A cuatro años del plebiscito más significativo de este siglo en Chile, el del 4 de septiembre de 2022, el Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado reunió a líderes de opinión y académicos para debatir en torno a una pregunta clave en tiempos de reformas y propuestas legislativas: ¿estamos viviendo un retorno constituyente?

La exministra del Interior Carolina Tohá; el constitucionalista Roberto Gargarella; el investigador del Centro de Estudios Públicos Sebastián Soto; y la decana de la Facultad de Derecho UAH Miriam Henríquez, conversaron sobre los errores y las lecciones pendientes de un proceso que, según coincidieron los cuatro, difícilmente puede darse por cerrado.

La instancia fue inaugurada por la vicerrectora de Investigación e Innovación UAH, Aisén Etcheverry, quien aseguró que «cuando nos tomamos en serio el objetivo de generar conocimiento y ponerlo a disposición de las políticas públicas, el impacto que podemos tener es gigantesco».

En este contexto, el Núcleo Constitucional y el proyecto Hacsfera 2030 de la UAH presentaron una nueva iniciativa: el Observatorio Legislativo, que hará seguimiento —mediante un reporte mensual— a los proyectos de ley y reformas en discusión en el Congreso Nacional. A esto se suman los policy briefs de la serie «Cuestiones constitucionales», que abordarán temas como migración, seguridad e independencia del Poder Judicial, entre otros.

Tohá: «No me arrepiento, pero no voté contenta a favor»

En su intervención, la exministra del Interior, Carolina Tohá, fue categórica al referirse al pasado proceso constituyente. «Me atrevo a afirmar categóricamente que nunca en la historia de Chile había habido condiciones tan favorables para que transversalmente nos pusiéramos de acuerdo en tres cosas en las que no nos pusimos de acuerdo y definitivamente ese momento pasó», dijo, en alusión a tres definiciones sobre el texto constitucional: que debía generarse de manera democrática, que debía reconocer de forma prioritaria los derechos sociales y que debía propender a una mayor distribución del poder.

«Yo no soy de las que se arrepienten, pero yo no voté contenta a favor», admitió Tohá. «Voté con la impresión de que el proceso había renunciado a este esfuerzo de mayor diálogo, voté consciente de que el texto tenía una serie de reiteraciones y excesos. Decía de dos mil maneras cosas que había que decir una vez de manera limpia, porque eso es lo que genera un equilibrio», explicó.

«Al fracasar ese proceso, lo que iba a venir era una regresión. Y es exactamente lo que sigue pasando. Hoy día, ya no solo nadie pretende tener una Constitución pactada, sino que se pretenden hacer cambios que van en el sentido contrario, sin el más mínimo interés de acordarlo con el otro sector», enfatizó. Y añadió: «Creo que Chile puede quedar trabado en una espiral de deterioro que hay que visibilizar a tiempo y que hay que poner arriba de la mesa la discusión que está planteada hoy día».

Gargarella: «Si se quiere hacer una reforma se requiere un gran acuerdo y no oportunismo»

Roberto Gargarella, representante consular del constitucionalismo latinoamericano, académico de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Tella, analizó los fallidos plebiscitos de 2022 y 2023 a la luz de la historia de estas reformas en Latinoamérica.

«Como punto de partida, ambos eventos —y en particular el primero— fueron muy criticados por su carácter extremo, ajenos a la historia, muy radical. Desde una perspectiva vinculada con la historia constitucional latinoamericana, yo diría lo contrario; ambos procesos, por razones distintas, estaban muy vinculados con la historia constitucional regional y eran reprochables por lo poco novedosos y desafiantes, más que por lo contrario», afirmó al inicio de su intervención.

Para el experto, con el primer proceso se buscó acercar la discusión a las formas clásicas del liberalismo constitucional latinoamericano. «Yo diría que fue un intento atractivo, y lo criticaría por modesto. Fue un intento de vincularse con esa historia que todos los países latinoamericanos han abrazado de un modo u otro», comentó.

Respecto al proceso actual que vive Chile, Gargarella hizo una recomendación: «Mi consejo para el futuro sería que, si queremos seguir tocando los nervios sensibles del constitucionalismo democrático […], se requiere un gran acuerdo y no oportunismo, no la velocidad de tiempo y no la iniciativa que se le impone al bando contrario».

Soto: «Los representantes de hoy no motivan que la salida de estos momentos de crisis sea pactada»

Sebastián Soto, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos, analizó las lecciones que dejó el proceso constituyente de cara al futuro. A su juicio, hay que poner en duda la idea de que son los momentos de crisis los que abren la puerta a un proceso constituyente. «Hoy, ya sea por motivos de polarización o porque el contexto motiva retóricas refundacionales, pareciera que los contextos propios de los momentos constituyentes conspiran para escribir constituciones que nazcan de ciertos acuerdos sustantivos», dijo.

En esa línea, llamó a revisitar nociones teóricas como la relación entre poder constituyente y poder constituido, en un escenario donde —planteó— la polarización y los aires refundacionales no motivan a que las crisis se resuelvan por la vía de los acuerdos.

Henríquez: «Se cerró un ciclo de reemplazos constitucionales, pero lo constitucional no ha dejado de estar en el centro de la disputa política»

La decana de la Facultad de Derecho e investigadora del Núcleo Constitucional UAH, Miriam Henríquez, centró su reflexión en la pregunta que convocó el encuentro: «Yo diría que después de los plebiscitos se instaló una conclusión bastante compartida, de que el ciclo constituyente terminó. Pero esta afirmación requiere una precisión: lo que parece haberse cerrado es un ciclo de reemplazos constitucionales. No existe una voluntad política significativa de iniciar un tercer proceso para sustituir íntegramente la Constitución, pero eso no significa que lo constitucional haya dejado de estar en el centro de la disputa política».

Así, para ejemplificar esta tesis, la académica analizó el proyecto de reforma constitucional sobre seguridad, anunciado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, que crea un nuevo estado de excepción constitucional.

Un Observatorio Legislativo al servicio de la ciudadanía

Durante el conversatorio, Gonzalo García Pino, director del Núcleo Constitucional, presentó el Observatorio Legislativo, una iniciativa que abre una nueva etapa para este centro de incidencia pública de la Universidad Alberto Hurtado.

Se trata de un reporte mensual del seguimiento legislativo que —según explicó— «permite aproximar la lectura de algo que es bastante difícil». El académico acotó que, «si bien hay información pública sobre el Congreso Nacional en sus boletines, lo cierto es que se podrá identificar y aislar al interior de este boletín las urgencias y las prioridades» (ver el reporte).

Este reporte alimenta un segundo trabajo que es Cuestiones constitucionales, un policy brief que busca ofrecer un análisis constitucional breve, riguroso y fundado sobre un problema público actual. García inauguró el primer texto titulado “Reformas Constitucionales Post Constituyentes” (ver el informe), que revela algunos datos interesantes.

«Uno hubiese pensado que el 17 de diciembre de 2023 cerró la puerta de las cuestiones constitucionales en el ámbito constituyente, pero este informe registra 270 proyectos que se han ingresado con posterioridad al cierre de los procesos constituyentes. De ellos, hay 260 en tramitación y 4 ya son reformas constitucionales», detalló.

«Aquellos que están en tramitación representan una mirada oportunista, moralista, muy compleja desde el punto de vista de la polarización, y una cierta desatención sobre el sentido normativo constitucional», concluyó.

El 23 de junio, en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), el académico UAH fue parte del seminario “Derecho de excepción desde una perspectiva comparada y multidisciplinar”, un espacio de reflexión académica en el que se analizaron los desafíos jurídicos, políticos y tecnológicos que plantean las situaciones de crisis en los sistemas constitucionales contemporáneos.

El profesor Salazar compartió panel junto a los académicos María Isabel Álvarez Vélez y Alberto Priego, junto a quienes se generó un enriquecedor debate que permitió profundizar en los retos que afrontan las democracias actuales para garantizar la seguridad y la protección de los derechos fundamentales en escenarios excepcionales.

Como invitado del Ciclo de Seminarios Constitucionales de Praga, el 24 de junio Salazar presentó la ponencia “Estados Constitucionales de Excepción, Militarización y Militarismo en América Latina: La Experiencia del Posconstitucionalismo Chileno”, en la Facultad de Derecho de la Charles University (Univerzita Karlova) en República Checa.

Sobre su exposición, Salazar explicó que busca investigar la militarización, el militarismo y el uso de estados constitucionales de excepción por parte de políticos civiles y/o militares en el panorama político chileno reciente. “Varios momentos clave sustentan este análisis, incluyendo las respuestas militaristas durante la pandemia de SARS-CoV-2 y el proceso de restauración política conservadora o autoritaria en diversos países de la región. Estos acontecimientos abordan temas como la seguridad nacional, la inmigración, la geopolítica y el crecimiento económico en medio del estancamiento, todos ellos condicionados por la expansión de impulsos disciplinarios radicales dentro del capitalismo de Estado”, aseguró.

Y añadió: “Este análisis evalúa la influencia del proceso de desconstitucionalización en curso sobre el marco institucional chileno y la sociedad civil. Con base en esta evaluación, la presentación considera las implicaciones de estos desarrollos para el constitucionalismo neoliberal y la democracia liberal. Además, examina la evolución de los mecanismos autoritarios y su impacto en los procesos políticos, económicos y sociales contemporáneo”.

El encuentro se realizó entre el 29 de junio y el 1 de julio y reunió a académicos, jueces y operadores jurídicos de todo el mundo en uno de los espacios de mayor prestigio del derecho público comparado.

Derecho al Cuidado

En esta instancia, la profesora Martínez presentó la ponencia “The right to care for others: A theoretical proposal”, en la que propone una conceptualización jurídica del derecho fundamental a cuidar como traducción normativa de las reivindicaciones que, desde hace más de una década, han impulsado organizaciones feministas y de la sociedad civil en América Latina.

La investigación —que forma parte de su tesis doctoral, aprobada en marzo de 2026— aplica el esquema analítico de Hohfeld para distinguir las relaciones jurídicas que emanan de este derecho: como libertad frente al Estado, como obligación estatal de garantizar tiempo y condiciones materiales para cuidar, y como principio de corresponsabilidad entre privados.

La ponencia se inserta en un debate que ha cobrado fuerza regional e internacionalmente a partir de la Opinión Consultiva N°31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho humano al cuidado y distingue tres dimensiones: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

Además de exponer ante una audiencia internacional de especialistas en derecho público comparado, la profesora Martínez participó en la conferencia como integrante del Interest Group on Feminist Constitutionalism (IGFC) de ICON•S, compartiendo panel con otras investigadoras que trabajan la relación entre cuidados y derecho. Su participación en ICON•S proyecta internacionalmente la línea de investigación que la profesora Martínez desarrolla en el marco del Programa de Derecho y Cuidados de la Facultad de Derecho UAH. Asimismo, la actividad contó con el apoyo del Fondo de Asistencia para Actividades Académicas y de Creación Artística en el Extranjero de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación UAH.

Militarización y estados de excepción

Sebastián Salazar, académico y también coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, participó en tres paneles durante la conferencia anual ICON•S 2026, en los cuales pudo compartir su investigación acerca del militarismo, la militarización y los estados de excepción en Chile y Latinoamérica.

En el primer panel “Liberalismo Autoritario”, que compartió junto a Paula Ahumada, Jamee Moudud y Matias Guiloff, analizó el estado actual y la relevancia contextual de estos conceptos en América Latina.

