En el proyecto se propone que la ley fije un plazo inicial de hasta 60 días corridos, renovable dos veces más por 60 días cada vez, lo que habilita una detención migratoria a personas que se encuentran con medida de expulsión vigente de hasta 180 días corridos. Es decir, 36 veces el plazo máximo hoy vigente de 5 días, establecido en el artículo 134 de la Ley 21.325.

“En la sesión pudimos exponer sobre los principales problemas que encontramos en el proyecto de reforma constitucional, que es inédito para nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, merece muchísima atención porque amplía los plazos de detención de forma significativa. Se dio una discusión muy interesante y pudimos despejar algunas dudas que tenían respecto de la regulación comparada, los estándares internacionales y de los riesgos que veíamos en la redacción actual del proyecto”, dijo Pascual.

El profesor aseguró ante las y los diputados que conforman la Comisión que “esta reforma constitucional rompe con toda la tradición constitucional chilena en materia de plazos vinculados a la privación de libertad y no aparece consistente con los demás estatutos vinculados justamente a la restricción de este derecho”.

Además, realizó un análisis comparativo de la legislación sobre esta materia en México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá, países que, por lo demás, entregan esta facultad a la ley y no se encuentra establecido en la Constitución.

Centros de detención y sobrepoblación carcelaria

Para Gabriela Hilliger es legítimo que el Estado busque herramientas que le permita implementar sus políticas migratorias, sin embargo, cree que hay que poner atención a la técnica legislativa que se utiliza y las implicancias presupuestarias que podría tener para las instituciones a cargo de efectuar las expulsiones: Policía de Investigaciones, Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

“¿La ampliación del plazo es una medida necesaria para lograr el cumplimiento de la expulsión?”, se preguntó la docente en su exposición y aseguró que alrededor de 336.948 personas podrían estar sujetas a esta medida, considerando la población extranjera que se encuentra en situación irregular. Entre ellas, familias con hijos pequeños, embarazadas y grupos de especial protección quienes, según el proyecto, deberían ser retenidos en centros de detención.

“Frente a eso, la población penal actual rodea las 62.323 personas, con una capacidad de 42.437 personas, es decir, con una sobrepoblación de 47%. Tener recintos con las condiciones mínimas según los estándares de derechos fundamentales de la Constitución chilena y sus estándares internacionales ya es un desafío respecto de la población penal que comete delitos graves, más aún respecto de la población migrante donde tendrían que cumplir 180 días. ¿Hay un presupuesto que se esté aparejando a este proyecto para valorar si es responsable el gasto que implica?”, reflexionó.

Otro obstáculo que detectaron los académicos tiene que ver con asuntos administrativos que podrían impedir la readmisión de las personas expulsadas a sus países de origen, ya que hoy en día hay naciones que no permiten el ingreso al espacio aéreo de vuelos provenientes de Chile, como es el caso de Venezuela.

“Lo que uno ve en la práctica es que finalmente las personas que sobrepasan la barrera de las 48 horas de privación de libertad provienen de países donde no se pueden gestionar las autorizaciones respectivas para que sean acarreadas a su país de origen”, aseguró Hilliger. Un problema que, dijo, han experimentado otros países y cuyos centros de detención terminan albergando familias durante años.

El proyecto de ley se presentó el 8 de junio en la Cámara mediante el Mensaje N.º 067-374 del Presidente de la República, José Antonio Kast, y está suscrito por los ministros del Interior, de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos. Será votado en general por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el próximo miércoles 12 de agosto.

La participación de los académicos de la Clínica Jurídica en esta discusión legislativa forma parte de las numerosas acciones que realiza la Facultad de Derecho para posicionar a la Universidad Alberto Hurtado como una voz académica relevante en el debate público, especialmente relativos a temas de migración y movilidad humana, y que se encuentra en los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2030.

En abril sostuve en estas páginas que el compromiso con los derechos humanos no puede medirse por las declaraciones que un sector político formula sobre el pasado, sino por las decisiones que adopta cuando ejerce el poder. Daba cuenta entonces, de señales todavía aisladas: la discusión sobre indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante las protestas de 2019, la revisión de decretos de protección ambiental, la revocación del decreto que buscaba convertir el sitio de la ex Colonia Dignidad en un espacio de memoria. Cien días después, esas señales dejaron de ser aisladas. Se convirtieron en un patrón, y ese patrón tiene una lógica precisa: los derechos humanos no se erosionan solo con discursos ni con decretos ruidosos, sino con el debilitamiento silencioso de la capacidad del Estado para hacerlos efectivos.

Es una distinción que importa. Reducciones presupuestarias, eliminación de unidades especializadas, reasignación de funciones, pérdida de equipos que habían acumulado conocimiento técnico. Ninguna de esas decisiones elimina formalmente un derecho. Sin embargo, en su conjunto reducen la posibilidad real de ejercerlo. Y en materia de derechos humanos, esa capacidad institucional no es un asunto de gestión, sino que forma parte del contenido mismo de las obligaciones del Estado. No basta con reconocer derechos en abstracto si desaparecen las estructuras encargadas de garantizarlos.

Una oficina que no era una oficina cualquiera

El caso más reciente que ilustra esta lógica es el cierre, el 1 de julio, de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Había nacido en febrero, apenas cuatro meses antes, como una de las principales recomendaciones de una mesa interinstitucional que el propio Estado convocó en 2024 para enfrentar un problema largamente diagnosticado. Yendo más atrás, se trató de un esfuerzo colectivo que involucró a distintos órganos de la Administración, que recogieron los reclamos de las organizaciones de víctimas que habían sido postergadas por años, y que encontraron -al fín- una respuesta.

