El taller estuvo organizado por la Red Euromediterránea de Género (EMGEN), agrupación de investigación académica que promueve los estudios interdisciplinarios de género y que involucra a investigadoras e investigadores de la Université Cote d’Azur, Universidad de Génova, Universidad de Sevilla, Universidad de Munster y Universidad de Montenegro.

“Este tipo de experiencias enriquece mi trabajo porque me permite poner a prueba mi investigación doctoral en el ámbito internacional. En este contexto, he podido comprobar que hay aspectos de mi trabajo que, a pesar de estar pensados en el ordenamiento jurídico chileno, son problemas que se verifican en otros ordenamientos jurídicos”, aseguró la candidata a doctora en Derecho.

La actividad, además, se enmarca en la cotutela internacional que se encuentra realizando en la Universidad de Génova, modalidad ofrecida por el programa doctoral de la Facultad de Derecho UAH que le permitirá una doble titulación.

La exposición de Valentina Silva estuvo centrada en cómo la perspectiva de género ha impactado en el tercer artículo de su investigación doctoral (en la modalidad de compendio de artículos científicos), que aborda los desafíos respecto a decisiones sanitarias que involucran a niños, niñas y adolescentes, específicamente respecto de intervenciones estéticas no urgentes.

“En particular, este trabajo ha nacido a partir del fenómeno (en aumento) de realización de cirugías estéticas en niños, niñas y adolescentes. Específicamente, cómo esto puede afectar su desarrollo a largo plazo. En este contexto, he observado que este tipo de intervenciones se realiza preferentemente en niñas y adolescentes mujeres, motivadas por los estándares de belleza a los que se ven expuestas en redes sociales. Si bien el artículo presentado tiene un enfoque más teórico, lo cierto es que la perspectiva de género resulta ineludible para el abordaje de este asunto”, explicó.

La jornada convocó a investigadoras e investigadores en formación doctoral de diversas universidades chilenas y extranjeras, quienes presentaron avances de investigación en materias de Derecho Constitucional, Administrativo, Derechos Fundamentales, Derecho Penal, migración, función pública, inteligencia artificial, crisis hídrica y Derechos Humanos.

Tatiana Saltos, quien pertenece a la cohorte 2026 del Doctorado, presentó la ponencia “La justicia constitucional en tiempos de fatiga democrática”. En ella, propuso analizar la relación entre fatiga democrática y erosión democrática, entendiendo que el cansancio ciudadano frente a la representación y las instituciones puede convertirse en un terreno fértil para procesos graduales de deterioro constitucional. En ese contexto, planteó la necesidad de evaluar el rol futuro de los tribunales constitucionales frente a escenarios de crisis democrática.

En abril sostuve en estas páginas que el compromiso con los derechos humanos no puede medirse por las declaraciones que un sector político formula sobre el pasado, sino por las decisiones que adopta cuando ejerce el poder. Daba cuenta entonces, de señales todavía aisladas: la discusión sobre indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante las protestas de 2019, la revisión de decretos de protección ambiental, la revocación del decreto que buscaba convertir el sitio de la ex Colonia Dignidad en un espacio de memoria. Cien días después, esas señales dejaron de ser aisladas. Se convirtieron en un patrón, y ese patrón tiene una lógica precisa: los derechos humanos no se erosionan solo con discursos ni con decretos ruidosos, sino con el debilitamiento silencioso de la capacidad del Estado para hacerlos efectivos.

Es una distinción que importa. Reducciones presupuestarias, eliminación de unidades especializadas, reasignación de funciones, pérdida de equipos que habían acumulado conocimiento técnico. Ninguna de esas decisiones elimina formalmente un derecho. Sin embargo, en su conjunto reducen la posibilidad real de ejercerlo. Y en materia de derechos humanos, esa capacidad institucional no es un asunto de gestión, sino que forma parte del contenido mismo de las obligaciones del Estado. No basta con reconocer derechos en abstracto si desaparecen las estructuras encargadas de garantizarlos.

Una oficina que no era una oficina cualquiera

El caso más reciente que ilustra esta lógica es el cierre, el 1 de julio, de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Había nacido en febrero, apenas cuatro meses antes, como una de las principales recomendaciones de una mesa interinstitucional que el propio Estado convocó en 2024 para enfrentar un problema largamente diagnosticado. Yendo más atrás, se trató de un esfuerzo colectivo que involucró a distintos órganos de la Administración, que recogieron los reclamos de las organizaciones de víctimas que habían sido postergadas por años, y que encontraron -al fín- una respuesta.

La función de esta Unidad especializada buscaba centralizar información, coordinar organismos públicos, apoyar la búsqueda de orígenes y facilitar reencuentros. Además, respondía a un mandato legal explícito de la Ley de Reajuste del Sector Público 2026. Sin embargo, mediante una resolución administrativa, se dejó sin efecto la Unidad, se desvinculó a los tres profesionales que la integraban y las autoridades argumentaron un “enfoque estratégico” distinto y la necesidad de “resguardar una gestión eficiente de los recursos”.

La Unidad fue fruto de un esfuerzo sostenido, por distintos órganos de la Administración, que recogieron la demanda que por años venían levantando las organizaciones de víctimas. Además, este esfuerzo estuvo precedido de una comisión investigadora del Congreso Nacional que tuvo lugar durante el 2018 y 2019, cuyo informe final estableció una serie de graves fallas institucionales. Además, el mismo 2019, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, recomendaba al Estado de Chile adoptar medidas para acelerar las investigaciones relativas a casos de sustracción de menores y/o adopción irregular, garantizando a las víctimas el ejercicio del derecho a recuperar su identidad.