En el segundo panel, titulado “La trayectoria de la identidad constitucional: perspectivas europeas y latinoamericanas”, presentó un análisis detallado de la genealogía e historia del militarismo, la militarización y los estados de emergencia en Chile y Latinoamérica. En esta instancia también participaron María Pardo Vergara, Octavio Ansaldi, Marco Goldoni y Mike Wilkinson.

La última actividad en la que participó consistió en una mesa redonda en la que se conversó sobre los distintos aspectos desplegados en el libro de Jamee Moudud “Fundamentos legales y políticos del capitalismo: ¿El fin del laissez-faire?” (2025), junto a Paula Ahumada y Matias Guiloff.

Los días 7 y 8 de mayo estuvo en el International Institute for the Sociology of Law (IISL-IISJ) en Oñati (España), para ser parte del workshop “Realism, Institutionalism and Experimentalism: Ontological foundations for legal thinking concerning socioeconomic processes”.

El 11 de mayo en Heidelberg (Alemania), participó en el Coloquio Iberoamericano 345 “Estados de excepción constitucionales: trayectorias en los casos de Chile y El Salvador”, organizado por el Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law.

En esta instancia, tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el actual desarrollo de estos temas, tanto en El Salvador como en Chile, junto a la profesora Claudia Martin, codirectora del Academy on Human Rights and Humanitarian Law de la American University.

Salazar expuso sobre el estado actual del uso regular y permanente de los Estados de Excepción Constitucional durante los últimos años en el contexto chileno. Dicho análisis se realiza a partir del aumento de medidas militarizadas adoptadas por los gobiernos, en los cuales prima una lógica militarista de conducción y resolución de diversos problemas públicos. Se complementa, además, con una revisión de la literatura especializada y genealógica histórica sobre los conceptos de Estados de Excepción Constitucional, militarismo y militarización.

Publicada en Ciper Chile

En las primeras dos semanas de mandato, el gobierno del Presidente Kast ha anunciado una batería de medidas de alta incidencia. Dichos anuncios se enmarcan en el relato sobre el “Gobierno de emergencia”, como consecuencia de la situación fiscal contingente que afecta al país. Este concepto fue un elemento determinante de la reciente campaña electoral presidencial y ha guiado el accionar político y comunicacional del gobierno desde su llegada el 11 de marzo.

Lo anterior justificaría la adopción de medidas de austeridad general a partir del publicitado anuncio del Ministerio de Hacienda, en el que se establecieron recortes generales al 3% del presupuesto del sector público, los cuales inciden en áreas sociales sensibles como ciencias y tecnología, educación, salud, vivienda y seguridad. Otras tienen un alto impacto en la economía del país, como lo referente al retiro de los decretos respecto a las tarifas del costo de la energía eléctrica y el tan bullado caso del rediseño del mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (mEPCO).

Las medidas anteriores tienen un hilo conductor sumamente notorio. Son intervenciones del Estado en la economía, en el marco de lo que la literatura de economía política internacional denomina impulsos del capitalismo estatal. En ellas vemos medidas que responden a ejemplos concretos de impulsos productivistas, absorbentes, estabilizadores y de disciplina, destinados a cómo los Estados han mediado políticamente los procesos de restructuración de la economía global post crisis 2008 y los cambios en los ámbitos de producción, circulación y distribución de valor en el capitalismo actual.

La intención de esta columna de opinión no es valorar la plausibilidad o justificación de tales medidas, ni referirse respecto al debate originado entre los diversos sectores políticos y eventuales efectos que estos anuncios tendrían en el país. El objetivo principal es preguntarse por qué el entrante gobierno de derecha adopta estas decisiones, a partir de escudriñar la matriz ideológica que motivan la racionalidad, la emocionalidad y el actuar político de este.

Al respecto, la actual administración ha centrado su narrativa del gobierno de emergencia en las siguientes ideas. La primera versa sobre la inevitabilidad de la adopción de medidas de austeridad del sector público, las que van orientadas principalmente al funcionamiento y operación estatal. Una segunda idea se refiere a que el país tiene demasiadas demandas e intereses que enfrentar, pero que la satisfacción de estas ha implicado un gasto de recursos públicos que no se condicen con su capacidad financiera. Como tercera idea se señala que en este escenario fiscal se debe priorizar el gasto público y focalizar las políticas públicas en los sectores más vulnerables del país. Como cuarta idea, que el déficit estructural del país se debe principalmente al gasto público irresponsable adoptado por los gobiernos anteriores, sin referirse expresamente a la recaudación o ingresos de recursos por la vía tributaria. Por último, todo lo anterior justificaría la adopción de las medidas señaladas en los párrafos anteriores, dinamizar la actividad económica y generar medidas que incentiven el crecimiento económico por parte de los agentes privados, a efectos de que por esta vía se logre recuperar el país y salir de la senda de crisis sistémica en la cual se encuentra.

Lo anterior no es una estrategia nueva. El énfasis que se insiste con dicha narrativa tampoco lo es. Esta racionalidad y emocionalidad ideológica se encuentra presente en el discurso titulado Strong State and Sound Economy de Carl Schmitt, presentado a un grupo de empresarios en 1932 y publicado en 1933. Lo que se busca es una separación radical de la política (del Estado) del ámbito propio de la economía, una distinción meridianamente clara y objetiva de la esfera pública y de la esfera estrictamente privada de la economía. La premisa que justifica lo anterior es la articulación de un “estado total cualitativo” como una unidad política no partisana que utiliza todo su poder e institucionalidad para retirar al Estado de la economía productiva y de las políticas sociales redistributivas.

La crítica a este razonamiento schmittiano la formula Hermann Heller en su texto de 1933 titulado Authoritarian Liberalism?. Heller sostiene que lo característico del Estado autoritario es su visión capitalista de la economía y que conduce indefectiblemente al autoritarismo. Este fin se logra mediante el establecimiento de dispositivos para asegurar la distancia estatal respecto de la economía libre y la articulación de formas de gestión económica autónoma. De esta manera, se enfrenta la politización de los más amplios ámbitos de la economía, indeseable fenómeno que es impulsado por los diversos intereses políticos y económicos que se desarrollan en un sistema democrático de partidos políticos.

Este era el mismo objetivo de Schmitt cuando presenta este discurso durante la última etapa de la República de Weimar en Alemania; también se observó en la dictadura militar chilena, en la importantes personeros y asesores recepcionaron las ideas de Schmitt, por medio de autores franquistas y carlistas; y en el proceso de integración económica de la Unión Europea pos-2008. Pero esta trayectoria también es identificable en las medidas adoptadas por el actual gobierno al justificar la adopción de dichas medidas, como consecuencia de una situación inédita y extraordinaria, pero con un grado de permanencia en el tiempo, las cuales han sido presentadas tanto por el Presidente como su ministro de Hacienda en diversos discursos ante foros empresariales nacionales.

Por tanto, el objetivo primario del gobierno actual ha sido cumplir la premisa schmittiana de la despolitización del Estado de aspectos fundamentales de la actividad económica. Este repliegue ideológico se utiliza en contra de la principal vía que cuenta el Ejecutivo para intervenir directamente en la economía y mediante políticas públicas redistributivas: la política fiscal. La forma de ejemplificar este acto político decisional del actual gobierno fue con el subsidio del Mepco, debido a la coyuntura geopolítica internacional que se experimenta. Pero pudo ser otra medida ejemplificadora, lo importante es el objetivo señalado a partir de este razonamiento y emocionalidad ideológica que se presenta. Adicionalmente, ya existe un diseño institucional y una articulación de competencias en diversos organismos públicos que ponen obstáculos al desarrollo de políticas fiscales distintas a la austeridad como objetivo fundamental.

De esta manera, surge nuevamente la pregunta helleriana de si estamos frente a un nuevo capítulo del (neo)liberalismo autoritario y la redefinición política del Estado chileno ante la insistencia de la presente narrativa. Solo el tiempo y la misma política partidista y contingente, aquella que Schmitt tanto aborrecía, nos permitirá responder esta interrogante.

Para la directora de Investigación, Pamela Mendoza, “la productividad alcanzada es expresión del compromiso y excelencia de nuestro cuerpo académico, y se proyecta a través de un programa doctoral de calidad, cuyos doctorandos ya contribuyen activamente a la investigación científica”.

“Valoro especialmente que la investigación desarrollada durante 2025 exprese no solo una alta productividad académica, sino, sobre todo, el aporte sustantivo de toda nuestra comunidad académica a través de una producción jurídica situada, crítica y con vocación pública. Los trabajos publicados abordan problemas estructurales del derecho contemporáneo y dialogan de manera rigurosa con la jurisprudencia y el debate comparado”, aseguró la decana de Derecho UAH, Miriam Henríquez.

Cabe destacar que la gran mayoría de las publicaciones corresponden a artículos en revistas científicas indexadas en bases de datos internacionales como Scopus y Web of Science, lo que da cuenta de la calidad y visibilidad de la investigación desarrollada por la Facultad.

Académicas y académicos que publicaron en 2025

Profesores Planta

1. Claudio Agüero
2. Michelle Azuaje
3. Juan Pablo Castillo
4. Rodrigo Coloma
5. Miriam Henríquez
6. Catalina Mansilla
7. Victoria Martínez
8. Hugo Rojas
9. Lieta Vivaldi
10. Nathalie Walker
11. Leonel González
12. Yasna Otárola
13. José Manuel Fernández
14. Pamela Mendoza
15. Juan Luis Modolell
16. Gustavo Poblete
17. Enrique Rajevic
18. Sebastián Salazar

Profesores colaboradores

1. Paula Godoy
2. Claudio Quintana
3. Mauricio Rettig
4. Claudia Sarmiento
5. Francisco Pino
6. Francisco Estrada

Doctorado en Derecho UAH

1. Allan Gallardo
2. Sebastián Sandoval
3. Valentina Silva
4. Alessia Baghino
5. Bernardita Conley
6. Lisandro Gómez
7. José Luis Gutiérrez
8. Bastián Moraga
9. Sonia Zaldívar
10. Gloria Mancilla

Alumni UAH

1. Bruno Bahamondes
2. Eduardo Sepúlveda

Detalle de las publicaciones

Artículos de Revistas

AGÜERO, Claudio y GALLARDO, Allan (2025): “Tres concepciones de la vulnerabilidad”, Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, N° 45: pp. 78-103, ISSN: 2735-6337, https://doi.org/10.21703/issn2735-6337/2024.n45.05 [Latindex]

Calzetta, Alejandro, AGÜERO, Claudio, Zambrano, Juan Pablo y SEPÚLVEDA, Eduardo (2025): “Puesta a punto de un modelo inferencial para analizar la operación de especificación en sentencias judiciales”, Isonomía – Revista de teoría y filosofía del derecho, Nº 62: pp. 83–115, ISSN: 1405-0218, 2683-2593, https://isonomia.itam.mx/index.php/revista-cientifica/article/view/799, [Scopus Q2]

Villavicencio, Luis, Fernández, Soledad, AGÜERO, Claudio, Zúñiga, Alejandra, SANDOVAL, Sebastián y SILVA, Valentina (2025): “Análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre medicamentos de alto costo en Chile vía recurso de protección (2017-2022)”, Revista de Investigações Constitucionais, Vol. 12, N° 2, e512. https://doi.org/10.5380/rinc.v12i2.95584 [Scopus Q1]

Sologuren, Enrique, Oliva, Carla, Cordovez, Maximiliano, AGÜERO, Claudio y Toro, Fernando (2025): “Géneros especializados del ámbito jurídico: organización retórica-discursiva de la sentencia y la demanda en contexto chileno”, Lengua y Sociedad, Vol. 24, Nº 2, e30273, ISSN 1729-9721, 2413-2659, https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/lenguaysociedad/article/view/30273 [Scopus Q2]