La función de esta Unidad especializada buscaba centralizar información, coordinar organismos públicos, apoyar la búsqueda de orígenes y facilitar reencuentros. Además, respondía a un mandato legal explícito de la Ley de Reajuste del Sector Público 2026. Sin embargo, mediante una resolución administrativa, se dejó sin efecto la Unidad, se desvinculó a los tres profesionales que la integraban y las autoridades argumentaron un “enfoque estratégico” distinto y la necesidad de “resguardar una gestión eficiente de los recursos”.

La Unidad fue fruto de un esfuerzo sostenido, por distintos órganos de la Administración, que recogieron la demanda que por años venían levantando las organizaciones de víctimas. Además, este esfuerzo estuvo precedido de una comisión investigadora del Congreso Nacional que tuvo lugar durante el 2018 y 2019, cuyo informe final estableció una serie de graves fallas institucionales. Además, el mismo 2019, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, recomendaba al Estado de Chile adoptar medidas para acelerar las investigaciones relativas a casos de sustracción de menores y/o adopción irregular, garantizando a las víctimas el ejercicio del derecho a recuperar su identidad.

Conviene no perder de vista qué estaba en juego con esta política. El derecho a la identidad no es una aspiración moral ni una política social más, sino que forma parte del núcleo de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional, y comprende la historia personal, los vínculos familiares y el origen biológico y cultural de cada persona. Madres que nunca supieron qué ocurrió con sus hijos, personas adoptadas en Chile y en el extranjero que buscan reconstruir su historia, familias separadas por redes de intermediación que operaron durante décadas; y, cuando apenas se había empezado a corregir eso, esas abuelas, madres, hijos e hijas que buscan sus orígenes, vuelven a experimentar una sensación que conocen demasiado bien: la de ser desplazadas al final de la fila de las prioridades públicas. El debate, por eso, no debería centrarse en si existían tres funcionarios más o tres menos. La pregunta relevante es qué capacidad quiere conservar el Estado para responder frente a violaciones de derechos humanos cuyas consecuencias siguen afectando a miles de personas.

El indulto que no se llama indulto

Ese mismo patrón —desmontar sin decretar, debilitar sin declarar— se repite en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Según denunció en abril la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, el ministro Fernando Rabat instruyó a los abogados del Programa, a través de su jefatura, a no intervenir en audiencias donde se discuten rebajas de pena o formas alternativas de cumplimiento para condenados por crímenes de lesa humanidad. La consecuencia práctica es lo que la propia Red describe como un “indulto pasivo”. Sin firmar ningún decreto de gracia, la omisión de oposición estatal facilita que agentes condenados por secuestro, tortura y desaparición forzada obtengan la libertad o el arresto domiciliario.

Se trata, por ejemplo, de César Manríquez, condenado en 57 sentencias firmes por 89 víctimas de la dictadura —entre ellas las 16 de la Operación Colombo—; Héctor Osses Yañez, Jorge Mandiola y el caso conocido como Mulchén siguen la misma ruta. Esta instrucción contradice frontalmente el Protocolo de actuación del propio Programa, vigente desde 2017, y las declaraciones públicas de continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

Un desmantelamiento con nombre propio

El tercer frente es el de los derechos de las personas LGBTIQ+. En marzo, por primera vez en 15 años, Chile no se sumó a la declaración sobre derechos de la diversidad sexual en la OEA. Ese mismo mes se retiró el financiamiento a la Encuesta Diversidades del INE, el único instrumento que recogía datos representativos sobre esta población. En abril, dentro del mismo ajuste presupuestario que golpeó a la UBAFI, se descontinuaron el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (“Crece con Orgullo”) y el Programa Salud Trans, y la Superintendencia de Educación derogó la Circular N.º 781, que obligaba a los colegios a contar con protocolos de identidad de género para proteger a estudiantes trans.

Desde Fundación Iguales lo resumen sin ambigüedad: no se trata de un gobierno que “no priorice” estos temas, sino de uno que “activamente los desmonta”.

Una misma narrativa

Tres frentes, una misma narrativa. Cerrar una unidad creada por mandato legal. Instruir a abogados del Estado a no defender a las víctimas ante solicitudes de libertad de sus victimarios. Desmontar, uno por uno, los programas de protección de una población históricamente discriminada. Ninguna de estas decisiones aparece en portada como un retroceso. En cambio, todas se presentan como reordenamientos técnicos, ajustes de gestión, austeridad fiscal. Pero los procesos de debilitamiento institucional rara vez ocurren mediante grandes reformas legislativas; son mucho más silenciosos, y por eso mismo, más difíciles de resistir.

Sería injusto —y falso— sostener que la derecha chilena es intrínsecamente adversa a los derechos humanos. Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera y habló de “cómplices pasivos”, además de impulsar el matrimonio igualitario. Jaime Bellolio ha sostenido públicamente que quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad deben cumplir sus penas. La defensa de los derechos humanos no pertenece a un sector político, pero lo ocurrido en estos cien días ya no admite la lectura de decisiones presupuestarias aisladas o énfasis distintos de gestión. Es el repliegue deliberado de la capacidad del Estado para garantizar derechos ya reconocidos. Es, en otras palabras, la construcción activa de la impunidad y el abandono, disfrazados de reordenamiento administrativo.

