ISBN digital: 9789563575132

4. TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia, coord. (2024): Elusión Fiscal y Política Tributaria. III Jornadas Académicas de Derecho Tributario (Valencia: Tirant lo Blanch) ISBN: 9788411699839

5. TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia, coord. (2024): Elusión fiscal y otros temas de actualidad tributaria (Valencia, Tirant lo Blanch) ISBN: 9788411699815

6. VIVALDI MACHO, Lieta y ALEGRÍA FUENTES, Daniela (2024): Reflexiones feministas sobre los cuidados (Santiago, LOM Ediciones) ISBN: 9789560018113

Capítulos de libro

1. AGÜERO SAN JUAN, Claudio (2024): “Notas sobre la legitimación activa de las municipalidades en el recurso de protección” en POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA, Flavia (coords.) Las partes en el proceso. IX Jornadas nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 733-746, ISBN: 9788411973564

2. ATAOGLU COLONNELLO, Seren (2024): “Notas sobre teoría analítica del Derecho y Teoría Crítica”, en ROJAS CORRAL, Hugo y VÉLEZ MARTÍNEZ, Sheila (eds.), Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas, (Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado), pp. 190-211, ISBN: 9789563575125, ISBN digital: 9789563575132

3. AZUAJE PIRELA, Michelle (2024): “Nuevos principios y valores de la Recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial: ¿Por qué y para qué?”, en AEDO, Cristián y VARELA, Andrés (coords.), Aplicación práctica de los principios del derecho, (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 311-332, ISBN: 9788410718982, ISBN digital: 9788410718999.

4. BLANCO SUAREZ, Rafael (2024): “El descubrimiento de prueba en el sistema procesal penal chileno. Estándares de control desde el rol jurisdiccional”, en SOBA BRACESCO, Ignacio y SOUTO ETCHAMENDI, Marcelo (directores), El descubrimiento de prueba en el proceso penal. Distintas miradas y experiencias. (Montevideo, La Ley Uruguay-Thomson Reuters), pp. 289-320. ISBN: 9789915964454

5. CONLEY GARRIDO, Bernardita (2024): “El desajuste provocado por la causal de “divorcio” por rectificación de sexo registral en el matrimonio igualitario ¿una causal sospechosa de divorcio por culpa?”, en BARRIENTOS, Francisca et al (dir.), Estudios de Derecho de Familia VII. Actas de las séptimas jornadas nacionales Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado (Santiago, Thomson Reuters), pp. 81-94, ISBN:9789564005263

6. CORNEJO AGUILERA, Pablo (2024): “El matrimonio igualitario y su relación con la ley de identidad de género: cuestiones problemáticas”, en BARRIENTOS, Francisca et al (dir.), Estudios de Derecho de Familia VII. Actas de las séptimas jornadas nacionales Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado (Santiago, Thomson Reuters), pp. 95-110, ISBN:9789564005263

7. CORNEJO AGUILERA, Pablo (2024): “Las mejoras efectuadas en el inmueble arrendado ante la expropiación y la protección del interés del arrendatario: elementos para la discusión”, en DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen. et. al. (edits.), Estudios de Derecho Civil XVII (Santiago, Thomson Reuters), pp. 603-620, ISBN: 9789564005744

8. ESTRADA VÁSQUEZ, Francisco (2024): “Cinco aportes al derecho de familia chileno de la Ley Nº 21.302”, en BARRIENTOS, Francisca et al (dir.), Estudios de Derecho de Familia VII. Actas de las séptimas jornadas nacionales Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado (Santiago, Thomson Reuters), pp. 483-498, ISBN: 9789564005263

9. FERNÁNDEZ CUBILLOS, Héctor (2024): “Ética y Teoría Crítica: el desafío de pensar en los límites de una vida vivible”, en ROJAS CORRAL, Hugo y VÉLEZ MARTÍNEZ, Sheila (eds.), Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas, (Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado), pp. 170-189, ISBN: 978-956-357-512-5, ISBN digital: 978-956-357-513-2

10. FERNÁNDEZ RUIZ, José Manuel (2024): “Hacia un Derecho Penal Crítico”, en ROJAS CORRAL, Hugo y VÉLEZ MARTÍNEZ, Sheila (eds.), Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas, (Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado), pp. 379-405, ISBN: 978-956-357-512-5, ISBN digital: 978-956-357-513-2

11. FERNÁNDEZ RUIZ, José Manuel (2024): “Las actuaciones colectivas en el Código Penal Chileno: hacia un concepto restrictivo de la coautoría. En Memoria del Profesor Miguel Soto Piñeiro”, en CONTESSE, Javier y SILVA, Guillermo (coords.), Racionalidad y escepticismo en el Derecho penal. Estudios en memoria de Miguel Soto Piñeiro, (Santiago, Thomson Reuters), pp. 337-373, ISBN: 9789564005423

12. GONZÁLEZ POSTIGO, Leonel (2024): “Prólogo”, en HUACHACA SÁNCHEZ, Dalmiro, MORENO HOLMAN, Leonardo y MORALES BRAND, José Luis (directores), Reglas del proceso penal acusatorio y reglas de litigación oral (Lima, San Bernardo), pp. 9-12, ISBN: 9786124949050

13. GONZÁLEZ POSTIGO, Leonel (2024): “Prólogo”, en RUIZ, Marcela (directora), Sistema acusatorio adversarial (Tucumán, Editorial ConTexto), ISBN: 9789877309874.

14. EMMANUELLI JIMÉNEZ, Rolando y GONZÁLEZ POSTIGO, Leonel (2024): “El descubrimiento de prueba en el proceso penal. Un análisis del Sistema Jurídico de Puerto Rico”, en SOBA BRACESCO, Ignacio y SOUTO ETCHAMENDI, Marcelo (directores), El descubrimiento de prueba en el proceso penal. Distintas miradas y experiencias. (Montevideo, La Ley Uruguay-Thomson Reuters), pp. 377-401, ISBN: 978-9915-9644-5-4

15. HENRÍQUEZ VIÑAS, Miriam y NÚÑEZ LEIVA, José Ignacio (2024): “Conventionality Control: An Expression of the Basic Elements of the Judicial Function”, en VON BOGDANDY, Armin, PIOVESAN, Flávia, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y MORALES ANTONIAZZI Mariela (edits.) The Impact of the Inter-American Human Rights System. (New York, Oxford University Press), pp. 122-137, https://doi.org/10.1093/oso/9780197744161.003.0007