AZUAJE, Michelle, Coddou, Alberto, Contreras, Pablo y Viollier, Pablo (2025): “Intervención, supervisión y control humano en las decisiones automatizadas”, Derecho PUCP, Nº 95, pp. 189–226, ISSN: 0251-3420, 2305-2546,  https://doi.org/10.18800/derechopucp.202502.006 [Scopus Q2]

AZUAJE, Michelle (2025): “Inteligencia artificial y derecho de autor: estado de la cuestión y desafíos regulatorios emergentes a partir del caso chileno”, Revista Iberoamericana de la Propiedad Intelectual, Nº23, 429-452, ISSN: 2422-569X, https://doi.org/10.26422/RIPI.2025.2300.azu [Scopus Q4]

ATAOGLU, Seren (2025): “Sobre las definiciones estipulativas”, Isonomia. Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, Nº 62: pp. 149–170, ISSN: 1405-0218, 2683-2593, https://doi.org/10.5347/62/2025/797, [Scopus Q2]

BAHAMONDES, Bruno (2025): “La naturaleza del contrato como regla de interpretación contractual.”, Pro Jure Revista De Derecho – Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, N°64, eISSN 2810-7659 https://doi.org/10.4151/SO2810-76592025064-1495 [Scopus Q3]

BAGHINO, Alessia (2025): “La noción de ‘amenaza futura’ en la jurisprudencia chilena: análisis del recurso de protección en defensa de los territorios indígenas”, Vergentis. Revista de investigación de la cátedra internacional conjunta Inocencio III, N° 19: pp. 141-161, ISSN: 2445-2394, 2605-3357, https://vergentis.ucam.edu/index.php/vergentis/article/view/304 [Scopus Q4]

BAGHINO, Alessia (2025): “Los animales no humanos en la cosmovisión indígena: entre los derechos y la ética”, DALPS (Derecho Animal-Animal Legal and Policy Studies), N° 3: pp. 344–373, ISSN: 3020-1071 https://doi.org/10.36151/DALPS.059 [Latindex]

BAGHINO, Alessia (2025): “Structural Violence and Religious Freedom: Towards a Legal Principle of Structural Justice in the Chilean Experience”. Religions, vol. 16, Nº 12, ISSN: 2077-1444. https://doi.org/10.3390/rel16121566 [WoS- Scopus Q1]

CASTILLO, Juan Pablo (2025): “Sobre el concepto de trabajo o servicio forzado en el delito de trata de personas del artículo 411 quater”, Política Criminal, Vol. 20, Nº 40, pp. 451- 484, ISSN: 0718-3399, https://politcrim.com/wp-content/uploads/2025/11/Vol20N40A17.pdf [Scopus Q2]

COLOMA, Rodrigo y Rimoldi, Florencia (2025): “Testigos: De fuentes de información a informadores activos”, Revista Iberoamericana de Argumentación, Nº monográfico 5, pp. 93-121, ISSN: 2660-4515, EISSN: 2604-6202, https://doi.org/10.15366/ria2025.m5.005 [Scopus Q3]

COLOMA, Rodrigo; Lira, Renato y SANDOVAL, Sebastián (2025): “Dudas razonables. Sobre la concepción de estándar de prueba de Larry Laudan”, Quaestio Facti , N°10, pp. 1-15, https://revistes.udg.edu/quaestio-facti/article/view/23126/26730 [Scopus Q2]

CONLEY, Bernardita (2025): “Dominio y protección de la información sin regulación específica mediante el deber de confidencialidad contractual”, Ius et Praxis, Vol. 31, N° 2, pp. 91-107, ISSN 07172877, 07180012, https://www.iusetpraxis.utalca.cl/wp-content/uploads/2025/08/06.-Bernardita-Conley.pdf [Scopus Q2]

ESTRADA, Francisco (2025): “El informe técnico en la reforma a la Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente”, Pro Jure Revista De Derecho – Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, N°64, eISSN 2810-7659, https://doi.org/10.4151/SO2810-76592025064-1486 [Scopus Q3]

Barrientos, Francisca, GODOY, Paula y Schencke, Fabiola (2025): “La negociación extrajudicial de cláusulas potencialmente abusivas que realiza el SERNAC dentro de los procedimientos voluntarios colectivos”, Revista de Estudos Empíricos em Direito, Vol. 12, pp. 1-39, ISSN: 23190817, https://doi.org/10.19092/reed.v12.916 [Scopus Q3]

HENRÍQUEZ, Miriam (2025): “El estatus de las leyes preconstitucionales y su relación con las normas derogatorias constitucionales”, Ius et Praxis, Vol. 31, N° 2, pp. 44-55, ISSN 0717-2877, 0718-0012, https://www.iusetpraxis.utalca.cl/wp-content/uploads/2025/08/03.-Miriam-Henriquez.pdf [Scopus Q2]

GÓMEZ, Lisandro (2025): “A ‘Shared’ Experience of Constituent Power: The Legal Culture of Some Legal Scholars and Constituents in the de facto Chilean Constitution”, Revista derecho del Estado. N° 63, pp. 265–285, https://doi.org/10.18601/01229893.n63.06 [Scopus Q2]

GÓMEZ, Lisandro (2025): “Expectations about fundamental rights. People initiatives in the 2023 Chilean constitutional process”, Oñati Social Legal Series, https://doi.org/10.35295/osls.iisl.2342 ISSN: 2079-5971 [Scopus Q2]

MANSILLA, Catalina (2025): «“Amar los cerros”: mesas y bocas de un mallku aymara (norte de Chile)», Disparidades. Revista de Antropología, Vol. 80, N° 1, p. e1010, eISSN: 2659-6881, https://doi.org/10.3989/dra.2025.1010 [Wos- Scopus Q2]

MARTÍNEZ, Victoria (2025): “Estado liberal y la (re)distribución de los cuidados en las familias”, Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, N° 49: pp. 219-239, ISSN: 2386-4702, 0214-8676, https://doxa.ua.es/article/view/29368 [Scopus Q2]

PÉREZ, Ariel (2025): «Derecho transitorio constitucional: el debate y la experiencia chilena», Estudios Constitucionales, Vol. 23, Nº 2, pp. 61-93, ISSN: 0718-0195 [Scopus Q2]

PINO, Francisco (2025): “Los conceptos arendtianos de acción y libertad: objeción de conciencia y derecho”, Cuestiones de Filosofía, Vol. 11, N° 36, pp. 97-118, https://doi.org/10.19053/uptc.01235095.v11.n36.2025.17454 [Scopus Q4]

Millaleo, Salvador, ROJAS, Hugo y Shaftoe, Miriam (2025): “Indigenous Peoples and Truth Commissions: A Comparative Analysis”, Latin American Legal Studies, Vol. 13, N°2, pp. 79-125, ISSN: 0719-9112, 0719-9104, https://lals.uai.cl/index.php/rld/article/view/197 [Scopus Q3]

SALAZAR, Sebastián (2025): «Análisis comparativo de la jurisprudencia constitucional española y chilena sobre el Contenido Material de las Leyes de Presupuestos: Una aproximación desde el slow comparison», Estudios Constitucionales, Vol. 23, Nº 2, pp. 181-210, ISSN: 0718-0195 [Scopus Q2]

SILVA, Valentina (2025): “El bienestar: un criterio para determinar El interés superior de niños, niñas y adolescentes”, Revista Chilena de Derecho Privado, N° 44, pp. 217-252, ISSN: 07180233, 07188072, https://doi.org/10.32995/S0718-8072205891 [Scopus Q2]

SILVA, Valentina, Sandoval, Danae y Villavicencio, Luis (2025): «El uso del interés superior del niño por la Corte Suprema en casos de distribución de medicamentos de alto costo», Pro Jure Revista De Derecho – Pontificia Universidad Católica De Valparaíso, N°64, eISSN 2810-7659 https://doi.org/10.4151/SO2810-76592025064-1527 [Scopus Q3]

Salazar, Andrea, Troncoso, Camila y VIVALDI, Lieta (2025): “Aproximaciones a la noción de cuidados desde las organizaciones sociales”, Revista Punto Género, N° 23, pp. 70–102, ISSN: 2735-7473, https://doi.org/10.5354/2735-7473.2025.79586 [Latindex]

Pérez, Danitza y VIVALDI, Lieta (2025): “Aborto, feminismo y arte en Chile: la solidaridad como posibilidad para el presente y el futuro”, Descentrada, Vol. 9, N°2, e267, ISSN 2545-7284, https://doi.org/10.24215/25457284e267 [Latindex]

WALKER, Nathalie (2025): «El diseño ético de productos y servicios digitales como instrumento para resguardar la dignidad, libertad y salud mental de los usuarios», Revista Justicia y Derecho, Vol. 8, N° temático, pp. 1-10, ISSN: 0719-9392, https://doi.org/10.32457/rjyd.v8it.2912 [Scopus Q3]

WALKER, Nathalie y Droguett, Carmen (2025): “Algunas prevenciones en torno a la incorporación de sistemas de inteligencia artificial en el proceso judicial”, Actualidad Jurídica, año XXVI, N° 51: pp. 203-215, https://derecho.udd.cl/actualidad-juridica/articulos/algunas-prevenciones-en-torno-a-la-incorporacion-de-sistemas-de-inteligencia-artificial-en-el-proceso-judicialnathalie/

Díez, Felipe y WALKER, Nathalie (2025): “La apertura de los sistemas inteligentes como característica en conflicto con la concepción estática de producto terminado. Ámbito de la responsabilidad por productos defectuosos en Chile”, Ius et Praxis, Vol. 31, N° 2, pp. 70-90, ISSN 07172877, 07180012, https://www.iusetpraxis.utalca.cl/wp-content/uploads/2025/08/05.-Felipe-Diez-y-Nathalie-Walker.pdf [Scopus Q2]

Otros revistas

GALLARDO, Allan (2025): “Responsabilidad por falta de servicio en el caso de Fabiola Campillai con el Fisco de Chile. Ministro de Primera Instancia y Fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 04 de junio de 2023, Rol N°2-2022”, Revista de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, N° 46: pp. 129-145, ISSN: 2735-6337, https://doi.org/10.21703/issn2735-6337/2025.n46.07 [Comentario de Jurisprudencia|Latindex]

GUTIÉRREZ, José Luis (2025): “Validez del acto administrativo y debido proceso: una lectura estructural (Corte Suprema, rol 246.595-2023)”, Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 38, Nº 2, pp. 313-321, ISSN: 0716-9132, 0718-0950, https://revistaderechovaldivia.cl/index.php/revde/article/view/2224 [Comentario de Jurisprudencia| Scopus]

MORAGA, Bastián (2025): “El resurgimiento de la imprevisión en Chile, una nueva oportunidad: Sentencia de la Corte Suprema chilena Rol N°161.630-2023”, Revista de Derecho (Universidad de Concepción), Vol. 93, N° 258, pp. 377-386, ISSN: 0303-9986, 0718-591X, https://revistas.udec.cl/index.php/revista_de_derecho/article/view/19358 [Comentario de Jurisprudencia|Scielo]

ZALDÍVAR, Sonia (2025): “El principio protectorio del derecho del trabajo como pauta interpretativa en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Análisis de la Sentencia I-8-2024 de fecha 7 de julio de 2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique a la luz de la ley n° 21.645 de 2024”, Ius et Praxis, Año 31, Nº 3, pp. 180 – 191, ISSN 0717-2877, 0718-0012, https://doi.org/10.4067/S0718-00122025000300180 [Comentario de Jurisprudencia| Scopus]

ZALDÍVAR, Sonia (2025): “La instrumentalización del acoso como una forma de discriminación laboral. Un análisis de la sentencia Rol T-256-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel”, Revista de Derecho (Universidad de Concepción), Vol. 93, N° 258, pp. 403-414, ISSN: 0303-9986, 0718-591X, https://revistas.udec.cl/index.php/revista_de_derecho/article/view/22280 [Comentario de Jurisprudencia|Scielo]

Libros

COLOMA, Rodrigo (2025): Decidir hechos y argumentar con pruebas. Materiales para una teoría de la prueba en los procesos judiciales (Madrid, Marcial Pons), ISBN: 9788413817309.