Conviene no perder de vista qué estaba en juego con esta política. El derecho a la identidad no es una aspiración moral ni una política social más, sino que forma parte del núcleo de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional, y comprende la historia personal, los vínculos familiares y el origen biológico y cultural de cada persona. Madres que nunca supieron qué ocurrió con sus hijos, personas adoptadas en Chile y en el extranjero que buscan reconstruir su historia, familias separadas por redes de intermediación que operaron durante décadas; y, cuando apenas se había empezado a corregir eso, esas abuelas, madres, hijos e hijas que buscan sus orígenes, vuelven a experimentar una sensación que conocen demasiado bien: la de ser desplazadas al final de la fila de las prioridades públicas. El debate, por eso, no debería centrarse en si existían tres funcionarios más o tres menos. La pregunta relevante es qué capacidad quiere conservar el Estado para responder frente a violaciones de derechos humanos cuyas consecuencias siguen afectando a miles de personas.

El indulto que no se llama indulto

Ese mismo patrón —desmontar sin decretar, debilitar sin declarar— se repite en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Según denunció en abril la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, el ministro Fernando Rabat instruyó a los abogados del Programa, a través de su jefatura, a no intervenir en audiencias donde se discuten rebajas de pena o formas alternativas de cumplimiento para condenados por crímenes de lesa humanidad. La consecuencia práctica es lo que la propia Red describe como un “indulto pasivo”. Sin firmar ningún decreto de gracia, la omisión de oposición estatal facilita que agentes condenados por secuestro, tortura y desaparición forzada obtengan la libertad o el arresto domiciliario.

Se trata, por ejemplo, de César Manríquez, condenado en 57 sentencias firmes por 89 víctimas de la dictadura —entre ellas las 16 de la Operación Colombo—; Héctor Osses Yañez, Jorge Mandiola y el caso conocido como Mulchén siguen la misma ruta. Esta instrucción contradice frontalmente el Protocolo de actuación del propio Programa, vigente desde 2017, y las declaraciones públicas de continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

Un desmantelamiento con nombre propio

El tercer frente es el de los derechos de las personas LGBTIQ+. En marzo, por primera vez en 15 años, Chile no se sumó a la declaración sobre derechos de la diversidad sexual en la OEA. Ese mismo mes se retiró el financiamiento a la Encuesta Diversidades del INE, el único instrumento que recogía datos representativos sobre esta población. En abril, dentro del mismo ajuste presupuestario que golpeó a la UBAFI, se descontinuaron el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (“Crece con Orgullo”) y el Programa Salud Trans, y la Superintendencia de Educación derogó la Circular N.º 781, que obligaba a los colegios a contar con protocolos de identidad de género para proteger a estudiantes trans.

Desde Fundación Iguales lo resumen sin ambigüedad: no se trata de un gobierno que “no priorice” estos temas, sino de uno que “activamente los desmonta”.

Una misma narrativa

Tres frentes, una misma narrativa. Cerrar una unidad creada por mandato legal. Instruir a abogados del Estado a no defender a las víctimas ante solicitudes de libertad de sus victimarios. Desmontar, uno por uno, los programas de protección de una población históricamente discriminada. Ninguna de estas decisiones aparece en portada como un retroceso. En cambio, todas se presentan como reordenamientos técnicos, ajustes de gestión, austeridad fiscal. Pero los procesos de debilitamiento institucional rara vez ocurren mediante grandes reformas legislativas; son mucho más silenciosos, y por eso mismo, más difíciles de resistir.

Sería injusto —y falso— sostener que la derecha chilena es intrínsecamente adversa a los derechos humanos. Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera y habló de “cómplices pasivos”, además de impulsar el matrimonio igualitario. Jaime Bellolio ha sostenido públicamente que quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad deben cumplir sus penas. La defensa de los derechos humanos no pertenece a un sector político, pero lo ocurrido en estos cien días ya no admite la lectura de decisiones presupuestarias aisladas o énfasis distintos de gestión. Es el repliegue deliberado de la capacidad del Estado para garantizar derechos ya reconocidos. Es, en otras palabras, la construcción activa de la impunidad y el abandono, disfrazados de reordenamiento administrativo.

La historia demuestra que los Estados suelen reconocer primero las violaciones de derechos humanos, y solo mucho después construyen instituciones capaces de enfrentarlas. Destruirlas es infinitamente más fácil que volver a construirlas. Por eso, cada una de estas decisiones —la UBAFI, el Programa de Derechos Humanos, los programas de diversidad— trasciende el caso puntual e interpela el tipo de Estado que queremos; uno que entiende los derechos humanos como obligaciones permanentes, respaldadas por instituciones robustas y especializadas, o uno que considera esas capacidades como estructuras prescindibles frente a otras prioridades.

El extremismo que erosiona los consensos construidos por décadas no siempre llega con un decreto ruidoso. A veces llega con una resolución exenta, firmada un viernes de junio, que nadie lee hasta que ya es tarde. Y cuando esas instituciones desaparecen, no desaparece el problema que estaban llamadas a resolver. Desaparece, simplemente, la capacidad del Estado para hacerse cargo de él.