La historia demuestra que los Estados suelen reconocer primero las violaciones de derechos humanos, y solo mucho después construyen instituciones capaces de enfrentarlas. Destruirlas es infinitamente más fácil que volver a construirlas. Por eso, cada una de estas decisiones —la UBAFI, el Programa de Derechos Humanos, los programas de diversidad— trasciende el caso puntual e interpela el tipo de Estado que queremos; uno que entiende los derechos humanos como obligaciones permanentes, respaldadas por instituciones robustas y especializadas, o uno que considera esas capacidades como estructuras prescindibles frente a otras prioridades.

El extremismo que erosiona los consensos construidos por décadas no siempre llega con un decreto ruidoso. A veces llega con una resolución exenta, firmada un viernes de junio, que nadie lee hasta que ya es tarde. Y cuando esas instituciones desaparecen, no desaparece el problema que estaban llamadas a resolver. Desaparece, simplemente, la capacidad del Estado para hacerse cargo de él.

En su tercera versión, el encuentro reunió a especialistas en derecho internacional y destacados académicos y académicas bajo el tema “El orden jurídico internacional en una encrucijada: ruptura, resiliencia y renovación”. En él se exploró el orden jurídico internacional en un contexto de creciente conflicto, fragmentación económica, crisis climática y presiones sobre las instituciones multilaterales, y reflexionó sobre su capacidad de resiliencia, renovación y cooperación global más equitativa.

El docente de la Clínica Migrante UAH participó en el panel “Geopolítica humana: la crisis migratoria en las Américas”, que compartió junto a Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores de Chile; Pablo Ceriani, director Especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos ACNUDH (Naciones Unidas); Juanita Goebertus de Human Rights Watch; y Andrea Pochak, primera vicepresidenta y relatora para la Movilidad Humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el panel se analizó la migración no sólo desde lo administrativo, sino como un fenómeno en el que el desplazamiento forzado de millones de personas se entrelaza con las políticas nacionales, los marcos jurídicos internacionales y las tensiones entre los Estados.

Ola migratoria bajo el gobierno de Kast

En su presentación, Tomás Pascual abordó el enfoque y los anuncios que ha realizado el gobierno del presidente José Antonio Kast ante la ola migratoria que enfrenta Chile, asegurando que los dos frentes legislativos están orientados a “convertir el control migratorio en un asunto de seguridad pública y derecho penal, no solo de gestión administrativa”.

El académico se refirió al proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile (Boletín 15261-25, refundido con otros), a la reforma constitucional al artículo 19 N°7 (que amplía de 5 a 60 días el plazo de detención administrativa de extranjeros con orden de expulsión) y a una iniciativa que castiga a quienes faciliten el traslado irregular de personas.

“Estos anuncios no son hechos aislados, sino la punta visible de un paquete mucho más amplio: cerca de veinticinco mociones y mensajes en tramitación desde 2022 que buscan, en conjunto, criminalizar el reingreso tras expulsión, acelerar la expulsión administrativa, restringir el acceso de migrantes irregulares a salud, educación y beneficios sociales, excluir de la reunificación familiar a quienes ingresaron ilegalmente, imponer a arrendadores y empleadores el deber de verificar y denunciar la situación migratoria de extranjeros, crear Centros de Internación de Extranjeros no penitenciarios, y restringir el derecho a voto y el cómputo del avecindamiento de extranjeros”, dijo Pascual.

El profesor de la Clínica Jurídica UAH explicó cómo funciona el proceso de reunificación familiar: “Establece la posibilidad de que personas con vínculo con nacional o con persona que tenga residencia definitiva en Chile puedan ingresar al territorio nacional con un visado. Ese es el caso en particular del que estamos hablando”.

Y detalló: “Es decir, ciudadanos haitianos o chilenos con vínculos con los niños haitianos tramitaron en Chile, ante el Servicio Nacional de Migraciones, una residencia bajo la categoría de reunificación familiar para que esos niños pudieran ingresar al territorio nacional con un visado. De lo contrario, esos niños no podrían haber ingresado porque respecto a Haití nosotros tenemos algunas exigencias consulares para poder ingresar al territorio nacional”.

Pascual aclaró que este proceso surgió a partir de la reforma realizada en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en 2018, cuando se empezó a exigir una visa consular para el ingreso de haitianos a Chile.

“Esta exigencia consular previa en la práctica bajó a cero los ingresos de ciudadanas y ciudadanos haitianos al territorio nacional considerando que ellos están en una isla, por lo tanto, no se pueden desplazar por tierra. Eso hizo caer inmediatamente la inmigración, pero quedaron muchos padres y madres haitianas residiendo en Chile y con sus niños allá. Entonces, la única manera de juntarlos fue a través de este mecanismo de reunificación familiar. Es una figura que existe y que en general funciona bien. Y que, diría yo, es bastante exigente en términos de requisitos”, aseguró.

Respecto de la discusión política que se dio en torno al informe de Contraloría, Pascual fue enfático: “A mí me parece que hay que tomarse la discusión con cierta cautela y concentrarse en lo relevante: si hay niños que ingresaron al territorio nacional para encontrarse con sus padres”.

El académico también se refirió al tema en Radio Infinita y Radio Sonar. Puedes escuchar las entrevistas aquí:

El proyecto de ley que vuelve a tipificar como delito el ingreso clandestino al país y que se encuentra actualmente en el Senado de Chile, plantea una pregunta que va más allá del control fronterizo: ¿estamos legislando con base en evidencia o respondiendo a pulsiones punitivas que entregan un mensaje simbólico, pero no resuelven el problema? Y agregaría: lo empeoran.