16. HENRÍQUEZ VIÑAS, Miriam y GARCÍA GARCÍA, José Francisco (2024): “El precedente en el Tribunal Constitucional: Finning y la consolidación de una práctica reflexiva”, en RIVERO HURTADO, Renée y ZÚÑIGA URBINA, Francisco (coords.) Justicia constitucional y democracia Libro homenaje al Profesor Rodrigo Pica Flores (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 613-633, ISBN: 9788410566965

17. MARTÍNEZ PLACENCIA, Victoria (2024): “La dimensión laboral de la redistribución de los cuidados”, en MELLA-MÉNDEZ, Lourdes y TAPIA GUERRERO, Francisco (directores), La protección del trabajo frente a las crisis y transiciones actuales: perspectivas nacionales e internacionales (Madrid, Aranzadi Editorial), pp. 649-663, ISBN: 978-84-1125-699-5

18. MENDOZA ALONZO, Pamela (2024): “Un acercamiento a las consecuencias civiles del abandono de bienes muebles”, en DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen. et. al. (edits.), Estudios de Derecho Civil XVII (Santiago, Thomson Reuters), pp. 411-420, ISBN: 9789564005744

19. MODOLELL GONZÁLEZ, Juan Luis (2024): “Imputación objetiva en el Derecho penal económico”, en NAVAS MONDACA, Iván (dir.), Derecho Penal Económico. Parte general. Actualizado a la Ley 21.595 de delitos económicos (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 139-162, ISBN: 9788410560109

20. MORENO HOLMAN, Leonardo (2024): “El Alegato o Discurso de Apertura”, en HUACHACA SÁNCHEZ, Dalmiro, MORENO HOLMAN, Leonardo y MORALES BRAND, José Luis (directores), Reglas del proceso penal acusatorio y reglas de litigación oral (Lima, San Bernardo), pp. 97-140, ISBN: 9786124949050

21. MORENO HOLMAN, Leonardo (2024): “El uso y valor de los antecedentes de la etapa investigativa y de otros registros previstos en la audiencia de juicio oral” en HUACHACA SÁNCHEZ, Dalmiro, MORENO HOLMAN, Leonardo y MORALES BRAND, José Luis (directores), Reglas del proceso penal acusatorio y reglas de litigación oral (Lima, San Bernardo), pp. 141-178, ISBN: 9786124949050

22. RAJEVIC MOSLER, Enrique (2024): “El Derecho territorial y urbano en Chile”, en LORA-TAMAYO VALLVÉ, Marta y VAQUER CABALLERÍA, Marcos (directores), El Derecho Territorial y Urbano en Latinoamérica. Una aproximación (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 345-382, ISBN: 9788411972048

23. RODRÍGUEZ MENADIER, Romina (2024): “El derecho de los niños, niñas o adolescentes a ser oídos en la mediación familiar: ¿es un derecho poco utilizado en la praxis chilena y sin regulación especializada?”, en BARRIENTOS, Francisca et al (dir.), Estudios de Derecho de Familia VII. Actas de las séptimas jornadas nacionales Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado (Santiago, Thomson Reuters), pp. 777-794, ISBN:9789564005263

24. RODRÍGUEZ MENADIER, Romina (2024): “Breve análisis crítico normativo respecto a las sanciones efectivas de la obstaculización del régimen comunicacional en Chile y su comparación con países del sistema continental”, en IBÁÑEZ MEZA, Nicolás y BOBADILLA TOLEDO, María Loreto (directores), La vulnerabilidad en las relaciones de familia. Actas del VI Congreso de Derecho de Familia (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 143-152, ISBN: 9788410950184, ISBN13: 9788410950191

25. ROJAS CORRAL, Hugo y BLANCO SUAREZ, Rafael (2024): “Judicial Independence in Chile, 1973-2023”, en REAYAT, Nauman, SMITH, Rhona K. M. y CHO, Moohyung, Judicial Independence in Transitional Democracies (London, Routledge), ISBN: 9781003458296, https://doi.org/10.4324/9781003458296-16

26. ROJAS CORRAL, Hugo y VÉLEZ MARTÍNEZ, Sheila (2024): “Teoría Crítica del Derecho, pedagogía crítica y justicia social en las Américas: por un derecho contrahegemónico viramundos”, en ROJAS CORRAL, Hugo y VÉLEZ MARTÍNEZ, Sheila (eds.), Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas, (Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado), pp. 27-68, ISBN: 978-956-357-512-5, ISBN digital: 978-956-357-513-2

27. SALAZAR PIZARRO, Sebastián (2024): “Las reformas constitucionales sobre descentralización: Las dos velocidades durante la transición democrática”, en LAGOS ROJAS, Felipe (coordinador), La revolución silente: Primer Congreso patagónico de Descentralización en Chile (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 157-189, ISBN: 9788410715134

28. SEPÚLVEDA VARELA, Jorge (2024): “Dos discusiones sobre el cuidado personal desde una perspectiva funcional”, en BARRIENTOS, Francisca et al (dir.), Estudios de Derecho de Familia VII. Actas de las séptimas jornadas nacionales Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado (Santiago, Thomson Reuters), pp. 557-568, ISBN:9789564005263

29. SILVA BERRÍOS, Valentina (2024): “Los derechos de niños, niñas y adolescentes en casos de distribución de medicamentos de alto costo”, en BARRIENTOS, Francisca et al (dir.), Estudios de Derecho de Familia VII. Actas de las séptimas jornadas nacionales Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado (Santiago, Thomson Reuters), pp. 221-240, ISBN:9789564005263

30. SILVA BERRÍOS, Valentina (2024): “Vulnerabilidad y bienestar: dos conceptos a considerar en la determinación del interés superior del niño”, en IBÁÑEZ MEZA, Nicolás y BOBADILLA TOLEDO, María Loreto (directores), La vulnerabilidad en las relaciones de familia. Actas del VI Congreso de Derecho de Familia (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 153-166, ISBN: 9788410950184 ISBN13: 9788410950191

31. TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia (2024): “Los principios fundamentales del Derecho Tributario en Chile”, en VARELA, Yury (coord.) Memorias de las XXXII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 287-323, ISBN: 9788410717558.

32. TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia (2024): “El principio de responsabilidad fiscal”, en LAGOS ROJAS, Felipe (coordinador), La revolución silente: Primer Congreso patagónico de Descentralización en Chile (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 137-156, ISBN: 9788410715134

33. TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia (2024): “El derecho de los contribuyentes a obtener la devolución de impuestos oportunamente. Análisis jurisprudencial”, en TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia (coord.) Elusión fiscal y otros temas de actualidad tributaria (Valencia: Tirant lo Blanch), 157-194, ISBN 9788411699815

34. FAÚNDEZ-UGALDE, Antonio y TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia (2024): “Gobierno corporativo familiar. Un estudio frente a la elusión tributaria”, en TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia (coord.), Elusión Fiscal y Política Tributaria. III Jornadas Académicas de Derecho Tributario (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 245-271, ISBN 9788411699839

35. MAGASICH, A., TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia et. al. (2024):“Hacia una descentralización financiera y fiscal”, en FESIT, Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (edits.), Estudios sobre el sistema tributario chileno (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 293-357, ISBN: 9788411696036

36. VIVALDI MACHO, Lieta (2024):»Anti-Gender Campaigns and Abortion: Feminist Strategies Against Reactionary Biopolitics in Chile», en HOLVIKIVI, Aiko, HOLZBERG, Billy, OJEDA, Tomás (edits.), Transnational Anti-Gender Politics: Feminist Solidarity in Times of Global Attacks (Cham, Springer International Publishing), pp. 161-180, https://doi.org/10.1007/978-3-031-54223-7_8

37. VIVALDI, Lieta y RIED, Nicolás (2024): “La noción feminista de interdependencia: del individuo a la constitución de lo común”, en VIVALDI MACHO, Lieta y ALEGRÍA FUENTES, Daniela (2024): Reflexiones feministas sobre los cuidados (Santiago, LOM Ediciones) ISBN: 978956001811

38. VIVALDI MACHO, Lieta y DENIS-RAMIREZ, Elise (2025): “Sexual and Reproductive Rights in Chile: Feminist Creativity, Strength, and Fight for Justice”, en SLIWINSKA, Basia, Transnational Visual Activism for Women’s Reproductive Rights: My Body, My Choice (New York, Routledge), ISBN: 9781032533568

39. REYES GIL, Yanira, VIVALDI, Lieta y ZULVER, Julia (2024): “Críticas feministas al Derecho: abordajes latinoamericanos y caribeños”, en ROJAS CORRAL, Hugo y VÉLEZ MARTÍNEZ, Sheila (eds.), Teoría Crítica del Derecho y Justicia Social en las Américas, (Santiago, Ediciones Universidad Alberto Hurtado), pp. 333-354, ISBN: 978-956-357-512-5, ISBN digital: 978-956-357-513-2

Es un elemento evidente el que los sistemas de justicia requieren de un sólido sistema democrático para poder operar y funcionar.

La inexistencia de separación de poderes y la cooptación de los sistemas de justicia por el poder político socava severamente la necesaria independencia judicial y el control de los distintos órganos de la administración por un adecuado sistema de pesos y contrapesos. La realidad judicial de la región latinoamericana evidencia asimismo serios riesgos para un adecuado funcionamiento del sistema de justicia, la necesaria inamovilidad de los jueces y la necesaria autonomía de los órganos superiores del aparato judicial

El índice de democracia de la publicación The Economist del año 2022 señala que sólo el 8% de la población mundial vive en una democracia plena, por lo que se requieren esfuerzos institucionales y políticas públicas que nos permitan concentrar esfuerzos por mejorar nuestro Estado de Derecho y en particular los sistemas de justicia en sus dos núcleos centrales de independencia externa e interna. En este índice, Chile ocupaba el lugar 19 en el año 2022, descendiendo al lugar 25 en la medición 2023 pasando de ser una democracia plena a una democracia defectuosa.

En cuanto al índice de Estado de Derecho de The World Justice Project, nuestro país ocupaba el puesto 33 en la medición de 2022 y bajó al puesto 36 en la medición de 2024, por debajo de Uruguay y Costa Rica, pero en una posición ventajosa en relación al resto de los países latinoamericanos. Las puntuaciones más bajas de la región en la última medición con Nicaragua, Haití y Venezuela.

Esta medición coloca en evidencia, entre otros factores, el que en la gran mayoría de los países (77% del total de los países incluidos en la muestra) los poderes legislativos y judicial y la sociedad civil, han perdido control sobre el poder ejecutivo

Estos datos son un llamado de atención para reforzar nuestro Estado de Derecho y, unido a ese propósito, fortalecer la independencia judicial externa e interna.

Lo anterior requiere reposicionar en la agenda pública la importancia que posee para Chile temas como el sistema de nombramiento y remoción de jueces, la institucionalidad que tendrá a su cargo esta función, los mecanismos para garantizar la inamovilidad de la judicatura, sistemas adecuados para evitar el control del aparato judicial por el sistema político, un sistema de incentivos para generar adecuados instrumentos de atracción a la función judicial, la participación ciudadana en la administración de justicia y un gobierno de la judicatura que profesionalice las tareas de gestión, administración y adecuada ejecución presupuestaria.

Otros temas relevantes que debieran ser analizados dicen relación con las tareas que deben ser encomendadas a la Corte Suprema, donde, a nuestro juicio, sobresale la necesidad de fortalecer la función de casación y la erradicación de tareas de administración, gestión o disciplinarias. A ello puede aún sumarse la necesidad de pensar el máximo tribunal como una instancia unificadora del derecho con sistema de certiorari y precedentes vinculantes.

A los temas precedentes debe sumarse aún la necesidad de revisar la estructura de carrera judicial de modo de propender a un modelo que garantice el máximo de independencia interna y externa, y un sistema de calificaciones desvinculados de los tribunales superiores de justicia

Por otra parte, los sistemas de nombramiento de la Corte Suprema deben ser revisados al objeto de incorporar diseños que permitan ampliar la transparencia y publicidad de los procedimientos, generar un adecuado nivel de competencia por mérito y establecer sistemas de apoyo que logren prescindir de la figura de los abogados integrantes.

Parte de estos temas están presentes en los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo y suponen un debate y una priorización para mejorar nuestro sistema judicial y fortalecer nuestro Estado de Derecho.

El documento forma parte de la obra colectiva Judicial Independence in Transitional Democracies, editado por Nauman Reayat (académico de la Universidad de Leicester), Rhona Smith (profesora de la Universidad de Newcastle) y Moohyung Cho (profesor de la Universidad Ewha Womans de Corea del Sur), y ha sido publicado en diciembre de 2024 por Routledge, una de las diez editoriales académicas más prestigiosas.