Noticia publicada en uahurtado.cl

Por años, muchos estudiantes de Derecho enfrentaron la misma incertidumbre antes de iniciar una pasantía o desempeñarse como procuradores: no saber exactamente qué herramientas necesitaban para enfrentar el trabajo práctico. Esa inquietud fue la que motivó a un grupo de estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado a crear el Ciclo de Formación de Procuradores, iniciativa gratuita impulsada desde el Observatorio Lex Econ Consumo y que actualmente forma parte de la Incubadora de Proyectos de Vinculación Universitaria (Incuba UAH), instancia que ha acompañado el fortalecimiento y crecimiento del proyecto estudiantil.

“Nos dimos cuenta de que muchos estudiantes preguntaban qué había que saber antes de hacer una pasantía o procurar. Desde esa necesidad nace esta instancia formativa, que busca entregar herramientas concretas y acercar al estudiante al ejercicio profesional”, explica Marco Saavedra, coordinador del ciclo.

La iniciativa es desarrollada por el Observatorio Lex Econ Consumo, espacio estudiantil orientado al análisis del Derecho Privado y las tecnologías vinculadas al ámbito jurídico. Desde allí surgió la necesidad de crear una experiencia más cercana a la práctica profesional y accesible para estudiantes que buscan prepararse tempranamente para el ejercicio laboral.

“Es un proyecto hecho por estudiantes para estudiantes”

Uno de los elementos más valorados por el equipo organizador es el carácter colaborativo y gratuito del proyecto. Cada año, el ciclo supera las 100 postulaciones y, en esta versión, abrió cupos para estudiantes de otras universidades.

“Nos sentimos orgullosos porque esto es algo creado específicamente para quienes lo necesitan y además es una oportunidad completamente gratuita”, sostiene Pabla Cortez, directora del Observatorio.

La estudiante destaca también el impacto comunitario que ha tenido la experiencia dentro de su trayectoria universitaria. “El Observatorio ha sido una instancia muy bonita dentro de mi trayecto académico. Poder construir comunidad, generar un espacio de apoyo para estudiantes y formar redes tanto dentro como fuera de la facultad ha sido una experiencia muy enriquecedora”, comenta.

Parte importante del crecimiento del proyecto también ha sido el acompañamiento y apoyo recibido desde Incuba UAH, lo que ha permitido fortalecer la organización, ampliar redes y proyectar nuevas iniciativas.

“La red que se ha formado con Incuba UAH nos ha permitido abrir puertas, mejorar nuestro servicio y seguir fortaleciendo esta comunidad que hemos construido con tanto cariño”, agrega Cortez.

Parte importante del crecimiento del proyecto también ha sido el acompañamiento y apoyo recibido desde Incuba UAH, lo que ha permitido fortalecer la organización, ampliar redes y proyectar nuevas iniciativas.

“La red que se ha formado con Incuba UAH nos ha permitido abrir puertas, mejorar nuestro servicio y seguir fortaleciendo esta comunidad que hemos construido con tanto cariño”, agrega Cortez.

Parte importante del crecimiento del proyecto también ha sido el acompañamiento y apoyo recibido desde Incuba UAH, lo que ha permitido fortalecer la organización, ampliar redes y proyectar nuevas iniciativas.

“La red que se ha formado con Incuba UAH nos ha permitido abrir puertas, mejorar nuestro servicio y seguir fortaleciendo esta comunidad que hemos construido con tanto cariño”, agrega Cortez.

Una experiencia que deja huella

Para Magdalena Jaque, coordinadora general de Observatorio Lex Econ Consumo, el ciclo ha significado también una experiencia transformadora. Participó como estudiante en la primera versión y hoy forma parte de la organización que coordina cada nuevo proceso formativo.

“Me gusta mucho ver cómo el ciclo se desarrolla cada semana, cómo llegan estudiantes motivados y cómo participan incluso estudiantes de otras universidades. Ver el interés, el agradecimiento y el compromiso de quienes participan nos demuestra que esto realmente funciona”, señala.

La estudiante relata que gran parte del trabajo comienza apenas termina cada edición del programa, con meses de planificación para mejorar contenidos y responder a las necesidades del estudiantado.

“Yo tomé el ciclo en su primer año y hoy me ayuda muchísimo en mi formación. Poder ahora devolver eso a otras y otros estudiantes y acompañarles desde tercero en adelante es algo muy gratificante”, comenta.

El programa finaliza cada año con visitas a tribunales y una ceremonia de certificación para quienes completan el proceso formativo. Para 2026, además, el equipo prepara una guía práctica para procuradores apoyada por Incuba UAH, material que reunirá herramientas esenciales para estudiantes que comienzan a desenvolverse en el ámbito jurídico.

Lo que comenzó como una inquietud compartida entre estudiantes hoy se proyecta como una iniciativa que no solo fortalece la formación práctica en Derecho, sino que también promueve comunidad, responsabilidad social y acceso gratuito al aprendizaje jurídico.

En su tercera versión, el encuentro reunió a especialistas en derecho internacional y destacados académicos y académicas bajo el tema “El orden jurídico internacional en una encrucijada: ruptura, resiliencia y renovación”. En él se exploró el orden jurídico internacional en un contexto de creciente conflicto, fragmentación económica, crisis climática y presiones sobre las instituciones multilaterales, y reflexionó sobre su capacidad de resiliencia, renovación y cooperación global más equitativa.