Chile ya recorrió este camino; uno reciente, dicho sea de paso. Bajo el antiguo Decreto Ley 1094, vigente hasta 2021, el ingreso irregular era delito penal. Y fue precisamente ese último año —cuando la penalización seguía plenamente vigente— el que registró el mayor número de ingresos irregulares de la historia reciente. Desde entonces, con un régimen exclusivamente administrativo, bajo la vigencia de la nueva Ley de Migración y Extranjería, los ingresos han disminuido de manera sostenida: un 50% entre el 2022 y el 2025.

La conclusión es incómoda, pero clara: la sanción penal no disuadió el ingreso irregular al país cuando existía, y la reducción ocurrió cuando dejó de existir. Por cierto, ni el aumento de irregularidad migratoria ni su reducción se pueden asociar a modificaciones legales. Atribuirlo a eso sería desconocer la forma en que los flujos de movilidad humana se desarrollan. En cambio, son otros los factores que mueven la aguja y son esos los que nos deberían importar cuando el objetivo es reducir los ingresos irregulares al país.

Sin embargo, el proyecto no hace nada de eso. En cambio, se limita a castigar el ingreso por paso no habilitado o la elusión del control migratorio por la vía penal trastocando, de paso, normas procedimentales para la aplicación de la prisión preventiva o el cumplimiento alternativo de penas. Es decir, convierte una infracción administrativa en delito penal sin modificar la naturaleza de la conducta. Con ello, se diluye el principio de última ratio y se desdibuja la frontera entre sanción administrativa y castigo criminal.

A lo anterior se suma un endurecimiento procesal selectivo y discriminatorio, mayores restricciones de libertad, facilitación de la prisión preventiva y un estatuto penal diferenciado basado en la condición migratoria y socio económica del imputado. Se rompe así la unidad del sistema procesal penal y se avanza peligrosamente hacia un derecho penal de autor.

En América Latina, el consenso es amplio: el ingreso irregular se enfrenta con herramientas administrativas, reservando el derecho penal para la trata y el tráfico de personas, o para situaciones muy calificadas de reincidencia. No por ingenuidad, sino por experiencia. Penalizar la migración no fortalece el control; lo encarece, lo complejiza y lo vuelve menos eficaz. Cuando el derecho penal se usa para gestionar fenómenos sociales complejos, deja de ser solución y pasa a ser parte del problema.

En un contexto de estrechez fiscal, con desafíos de persecución criminal complejos de abordar, añadir al sistema de justicia criminal una carga importante de nuevos casos por la vía de la criminalización del ingreso irregular resulta problemático. El proyecto de ley, de aprobarse como está, supondrá un costo directo al erario fiscal de decenas de miles de millones al año, sin por ello resolver el problema de fondo; a saber: disminuir los ingresos irregulares y mejorar la eficacia de las expulsiones. Lo anterior, además del costo indirecto que se sigue de dejar de lado aspectos sensibles de la administración de justicia por el hecho de atender esta nueva demanda.

Todo esto, sin contar los problemas de constitucionalidad que aparecen con la formulación actual, así como el retroceso que significaría en materia de cumplimiento de obligaciones internacionales.

Con todo, aun es tiempo de corregir el camino. La popularidad también se puede ganar con un diseño de política pública serio y responsable. Menos eslogans y frases hechas, más rigor y responsabilidad.

El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Pascual, fue invitado a intervenir en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado respecto del proyecto de ley que busca modificar la ley N.° 21.325 de migración y extranjería para tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional (boletín N.° 15261-25), que se encuentra en segundo trámite constitucional.

Según el experto, el proyecto propuesto introduce una modificación sustantiva al sistema migratorio chileno y enumeró tres principales problemas. “Es costoso, un costo que tiene que asumir la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile, los tribunales y la PDI; no contribuye a generar una expulsión más expedita ni eficiente, de hecho, la complejiza; y tiene varios problemas internos normativos desde la lógica de la dogmática penal. Por lo tanto, el proyecto de ley como política pública, no contribuye para lo que eventualmente se ha estimado”, aseguró.

Tomás Pascual sostuvo que el reproche jurídico al ingreso clandestino debe existir, pero desde el derecho administrativo y no desde el derecho penal, como propone el proyecto, el cual “reintroduce una lógica superada por el Estado, tensiona la finalidad de la pena y del proceso penal, y no ofrece mejores resultados en el sistema penal vigente”.

En resumen: “La sanción penal no disuade, no mejora la eficacia de las expulsiones y genera costos institucionales relevantes. Este proyecto de ley vuelve a tipificar como delito el ingreso por paso no habilitado o la ilusión del control migratorio sin exigir violencia, daño ni peligro concreto, por lo que tiene un problema con el bien jurídico que se intenta proteger”, afirmó el experto.

Accede a la sesión de la Comisión de Gobierno del Senado aquí

Se ha instalado la idea de que a la derecha chilena no le interesan los derechos humanos. Es una afirmación reduccionista, pero que encuentra asidero cuando decisiones recientes tensionan estándares que el país ha construido por décadas.

Las primeras semanas del Gobierno de Kast han reactivado ese debate. La discusión sobre eventuales indultos a uniformados condenados por delitos en el contexto de las protestas de 2019 abre dudas sobre el compromiso con el combate a la impunidad. A ello se suman restricciones presupuestarias que afectan políticas sociales, impactando la garantía de derechos económicos y sociales.