En el capítulo se analizan las complejidades político-jurídicas de la evolución que ha experimentado la independencia judicial en Chile, desde 1973 a 2023. Se argumenta que los procesos de reforma del poder judicial en los años de la transición han requerido de amplios consensos políticos, en sintonía con los aportes que se han realizado desde la academia y la sociedad civil. Por ejemplo, entre el 2015 y el 2023 se llevaron a cabo tres procesos constituyentes y en todos se debatió sobre la organización y funcionamiento del Poder Judicial. “El debate sigue pendiente y esta investigación contribuye a la toma de decisiones respecto de las reformas que se espera introducir para aumentar la independencia judicial en el país”, explican los autores.

En consideración de los cuestionamientos que se han formulado este año al sistema de nombramiento de los jueces, regular adecuadamente la organización del Poder Judicial es de suma importancia para el Estado de Derecho. “En estos temas no se puede improvisarse ni quedar a la deriva de mayorías circunstanciales. Por ello, se recomienda respetar los estándares y criterios rectores del derecho internacional sobre la administración de justicia, prestando especial atención a lo dispuesto en el sistema interamericano de derechos humanos en materia de independencia judicial”, afirman los autores.

Una de las novedades de esta investigación es el diálogo entre un experto en derecho procesal, como el profesor Rafael Blanco, con un experto en sociología del derecho y justicia transicional, como el profesor Hugo Rojas. “La combinación de estos distintos saberes nos ha permitido generar una propuesta muy superior a lo que cada uno de nosotros podía haber planteado en forma aislada”, explican.

Ficha bibliográfica

Rojas Corral, Hugo y Blanco Suarez, Rafael (2024): “Judicial Independence in Chile, 1973-2023”, en Reayat, Nauman; Smith, Rhona K. M. y Cho, Moohyung (eds.), Judicial Independence in Transitional Democracies (London: Routledge), pp. 268-292, ISBN: 9781003458296, https://doi.org/10.4324/9781003458296-16.

La independencia judicial, tanto interna como externa, es un pilar fundamental de un Estado de Derecho pues asegura que los jueces cumplan su función sin influencias de otros poderes del Estado o de las estructuras de gobierno judicial. Ello a su turno es la base de un adecuado sistema de pesos y contrapesos de una genuina y sana democracia. La revisión de la realidad latinoamericana revela serios riesgos para la adecuada independencia de los sistemas judiciales. Un ejemplo de ello es la reciente reforma al sistema de nombramientos en México, que genera espacios relevantes de injerencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo en la conformación de listas de jueces que luego deben ser votados en elecciones populares.

En el mes de octubre pasado, el Poder Ejecutivo de Chile ha presentado un proyecto de reforma al sistema de nombramientos judiciales que, entre otras variables, propone la creación de un Consejo de Nombramientos de Jueces con el objetivo de dotar de mayor transparencia y selección por mérito a un modelo cuya legitimidad está cuestionada en la actualidad.

Esta es una materia de enorme trascendencia pues estamos frente a una de las discusiones más relevantes en términos de diseño del Poder Judicial de los últimos años y que además ha reunido el amplio consenso de distintos sectores académicos y judiciales en torno a la necesidad de un cambio profundo.

La reforma presentada razona sobre ideas bien encaminadas que se justifican en la necesidad de generar un sistema de nombramientos alejados de las influencias políticas del Poder Ejecutivo de turno o de mayorías políticas ocasionales en el Poder Legislativo. No debe descuidarse el que el modelo que en definitiva se aprueba debe evitar modelos de generación endogámicos que instalen lógicas de poder en los tribunales o cortes superiores

Existen dos áreas que suscitan particular interés en esta propuesta: la composición del Consejo y sus reglas de funcionamiento. A ello se agrega, los criterios que serán tenidos en consideración para la selección de jueces.

En cuanto a su composición, la propuesta del Poder Ejecutivo señala que el Consejo estará integrado por cinco personas: un ministro de la Corte Suprema, un ministro de la Corte de Apelaciones, un juez letrado, un representante designado por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas y un abogado de reconocida trayectoria profesional y académica designado por el Presidente de la República.

La generación de un consejo de este tipo debe empujar la idea de una conformación técnica que asegure selección por mérito, alejado de consideraciones corporativas o político partidistas. Ellos han sido problemas que es posible evidenciar en los sistemas de Consejos de la Judicatura.

Es necesario debatir la composición propuesta, a la luz de las ideas señaladas, generando condiciones para que las personas que ingresen al Poder Judicial lo puedan hacer en base a sus trayectorias, formación, preparación y mérito.

En relación con sus reglas de funcionamiento y criterios para la selección de jueces, debe ponerse énfasis en la generación de un proceso público y objetivo basado en el merito comprobable de los postulantes. Para ello deberán definirse perfiles de cargo diferenciados para cada jerarquía de juez, incluyendo en esta definición a los ministros de corte. Por otra parte, se debe descartar el hacer prevalecer en estos procesos criterios meramente formales, tales como la antigüedad en el cargo o las calificaciones obtenidas anualmente; deben establecerse reglas claras de acreditación y verificación de antecedentes referidos a las aptitudes, conocimientos especializados, actualización de los mismos y experiencia profesional de los postulantes, privilegiando lo cualitativo por sobre lo simplemente cuantitativo. Asimismo, deben establecerse un mecanismo de impugnación transparente y eficaz.

El proyecto enviado ofrece una oportunidad para instalar en Chile una institucionalidad y un modelo de selección de jueces y juezas que asegure genuina independencia interna y externa y permita al mismo tiempo un proceso de selección basado en el mérito. La reforma requiere por cierto perfeccionamiento, pero es una base razonable para trabar el debate legislativo.

El encuentro contó con la participación del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la Jefa de la Dirección de Estudios de la Fiscalía, Ana María Morales, y tuvo por finalidad evaluar los contenidos, énfasis y metodologías de la propuesta del Ministerio Público junto a un grupo de expertos y expertas de Fundación Paz Ciudadana, Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad Alberto Hurtado, entre otras casas de estudio.

“Es fundamental la participación de la Sociedad Civil, los Centros de Estudio y las Universidades para aportar desde distintas disciplinas y enfoques que mejoren las propuestas en materia de políticas de persecución criminal de la Fiscalía”, dijo el profesor Blanco.