El docente de la Clínica Migrante UAH participó en el panel “Geopolítica humana: la crisis migratoria en las Américas”, que compartió junto a Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores de Chile; Pablo Ceriani, director Especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos ACNUDH (Naciones Unidas); Juanita Goebertus de Human Rights Watch; y Andrea Pochak, primera vicepresidenta y relatora para la Movilidad Humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el panel se analizó la migración no sólo desde lo administrativo, sino como un fenómeno en el que el desplazamiento forzado de millones de personas se entrelaza con las políticas nacionales, los marcos jurídicos internacionales y las tensiones entre los Estados.

Ola migratoria bajo el gobierno de Kast

En su presentación, Tomás Pascual abordó el enfoque y los anuncios que ha realizado el gobierno del presidente José Antonio Kast ante la ola migratoria que enfrenta Chile, asegurando que los dos frentes legislativos están orientados a “convertir el control migratorio en un asunto de seguridad pública y derecho penal, no solo de gestión administrativa”.

El académico se refirió al proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile (Boletín 15261-25, refundido con otros), a la reforma constitucional al artículo 19 N°7 (que amplía de 5 a 60 días el plazo de detención administrativa de extranjeros con orden de expulsión) y a una iniciativa que castiga a quienes faciliten el traslado irregular de personas.

“Estos anuncios no son hechos aislados, sino la punta visible de un paquete mucho más amplio: cerca de veinticinco mociones y mensajes en tramitación desde 2022 que buscan, en conjunto, criminalizar el reingreso tras expulsión, acelerar la expulsión administrativa, restringir el acceso de migrantes irregulares a salud, educación y beneficios sociales, excluir de la reunificación familiar a quienes ingresaron ilegalmente, imponer a arrendadores y empleadores el deber de verificar y denunciar la situación migratoria de extranjeros, crear Centros de Internación de Extranjeros no penitenciarios, y restringir el derecho a voto y el cómputo del avecindamiento de extranjeros”, dijo Pascual.

La Pasantía busca entregar a las y los estudiantes la oportunidad de vivir una experiencia profesional y, en especial, conocer el ejercicio profesional en la defensa, promoción y protección de los intereses de las personas migrantes y refugiadas. Así, su objeto es complementar la formación teórica y práctica ofrecida a quienes estudian en las Facultades de Derecho de la UAI, de la UDP y de la UAH con ciertas actividades jurídicas y de esta forma, adquirir habilidades y destrezas propias del ejercicio de la profesión legal en el ámbito del derecho migratorio y de asilo.

En lo particular, esta experiencia involucra la participación en la confección del Boletín de Jurisprudencia y Derecho Migratorio, actividad que implica categorizar y sistematizar sentencias. Involucra un mínimo de 10 horas semanales, con una reunión presencial al mes de carácter obligatoria. La duración promedio es de 4,5 meses.

Podrán postular a esta pasantía, quienes reúnan los siguientes requisitos:

• Ser alumno(a) regular de pregrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
• Estar cursando VII semestre o superior o haber aprobado asignaturas hasta el VI semestre inclusive.
• Tener promedio de notas igual o superior a 5, 0.

Perfil esperado:

• Interés en asuntos de derecho migratorio con enfoque de derechos humanos.
• Responsabilidad y capacidad de autogestión con altos estándares de exigencia.
• Disposición a aprender y trabajar en equipo.

Funciones del pasante:

▪ Búsqueda de sentencias, análisis crítico de casos y realización de fichas de jurisprudencia en materia migratoria.

▪ Elaboración de resúmenes de jurisprudencia para el Boletín de Jurisprudencia y Derecho Migratorio de publicación mensual.

▪ Participación en reuniones de equipo periódicas.

▪ Redacción de una columna de opinión jurídica sobre un asunto de interés relacionado al derecho migratorio.

Documentos a presentar:

▪ Los estudiantes deben presentar una carta de motivación, de máximo 1 página, donde indiquen las razones por las que postula a la pasantía y sus motivaciones. Se realiza revisión sobre uso de chat gpt, en cuyo caso la postulación se tiene por no presentada.

Proceso de selección:

• Enviar todos los antecedentes requeridos a mvaldivi@uahurtado.cl con copia a gbravo@uahurtado.cl. Junto a sus datos de contacto (correo y teléfono celular).
• Plazo de postulación: viernes 10 de julio de 2026.
• Entrevistas de selección: semana del 14 de julio de 2026.

La Segunda Sala de la Corte Suprema, en sentencia de 25 de junio de este año (Rol N° 32062), acogió una acción de amparo y dejó sin efecto la resolución que había unido dos acusaciones dirigidas contra una misma imputada, ordenando que esa unificación se discutiera en la audiencia de preparación del juicio oral. El fallo fija un criterio que interesa destacar: la facultad del Ministerio Público de unir acusaciones, prevista en el artículo 274 del Código Procesal Penal, debe ejercerse y controlarse en dicha audiencia y ante el juez de garantía.

El punto de partida del razonamiento es la ubicación de la norma. El artículo 274 se encuentra dentro del párrafo que regula la audiencia de preparación del juicio oral, y la Corte interpreta ese emplazamiento como un dato que tiene consecuencias y no como una formalidad. De esta manera, unir acusaciones no es un acto de mera coordinación administrativa sino una decisión que puede incidir en el derecho de defensa y que, por lo mismo, debe quedar sometida a la contradicción en la audiencia que el Código previó para ese fin.