En paralelo, la revisión de decretos de protección ambiental y ciertos giros en política exterior –que tensionan compromisos internacionales– refuerzan la percepción de repliegue. Especialmente simbólica ha sido la decisión de revocar el decreto que buscaba expropiar el sitio de la ex Colonia Dignidad para convertirlo en espacio de memoria, afectando el derecho a la verdad y la reparación.

Sin embargo, sería un error reducir este debate a una oposición entre derecha e izquierda. La experiencia muestra que la defensa de los derechos humanos no pertenece a un sector. La decisión del expresidente Piñera de cerrar el penal Cordillera, su referencia a los “cómplices pasivos” o el impulso al matrimonio igualitario, así como la postura de Jaime Bellolio –quien ha sostenido que los condenados por crímenes de lesa humanidad deben cumplir sus penas– dan cuenta de ello.

Lo que hoy está en cuestión no es una etiqueta ideológica, sino el avance de posiciones extremas que relativizan principios básicos y erosionan consensos. La defensa de los derechos humanos se opone a esos extremos. Y lo que revelan estas decisiones es precisamente eso: el extremismo es el que termina dañando su vigencia y, con ello, la cohesión social.

El Gobierno ha estrenado su puesta en escena en materia de seguridad con un comité en el norte del país y una visita a las obras en la frontera con Perú, que tiene al Ejército construyendo una zanja. El presidente Kast ha llamado a usar “la retroexcavadora para construir un Chile soberano” ya que la construcción de zanjas, hará de nuestro país, uno menos vulnerable a la inmigración “ilegal”. Esta idea no es nueva.

Los muros, barreras o zanjas han sido utilizados desde hace siglos para contener, separar o aislar comunidades. La muralla china, para mantener a los invasores de la actual Mongolia alejados; el emperador Adriano, para establecer distancia con las tribus del norte; más recientes, el muro en la frontera sur de Estados Unidos o la valla de Melilla que separa Marruecos de España.

Con estos antecedentes, cualquier persona podría pensar que los muros, barreras o zanjas, sirven. De lo contrario, ¿cómo podríamos explicar que se sigan construyendo desde los tiempos inmemoriales?

Lamentamos traer malas noticias: los muros, barreras y zanjas, no sirven para detener los flujos de movilidad humana. La evidencia en este sentido es abrumadora. Si bien, éstas pueden traer una reducción temporal de los flujos, los estudios en la materia confirman que no se trata de políticas efectivas para reducir la migración irregular. En cambio, suelen ser políticas integrales, con un abordaje sistémico y de cooperación internacional, las que permiten su reducción.

Entre 2022 y 2025 la migración irregular en Chile bajó en un 50% y no precisamente por la construcción de zanjas o vallas. Fue el trabajo coordinado y con inteligencia entre policías y Fuerzas Armadas y una fuerte inversión pública lo que permitió resguardar de mejor manera las fronteras. A ello se suman las coordinaciones con países limítrofes y otros factores exógenos, que no tienen que ver con lo que Chile haga o deje de hacer.

Es comprensible que, en la lógica política, se busque dar carácter de espectáculo a este tipo de medidas. Sin embargo, el impacto de estos anuncios es cercano al cero cuando se trata de frenar los flujos migratorios o de resolver la falta de documentos de las personas migrantes.

Sobre esto último, el actual gobierno tiene un desafío por delante. Con más de 180 mil migrantes empadronados y buscando regularizarse en Chile, la verdadera prioridad debería ser la de atajar y disminuir la irregularidad crónica que padecen estas personas. Sobre todo, si tenemos en cuenta que, según el informe elaborado por por Causa-Chile en 2025, una regularización generaría beneficios netos para el Estado chileno de unos 85 millones de dólares, equivalentes al 0,026% del PIB nacional.

Si nos tomamos en serio la migración irregular, su atajo y encausamiento, la política pública prioritaria en este sentido debiera reorientarse. El Gobierno tiene una posibilidad real de asumir esta tarea con inteligencia y conveniencia para los intereses de Chile y de los migrantes que viven acá.

La historia de Tomás Pascual Ricke con la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado se remonta al año 2014, cuando comenzó a trabajar como ayudante de la Clínica Jurídica. Luego, entre 2016 y 2022, fue profesor de un optativo de litigación y se desempeñó como coach de las y los estudiantes de la Facultad que participaron en el Inter-American Human Rights Moot Court Competition, un juicio simulado en el sistema interamericano.

Este año, se integra a la planta académica como profesor del Departamento de Enseñanza Clínica del Derecho, dirigido por Macarena Rodríguez. “Volver a la Universidad es como volver a casa. Conozco la excelencia del cuerpo docente, por lo que es un honor poder acceder a esta posición”, asegura el académico, quien estará a cargo de una de las seis clínicas que revisan casos de migración en la Clínica Jurídica UAH y del curso “Método y análisis de casos” para estudiantes de 5° año de carrera.

Para Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho UAH, «el trabajo que desarrollará el profesor Tomás Pascual encarna dos convicciones que son centrales en nuestra propuesta formativa. Primero, que aprender Derecho exige enfrentarse a casos reales. Segundo, que el rigor técnico y el compromiso con las personas no son valores en tensión, sino pilares de todo buen abogado y abogada. Por ello, estamos encantados con su incorporación al cuerpo académico de nuestra Facultad».