Bocardo, Alejandra, GONZÁLEZ, Leonel y Echegoyemberry, Natalia (2025): Necesidades jurídicas insatisfechas en Iberoamérica un análisis sobre las encuestas realizadas y una guía para su implementación (Valencia, Tirant lo Blanch), ISBN13 9788410718791

Covarrubias , Sara y Nel Greeven (2025): Manual de Derecho procesal de familia. Curso habilitante de familia en el contexto de las actividades de capacitación en línea. Actualizadores: Machado, Patricia, Opazo Mario y OTAROLA, Yasna (Valencia, Tirant lo Blanch), ISBN: 9791370210663 – 9791370210670

QUINTANA, Claudio y Rojas, Luis Emilio (2025): Derecho penal: aspectos esenciales de la parte general para la práctica y la labor jurisdiccional (Santiago, DER Ediciones), ISBN: 978-956-405-249-6

Otros

SALAZAR, Sebastián (2025): Propuestas progresistas para la descentralización. Democratización, equidad territorial y autonomía (Santiago: Fundación Friedrich Ebert en Chile), ISBN 978-956-6410-31-7.

ROJAS, Hugo (2025): Pilares de justicia transicional en América Latina (Bogotá: Programa Estado de Derecho Lainoamérica, Konrad Adenauer Stiftung).

Capítulos de libro

CONLEY, Bernardita (2025): “Reconsideración analítica de la función del plazo como exigencia de acciones de término matrimonial”, en_ Sabioncello, Muriel (dir.) Estudios de Derecho de Familia VIII (Santiago: Thomson Reuters), pp. 213-226, ISBN : 978-956-400-648-2.

CONLEY, Bernardita (2025): “Más allá del retiro injustificado: cuatro hipótesis de la responsabilidad civil precontractual. Un análisis jurisprudencial (2010-2024)”, en Illanes, Alejandra, Montecinos, Andrea y Rodríguez, María Isabel (edits.) Estudios de Derecho Privado. Quintas Jornadas de Profesoras de Derecho Privado (Santiago: Rubicón Editores), pp. 403-414, ISBN: 978-956-6351-10-7.

CONLEY, Bernardita y Hevia, Francisca (2025): “Capítulo I. El rol y la función de la familia en el Estado”, en Guridi, Mar y Rubio, Fernanda (comp.) Código de la familia e infancia y adolescencia, adultos mayores y personas en situación de discapacidad (Valencia: Tirant lo Blanch), pp. 15-164, ISBN: 9791370101190, 9791370101206.

Cereceda, Emiliana, FERNÁNDEZ, José Manuel, Murray, Marjorie, Olivari, Alicia y ROJAS, Hugo (2025): “Derechos económicos, sociales y culturales en el Chile transcional: de la precariedad al reconocimiento”, en Risor, Helene, Murray, Marjorie y Di Giminiani, Piergiorgio (edits.), Después de los treinta años. Experiencias y relatos sobre democracia y derechos sociales en Chile (Santiago, UAH Ediciones), ISBN: 978-956-357-526-2

GONZÁLEZ, Leonel (2025): “La teoría probatoria en los sistemas orales de América Latina”, en Antonio Pedro Melchior y Caio Badaró Massena (org.) Estudos jurídicos em homenagem ao Professor Geraldo Prado (São Pablo, Marcial Pons), pp. 337-348, ISBN: 9786585108447

GONZÁLEZ, Leonel (2025): “El juicio por jurados en una nueva justicia civil. Una forma de contribuir al mejoramiento de la legitimidad y confianza en el Poder Judicial”, en Carrasco, Jaime y Contreras, Cristián (edits.) Proceso y tutela de derechos (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 189-198, ISBN: 9791370211769, 9791370211776.

MANCILLA, Gloria, y Maldonado, Tatiana (2025): “La reformalización de la investigación: de la praxis a la regulación normativa. Desafíos para un debido proceso”, en Ríos, Rodrigo y Machado Lorena (editores) Diálogos chileno-brasileiros de Direito Penal e Processual Penal, vol. II, pp. 95–118 (São Paulo: Tirant lo Blanch), ISBN: 9788594776785, 9788594776778

MARTÍNEZ, Victoria (2025): “¿Cómo influyen los dilemas interpretativos en la prueba? El caso de la ley Zamudio”, en Coloma, Rodrigo, Decidir hechos y argumentar con pruebas. Materiales para una teoría de la prueba en los procesos judiciales (Madrid, Marcial Pons), ISBN: 9788413817309

MARTÍNEZ, Victoria (2025): “La paradoja de la flexibilidad laboral para la igualdad de género”, en Alvarado, Paulina; Planet, Lucía; Lagos, Felipe, El tiempo en el trabajo y sus brechas de género (Valencia, Tirant lo Blanch), pp. 161-170, ISBN: 9791370102869, 9791370102876.

MENDOZA, Pamela, (2025):“Una aproximación a la noción de daño colectivo en el derecho chileno”, en Barría Paredes, Manuel (director), Estudios de Derecho Civil XVIII (Valencia, Tirant Lo Blanch), pp. 1131-1145, ISBN: 979-13-7021-280-3

MODOLELL, Juan Luis (2025): «Las nuevas tecnologías en el sistema penal de Venezuela», en Rask-Malarino-Gil (edits), Nuevas tecnologías y Sistema penal: un estudio de los ordenamientos latinoamericanos, (Berlín-Bogotá, Konrad Adenauer Stiftung-Programa Estado de Derecho) pp. 357-375, ISBN: 978-628-7708-12-9, https://www.kas.de/documents/271408/16552318/Nuevas+tecnolog%C3%ADas+y+sistema+penal.pdf/0f54a35a-cc82-eabe-08be-acc087ecb4d5?version=1.0&t=1744043075289

POBLETE, Gustavo (2025): «Responsabilidad del Estado por actuaciones policiales», en: Lovera, Domingo y Lam, Reynaldo (dir.) Anuario de Derecho Público 2024 (Ediciones Universidad Diego Portales), pp. 25-41, ISBN: 978-956-314-643-1.

RAJEVIC, Enrique (2025): “Estado, datos personales y transparencia: la nueva agencia chilena de datos personales”, en: Zaror, Danielle (dir.) Expertos en acción: protegiendo datos personales bajo la nueva legislación (Santiago: Rubicón Editores), pp. 55-68, ISBN: 9789569947988

RAJEVIC, Enrique (2025): “Novedades de la Ley Nº 21.634, de 2023, y de su implementación reglamentaria, en el fortalecimiento de la probidad y transparencia en la contratación pública”, en: Lazo V., Ximena y Obando C., Iván (dir.) Nueva Contratación Pública. Reflexión y crítica de la Ley Nº 19.886 y su reglamento (Valencia: Tirant Lo Blanch), pp. 97-142, ISBN: 9791370213541.

Bravo, Sebastián y RETTIG, Mauricio (2025):“Problemas metodológicos sobre el uso y aplicación del estándar de prueba en la sentencia definitiva penal”, en Coloma, Rodrigo (edit.) Decidir hechos y argumentar con pruebas materiales para una teoría de la prueba en los procesos judiciales (Madrid, Marcial Pons), ISBN: 9788413817309.

ROJAS, Hugo (2025): “Human Rights Violations in the 2019 Social Outbreak in Chile: Progress and Challenges in Justice and Reparations for Victims”, in: INFANTE-BATISTE, V., WILKINSON, R.D. (eds) Fifty Years of Human Rights in Chile. St Antony’s Series. Palgrave Macmillan (Cham: Palgrave Macmillan), pp. 155-172, https://doi.org/10.1007/978-3-031-77351-8_9

Navia, Carlos, SALAZAR, Sebastián  y SARMIENTO, Claudia (2025): «Desafíos para la regulación del derecho a la educación desde una perspectiva socialista», en: Navia, Carlos (coord. y edit.)  Educación y justicia social: Propuestas desde el socialismo democrático (Santiago: Fundación Friedrich Ebert en Chile), pp. 14-23, ISBN 978-956-6410-28-7.

Lira, Renato y SANDOVAL, Sebastián (2025):“Generalizaciones sobre terremotos que ocurren cada cierto tiempo en Chile”, en Coloma, Rodrigo, Decidir hechos y argumentar con pruebas. Materiales para una teoría de la prueba en los procesos judiciales (Madrid, Marcial Pons), ISBN: 9788413817309.

SILVA, Valentina (2025): “Interés superior del niño, autonomía progresiva y decisiones médicas: un mapa de tipos de casos”, en Sabioncello, Muriel (dir.) Estudios de Derecho de Familia VIII (Santiago: Thomson Reuters), pp. 213-226, ISBN : 978-956-400-648-2.

SILVA, Valentina (2025): “Artículos 2319, 2320 y 2321 del Código Civil en el contexto de las familias reconstituidas. ¿Quién o quiénes responden?”, en: Illanes, Alejandra, Montecinos, Andrea y Rodríguez, María Isabel (edits.) Estudios de Derecho Privado. Quintas Jornadas de Profesoras de Derecho Privado (Santiago: Rubicón Editores), pp. 829-842, ISBN: 978-956-6351-10-7.

SILVA, Valentina (2025): “Capítulo VIII. Grupos vulnerables. Sistema de protección a personas en situación de discapacidad en Chile”, en Guridi, Mar y Rubio, Fernanda (comp.) Código de la familia e infancia y adolescencia, adultos mayores y personas en situación de discapacidad (Valencia: Tirant lo Blanch), pp. 601-674, ISBN: 9791370101190, 9791370101206.

VIVALDI, Lieta (2025): “Técnicas de Reproducción Asistida en los debates feministas y la voz de las mujeres: ambivalencias, oportunidades y deudas desde la igualdad”, en: Yopo Díaz, Martina (edit.) Maternidades. Desafíos actuales de género, familia y fertilidad (Santiago: Fondo de Cultura Económica), ISBN: 9789562893916

La conferencia fue un evento académico interdisciplinario, con diversos plenarios, paneles y ponencias que reunió a la comunidad académica para discutir sobre “Gobierno y democracia. Las transformaciones del poder público en el siglo XXI”.

Esta instancia estuvo copresidida por la académica y decana de Derecho UAH Miriam Henríquez, junto al académico de Derecho UC Luis Eugenio García-Huidobro, y contó con la participación de las y los profesores UAH Victoria Martínez, Sebastián Salazar, Lieta Vivaldi, Gustavo Poblete, Macarena Rodríguez y Vinicius Nunes.

Derecho a los cuidados

Las académicas Victoria Martínez, Lieta Vivaldi, Macarena Rodríguez y Miriam Henríquez presentaron la mesa Derecho al cuidado: aproximaciones jurídicas y sociojurídicas.