Esa incidencia se aprecia claramente en el caso. Las dos causas seguían trayectorias muy distintas: la formalización tributaria se produjo casi dos años después de la formalización por estafa y lavado de activos. Reunirlas en un solo juicio alteraría el tiempo y las condiciones con que la defensa cuenta para producir prueba y para acceder a los antecedentes de cada investigación. Lo decisivo, entonces, no es si se cumplieron formalmente los plazos, sino si la defensa tuvo una posibilidad real de conocer aquello que debía resistir y de preparar su refutación. Por lo mismo, la oportunidad de la acusación se mide por la efectiva posibilidad de contradecirla.

De allí se sigue por qué el control corresponde al juez de garantía y por qué debe realizarse en audiencia. La etapa intermedia opera como el último filtro antes del juicio, y su sentido se pierde si se la reduce a un trámite o una secuencia. El control que aquí se exige no es la verificación formal de que existe una causal legal para unir, sino un examen sobre el efecto de esa unión: el juez debe establecer si perjudica o no el ejercicio de la defensa. Resolver ese punto en una audiencia no concebida para tal examen, o tratarlo como una formalidad ya saldada, vacía de contenido la función de control que justifica esta etapa.

La exigencia de que el control se efectúe en audiencia no es un detalle de forma, sino la condición que permite que ese examen sustantivo tenga lugar. Solo en una audiencia oral y contradictoria puede el persecutor explicar el vínculo que, a su juicio, justifica el juzgamiento conjunto, y la defensa exponer en qué medida esa unión la perjudica. El juez decide sobre esa base, ponderando el nexo invocado frente al gravamen alegado. Este es el sentido de control de la acusación que debería tener la audiencia de preparación del juicio oral.

Más allá del resultado concreto, el interés del fallo reside en que vuelve explícito algo que suele darse por supuesto: la instancia en que se ejerce el control de la acusación y el órgano que lo conduce no son cuestiones accesorias, sino parte de la garantía misma. Que ese control se desarrolle en una audiencia oral y contradictoria, y que lo ejerza un juez distinto del acusador, son los dos presupuestos que permiten a la etapa intermedia cumplir su función de filtro: impedir que una acusación llegue a juicio cuando el modo en que ha sido estructurada compromete el derecho de defensa.

El 18 de junio, en Montevideo, se realizó el seminario internacional «Archivos, Memoria e Inteligencia Artificial», organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). La actividad contó con el patrocinio del proyecto de investigación NuestramemorIA, la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y el Instituto Milenio VioDemos.

La jornada reunió a académicos/as e investigadores/as de distintas disciplinas de Chile, Uruguay y Estados Unidos para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede contribuir al estudio, preservación y análisis de los archivos vinculados a violaciones de derechos humanos, memoria histórica y justicia transicional, siempre desde una perspectiva ética y con supervisión de especialistas.

El seminario puso de relieve la importancia de fortalecer la colaboración entre investigadores del Cono Sur para desarrollar soluciones tecnológicas acordes con las necesidades de la región. Más allá del avance científico, las iniciativas presentadas buscan contribuir a la preservación de la memoria, el acceso a la verdad y el fortalecimiento de los procesos de justicia transicional.

Memoria documental

El primer panel “Archivos de la represión y justicia transicional: de la memoria documental a la evidencia computacional” presentó diversas experiencias investigativas.

Santiago López Cariboni, de la Universidad de la República (Uruguay), expuso sobre cómo el análisis de grandes volúmenes de archivos históricos permite comprender las dinámicas de la represión durante los regímenes autoritarios. A su vez, Elina Gómez, socióloga de la U. de la República, presentó el Proyecto Cruzar y los principales desafíos metodológicos que implica el procesamiento computacional de archivos militares de la dictadura uruguaya.

Desde Estados Unidos, Pamela Izvănariu, académica de la University of the Pacific – McGeorge School of Law, compartió una investigación que utiliza inteligencia artificial para analizar sentencias de la Corte Suprema e identificar patrones de discriminación racial en decisiones judiciales del siglo XX. Durante su intervención recordó además su vínculo con la Facultad de Derecho UAH, donde fue investigadora visitante hace dos décadas.

Las presentaciones del equipo de NuestramemorIA permitieron conocer los avances que se están desarrollando para ampliar, mediante herramientas de inteligencia artificial, las capacidades de análisis de archivos históricos.

Domingo Mery, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la PUC e investigador del proyecto, mostró resultados preliminares en procesamiento de imágenes, recuperación de información desde documentos deteriorados y automatización de la transcripción de registros sonoros históricos. Entre los desarrollos destacados se encuentran el reconocimiento facial aplicado a documentales para identificar víctimas, la georreferenciación de trayectorias que permite visualizar lugares de detención y desaparición durante la dictadura chilena y el trabajo colaborativo con instituciones que resguardan archivos de memoria, como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Hugo Rojas, académico de la UAH y de la UCU y organizador del seminario, presentó una investigación que utiliza modelos de lenguaje de gran escala (LLM) y grafos de conocimiento para organizar y analizar miles de páginas de expedientes judiciales. Estas herramientas permiten realizar búsquedas complejas, detectar inconsistencias entre testimonios y facilitar qué información altamente especializada pueda ser comprendida y utilizada por un público más amplio. Asimismo, dio a conocer los principales resultados de un artículo colectivo sobre esta materia, recientemente aceptado para su publicación en la revista Tapuya: Latin American Science, Technology and Society.