Ministerio de Relaciones Exteriores y OEA

Tomás Pascual es abogado de la Universidad de Chile y Máster en Derecho de la London School of Economics. Durante cuatro años dirigió la división de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y entre septiembre y diciembre de 2025 fue Representante Permanente de Chile ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Sus áreas de especialización están vinculadas al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho de las migraciones y refugio, y el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad, justicia criminal y Derechos Humanos.

“Mi trabajo en el MINREL estuvo relacionado con el curso de litigación y el trabajo como coach de las y los estudiantes, porque el director de Derechos Humanos está a cargo justamente del litigio ante los sistemas de protección internacional de Derechos Humanos y de las áreas multilaterales en donde Chile participa”, explica.
En su paso por la Cancillería le tocó presidir el Proceso Cartagena +40, un espacio de debate sobre los retos en la región en temas de migración y movilidad humana, para generar un marco regional estratégico de prioridades mediante y adoptar medidas concretas.

“La experiencia acumulada en el trabajo de la Clínica Jurídica y antes, en materia de movilidad humana, fue súper importante para liderar ese proceso, que se da a nivel regional y que terminó en 2024 con una declaración y un plan de acción, en donde participó la Universidad Alberto Hurtado, junto a otras entidades que también trabajan con personas migrantes”, afirma.

El trabajo en la UAH

El objetivo del profesor Pascual durante este año es retomar el trabajo de los consultorios que integran la Clínica Jurídica para fortalecer lo que se ha venido haciendo hasta ahora junto a las y los estudiantes: “Tenemos una realidad que ya es bien demandante, pero estamos preparados para poder prestar la asesoría jurídica que requieran las personas”, dice respecto de la situación país que vivimos actualmente, en especial en temas migratorios.

“Yo creo que la Universidad Alberto Hurtado, a través de su Clínica Jurídica, cristaliza muy bien el rol de formación, hacia las y los estudiantes, y de servicio hacia la comunidad. Creo que es un sello distintivo de la Universidad y es algo que espero seguir representando”, concluye el académico.

Este jueves 3 de diciembre fue presentado el Informe Anual en Derechos Humanos 2020, realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. El Informe presentó 12 capítulos sobre temas de derechos humanos de actualidad en Chile.

El capítulo sobre temas de Verdad y Justicia para casos de la dictadura fue elaborado por Cath Collins junto a un grupo de académicos en los cuales participaron los profesores de la Escuela de Derecho Boris Hau, curso Derechos Humanos y Tomás Pascual, curso Litigación oral en Derechos Humanos. Además participó como ayudante de investigación la egresada de Derecho UAH, Romanet Atenas.

• El capítulo puede ser descargado en este enlace
• El Informe completo puede ser descargado en este enlace

Se debe estacar además, que el ensayo publicado fue galardonado con el premio al ensayo en Derecho Humanos 2019 de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, Washington College of Law.  (Ver noticia relacionada)

Leer ensayo en este Link

“Hay que sacar ahora a los presos, es el momento de medidas audaces para evitar una crisis carcelaria por el Covid-19?

El abogado, Jefe de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública y profesor de la Facultad de Derecho UAH, Tomás Pascual,  -quien visitó Santiago 1- describe el clima de tensión que existe al interior de los penales chilenos ante el temor de contagios masivos de Covid-19. «Los internos tienen miedo y viven en un clima de permanente de incertidumbre», señala y asegura que la institución que representa «no está aprovechándose del coronavirus para sacar presos, sino advirtiendo un escenario que sólo podría complejizar aún más la emergencia sanitaria en el país».

Ver noticia en La Tercera 

El profesor de la Facultad de Derecho y experto en migraciones, Tomás Pascual, fue entrevistado por el canal Meganoticias, a raíz de la caravana de migrantes que viajan hacia EEUU.

Los argumentos de los miembros de las caravanas, la postura de México, las represalias del gobierno de Donald Trump y los Derechos Humanos de los migrantes, son algunos de los temas tratados en la entrevista.

Ver entrevista aquí

Recientemente fue aprobada por la Corte Suprema, la medida impulsada por el presidente Donald Trump para impedir que los migrantes soliciten asilo en la frontera de EE.UU. ¿Qué impacto tendrá esta medida? Tomás Pascual, académico de la Facultad de Derecho – UAH, lo analiza en Mega.

El profesor experto en Derechos Humanos y Migración Tomás Pascual fue invitado al programa Mentiras Verdaderas de La Red para analizar el caso de migrantes venezolanos que esperan ingresar a Chile, a propósito de la crisis en el consulado en Tacna donde alrededor de 350 personas se encuentran varadas, producto de cambios en las visas como requisito para ingresar al país.

A partir de preguntas como «¿Es la visa de responsabilidad democrática la solución adecuada para la crisis migratoria?», el docente UAH señaló que haber implementado un requisito adicional a esta figura legal «No fue una buena idea ya que esta visa tiene un sustrato, un fundamento humanitario, que es el mismo fundamento que tiene el otorgamiento de un estatuto de refugiados o algún estatuto de protección complementaria. Por lo tanto, en su génesis el mensaje está en atender una situación humanitaria a personas que huyen de su país producto de un conflicto social y político, incluso alimentario. Deberíamos en este caso, haber aplicado los elementos legales que ya existen en nuestro país. Como por ejemplo la Ley de Refugiados 20.430.»

El panel estuvo compuesto por Tomás Pascual, junto a Carolina Stefoni, directora de la carrera de Sociología UAH e investigadora COES y José Tomás Vicuña, presidente del Servicio Jesuita Migrante, quienes analizaron con la conducción del periodista Eduardo Fuentes uno de los casos humanitarios más complejos de los últimos meses.