Se trata de un curso intensivo de pregrado, en el que participaron 30 estudiantes que quieren especializarse en el área de penal y procesal penal.

El Senado ha aprobado un informe elaborado por una comisión mixta que, entre otros cambios, introduce modificaciones a las normas previstas en el artículo 333 del Código Procesal Penal relativas a la incorporación de documentos en la audiencia de juicio oral. En particular, el nuevo inciso segundo de este artículo prevé que “si no hubiere controversia sobre el origen y veracidad del documento que se quiere incorporar como evidencia, será suficiente para este propósito la singularización de dicho documento, debiéndose entregar copia del mismo al tribunal”.

Si bien este cambio estuvo concebido para dotar de mayor agilidad la presentación de documentos en las causas de delitos económicos, lo cierto es que finalmente se aprobó como una norma de carácter general que aplica a todo tipo de casos, asociados a la prueba documental, en juicio oral.

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«Este es un positivo balance para nuestra Facultad, que demuestra el compromiso y excelencia de nuestro cuerpo académico que mantiene sostenidamente un alto nivel de productividad científica, tanto en las ciencias jurídicas como a nivel interdisciplinar», dijo la Directora de Investigación de la Facultad de Derecho UAH, Pamela Mendoza.

Puedes conocer el detalle a continuación.

Revistas

AGÜERO SAN JUAN, Claudio, SILVA BERRÍOS, Valentina y ZAMBRANO TIZNADO, Juan Pablo (2024): “Una reconstrucción analítica de la dogmática latinoamericana sobre el principio de interpretación conforme a la Constitución”, EUNOMÍA. Revista en cultura de la legalidad, N° 26: pp. 11-35, https://doi.org/10.20318/eunomia.2024.8500 [Scopus Q3]

AZUAJE PIRELA, Michelle (2024): “Research Handbook on Intellectual Property and Moral Rightsde de Ysolde Gendreau (Ed.) Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2023, 582 páginas”, Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, N° 20: pp. 207-212, https://doi.org/10.26422/RIPI.2024.2000.azu [Reseña]

BLANCO SUÁREZ, Rafael (2024): «Rol del Juez de Garantías en la fase de Investigación de los sistemas procesales penales de Chile, Uruguay y Argentina Federal», Latin American Legal Studies, vol. 12, N° 1: pp. 114-157, https://lals.uai.cl/index.php/rld/article/view/118 [Scopus Q4]

HENRÍQUEZ VIÑAS, Miriam y GARCÍA, José Francisco (2023): “El proceso constituyente de Bachelet en Chile (2015-2018): razones de un fracaso (previsible)”, International Journal of Constitutional Law, vol. 21, N° 5, pp. 1496-1516, https://doi.org/10.1093/icon/moad072 [Wos | Scopus Q1]

MENDOZA ALONZO, Pamela (2024): “Algunas vicisitudes en la aplicación del artículo 2519 del código civil chileno. Una sistematización del estado de la cuestión”, Revista chilena de derecho privado, número temático: pp. 177-200, https://rchdp.udp.cl/index.php/rchdp/article/view/742 [Scopus Q2]

PARRA SEPÚLVEDA, Darío, MENDOZA ALONZO, Pamela y CONCHA MACHUCA, Ricardo (2024): “Responsabilidad civil de los profesionales de la salud por lesión a la autodeterminación del paciente”, Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, vol. 15, Nº 2, pp. 1-31 https://doi.org/10.7770/rchdcp-v15n1-art36 [Scopus Q4]

POBLETE ESPÍNDOLA, Gustavo (2024): “El estándar de suficiencia probatoria para crímenes de lesa humanidad”, Revista Brasileira de Direito Processual Penal, vol. 10, N° 1: pp. 1-35. https://doi.org/10.22197/rbdpp.v10i1.892 [Scopus Q2]

ROJAS CORRAL, Hugo y PINO EMHART, Alberto (2023): “Sobre el efecto reparador de las sentencias civiles en casos de violaciones graves a los derechos humanos en Chile”, Atenea, N° 528: pp. 267-287, https://doi.org/10.29393/At528-16SEHA20016 [Wos | Scopus Q3]

ROJAS CORRAL, Hugo (2024): “50 Years After the 1973 Coup in Chile: Analysis of the Processes of Transition to Democracy and Transitional Justice”, Seattle Journal for Social Justice, vol. 22, N° 3, https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol22/iss3/8

TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia y NAVARRO SCHIAPPACASSE, María Pilar (2024): «Aplicación de la norma general antielusiva chilena en relación con las normas especiales antielusivas», en Revista de Derecho (Valdivia), vol. 37, N° 1: pp. 77-99, http://dx.doi.org/10.4067/s0718-09502024000100077 [Scopus Q2]

FAÚNDEZ-UGALDE, Antonio, FAÚNDEZ-ALLIER, Juan, TOLEDO-ZÚÑIGA, Patricia y TOSO-MILOS, Ángela (2024): “Managerial ethics for tax transparency: findings in Chilean companies”, Journal of Law and Sustainable Development, vol. 12, N° 4, pp. 1-21, https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i4.3653

VIVALDI MACHO, Lieta, TRONCOSO ZUÑIGA, Camila y SALAZAR NAVIA, Andrea (2024): “Cuidados desde paradigmas feministas: la reproducción social y la ética en la normativa y políticas públicas”, Latin American Legal Studies, vol. 12, N° 1: pp. 7-49, https://lals.uai.cl/index.php/rld/article/view/140 [Scopus Q4]

CASAS, Lidia, BOZO, Natalia, VIVALDI, Lieta, MONTERO, Adela, ÁLVAREZ, Juan José y BABUL, Jorge (2023): “Discriminación interseccional: obstáculos en el acceso de las mujeres a la implementación de la ley de aborto en la atención primaria de la Región Metropolitana de Chile”, Atenea, N° 528: pp. 135-150, https://doi.org/10.29393/At528-7DILJ60007 [Wos | Scopus Q3]

GONZÁLEZ ARISTEGUI, Daniela, MONTERO, Adela, RAMÍREZ-PEREIRA, Mirliana, TAPIA DE LA FUENTE, Belén, ROBLEDO, Paz, CASAS, Lidia C., VIVALDI, Lieta (2024): “La relevancia del acompañamiento psicosocial en la implementación de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en Chile”, Revista Facultad Nacional Salud Pública, vol. 42: pp. 1-13, https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/353511 [Scopus Q4]

Libros

BLANCO SUÁREZ, Rafael, GALLARDO FRÍAS, Eduardo y MORENO HOLMAN, Leonardo (2024): Litigación Penal estratégica en audiencias preliminares (Valencia, Tirant lo Blanch), ISBN: 9788411973625.