IA para analizar datos históricos

Durante la tarde, el segundo panel «Métodos de inteligencia artificial para el análisis de datos históricos: texto, imagen y validación humana», profundizó en los aspectos técnicos y éticos que acompañan este tipo de investigaciones.

Gregory Randall, académico de la U. de la República, presentó el estado actual del repositorio Luisa Cuesta, una plataforma clave para la preservación y consulta de archivos de memoria en Uruguay. Posteriormente, Ignacio Ramírez y Lorena Etcheverry, de la Facultad de Ingeniería de la U. de la República, expusieron los avances alcanzados en procesamiento de imágenes y extracción de información aplicada al Proyecto Memoria.

La directora de NuestramemorIA, y académica del Departamento de Ciencias de la Computación de la PUC, Jocelyn Dunstan, explicó la metodología conocida como Human-in-the-loop, que incorpora la participación permanente de personas expertas en el entrenamiento y validación de los sistemas de inteligencia artificial. En su exposición destacó que el uso responsable de estas tecnologías en el ámbito de la justicia transicional depende de una supervisión humana constante que garantice la calidad y confiabilidad de los resultados.

Al cierre de la jornada, el profesor Hugo Rojas enfatizó la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica regional. «Es necesario, particularmente para estos temas, que nuestros países puedan desarrollar soberanía tecnológica, que incluya el procesamiento de datos en servidores locales para garantizar la confidencialidad, y el desarrollo de herramientas por personas expertas, tanto en el manejo de archivos locales como en la memoria histórica de nuestros países«, aseguró..

En el artículo, los autores analizan los sujetos legitimados para pedir la declaración de nulidad absoluta de un acto, en el artículo 1683 del Código Civil, específicamente al Ministerio Público.

«Esta legitimación presenta dos dificultades interpretativas: la primera, que aquel puede accionar “en el interés de la moral o de la ley”, lo que suele contraponerse a un interés pecuniario; por otro lado, que aquel ha evolucionado en cuanto a estructura orgánica, contenido y atribuciones», aseguran.

Ante estas dificultades los autores plantean dos tesis: la primera, apunta a concluir que el Ministerio Público ha perdido tales atribuciones; la segunda, que el trabajo defiende, el que las mantiene.

Para estos efectos, analizan las modificaciones experimentadas por el Ministerio Público y se argumenta para dar utilidad práctica a dicho artículo.

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El director del Núcleo Constitucional y ex ministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García, fue el interlocutor del juez Viganò, quien también es profesor de la Universidad Bocconi de Milán, conversación que estuvo moderada por la académica UAH Victoria Martínez.

El profesor Viganò efectuó una detallada presentación sobre el funcionamiento del sistema de control de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico italiano. En ella, detalló las principales características del Tribunal Constitucional italiano acerca de sus atribuciones, competencias, mecanismos de nombramiento de cada uno de sus quince integrantes, entro otras materias. Asimismo, se refirió a las diversas complejidades que enfrenta dicha institución en la actualidad y planteó los desafíos que se vislumbran en el corto y mediano plazo.

Por su parte, el profesor García presentó las principales características y funcionamiento del sistema de control de constitucionalidad en el caso chileno, generando un diálogo comparado sobre las convergencias y divergencias de ambos modelos de control.

Estas presentaciones generaron un interesante debate con las y los asistentes, entre quienes se encontraban académicas y académicos de la Derecho UAH, ayudantes y estudiantes de pre y postgrado.

El año pasado pareció haber existido un consenso para reformar integralmente el sistema registral y notarial chileno. Desde el 2 de abril de este año, bajo una nueva administración, esos consensos se materializaban con la entrada en vigencia de la Ley 21.772. Pero, sorpresivamente, nos hemos enterado de una inhabitual discrepancia interpretativa entre la Presidenta de la Corte Suprema y el Fiscal Judicial en la sesión del 2 de junio de la Comisión de Constitución del Senado acerca del alcance de la ley.

Lo cierto es que la Ley N° 21.772 da cuenta de problemas que hay que corregir para que ésta tenga el sentido básico de los cambios bien hechos. No me refiero al proyecto de ley interpretativo del artículo primero transitorio de la ley acerca de bajo qué procedimiento se rigen los nombramientos pendientes y con ternas ya realizadas dentro del Poder Judicial. ¿Se debía esperar la ley? ¿Cómo podían ser escogidos por el Servicio Civil?

El problema central es otro. La actividad de los notarios y los conservadores pasa ahora a la supervisión del Fiscal Judicial de la Corte Suprema y de los Fiscales de las Cortes de Apelaciones. Este es un cambio mayor. Nace un nuevo órgano de supervisión, como otros del ordenamiento (Contraloría, Superintendencias, etc.). Fiscaliza una función fedataria y registral, pero fiscaliza a particulares que la ejercen. Por más que esta reforma engrose razonables responsabilidades y deberes, no ha transformado a notarios y conservadores en funcionarios públicos.

Un ejemplo: la prohibición de contratar parientes. Bien, pero hacia el futuro como todo cambio. ¿Deben despedir a los parientes que actualmente laboran con ellos? Sin causal de despido, esto derivará en conflicto judicial seguro de discriminación por parentesco.