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El profesor UAH Tomás Pascual, participó en la Conferencia «Justice for Transnational Human Rights Violations – At the Crossroads of Litigation, Policy and Scholarship», que tuvo lugar los días 19 y 20 de junio en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

El evento convocó a académicos, litigantes y miembros de ONG de todo el mundo, para abordar diferentes temas de alta contingencia en materia de derechos humanos.

El docente de la Facultad, que se desempeña en la Clínica Jurídica de Migrantes y como profesor del OPR de Litigación en el Sistema Interamericano de DD.HH., expuso un trabajo acerca de la situación de las personas migrantes que sufren extrema pobreza en sus países de origen, y cuyo retorno puede constituir una vulneración al «principio de no devolución». El profesor abordó el caso de las personas haitianas en Chile y el «Plan de Retorno Humanitario» llevado adelante por el Gobierno de Chile, entre los años 2018 y 2019.

El profesor de la Facultad de Derecho UAH y Director de la Clínica Jurídica de Migrantes, Tomás Pascual, ha sido galardonado con el premio al ensayo en Derecho Humanos 2019 de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, Washington College of Law.

El concurso que busca estimular la producción de artículos académicos en materia internacional y de derechos humanos, entrega dos premios anuales, uno para el mejor trabajo en español y otro para el mejor trabajo en inglés.

En su versión 2019, la distinción para el ensayo en español ha recaído en el profesor Pascual, quien con su trabajo titulado «Ni Refugiados ni Migrantes: La protección complementaria en casos de migrantes en situación de pobreza, a la luz del derecho internacional de los Derecho Humanos», ha logrado una beca completa que incluye gastos de traslado, alojamiento, estadía, y beca para asistir al Programa de Verano de Estudios Avanzados en Derechos Humanos de la American University, un curso de tres semanas organizado bajo la modalidad de diplomado y con la participación de destacados docentes de derecho provenientes de diversos países del mundo.

El jueves 25 de noviembre se realizó el conversatorio titulado “El rol de la enseñanza en las Clínicas Jurídicas de universidades jesuitas” en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.

El evento fue el primero de su clase y tuvo como objetivo reflexionar sobre la influencia de la formación jesuita en la educación legal, además de vincular el trabajo de las clínicas o consultorios jurídicos orientados al servicio de personas en situación de vulnerabilidad.

Este primer encuentro trató sobre el trabajo desplegado para la formación de futuros abogados y los desafíos de las Clínicas Jurídicas. Participaron del conversatorio profesores de las Clínicas Jurídicas de la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia) y de la UAH, ambas pertenecientes a la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina – Red Ausjal.

En la oportunidad, los profesores Tomás Pascual (UAH) y Carolina Bejarano (U. Javeriana de Bogotá) abordaron los ámbitos de servicio e impacto de las Clínicas Jurídicas de formación jesuita. Por su parte, Joaquín Garzón (U. Javeriana de Bogotá) y Macarena Rodríguez (Directora de la Clínica Jurídica UAH) trataron los desafíos de estos consultorios en la formación legal.

Los profesores colombianos, Joaquín Garzón y Carolina Bejarano, también son miembros del Equipo Tandem entre la Universidad de los Andes (Colombia) y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Público Internacional (Alemania). En este contexto, los comentarios del conversatorio estuvieron a cargo de la profesora Dra. Mariela Morales, referentin para América Latina de dicho instituto, quedando la moderación a cargo de la profesora y directora del Departamento de Derecho Público UAH, Dra. Miriam Henríquez.

Los principales acuerdos sostenidos en la reunión fueron: 1) ampliar la red de Clínicas Jurídicas de universidades jesuitas para compartir las experiencias; 2) potenciar las líneas de trabajo común –por ejemplo migrantes y pueblos indígenas– y;  3) delinear estrategias de litigación en el sistema interamericano.

El 5 de julio de 2018, las autoridades de la Universidad Alberto Hurtado y su Facultad de Derecho felicitaron a cinco estudiantes de derecho que obtuvieron una destacada participación en concursos internacionales.

Recientemente, el equipo de Derecho UAH conformado por los estudiantes Alexandra Álamos, Matías Dutra y Camila Soto, bajo la supervisión del profesor de Derecho penal, Juan Luis Modolell, obtuvieron el segundo lugar en la sexta versión del Concurso de Simulación Judicial ante la Corte Penal Internacional, realizado en La Haya, Holanda, organizado por el Instituto Iberoamericano de La Haya y la Corte Penal Internacional. El resultado final obtenido por la UAH es la más alta ubicación que ha alcanzado un equipo chileno en la competencia. Matías Dutra fue premiado como el mejor orador del certamen.

Por su parte, el equipo de Derecho UAH integrado por los estudiantes Matthias Alanis y Guillermo Álvarez, junto al profesor Tomás Pascual, fue semifinalista en el XXIII Concurso Interamericano de Litigación en Derechos Humanos,organizado por American University en Washington, D.C. Los representantes de Derecho UAH obtuvieron el tercer lugar en el memorial escrito en español.

Un equipo de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado está participando en la 23a versión del Concurso Interamericano de Litigación en Derechos Humanos, organizado por la American University Washington, College of Law, Washington DC

El equipo, compuesto por los oradores Matthias Alanis y Guillermo Álvarez, y el coach y profesor Tomás Pascual, participaron en la 23a versión del Concurso de juicio simulado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que año a año organiza la Facultad de Derecho de la American University.