Allí articularon y confrontaron distintas perspectivas sobre el derecho al cuidado —nuevo derecho humano reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2025— ponderando las implicaciones de su adopción en el sistema interamericano. Cada intervención iluminó los desafíos inherentes a su definición e implementación efectiva, al tiempo que propuso interpretaciones para delinear su futuro en los sistemas jurídicos de la región.

La profesora Martínez, directora del Programa Derecho y Cuidados, presentó la ponencia “Propuesta de definición y estructura interna del derecho a cuidar”; la profesora Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica UAH, expuso sobre “Mujeres migrantes y cuidados”; la decana Henríquez realizó la presentación “Solidaridad y cuidados en la OC 31/2025” y la profesora Vivaldi, directora del Programa Género, Derecho y Justicia Social, abordó algunas “Reflexiones sobre la corresponsabilidad social y comunitaria del cuidado”.

Además, la decana Miriam Henríquez participó en la mesa Sobre Derecho Transitorio, en donde realizó la exposición «Las normas derogatorias constitucionales y la continuidad normativa. ¿Cómo se resuelve la continuidad del ordenamiento jurídico en contextos de cambio constitucional?», cuyo objetivo general fue identificar si las normas derogatorias constitucionales contribuyen a determinar cuál es la normativa legal o reglamentaria que se mantiene vigente tras la promulgación de una nueva Constitución.

Derecho y economía política

El académico Sebastián Salazar participó en la mesa Desafíos institucionales de los organismos reguladores I con la ponencia “Tensiones en la conducción y control de la política macroeconómica fiscal: el caso del Consejo Fiscal Autónomo chileno”.

En su exposición, el profesor y coordinador académico del Magíster en Derecho Público UAH abordó las tensiones que ha tenido el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) —organismo autónomo, técnico y consultivo creado en 2019 para reemplazar al antiguo Consejo Fiscal Asesor — con el Poder Ejecutivo debido a posibles conflictos con las atribuciones constitucionales y orgánicas que este último posee en materia fiscal.

“Desde una perspectiva crítica del Derecho y la Economía Política, el CFA es analizado como una instancia colegiada despolitizada y tecnocrática, que privilegia enfoques económicos ortodoxos y neoclásicos. Esta orientación limita la consideración de alternativas en política fiscal y puede generar conflictos institucionales que afecten la toma de decisiones políticas en materias fiscalmente sensibles dentro de una democracia constitucional”, aseguró.

Régimen presidencialista chileno

El profesor y coordinador académico Vinicius Nunes participó en la mesa Democracia, sistema político y partidos con la ponencia “El régimen presidencialista chileno y el principio de la tripartición de poderes”.

Su trabajo investiga la plausibilidad de la tesis común de que en Chile vigora un sistema hiperpresidencialista que implica un modelo de democracia semisoberana, y si esto representa un abandono del tradicional principio de separación de poderes, generando una ruta de colisión entre los órganos del Estado.

El académico concluyó que no existe abandono de la tripartición de poderes, sino un aumento en su complejidad ante las necesidades impuestas por los cambios sociales, no habiendo espacio en principio para hablar de un sistema democrático semisoberano. “A pesar de las proteicas atribuciones presidenciales, el sistema dispone de mecanismos de justicia constitucional que permiten restablecer el orden ante vulneraciones, los cuales no implicarían una colisión entre las instituciones del Estado, sino su pleno ejercicio”, dijo.

Uso de la fuerza policial

El académico y director del Departamento de Derecho Público, Gustavo Poblete, participó en la mesa Democracia, subsidiariedad y control del poder político con la ponencia “La falta de servicio por uso de la fuerza policial”.

Su exposición sostuvo que los tribunales deben resolver casos de falta de servicio por actuaciones policiales mediante un estándar de diligencia que comprenda las obligaciones de vigilancia y protección. “Sin embargo, cuando se trata de casos sobre uso de la fuerza policial, el razonamiento judicial debe contemplar dos elementos adicionales: los componentes esenciales de la fuerza estatal y los principios orientadores de la actividad policial. En este escenario, la judicatura tiene que argumentar con mayor precisión sus sentencias porque el umbral de exigencia reclama mayores medidas diligentes de las policías”, afirmó.

Finalmente, la investigación concluyó que la falta de servicio por uso de la fuerza policial es aplicada correctamente por los tribunales solo cuando integran en sus sentencias el análisis de la gradualidad y diferenciación del uso de la fuerza estatal y, en situaciones calificadas, los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad policial.

En dicha instancia, el académico Sebastián Salazar participó en dos paneles. En el primero presentó la investigación titulada “The role of the military in the making of the «Constitution of Liberty: The Chilean case”, junto a la académica de la U. de Chile, Paula Ahumada. Compartieron esta instancia con los profesores Tom Ginsburg de la Universidad de Chicago, Evandro Proença Süssekind y Michael Riegner de la Universidad de Erfurt.

En el segundo panel, el profesor Salazar abordó el trabajo colaborativo del Núcleo Constitucional UAH en una ponencia titulada “Tratando con conceptos constitucionales complejos, la experiencia del proyecto del Diccionario Constitucional Chileno”. En este panel compartió con Ashley Moran y Zachary Elkins de la Universidad de Texas (Austin), Luciano Simonetti de la escuela de Derecho de la Universidad de Yale y Universidad San Sebastián, Suellen Moura de la Universidade Federal do Paraná y Barbara Boschetti de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán.

Las académicas UAH Lieta Vivaldi y Barbara Sepúlveda, junto al académico de la U. de Valparaíso Jaime Bassa, participaron en el panel “(New) Critical Constitutionalism in Chile: Epistemic Resistance in Times of Conservative and Patriarchal Backlash”. En esta instancia se abordó los desafíos y las oportunidades del constitucionalismo crítico en Chile en medio del resurgimiento de discursos reaccionarios que buscan afianzar un orden conservador y patriarcal. Tras el colapso del reciente proceso constituyente, el debate sobre el constitucionalismo no puede ignorar las dimensiones epistémicas de la resistencia ni la necesidad de desarrollar estrategias teóricas y políticas para impugnar la comprensión hegemónica del derecho en tiempos de crisis.

Desde una perspectiva feminista, decolonial y crítica, la discusión abordó temas clave, incluida la tensión entre la normatividad constitucional de las propuestas constitucionales 2022 y 2023 y las demandas de justicia social; el papel del género y los derechos fundamentales en los debates constitucionales; y el impacto de las fuerzas reaccionarias en las epistemologías jurídicas.

Una importante participación de académicos de Derecho UAH en ICONS, que ofrece un foro estimulante e inspirador para que la comunidad global de académicos, jueces y profesionales del derecho público se reúna, intercambie ideas y forje colaboraciones.

Los citados profesores participaron en diversas actividades con académicos y estudiantes de Derecho UAH, organizadas por los departamentos de Derecho Privado, Derecho Procesal y Resolución de Conflictos y del Núcleo Constitucional UAH.

La Dra. Cueto, profesora de Derecho Procesal, junto al profesor Rafael Blanco, académico UAH, y Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), participaron en el conversatorio “El Ministerio Público en el proceso penal. Un diálogo entre España y América Latina”. En dicha actividad, las y los invitados conversaron sobre las diversas problemáticas, ventajas y desafíos que actualmente enfrentan el Ministerio Fiscal en España y los Ministerios Públicos en Latinoamérica respecto a cómo abordar eficazmente la persecución penal.

A su vez, el Dr. Molina, profesor de Derecho Mercantil (Comercial), junto a los profesores de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho UAH, Inés Jorquera y Mauricio Baquero, participaron en el seminario “Los desafíos de los gobiernos corporativos. El caso de las cuotas de género”. En esta instancia, las y los exponentes analizaron la evolución histórica, implementación y desafíos pendientes en el fomento de la participación de las mujeres en instancias de administración, dirección y gobiernos corporativos de las empresas en el contexto chileno, español y de la Unión Europea. Esta actividad contó con el patrocinio del del Proyecto de Investigación I+D+i Sostenibilidad corporativa y reestructuración empresarial PID2021-125466NB-I00 (financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE).

Estas actividades se desarrollaron en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas Facultades de Derecho jesuitas, con la finalidad de seguir profundización la colaboración académica e internacionalización mutua.

Durante el 20 y 22 de marzo, participó en dos paneles del III Global Summit of Constitucionalism que se desarrolló en la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas. El primero de ellos se tituló “Challenges and Opportunities for Democratic Constitution-Making: Lessons from Chile”, en el que también participaron las académicas Claudia Heiss, María Cristina Escudero y Pamela Figueroa, y en el que el profesor Salazar presentó un borrador de su artículo “A paradoxical continuity of the recent decade of Constitutional-making processes in Chile: An examination of the institutional design of the Economic Constitution in the drafts”.

El segundo panel “Judicial Roles in Building Social Cohesion Amid Division” participaron los académicos Ashley Moran y Remjize Istrefi, y el profesor Salazar presentó un trabajo realizado junto a Gonzalo García Pino titulado “There and Back Again: Challenging the Chilean Constitutional Court’s Preventive Constitutional Review”.

El 25 de marzo, Salazar participó en el panel “Educational Reform and Policy in Latin America” en la Conferencia Anual de la Comparative and International Education Society en Chicago. En dicha instancia presentó una versión preliminar del trabajo realizado junto a Carlos Navia (Universidad de Cambridge) titulado “Ten years after of failed constitutional change in Chile: can we still imagine a new regulation for the right to education?”.

Además, el docente tuvo la oportunidad de asistir a seminarios realizado con los académicos Richard Post, Alon Harel y Sam Moyn en la Escuela de Derecho de la Universidad Yale (Cunnecticut) donde, además, el 31 de marzo estuvo invitado al último encuentro del Yale Doctoral Colloquium, en el que comentó un borrador del profesor Luis Eugenio García-Huidobro sobre las “Audit Institutions”.

La charla inaugural estuvo a cargo del Dr. Sergio Verdugo Ramirez, Profesor de IE Law School y de la Universidad del Desarrollo, Co-presidente de International Society of Public Law, titulada «De la democracia digital a la ilusión de la representación política».

En esta instancia se desarrollaron 30 paneles y dos plenarios en que se presentaron 150 ponencias sobre función judicial y otra serie de temas relevantes y actuales del Derecho Público. Destacaron las sesiones plenarias sobre sistema de nombramiento de jueces, que contó con la participación de Rodrigo Correa, Catalina Salem, José Francisco García e Isabel Aninat; y sobre independencia judicial y gobierno judicial, con la presentación de Adelita Ravanales, Juan Enrique Vargas, Javier Mora y Marisol Peña.

Asimismo, la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado tuvo una destacada participación en este encuentro con una delegación de siete profesoras y profesores.

La decana de Derecho UAH y docente Miriam Henríquez presentó las ponencias “El estatus de las leyes preconstitucionales y su relación con las normas derogatorias constitucionales” e “Implementación de la reforma judicial en México desde el régimen transitorio”.

El director del Núcleo Constitucional UAH y docente Gonzalo García presentó su último libro «El postconstitucionalismo chileno: una radiografía del estado actual de la Constitución» (DER Ediciones, 2025) y realizó las presentaciones “Las vías troncales y secundarios del cambio normativo: el caso de la Ley de Presupuestos como ley ómnibus” y “La reforma constitucional de los jueces en México: ni elecciones ni Estado de Derecho”.