Quizás la cultura de control del Estado de Chile tiene memoria y fórmulas. Reformas graduales, plazos de vacancia, remisión a reglamentos y ordenamiento de las prioridades. Quizás el defecto esencial de la ley es que no trasladó completamente esa cultura a las normas mismas. ¿Cómo es posible que el Fiscal Judicial carezca de potestades interpretativas y normativas propias de toda función contralora?

No puede presuponerse que la idea de “supervisión” sea el título para ordenar el trabajo de notarios y conservadores. Eso sería confundir la función que tiene, con las potestades que carece. No tiene facultades implícitas para actuar de oficio en iniciativas no respaldadas por los principios de legalidad, proporcionalidad o la propia eficacia de la Fiscalía que dirige. No es que carezca de facultades, las tiene muy acotadas.

No colabora a esta idea que el Ministerio de Justicia haya dictado un Decreto Exento el 1 de junio recién pasado, cuando la ley decía reglamento. No sólo desconoce formas (firma del Presidente, toma de razón, Diario Oficial) sino que normas. Eliminó por decreto una disposición transitoria legal por adelantar la vigencia de la ley.

Esto no es una oposición al cambio. Es un llamado de atención a hacerlo bien bajo las reglas de transformación que el ordenamiento tiene. Esperar que el propio Ministerio de Justicia dicte los reglamentos de la ley, no adelante plazos, y, sobre todo, dote de normas y medios a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema para que el sistema registral y notarial tenga controles reales y no cumplimiento para la galería.

En el documento, los investigadores analizan, sistematizan y caracterizan las querellas que fueron interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante el “estallido social” en Chile, entre octubre de 2019 a marzo de 2020.

Del total de 3.216 querellas formuladas por el INDH, revisaron una muestra de 232 querellas en diez regiones diferentes y ante 16 juzgados de garantía del país. El análisis permitió conocer los tipos de daños mencionados por las víctimas, siendo los traumatismos los más frecuentes. En cuanto a las conductas ilícitas, los apremios ilegítimos, la tortura y la violencia innecesaria son los más frecuentes.

Tras haber transcurrido cuatro años desde la interposición de las querellas, la capacidad de respuesta del sistema de justicia ha sido menos alentadora de lo esperado. Las formas de término de la mayoría de las causas son insatisfactorias para las víctimas, pues solo dos de las 232 querellas han terminado mediante la dictación de sentencias.

“Sería deseable que en el tercio de las causas que todavía se encuentran en tramitación se acrediten tanto los hechos como la participación de los responsables en un mayor número de casos. Por tanto, un desafío importante para el estado de derecho en Chile es que, dentro de plazos razonables, prevalezca la justicia por sobre la impunidad en las causas sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el estallido social de 2019-2020”, explican los académicos.

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La conferencia inaugural estuvo a cargo del profesor Rodolfo Vigo, catedrático de la Universidad Austral de Buenos Aires, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y primer presidente de la Junta Federal de Cortes Supremas de las provincias argentinas. En su exposición, titulada “El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho: problemas, implicancias y desafíos”, abordó la evolución del constitucionalismo contemporáneo y el creciente protagonismo de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos fundamentales.

La profesora Henríquez participó en el primer panel titulado “El rol de los principios en la interpretación constitucional” junto al ministro del Tribunal Constitucional Miguel Ángel Fernández, quienes analizaron el papel de los principios constitucionales desde la perspectiva de la judicatura constitucional y la academia.

La ponencia de la académica se tituló “¿Qué interpreta el Tribunal cuando interpreta un principio constitucional?” y que abordó la siguiente pregunta principal ¿cuánto protagonismo asume el Tribunal Constitucional cuando, al interpretar principios, contribuye a definir el significado mismo de la Constitución?

El seminario permitió generar un espacio de diálogo entre la academia y quienes han tenido un rol protagónico en la justicia constitucional chilena, contribuyendo al análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y al desarrollo de nuevas líneas de investigación y litigación constitucional.

Ante la urgencia de actualizar un estatuto administrativo que no ha tenido cambios sustantivos desde 1989, la Comisión propició un espacio de diálogo transversal para enfrentar los «pecados de arrastre» del sistema actual.

El primer panel “Diagnóstico y Propuestas para el Empleo Público” estuvo compuesto por María José Abud, directora ejecutiva del Centro de Estudios Horizontal; José Antonio Valenzuela, director ejecutivo Centro de Incidencia Pivotes; Enrique Rajevic, director ejecutivo del Centro de Estudios Espacio Público y académico UAH; Patricia Silva, coordinadora del Programa Laboral del Instituto Igualdad; y Francisco Neira, asesor del equipo legislativo ANEF.

Con matices, los expositores coincidieron en que el modelo actual es «el peor de dos mundos»: con una entrada laxa y flexible, pero una salida extremadamente rígida que dificulta la desvinculación por mal desempeño.

Se expuso que el 58% de la dotación se encuentra bajo la modalidad de «contrata», lo que genera una alta precariedad laboral e incertidumbre regulatoria

Expertos de centros como Pivotes y Espacio Público advirtieron que la confianza ciudadana en los funcionarios públicos es una de las más bajas de la OCDE, y que la actual confusión entre «gobierno» y «administración» ha convertido los cargos públicos en posibles «botines políticos».

Se transparentó que en la actualidad no existe una real carrera funcionaria y existen problemas con las propias evaluaciones de desempeño, por lo que se instó a limitar los cargos de confianza, avanzar hacia un nuevo estatuto público, concursos públicos obligatorios, asegurar un moldeo de transición para que opere desde nuevos contratos, régimen especial aplicable a los funcionarios de gobierno, entre otros.