FERNÁNDEZ CUBILLOS, Héctor, MARTÍNEZ PLACENCIA, Victoria, ROJAS CORRAL, Hugo y VIVALDI MACHO, Lieta (2024): Cómo escribir ensayos. Manual de investigación jurídica y socio-jurídica (Santiago, Ediciones UAH), ISBN: 978-956-357-478-4

MODOLELL GONZÁLEZ, Juan Luis (2024): Manual de derecho penal. Teoría del delito (Santiago, DER Ediciones, segunda edición), ISBN: 978-956-405-175-8

Capítulos de libro

AGÜERO SAN JUAN, Claudio (2024): “Notas sobre la legitimación activa de las municipalidades en el recurso de protección” en POBLETE ITURRATE, Orlando y CILVETI MEDINA, Flavia (coords.) Las partes en el proceso. IX Jornadas nacionales de Derecho Procesal (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 733-746, ISBN: 9788411973564

GONZÁLEZ POSTIGO, Leonel (2024): “Prólogo”, en HUACHACA SÁNCHEZ, Dalmiro, MORENO HOLMAN, Leonardo y MORALES BRAND, José Luis (directores), Reglas del proceso penal acusatorio y reglas de litigación oral (Lima, San Bernardo), pp. 9-12, ISBN: 9786124949050

HENRÍQUEZ VIÑAS, Miriam y NÚÑEZ LEIVA, José Ignacio (2024): “Conventionality Control: An Expression of the Basic Elements of the Judicial Function”, en VON BOGDANDY, Armin, PIOVESAN, Flávia, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y MORALES ANTONIAZZI Mariela (edits.) The Impact of the Inter-American Human Rights System. (New York, Oxford University Press), pp. 122-137, https://doi.org/10.1093/oso/9780197744161.003.0007

HENRÍQUEZ VIÑAS, Miriam y GARCÍA GARCÍA, José Francisco (2024): “El precedente en el Tribunal Constitucional: Finning y la consolidación de una práctica reflexiva”, en RIVERO HURTADO, Renée y ZÚÑIGA URBINA, Francisco (coords.) Justicia constitucional y democracia Libro homenaje al Profesor Rodrigo Pica Flores (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 613-633, ISBN: 9788410566965

MODOLELL GONZÁLEZ, Juan Luis (2024): “Imputación objetiva en el Derecho penal económico”, en NAVAS MONDACA, Iván (dir.), Derecho Penal Económico. Parte general. Actualizado a la Ley 21.595 de delitos económicos (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 139-162, ISBN: 9788410560109

MORENO HOLMAN, Leonardo (2024): “El Alegato o Discurso de Apertura”, en HUACHACA SÁNCHEZ, Dalmiro, MORENO HOLMAN, Leonardo y MORALES BRAND, José Luis (directores), Reglas del proceso penal acusatorio y reglas de litigación oral (Lima, San Bernardo), pp. 97-140, ISBN: 9786124949050

MORENO HOLMAN, Leonardo (2024): “El uso y valor de los antecedentes de la etapa investigativa y de otros registros previstos en la audiencia de juicio oral” en HUACHACA SÁNCHEZ, Dalmiro, MORENO HOLMAN, Leonardo y MORALES BRAND, José Luis (directores), Reglas del proceso penal acusatorio y reglas de litigación oral (Lima, San Bernardo), pp. 141-178, ISBN: 9786124949050

RAJEVIC MOSLER, Enrique (2024): “El Derecho territorial y urbano en Chile”, en LORA-TAMAYO VALLVÉ, Marta y VAQUER CABALLERÍA, Marcos (directores), El Derecho Territorial y Urbano en Latinoamérica. Una aproximación (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 345-382, ISBN: 9788411972048

POLANCO, G., TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia et. al. (2024): “Integración/Desintegración del Sistema Tributario”, en FESIT, Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (edits.), Estudios sobre el sistema tributario chileno (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp.61-139, ISBN: 9788411696036

MAGASICH, A., TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia et. al. (2024):“Hacia una descentralización financiera y fiscal”, en FESIT, Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (edits.), Estudios sobre el sistema tributario chileno (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 293-357, ISBN: 9788411696036

NAVARRO, MP., TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia et. al. (2024): “Combate a la elusión y evasión”, en FESIT, Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (edits.), Estudios sobre el sistema tributario chileno (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 361-464, ISBN: 9788411696036

TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia et. al. “Elusión y evasión. Comisión de estudio del proyecto de reforma tributaria. Boletín 15170-5”, en FESIT, Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (edits.), Estudios sobre el sistema tributario chileno (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 465-503, ISBN: 9788411696036

VIVALDI MACHO, Lieta (2024):»Anti-Gender Campaigns and Abortion: Feminist Strategies Against Reactionary Biopolitics in Chile», en HOLVIKIVI, Aiko, HOLZBERG, Billy, OJEDA, Tomás (edits.), Transnational Anti-Gender Politics: Feminist Solidarity in Times of Global Attacks (Cham, Springer International Publishing), pp. 161-180, https://doi.org/10.1007/978-3-031-54223-7_8

VIVALDI, Lieta y RIED, Nicolás (2024): “La noción feminista de interdependencia: del individuo a la constitución de lo común”, en VIVALDI MACHO, Lieta y ALEGRÍA FUENTES, Daniela (2024): Reflexiones feministas sobre los cuidados (Santiago, LOM Ediciones) ISBN: 9789560018113

Ediciones de libros

BARRIENTOS CAMUS, Francisca (dir.); GACITÚA, Catalina y LOBOS, Francisca (coords.); BARRÍA DÍAZ, Rodrigo, CONLEY, Bernardita, OCAMPO, Natalia y SILVA, Valentina (edits.) (2024): Estudios de Derecho de Familia VII. Actas de las séptimas jornadas nacionales Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado (Santiago, Thomson Reuters), ISBN:9789564005263

HUACHACA SÁNCHEZ, Dalmiro, MORENO HOLMAN, Leonardo y MORALES BRAND, José Luis (2024): Reglas del proceso penal acusatorio y reglas de litigación oral (Lima, San Bernardo) ISBN: 9786124949050

TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia, coord. (2024): Elusión Fiscal y Política Tributaria. III Jornadas Académicas de Derecho Tributario (Valencia: Tirant lo Blanch) ISBN 9788411699839

TOLEDO ZÚÑIGA, Patricia, coord. (2024): Elusión fiscal y otros temas de actualidad tributaria (Valencia, Tirant lo Blanch) ISBN 9788411699815

VIVALDI MACHO, Lieta y ALEGRÍA FUENTES, Daniela (2024): Reflexiones feministas sobre los cuidados (Santiago, LOM Ediciones) ISBN: 9789560018113

Ediciones de revistas

AZUAJE PIRELA, Michelle y ORDELIN FONT, Jorge Luis (2024): “Derecho e inteligencia artificial”, Justicia, vol. 29, N° 45, pp. 1-3,
https://revistas.unisimon.edu.co/index.php/justicia/article/view/7313

ROJAS CORRAL, Hugo y VÉLEZ MARTÍNEZ, Sheila (2024): “Editorial”, Latin American Legal Studies, vol. 12, N° 1: pp. 1-6, https://lals.uai.cl/index.php/rld/article/view/188

Este curso, que se impartió en el salón Felisberto Hernández del IMPO, fue dirigido a 25 fiscales y dictado por los los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Chile Rafael Blanco y Leonardo Moreno, quienes abordaron temas de litigación en las diferentes etapas del proceso penal acusatorio.

Fuente: www.gub.uy

La reciente discusión sobre la posibilidad de entregar a la justicia militar el conocimiento y decisión en torno a eventuales hechos ilícitos que miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros puedan cometer con ocasión de resguardo a infraestructura crítica, en estados de excepción constitucional, el resguardo de zonas fronterizas o el resguardo del orden público en materia de actos electorales o plebiscitarios, representa un retroceso y un error en materia de debido proceso y estado de derecho. Las razones de ello son variadas y conviene evidenciarlas y explicarlas.

En primer lugar, existen estándares internacionales y jurisprudencia del sistema interamericano que explicita la necesidad de someter a la jurisdicción ordinaria y civil los actos ilícitos cometidos por las fuerzas armadas y de orden y seguridad que no corresponden a delitos propiamente militares y que resguardan bienes jurídicos estrictamente militares como la desobediencia o la deserción, entre otros. Sobre este punto es necesario recordar que los países se distinguen entre aquellos que tienen jurisdicción militar especializada para conocer de los ilícitos propiamente militares y aquellos que someten este tipo específico de delitos a la jurisdicción ordinaria. Pero, incluso los países que poseen jurisdicción militar especializada la restringen únicamente para delitos de función cometidos por militares en servicio activo en el ejercicio de sus funciones y únicamente con relación a delitos muy concretos y específicos que son manifestación del incumplimiento de sus deberes militares.

En segundo lugar, nuestro país ha realizado esfuerzos por acotar la justicia militar de modo de circunscribir a ella únicamente casos relacionados con delitos propiamente militares evitando su inadecuada extensión a civiles y a delitos relacionados con acciones no militares. Ello ha sido un largo esfuerzo desde la recuperación de la democracia. Así, la ley N° 20.477 del 30 de diciembre de 2010 eliminó la competencia de los tribunales militares para juzgar a civiles y a personas menores de edad; y, por su parte, la ley N° 20.968 de 22 de noviembre de 2016 excluyó del conocimiento de los tribunales militares aquellos casos en que la víctima o imputado del delito investigado sean civiles.

En tercer lugar, nuestro país ha suscrito compromisos internacionales ante el sistema interamericano a objeto de no ampliar la jurisdicción militar, lo que se evidencia en el considerando 14 del caso Palamara donde se ordena a Chile lo siguiente: “ El Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar, de forma tal que en caso de que se considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares…”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado reiteradamente que los estándares o parámetros sobre las limitaciones que debe observar la jurisdicción militar son los siguientes: a) no es el fuero adecuado para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a autores de violaciones a los derechos humanos; b) sólo puede juzgar a militares en servicio activo, y c) sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas (cometidos por militares activos) que atenten, por su propia naturaleza, contra bienes jurídicos propios del orden militar.

En cuarto lugar, y con prescindencia de los aspectos anotados, la jurisdicción militar en Chile exhibe retrasos y anacronismos que impiden considerarla un modelo idóneo a ser ampliado, pues el modelo inquisitivo que caracteriza el sistema de justicia militar vigente coloca a cargo de un fiscal militar, dependiendo del ejército y sin los resguardos necesarios como la inamovilidad, como expresión de la garantía básica para asegurar la debida independencia del mismo, la instrucción del caso. Por otra parte, el caso se presenta para ser resuelto por otro militar que carece igualmente de la imparcialidad objetiva necesaria dada su ubicación institucional. Este modelo carece, por lo demás, de sistemas institucionales de defensa para los mismos militares imputados que asegure requisitos básicos de un debido proceso. En diversas ocasiones se ha intentado debatir cambios estructurales a este sistema inquisitivo, sin que hasta la fecha se hayan podido concretar avances en la materia.

Por las razones anotadas, no es correcto ampliar la jurisdicción militar y mucho menos encomendar el conocimiento de delitos cometidos por militares contra civiles a esta jurisdicción especializada, sin contravenir estándares de un proceso penal en forma y los compromisos suscritos por nuestro país ante las instancias internacionales.

Con prescindencia de estas consideraciones, el modelo de justicia ordinario, que exhibe un modelo acusatorio formal y que probablemente es de aquellos más reputados en América Latina según dan cuenta informes del centro de Justicia de las Américas, se conforma con un sistema que coloca la persecución criminal en manos de un Ministerio Público autónomo que no depende del Ejecutivo de turno y que es considerado por sus pares regionales, uno de los órganos más respetados en materia de independencia externa de la región. El modelo de defensa penal ha representado a uniformados en diversos casos, especialmente a miembros de las fuerzas de orden y seguridad, con apego a estándares y prerrogativas que permiten un adecuado respeto a sus derechos y garantías. Por último, y no menos relevante, la independencia externa del Poder Judicial en Chile es uno de los factores que suele exhibirse en los rankings de Estado de Derecho a nivel mundial y que es una prenda de garantía que nos permite, entre otros factores, ocupar el puesto 33 de 142 países en el índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project.