El coordinador académico del Núcleo Constitucional UAH y docente Sebastián Salazar moderó el panel que comentó el libro del profesor García, compuesto por los académicos Sergio Verdugo (UDD) y Yanira Zúñiga (U. Austral de Chile); y presentó la ponencia “Una paradojal continuidad de la reciente década de cambio constitucional: el diseño institucional de la Constitución Económica”, en el panel Economía Política Constitucional.

La directora del Programa Derecho y Cuidados UAH Victoria Martínez realizó la presentación “La economía política constitucional de los cuidados”, mientras que la directora del Programa Género, Derecho y Justicia Social UAH Lieta Vivaldi presentó la ponencia “Acoso y violencia en las Universidades: aproximaciones desde los cuidados y los afectos”.

El docente Tomás Jordán expuso en el panel «¿Reforma Política o Electoral?», donde examinó críticamente el proyecto de reforma constitucional que introduce reformas al sistema político y electoral.

Y, por último, el Secretario Ejecutivo de ICON-S Chile y docente Ariel Pérez presentó “Conflictos de legalidad y conflictos de constitucionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” y “El derecho al recurso y la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.

La jornada finalizó con la charla de clausura «Proyecto de reforma constitucional al gobierno judicial y al sistema de nombramiento de jueces», a cargo del ministro de Justicia y Derechos Humanos Jaime Gajardo Falcón, con comentarios de Marisol Peña y Eduardo Aldunate.

En el cierre del evento se dio a conocer el recientemente electo Consejo Directivo de ICON-S Chile y se renovó el mandato de los Co-presidentes Miriam Henríquez y Eugenio García Huidobro.

“En vista del contexto actual, ella tendrá importantes desafíos. Primero, deberá liderar una autonomía constitucional cuyas principales funciones corresponde a la fiscalización de diversos organismos de la Administración del Estado y otras autonomías constitucionales bastante cuestionadas por casos de corrupción de público conocimiento, en el que existen investigaciones penales y administrativas de todo tipo”, aseguró.

Y precisó: “Ejemplo de lo anterior son las importantes investigaciones en municipalidades, gobiernos regionales y en el ejecutivo. Sin embargo, esta función debe cumplirse armónicamente con otros organismos públicos con competencias relacionadas sobre la materia, como en Consejo para la Transparencia, el CAIGG, etc.”

En segundo lugar, el experto plantea que Pérez deberá “impulsar diversas mejoras internas de gestión, a efectos de ir abordando el progresivo aumento de solicitudes que la CGR recibe, ya sean auditorías, investigaciones sumarios o sumarios, el trámite de toma de razones, las solicitudes de pronunciamiento, etc.”, esto, con especial foco en realizar gestiones para el fortalecimiento de las contralorías regionales, “a efectos de no centralizar innecesariamente diversos ámbitos de control y fiscalización”.

En tercer lugar, añade que, en vista de la crisis institucional y polarización política existente, se torna crucial “evitar la weaponización o uso excesivamente político electoral y cortoplacista de diversos resultados de las funciones de fiscalización propias de la CGR. Por tanto, se estima necesario el ejercicio prudente, transparente y respetuoso del orden constitucional vigente (bastante debilitado), pero firme de estas atribuciones, sin querer liderar materias cuya solución son eminentemente políticas”.

El profesor UAH Sebastián Salazar expuso las actividades y publicaciones del Núcleo Constitucional UAH, especialmente durante los procesos constituyentes en Chile. Destacó el trabajo sostenido durante ambos procesos, lo que incluye investigaciones, clases abiertas, seminarios e iniciativas populares de normas.

La profesora UAH Victoria Martínez abordó la metodología de desarrollo del Diccionario Constitucional Chileno escrito por los profesores UAH Gonzalo García y Victoria Martínez, y por el profesor Pablo Contreras de la Universidad Central. Explicó el contexto que dio origen a este libro, sus objetivos y la organización del trabajo.

Asimismo, detalló algunos de los logros del Diccionario Constitucional Chileno: la publicación de dos ediciones (2014, 2016) con alrededor de 5,000 copias impresas, y su difusión gratuita en el sitio web del Tribunal Constitucional. Resaltó su valor formativo y su incorporación en instancias públicas, como los Diálogos Ciudadanos de 2016 y como herramienta de análisis en la Biblioteca del Congreso Nacional.

El Grupo de Interés de ICON•S sobre conceptos en derecho comparado apoya la colaboración entre académicos/as interesados/as en la comparación, integración y aplicación sistemática de conceptos en derecho comparado. Esto, a través de la formación de una comunidad académica de diversos campos y regiones; reuniones colaborativas que permitan a los participantes presentar sus investigaciones y compartir datos, métodos y mejores prácticas en concepto y diseño de investigación en derecho comparado; la creación de un repositorio público de conceptos de derecho comparado para proporcionar una base para la integración de conceptos en diversos grupos de investigación a nivel mundial, y la puesta en común de nuevas herramientas digitales que busquen conceptos en ontologías y documentos relacionados, como leyes, fallos judiciales y constituciones.

En esta oportunidad, la profesora Toledo presentó la ponencia “Responsabilidad fiscal y reglas fiscales”, mientras que el profesor Salazar expuso sobre «La economía política de la descentralización: Idas y venidas a partir de la reciente experiencia chilena de cambio constitucional».

La instancia estuvo organizada por Carrera Administración de Pública de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca; la Dirección de Investigación, Vicerrectoría Académica de la Universidad de Talca; y el Centro de Estudios Universitarios sobre Descentralización Financiera y fiscal (CEUDEFF).

Por Daniela Sánchez M.

Juan Pablo Castillo / Universidad de Brescia (Italia)

En enero, el profesor UAH Juan Pablo Castillo fue invitado por la Universidad de Brescia para desarrollar una estancia de docencia e investigación, bajo la calidad de Visiting Professor, en donde realizó clases monográficas sobre los temas que ha estado investigando en el último tiempo: cuestiones de la parte general (causas de justificación, causas de exculpación) y también problemas de la parte especial, concretamente el problema de la trata y explotación laboral y los trabajos forzados.

“Fue un período muy fructífero en que pude intercambiar conocimientos con colegas y estudiantes, tanto de pregrado como de postgrado, además de haber hecho uso de la biblioteca de la universidad, lo cual me permitió documentarme para futuras investigaciones que pretendo emprender. Profesionalmente, aunque también en el plano humano, fue una experiencia muy gratificante, lo cual fue posible gracias a las facilidades que la Facultad me concediera para garantizar la continuidad de mis tareas docentes en Chile”, dijo el profesor Castillo.

Además, destaca la relación que se está forjando con dicha Universidad: “Es un hecho que el vínculo institucional entre la UAH y la Universidad de Brescia va tomando forma. Hace unas semanas recibimos a un estudiante del programa de doctorado bresciano para que realice una estancia en la UAH y durante agosto recibiremos al profesor Dr. Andrea Perin, quien mantendrá algunos encuentros académicos en nuestra casa”.

Victoria Martínez / Universidad de Sevilla (España)

Entre abril y mayo, la profesora y directora del Programa de Derecho y Cuidados UAH, Victoria Martínez, realizó una estancia de investigación de 3 semanas en la Universidad de Sevilla, ya que su programa de Doctorado en la Universidad Diego Portales se co-tutela con dicha institución, para trabajar en su tesis doctoral “Los cuidados como un asunto constitucional. Una aproximación teórica sobre el derecho a cuidar”.

“Durante ese tiempo pude trabajar con mi supervisora, la profesora Ruth Rubio Marín, realicé y asistí a clases de máster, trabajé en la biblioteca, me entrevisté con otros profesores de la Facultad, y conversé con otros compañeros del doctorado. Fue una experiencia muy fructífera y pude avanzar mucho en el trabajo de mi tesis”, aseguró.

El objetivo de la tesis de la profesora Martínez es proponer una conceptualización del derecho a cuidar como derecho fundamental, clarificando qué es lo que se pretende proteger con este derecho, qué forma de protección podría otorgar y valorar la conveniencia o no de su establecimiento.

Sebastián Salazar / Universidad de Glasgow (Escocia)

En junio, el profesor y coordinador académico del Núcleo Constitucional UAH Sebastián Salazar partició como asistente en la Summer Academy del Law and Political Economy (LPE) in Europe Project (Escuela de Verano en Derecho y Economía Política), que se realizó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Glasgow, un programa enfocado especialmente en investigadores en fase de doctorado y al principio de su carrera profesional.

Dicha instancia contempló la realización de talleres de redacción, clases magistrales en profundidad sobre temas clave de la LPE, sesiones sobre formulación de políticas públicas, una introducción a la economía heterodoxa, mesas redondas y actividades sociales, como la visita a New Lanark, lugar en el que estuvo la fábrica de Robert Owen.

“Tuve la oportunidad de compartir con connotados académicos provenientes de destacadas universidades norteamericanas, como Columbia y Yale, y europeas, como Glasgow, LSE, Ámsterdam, Rotterdam, entre otras. Además, pude compartir con más de 30 participantes provenientes de distintos países de Europa, Sudamérica y Asia, así como de Estados Unidos. Gracias a esta experiencia, pude compartir parte de mis estudios doctorales y líneas de investigación vinculadas con la teoría constitucional y la economía política constitucional. Asimismo, ahora soy parte de una red de trabajo a nivel global en estas temáticas y participaré en diversos grupos de estudios sobre LPE”, afirmó.

Adicionalmente, el profesor Salazar realizó una visita a las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Goethe de Frankfurt.

“En esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistarme, en primer lugar, con el profesor Thomas Biebricher, destacado profesor de Ciencia Política cuya principal línea de investigación se centra en el análisis de las diversas dimensiones del neoliberalismo, el ordoliberalismo y el pensamiento político liberal conservador en su dimensión política ideológica y constitucional. En segundo lugar, con el profesor Eduardo Chía, quien realiza sus estudios de Doctorado en Derecho en la citada universidad. Como resultado de estas visitas, se articulará un trabajo conjunto en investigaciones relacionadas, teniendo como primer hito la traducción de un libro del profesor Günter Frankenberg, de la Universidad Goethe de Frankfurt”, explicó.

«Como profesor de Derecho Constitucional agradezco este nombramiento, el cual me llena de orgullo y responsabilidad, pues la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana -la cual también agrupa a las regiones de O’Higgins, Maule y Magallanes- es el servicio público encargado de concretar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva y el acceso general a las instituciones judiciales por parte de las personas con menores recursos de las citadas regiones. Por tanto, pondré a disposición de su Consejo Directivo todas mis capacidades para velar por un cabal cumplimiento de la Corporación de Asistencia Judicial de sus funciones constitucionales y legales, las que buscan satisfacer una importante demanda de nuestra ciudadanía”, aseguró el profesor Salazar.

Sebastián Salazar Pizarro es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Alberto Hurtado y doctorando en Derecho y Ciencia Política por la Universidad de Barcelona. Además, cuenta con un Máster Universitario en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y ha realizado cursos de especialización en Derecho Internacional Humanitario. Salazar Pizarro se desempeña como coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y ha ejercido como Jefe de Asesores Jurídicos Legislativos en el Ministerio de Defensa Nacional, así como asesor jurídico en dicho ministerio y en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. También imparte docencia en la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad de O’Higgins.

Carla Sepúlveda Penna es doctora en Derecho (DPhil in Law) por la Universidad de Oxford. Obtuvo su Magíster en Derecho (Master of Laws) en la London School of Economics and Political Science y su Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Chile. Su investigación se centra en la prescripción penal, los poderes de los órganos persecutores y el derecho penal sustantivo comparado. También se interesa por la relación entre la persecución penal y la política migratoria, la criminología y la teoría política del derecho penal. La Dra. Sepúlveda ha sido docente en la Universidad de Oxford y en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Recientemente, coeditó el libro “Southernising Criminology: challenges, horizons and praxis” (2024), publicado por Routledge. Actualmente, participa en el proyecto de investigación “Colonialism and Migration in Global Perspective”, financiado por la British Academy.