De un total de 98 equipos, la Universidad clasificó a la semi final, dentro de los 20 mejores puntajes de las rondas orales preliminares y el memorial escrito. El equipo se enfrentó en dicha instancia al equipo de la Universidad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, quienes pasaron a la final del concurso.

Este concurso, uno de los más prestigioso de la región congrega a equipos provenientes del continente e invitados especiales de Europa y Asia. Asimismo, participan observadores y jueces de todas partes del mundo, especialistas en derechos humanos. En total, se trata de una actividad que reúne a alrededor de 400 personas en torno al derecho internacional de los derechos humanos.

2018 es el segundo año que la Universidad participa del concurso, alcanzando  la semi final del Inter-American Moot Court Competition. Además, durante la premiación, el equipo de la Universidad fue reconocido con el tercer lugar en Memorial Víctimas en Español, llevando adelante una destacada labor en su segundo año de participación del Concurso.

Entre el 14 y el 18 de mayo de 2018, Tomás Pascual, Profesor de Litigación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Clínica Jurídica de Atención a Migrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y Jefe de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública, impartió el curso de capacitación “Estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, en el cual participaron cien defensores penales públicos de El Salvador.

Esta capacitación corresponde a una de las medidas de reparación con que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sancionó al estado salvadoreño, en el caso que afectó a José Agapito Ruano Torres, quien, por las deficiencias evidenciadas en el proceso judicial, debió pasar trece años en prisión, a pesar de su inocencia. Estas iniciativas se insertan en el marco de la cooperación entre la Defensoría Penal Pública de Chile y la Procuraduría General de la República de El Salvador.

En la edición de La Tercera del sábado 10 de marzo, Macarena Rodríguez y Tomás Pascual –ambos docentes de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado– se refirieron a la inmigración en nuestro país, aclarando y desmintiendo algunas aseveraciones al respecto.

Los académicos especializados en derechos humanos aseguraron que “Axel Buchheister señala en columna del domingo pasado, que la inmigración haitiana constituye un ejemplo de infracción a la ley de extranjería. Su afirmación es incorrecta. La ley vigente (Decreto Ley 1.094 de 1975) habilita el cambio de categoría migratoria a quienes se encuentren en calidad de turistas en Chile y cumplen con los requisitos para ello (Art. 49)”.

Explicaron que tanto nuestro país como territorios vecinos aceptan el cambio de categoría migratoria de turista a residente, pero que mientras ellos –Uruguay, Argentina o Ecuador– tienen leyes modernas, Chile no las tiene.

Además, aclararon que este permiso de residente no es gratis. Es más, la recaudación por parte del Estado llega a más de los US$1.000 millones al año, mientras que éste sólo dirige US$290 millones en gasto público relacionado a la inmigración en derechos básicos.

Finalizaron la carta al director de La Tercera afirmando que sí es necesaria una nueva ley de migraciones para Chile, porque “la vigente ha sido ampliamente superada por la realidad y demanda una adaptación de varias otras normas que se cruzan con el fenómeno migratorio y la creación de una institucionalidad robusta que permita aglutinar y pensar la política pública en materia de migraciones”.

El artículo completo se puede leer directamente AQUÍ.

Se trata de la primera vez que la Facultad de Derecho participa en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos.

Entre el 21 al 26 de mayo de 2017, se desarrolló el 22° Concurso Interamericano de Derechos Humanos organizado por Washington College of Law de American University, Washington D.C. El concurso es una simulación de litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nació como una forma de capacitar a futuros abogados en la promoción y protección de los derechos humanos en el sistema interamericano de derechos humanos. El concurso consiste de dos etapas sucesivas, los alegatos escritos (memoriales) y las rondas orales.

El concurso se inició en 1995 y en la versión del año 2017 convocó a 100 equipos y 600 participantes de América, África, Europa y Asia. La Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado fue la única participante de Chile. El equipo de la UAH, estuvo integrado por Arturo Cares y Valentina Ubilla, quienes representaron la posición del Estado, y los profesores Tomás Pascual y Miriam Henríquez como entrenadores. Todos quienes participaron activamente de las siguientes actividades:

• Domingo 21 de mayo, inauguración oficial del XXII Inter-American Moot Court Competition.
• Durante los 22 y 23 de mayo se llevaron a cabo las rondas orales clasificatorias. El equipo de la UAH participó de estas rondas debatiendo el caso hipotético con la University of San Diego School of Law, California, y la Pontificia Universidad Católica de Perú, de Lima.
• El 25 de mayo, el equipo realizó una visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde sostuvieron reuniones con abogados de la Unidad de Análisis de Fondo de la Comisión. Asimismo, asistieron a la recepción de clausura de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University.
• El 26 de mayo asistieron a la final del concurso entre las universidades Externado de Colombia y San Martín de Porres de Perú. Posterior a ello el equipo participó de la recepción que puso fin al XXII Concurso de Litigación en Sistema Interamericano con su respectiva premiación.
• Adicionalmente, el equipo de la Universidad Alberto Hurtado aprovechó la oportunidad para visitar el Capitolio y la Corte Suprema.

Durante el segundo semestre de 2017 se ofrecerá nuevamente el curso optativo de profundización “Litigación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, a cargo de los profesores Tomás Pascual y Miriam Henríquez. En dicho curso se realiza un proceso de selección interna, en el cual se seleccionan a los participantes que representarán a la Universidad Alberto Hurtado el año siguiente en el concurso llevado a cabo en Washington, D.C. Mayores antecedentes se encuentran aquí.