En todos estos casos hay un común denominador, a saber, el fracaso estatal en la “gobernanza” carcelaria, ya sea por abandono y/o por la inexistencia de políticas adecuadas de segregación de la población penal. Si a lo anterior le agregamos fenómenos de corrupción y connivencia de los agentes penitenciarios, se verifica el coctel perfecto para la concreción de serios conflictos como los que hace un tiempo vimos en Brasil y hoy se repiten en Ecuador.

*Columna publicada junto a:

Ignacio Castillo Val, Doctor en derecho, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público.

Eduardo Gallardo Frías, Master en derecho (LLM), juez del Sagunto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

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«El litigio estratégico: una nueva mirada en la solución del conflicto» es el seminario que reunió a destacados expositores nacionales e internacionales convocado por la Universidad Dominicana O&M y organizaciones de la sociedad civil. En el evento realizado en República Dominicana expuso el profesor de Derecho Procesal e investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Rafael Blanco.

El tema central de este seminario fue el litigio estratégico en la solución de conflictos donde el académico de la Facultad de Derecho de la UAH, Rafael Blanco, habló sobre los desafíos de la representación de intereses de víctimas e imputados en el contexto de sistemas procesales penales adversariales.

Esta actividad es el primer seminario internacional que se celebra en ese país con el objetivo de promover herramientas y experiencias sobre esta materia, así como el respeto y la protección de los derechos humanos para permitir que las decisiones trasciendan la solución particular de un caso y genere un impacto social o jurídico que beneficie a toda la ciudadanía.

Durante el desarrollo de la actividad jurídica  se trataron los  temas: Desafíos estratégicos en el proceso penal;  litigación estratégica en materia de ciberdelitos;  garantías y derechos en el sistema penal de cara a las exigencias del sistema interamericano; litigio estratégico en materia de violación de derechos  fundamentales; elementos críticos del litigio estratégico penal y la  de admisibilidad y exclusión de prueba; el litigio estratégico: romper paradigmas y crear precedentes en el proceso administrativo.

Fuente: https://cippuahurtado.cl/

Foto diario La Tercera

El académico del departamento de Derecho procesal y resolución de conflictos, profesor Rafael Blanco, publicó una columna en el diario la Tercera titulada «Necesidad de debatir temas relevantes en materia de seguridad».

En ella el profesor Blanco,  plantea que «La realidad latinoamericana evidencia severos y graves problemas de seguridad y criminalidad, motivando amplias reformas legislativas. Muchas de ellas apuntan a dotar de mayores atribuciones a la policía, lo que en muchos casos resulta perfectamente razonable. Sin perjuicio de ello, las evidencias comparadas muestran que diagnósticos errados o meras reformas legales sin medición, pueden terminar en vulneraciones de derechos y garantías, y sin impactos relevantes en eficacia preventiva o persecutoria»….

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Foto diario El Mostrador

El profesor del departamento de Derecho Procesal y Resolución de conflictos, profesor Rafael Blanco, publicó el el diario El Mostrador una columna titulada » Reforma Constitucional al Poder Judicial: un desafío para la Democracia».

En ella el profesor Blanco escribe «El nuevo proceso constituyente chileno ha entregado, en una primera etapa, a la comisión experta, la construcción de un nuevo texto Constitucional. En ella se juegan nuestros diseños institucionales más relevantes y sus sistemas de competencia. Por otra parte, se focaliza el debate y generación de reglas para dar protección a los derechos y garantías más nucleares y críticas para consolidar nuestro sistema político democrático.».

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El académico de la Facultad de Derecho de la UAH, destacó que los datos muestran que América Latina es una región violenta con bajos índices de paz social lo que a su juicio debería ser objeto de estudio para el mundo académico y convertirse en un gran desafío para la persecución de delitos y el enjuiciamiento criminal. En todos estos países, enfatizó Blanco, se ha trabajado en reformas a los procesos y a los sistemas de justicia criminal desde fines de los años 80, donde las primeras naciones que hicieron transformaciones a sus modelos de enjuiciamiento y persecución criminal fueron Guatemala y el Salvador. ”Toda la región ha vivido procesos de reforma que han tocado la organización y el sistema procesal, es decir existen experiencias suficientes como para hacer evaluaciones sobre el impacto de estas reformas que se han ido instalando en prácticamente todos los países de la región desde México hasta el cono sur”, relató el experto.

Para el abogado la policía es un actor relevante de estudio en América Latina a la cual se le ha otorgado mayores atribuciones. Sin embargo, declara el académico, la eficiencia de su trabajo no solo tiene que ver con dotación y despliegue territorial, sino que también con los perfiles que posee y los mecanismos de atracción y retención de personal. “Habitualmente son los actores menos pagados y entrenados de los modelos de persecución penal, los sistemas de control interno también son importantes de mirar ya que muchas veces encontramos altos niveles de corrupción”, afirmó el docente de la Facultad de Derecho de la UAH.

Blanco señaló que lo correcto es entregar atribuciones a la policía en la medida que estas sean sujetas a un control efectivo afirmando que es en este punto donde los modelos latinoamericanos muchas veces se caen y cometen graves errores “Si usted me dice que le va  a dar atribuciones especiales a la policía y que nadie la va a controlar mi respuesta es no, porque el poder absoluto corrompe y me parece que los ejemplos nos muestran que siempre se termina en una  vulneración de derechos y garantías”, enfatizó el docente.

En cuanto al Ministerio Público, el investigador señaló que hay temáticas poco abordadas y que son de gran interés, ya que se requieren datos sobre los modelos de gestión institucional, de organización, sistemas de control y monitoreo, revisión de sistemas organizacionales adoptados, etc. Además, destacó que cuando se construye un sistema procesal penal se observa siempre una tensión entre derechos y garantías,  lo que a su juicio es un falso dilema porque lo importante es disminuir los tiempos de respuestas de los sistemas de persecución criminal es decir “el plazo razonable en las investigaciones”, elemento a su juicio clave porque ninguna persona quiere ser imputada indefinidamente.

El académico indicó que los estudios muestran que la confianza en la institucionalidad pública en América Latina es muy baja lo que también está relacionado con el sistema de justicia. “Tenemos problemas de corrupción y bajos niveles de confianza en nuestro sistema de justicia, esta mezcla hace que se tengan que diseñar sobre la fiscalía y la policía mecanismos de eficiencia, eficacia y confianza.”, destacó Rafael Blanco.

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Noticia CIPP UAH