Fuente: Corporación de Asistencia Judicial

El evento tuvo lugar en la IE University, donde se reunieron más de 520 paneles, mesas redondas y grupos de interés, con más de 2.000 académicos y académicas de todo el mundo. Este año, el tema de la Conferencia fue “The Future of Public Law: Resilience, Sustainability and Artificial Intelligence”.

Los profesores UAH Ariel Pérez Aubel y Sebastián Salazar Pizarro participaron en el panel “Constitutional Process in Latin America”. Allí, el profesor Pérez expuso sobre las lecciones del proceso constituyente chileno para la experiencia comparada, en específico sobre el diseño de las normas transitorias de una Nueva Constitución, las cuales deben tener especial cuidado y detalle en relación con el sistema de fuentes del derecho. Mientras que el profesor Salazar ahondó en la economía política que contemplaban los textos constitucionales del último tiempo en Chile, y analizó las principales ideas y características de esas propuestas.

En el panel “Gender Perspective in Judicial Review: The Case of the Chilean Constitutional Court”, las profesoras UAH Bárbara Sepúlveda Hales, Lieta Vivaldi Macho y Catalina Lagos Tschorne se refirieron a la perspectiva de género como una hermenéutica significativa y evolutiva en el Derecho Constitucional. Allí, analizaron cómo el Tribunal Constitucional chileno ha transitado de un entendimiento limitado de la igualdad de género hacia una interpretación más comprensiva que integra estándares globales de los derechos de las mujeres.

Por su parte, la profesora UAH Victoria Martínez Placencia expuso en el panel “Regional Legal Issues”, donde abordó el derecho al cuidado. En específico, buscó responder qué es el derecho al cuidado, sosteniendo que es un derecho fundamental complejo que incluye al menos dos dimensiones: el derecho a cuidar de otro y el derecho a ser cuidado.

La seguridad nacional es uno de los pilares de los Estados democráticos. Son estos los que deben velar porque sus ciudadanas y ciudadanos vivan en el territorio libres de amenazas y agresiones. Y de paso legitimar su soberanía. El término “seguridad nacional” puede entenderse de diferentes maneras, según el país donde se ubique. Por lo general, se conecta con situaciones delictivas o violentas, agresiones del exterior, movimientos internos que suponen peligros y hasta la pacificación de la sociedad.

¿Pero qué rol tiene el orden constitucional cuando se habla de seguridad nacional? En nuestro próximo XXIX Encuentro de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina y el Caribe, que se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre de 2024 en Lima (Perú), pondremos el foco en esta pregunta. Las magistradas y los magistrados constitucionales de la región conversarán sobre cuestiones como las principales amenazas a la seguridad nacional; el equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales; las tensiones entre el orden público y el privado; y socializarán algunas de las mejores prácticas en este contexto.

Como abrebocas a esa discusión, entrevistamos a los profesores Gonzalo García Pino (GGP) y Sebastián Salazar Pizarro (SSP), director y coordinador académico, respectivamente, del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado en Chile.

KAS: ¿Cuáles considera que son hoy las principales amenazas contra la seguridad nacional en los Estados de América Latina?

SSP: Considero que hay cinco. La primera es el crimen organizado transfronterizo, que aprovecha las deficientes políticas de migración precaria e irregular y la deficiente institucionalidad de nuestros países. Luego están los altos índices de corrupción y tráfico de influencias en la institucionalidad regional, ya sea por la cooptación del crimen organizado o la captura de determinadas élites económicas y políticas a distintos agentes públicos (militares, policías, fiscales, administrativos y autoridades electas democráticamente). Pero este fenómeno también se manifiesta en los agentes privados, los cuales sirven de fachada para el lavado de dinero o la perpetración de otros delitos graves y violentos.

La tercera amenaza, consecuencia de las anteriores, es el debilitamiento del Estado de Derecho y la democracia constitucional. La ciudadanía cansada de la incapacidad de las élites políticas de lograr acuerdos que vayan en beneficio del interés general, con altos grados de polarización, terminan optando por proyectos políticos rupturistas, demagogos, iliberales y hasta autoritarios. La cuarta es que América Latina se transforme en un tablero de ajedrez geopolítico en el actual escenario de conformación bipolar o multipolar en el ámbito de las relaciones internacionales, ya sean a nivel político como económico. Alianzas estratégicas, alineamiento a determinados grupos y decisiones geopolíticas que se puedan tomar en distintas latitudes pueden significar amenazas y riesgos serios a la seguridad nacional. Por último, está la problemática de larga data en nuestra región: los altos índices de desigualdad. Un flagelo constante que acentúa aún más los problemas o desafíos señalados anteriormente.

KAS: ¿Cómo podrían responder los jueces y las juezas, especialmente del orden Constitucional, ante estas amenazas a la seguridad nacional? ¿Qué rol cree que deben asumir ante estas amenazas?

GGP: El Estado de Derecho es siempre la mejor respuesta frente a cualquier tipo de amenaza. El orden constitucional tiene y debe contar con las herramientas que permitan hacer frente a amenazas excepcionales que pueden socavar el régimen democrático. La legislación de emergencia se ha popularizado como método y se normalizó como fórmula con el Covid 19. El papel de los jueces constitucionales no es impedir que se expidan estas leyes, sino procurar que sus efectos inconstitucionales se mitiguen mediante el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales.

Lo relevante es que esas respuestas tengan un formato regulado bajo lógicas de derecho constitucional de excepción y, a partir de una interpretación estricta de criterios ordenadores de la excepción (proporcionalidad, temporalidad, intangibilidad de derechos, notificación, legalidad, no discriminación o principio de amenaza excepcional, entre otros). No se debe caer en la tentación de debilitar el sentido de justicia reclamado por los ciudadanos, pero de la misma forma no es posible abdicar de lo que es propio, que es someter estas decisiones de última ratio al examen del derecho.

KAS: ¿Podría mencionarnos un caso concreto en América Latina de cómo la justicia Constitucional ha tenido ya un rol relevante en medio de las amenazas de seguridad nacional y su opinión al respecto?

GGP: Como ya se dijo, en América Latina los riesgos pueden provenir de muy diversas fuentes. El riesgo puede también tomar la cadena más débil del poder que son los tribunales. La función jurisdiccional está distribuida territorialmente a lo largo del país y es susceptible de amenazas palpables. Por ejemplo, aunque en nuestro país (Chile) no hay casos de muerte de jueces o juezas, sí ha habido amenazas a ellos y ellas y a fiscales del Ministerio Público. Sin embargo, no hay evidencias de amenazas a jueces o juezas del Tribunal Constitucional en Chile.

Pero en casos de juicios por crimen organizado sí han existido muertes de testigos protegidos y amenazas a fiscales y jueces o de instalación de bombas en los propios tribunales. Asimismo, existen riesgos de un régimen especial en las cárceles, donde unos pocos han ido transitando de un régimen carcelario sancionatorio a un “all inclusive estatal”.

En este contexto, la celebración de juicios virtuales no presenciales, mediante plataformas digitales, y la creación de una Fiscalía Supraterritorial con reconocimiento constitucional han permitido construir un escenario en donde la desterritorialización de los juicios es un mecanismo que puede derivar en el impedimento de una coacción física sobre los jueces. En este punto, también se examina la hipótesis de concederle a los propios jueces una especialización en este tipo de causas con el fin de evitar amenazas sobre su función.

KAS: ¿Conoce alguna acción efectiva del orden Constitucional en cualquier Estado del mundo que sirva de referente para los jueces y las juezas constitucionales de América Latina?

GGP: En general, hasta donde mi estudio alcanza las medidas extraordinarias se organizan en el nivel de la legislación y no de la Constitución, no siendo posible identificar algún ejemplo concreto, salvo el ya mencionado de la creación constitucional de la Fiscalía Supraterritorial.

KAS: ¿Qué beneficios trae para una sociedad que el orden Constitucional intervenga cuando hay amenazas a la seguridad nacional?

SSP: Lo que uno espera del orden democrático es que disponga y habilite el uso de herramientas ordinarias y extraordinarias de anticipación y mitigación de amenazas, de conducción política, estratégica y operativa de la seguridad nacional, dentro del marco de una democracia constitucional, es decir, de respeto al Estado de Derecho y de los derechos fundamentales de las personas. Ese es el principal beneficio que trae consigo, pues se puede saber a priori los mecanismos de control al ejercicio del poder en estas materias y las eventuales responsabilidades que pueden demandarse. Sumado a esto, una férrea vigilancia política y de la sociedad civil puede favorecer el enfrentamiento de las amenazas y riesgos a la seguridad nacional de manera pacífica y respetuosa al orden constitucional democrático.

Sin embargo, debe alertarse sobre el uso indebido, el aprovechamiento de estas herramientas constitucionales y legales para finalidades distintas por las cuales fueron creadas, o el uso político represivo bajo el aparente discurso de enfrentar las amenazas a la seguridad nacional, sea por riesgos externos o internos que afecten a un país de la región.

En las últimas semanas se ha debatido que Chile no contaría con una arquitectura institucional de seguridad para enfrentar este complejo fenómeno. Este ha sido el principal diagnóstico que se ha querido instalar en la opinión pública. Sin embargo, planteo que más bien existe un diseño institucional débil, fragmentado e ineficaz que afecta una conducción democrática del sector seguridad. Este hecho deriva de las reformas constitucionales del 2005, como un problema que cruza a todo el sistema político y que quedó graficado en las dos propuestas constitucionales votadas en contra por la ciudadanía, las que avanzaban en dos direcciones completamente opuestas en esta materia.

Este diseño implica una conducción política débil. El proceso de reforzamiento a nivel institucional del rol del Presidente de la República y sus representantes en las relaciones cívico-militares y policiales ha sido lento. Ejemplifica esta aseveración la resistida tramitación de las leyes destinadas a reconfigurar los estatutos de los Ministerios del Interior y de Defensa, así como otras instancias formales de fortalecimiento del poder civil electo democráticamente en labores de defensa y seguridad. La álgida discusión sobre la distinción entre preparación y empleo de los medios militares (3 y 4 estrellas) grafica esta situación.

Este diseño implica una conducción estratégica fragmentada. Los mecanismos de coordinación entre los organismos públicos (Fiscalía, policías, gobierno central y delegaciones presidenciales, entre otros) y privados no han operado adecuadamente. Grafica esta situación que la información producida no conversa entre sí, que existen diferencias metodológicas en la generación de ésta y que se han puesto trabas institucionales y técnicas para la interoperabilidad de bases de datos cruciales. Ello influye negativamente en la generación de insumos que faciliten una adecuada toma de decisiones en los niveles políticos y estratégicos.

Este diseño implica una conducción operativa ineficaz. Esta situación se debe a los altos niveles de autonomía y corporativismo con que funcionan diversas instituciones operativas del sector, principalmente las ramas castrenses, policiales y de persecución penal. Herencia aún vigente del original Poder de Seguridad instaurado por la Constitución de 1980 y que hoy se materializan en sendos problemas institucionales. Esta tensión entre dependencia civil y autonomía militar y policial ha sido una tónica durante toda la transición democrática, afectando a los niveles de conducción de la seguridad indicados precedentemente.

Los desafíos más urgentes para el sector de la seguridad se refieren a la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública, a cambios en el obsoleto Sistema de Inteligencia del Estado, innovaciones sobre inteligencia económica, un mayor control y mejor gestión migratoria, a una política carcelaria ad hoc a las complejidades actuales y sus necesidades institucionales, al disenso existente sobre la salida de las FFAA en materias de orden público (medida de la cual estoy en contra) y el uso de la fuerza, y, por último, a la prevención de la corrupción y el tráfico de influencias en los organismos que componen a todo el sector. Estas medidas fortalecen la conducción de la seguridad en sus tres niveles.

Pero para avanzar en estas complejas medidas se necesita de un liderazgo con sentido de urgencia y un acuerdo político transversal, que se haga cargo de las dimensiones descritas y empatice honestamente con la ciudadanía en el cumplimiento del deber primario del Estado. En un entorno propio de una democracia constitucional como condición mínima de encuentro, más allá de medidas populistas esgrimidas por razones electorales contingentes y de la polarización que experimentan las elites de nuestro país.

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“Este es un reconocimiento a su incidencia en el ciclo constituyente pasado, de 2022 y 2023, pero sobre todo por la necesidad de que la Universidad siga aportando en la investigación y en el debate público sobre los temas relevantes para el país, como los cambios constitucionales, las reformas al sistema político, de pensiones, de salud, de seguridad, que probablemente se abordarán en el futuro próximo”, afirma la Decana de Derecho UAH, Miriam Henríquez.

Un hito relevante para Derecho UAH, asegura Henríquez, ya que «este es el primer centro de esta naturaleza que se asienta únicamente en nuestra Facultad”. Esto, porque ya es parte de otro centro de este carácter, el Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CIPP), junto a las Facultades de Ciencias Sociales y de Economía y Negocios.

“Así, el Núcleo Constitucional como Centro de Pertinencia Pública, está llamado a realizar investigación aplicada de forma interdisciplinaria sobre temáticas constitucionales, vincularse con el medio nacional e internacional, e incidir en el debate público”, concluye la Decana.

El Núcleo Constitucional UAH se creó al alero de la Facultad de Derecho UAH en septiembre de 2021 “para reflexionar y aportar insumos en la discusión sobre cambio y reforma constitucional, así como también participar en los debates sobre otros ámbitos más específicos de interés del Derecho Constitucional, del Derecho Público nacional y de las ciencias sociales con interés en dichas materias, a través de una aproximación interdisciplinaria”, explica su coordinador académico, el profesor Sebastián Salazar.

Con dos procesos constituyentes en el país y una etapa intermedia, el equipo del Núcleo Constitucional realizó una destacada labor de incidencia: elaboraron 20 informes para las instancias constitucionales; publicaron 2 libros (“La encrucijada constitucional de Chile” y “Análisis de los órganos constitucionales del sistema de justicia. Falencias y desafíos de cara al debate constitucional”); impulsaron 2 Iniciativas Populares de Norma sobre Derecho al Cuidado en ambos procesos, las cuales reuniendo en total más de 31 mil patrocinios; y académicos UAH participaron en 24 exposiciones ante los órganos constitucionales.

Además, realizaron 25 seminarios con 69 expositores invitados/as; 6 clases abiertas; 12 cápsulas audiovisuales informativas; y participaron en 2 Encuestas Chile Dice.

Recientemente, el pasado 14 de marzo, una comitiva de profesoras pertenecientes al Núcleo Constitucional UAH, presentaron observaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con motivo de la opinión consultiva que plantea el Estado de Argentina justamente consultando si es el derecho a los cuidados es un derecho humano que deba reconocerse en el sistema interamericano.

Después de dos años y medio de trabajo, ¿Qué es lo que se viene para el Núcleo? “Iniciaremos una línea de trabajo en varios niveles: investigación, extensión, divulgación e incidencia nacional, sobre la noción de ‘post constitucionalismo chileno’”, aclara el profesor Salazar.

“La finalidad de este concepto consiste en articular las futuras tareas de trabajo del Núcleo Constitucional UAH en vista del resultado electoral del plebiscito del 17 de diciembre pasado, que puso término a la discusión sobre cambio constitucional en el país. Es decir, aportar elementos que permitan ilustrar cómo continuará la discusión constitucional en lo señalados ámbitos de desarrollo”, añade.

En ese sentido, el coordinador académico del Núcleo Constitucional explica que este trabajo se realizará en tres niveles: retrospectivo, contextual y prospectivo.

«El primer nivel es retrospectivo, es decir, de análisis de aspectos políticos, político constitucional, procedimentales y contenidos programáticos sobre materias sustantivas que han estado presente en la discusión de los últimos 10 años. El segundo nivel es contextual y vigente, destinado a incidir y colaborar en la actual discusión constitucional, que se estima que se enmarcará en el ámbito de la reforma constitucional. Y el tercer nivel es prospectivo, que busca generar insumos científicos y de divulgación de los diversos desafíos, de índole constitucional y del Derecho Público en general, que se encuentran pendientes en el país a pesar de la fracasada discusión de los últimos cuatro años”, dice.

Y concluye: “Si bien el resultado significó que no habrá una nueva Constitución en el corto y mediano plazo, sí hay temas abiertos que merecen ser analizados y abordados por otras herramientas, como la reforma o mutación constitucional en diversas materias de incidencia constitucional y de política pública”.

Durante la primera semana de enero, Núcleo Constitucional UAH realizó una ceremonia de reconocimiento a quienes fueron parte de las diversas instancias organizadas por esta entidad en el contexto del proceso constituyente de 2023.

El codirector de Núcleo Constitucional, Gonzalo García, valoró el compromiso de todas las personas que trabajaron en las actividades que buscaron aportar al proceso constitucional chileno:

“Agradecemos a todos quienes han contribuido a la realización de seminarios; la promoción de Iniciativas de Norma Popular (INP) en el tema de cuidados; la configuración de audiencias públicas; la redacción de libros; la reacción frente a propuestas constitucionales; la incidencia en múltiples ámbitos que se han desarrollado en la discusión constitucional”, aseguró el exintegrante del Tribunal Constitucional, añadiendo que, si bien se trata de procesos fallidos, la creación del Núcleo Constitucional es un logro de la UAH.

El académico comentó, además, que este año la entidad se configurará como “un centro de incidencia” en el debate público, “haciendo carne nuestro lema de ser una universidad para el bien común”.

Durante la ceremonia, más de cincuenta funcionarios, ayudantes, docentes, académicos y académicas, autoridades y personas colaboradoras del Núcleo, quienes desempeñaron labores técnicas o como ministros(as) de fe, recibieron certificados entregados por la Secretaría de Participación Constitucional por su participación.

La actividad contó con la asistencia del rector Eduardo Silva SJ; la vicerrectora de Investigación y Postgrado, Paula Barros; la decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez; además del equipo del Núcleo UAH, entre quienes se encuentran académicos, académicas, funcionarios, funcionarias y estudiantes de la Universidad.

“Es un triunfo paradójico si analizamos todo el proceso de cambio constitucional, con sus diversos matices e intensidades, durante las últimas décadas: le corresponderá liderar este proceso al sector político que ha manifestado concretamente su rechazo a tener una nueva constitución, que se siente política e ideológicamente identificado con el actual texto constitucional”, señala el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Sebastián Salazar, quien reflexiona en entrevista con el CiPP ante el nuevo panorama constitucional después de las elecciones del 7 de mayo que deja al Partido Republicano como los conductores de este proceso y en el que tienen poder de veto.

El coordinador académico del Núcleo Constitucional de la UAH cree que los republicanos tomaron temas de la actualidad que preocupan a la población como el narcotráfico, la crisis migratoria y la falta de seguridad. “Los  resultados los dejan muy cerca, junto con los 11 escaños de Chile Vamos, de lograr el quórum suficiente para agregar y modificar propuestas de normas constitucionales, por lo que es plausible que varios elementos que son de interés de la derecha política en su conjunto, que no concitaron apoyo en la Comisión Experta, puedan ser ingresados en el proyecto de nueva constitución, como temas respecto al derecho a la vida, educación y libertad de enseñanza, la libertad de elección de sistema o régimen público y privado en determinados derechos sociales, o el control preventivo sustantivo de constitucionalidad de los proyectos de ley qué efectúe la Corte Constitucional”, explica el académico.

Sebastián Salazar, quien es académico de la Facultad de Derecho de la UAH, sostiene que los resultados también se explican porque fue una especie de evaluación a la gestión del Gobierno sobre materias que preocupan a la ciudadanía, a lo que se suma la ausencia de una campaña de educación cívica que explicara al electorado este proceso donde el voto fue obligatorio lo que implicó el ingreso de un gran número de votantes.

Si se rechaza la propuesta nuevamente ¿Cree factible la realización de un nuevo proceso?

En el corto plazo no será posible debido al ciclo político electoral próximo, ya que el 2024 se efectuarán las elecciones municipales y regionales. El 2025 deben realizarse las elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que no habría ningún espacio posible para avanzar a un nuevo proceso constituyente que implique la realización de nuevas elecciones o plebiscitos.

Adicionalmente, si continúa la actual trayectoria de fragmentación política en el Congreso Nacional, nos encontraremos con una Cámara de Diputadas y Diputados atomizada o balcanizada, tal como lo es en la actualidad. Esta fragmentación también se manifestará en la próxima renovación de la mitad del Senado.

En definitiva, en un escenario tan complejo, la posibilidad de lograr los quórums suficientes de aprobación para reforma constitucional (4/7) se ve como un objetivo complejo de alcanzar. Seguramente, se querrá avanzar en reformas constitucionales desde el Congreso Nacional, más que en un nuevo itinerario constitucional que se desarrolle paralelamente, en vista de la incertidumbre política e institucional que estas instancias pueden generar en la ciudadanía.

¿Qué puntos considera fundamentales e intransables para una nueva constitución?

Es importante señalar que ya hay 12 puntos intransables en la propuesta de nueva Constitución que la Comisión Experta y el Consejo Constitucional deben proponer a la ciudadanía. Se trata de las 12 bases o ideas fundamentales que fueron establecidas en el Acuerdo por Chile y que están presentes en el texto permanente vigente de la actual constitución. Adicionalmente, dicho acuerdo contempla una instancia que vela por el cumplimiento de éstas, se trata del Comité Técnico de Admisibilidad, conocidos como los árbitros, por si existe una contradicción u omisión en cada una de estas bases.

Por tanto, el riesgo es más bien que alguna de esas 12 bases sea desvirtuada y/o vaciada de contenido. En este escenario, quizás el punto más importante, y en el que deben estar las principales alertas, es en la definición de la República de Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho, pues dicha fórmula constitucional es transversal a diversas tradiciones políticas como el liberalismo, el conservadurismo cristiano y la socialdemocracia en todos los países europeos y latinoamericanos, en los cuales se ha consagrado constitucionalmente.

En síntesis, y por razones ideológicas identitarias, el temor es que se vacíe el contenido de esta definición y deje fuera a un importante sector de la ciudadanía que espera un nuevo acuerdo constitucional entre el Estado y los privados en la satisfacción de necesidades públicas de mucho interés, como son los derechos sociales, principalmente.

En la columna el profesor Salazar escribe «……cabe tener presente que solo la Constitución de 1980 tiene un capítulo de esta naturaleza y con un profuso tratamiento político constitucional, inclusión totalmente inédita y disruptiva en relación con las anteriores cartas fundamentales de larga data que han regido en nuestro país».

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