Los senadores Luciano Cruz-Coke y Arturo Squella, subrayaron que esta instancia busca transparentar las excepcionalidades y explorar oportunidades para dotar al Estado de mejores capacidades para entregar prestaciones de calidad a la ciudadanía.

La apertura por la Corte Suprema de 56 cuadernos de remoción contra jueces y juezas por presunto mal uso de licencias médicas ha generado un comprensible reproche público. La gravedad de la imputación exige una respuesta institucional rigurosa que responda la siguiente pregunta: ¿Cuándo puede removerse a un juez sin afectar la independencia judicial propia de un Estado de Derecho?

El artículo 80 de la Constitución faculta a la Corte Suprema a declarar que un juez no ha tenido buen comportamiento y removerlo de su cargo. Esa competencia existe y ha de ser ejercida. Pero, por tratarse de una atribución excepcional su ejercicio requiere un estándar reforzado de fundamentación, imparcialidad y proporcionalidad.

La remoción no es una sanción cualquiera. Es la más grave que puede imponerse a quien ejerce jurisdicción. Por ello, debe distinguirse entre una conducta reprochable, una infracción disciplinaria y una conducta que haga incompatible la permanencia en el cargo. Esa diferencia es decisiva. No toda irregularidad justifica la destitución.

Los estándares internacionales ofrecen una guía especialmente relevante. Por ejemplo, la Corte Interamericana ha sostenido que los jueces pueden ser removidos por mala conducta, incompetencia o faltas disciplinarias graves. Pero la destitución debe fundarse en causales permitidas, previamente establecidas, y adoptarse mediante un procedimiento que respete garantías judiciales. Además, en materia de remoción, la exigencia de motivación es mayor.

Aplicados al caso actual, estos estándares suponen al menos cuatro exigencias. Primero, individualización. La Corte Suprema debe evitar una respuesta masiva o indiferenciada. Que existan 56 cuadernos de remoción no significa que existan 56 situaciones equivalentes.

Segundo, causalidad jurídica. La pregunta no puede reducirse a si hubo viaje durante la licencia médica. Debe establecerse si esa conducta configura, en concreto, un mal comportamiento en los términos constitucionales y legales que habilitan la remoción.

Tercero, debido proceso. Los jueces afectados deben conocer con precisión los hechos imputados, acceder a los antecedentes, presentar defensas, acompañar prueba y obtener una decisión fundada. El derecho a informar ante la Corte debe ser una garantía efectiva, no una mera etapa formal.

Cuarto, proporcionalidad. El máximo tribunal debe justificar por qué la remoción es necesaria en cada caso, sobre todo cuando previamente hubo absolución, sobreseimiento o una sanción disciplinaria menor. Si la Corte Suprema decide apartarse de esas decisiones, debe explicar por qué los antecedentes permiten una nueva valoración y por qué ella conduce, ahora, a una consecuencia más severa.

Nada de esto significa minimizar la gravedad del eventual mal uso de licencias médicas. Al contrario. La inamovilidad judicial no equivale a impunidad. Pero la remoción tampoco puede convertirse en una reacción ante la conmoción o el reproche. Entre ambas sendas se juega, por estos días, la calidad de la respuesta institucional.

Se trata del proyecto “Lex Criteria: Baremo Digital Nacional para la Determinación de Pensiones de Alimentos en Chile”, que busca desarrollar una herramienta tecnológica que contribuya a una determinación más objetiva, transparente y eficiente de las pensiones de alimentos, basada en criterios objetivos y reportes auditables.

La iniciativa también espera contribuir a facilitar acuerdos y mejorar el acceso oportuno a este derecho, así como generar un impacto tanto en el sistema de justicia como en las familias. Además, cuenta con un equipo interdisciplinario de académicos/as e investigadores/as de distintas facultades e instituciones: Victoria Martínez y Gabriel Briceño de Derecho, Camilo Pérez de Ingeniería, Carlos Días de Economía, Natalia Hernández de Ciencias Sociales y la ayudante Danae Sandoval, además de Mario Opazo de la Universidad de Valparaíso, María Soledad Santana representante de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile e Ingrid Florido, directora del Colegio de Mediadores de Chile.

El proceso comenzó con la postulación de 13 iniciativas. De ellas, seis avanzaron a una segunda etapa, donde participaron en un Bootcamp diseñado para fortalecer sus propuestas. La convocatoria culminó con una jornada de pitch, instancia tras la cual se seleccionaron los cuatro proyectos adjudicados.

Las otras iniciativas pertenecen a académicas de las facultades de Psicología (Javiera Navarro) y Ciencias Sociales (Helena Román y Bárbara Bustos), y abordan desafíos vinculados a la salud intercultural, la orientación de estudiantes en la búsqueda de oportunidades laborales y el acompañamiento a familias dono-concebidas.

Fortaleciendo la investigación aplicada con impacto social

Las investigadoras a cargo de los proyectos adjudicados valoraron la instancia generada por la DIT, no sólo como una plataforma de financiamiento para sus investigaciones, sino también como una instancia de aprendizaje para académicos y estudiantes UAH.

«La participación en el Bootcamp nos aportó una mirada distinta sobre cómo transformar una investigación académica en una solución con impacto práctico. Nos permitió validar nuestra propuesta, fortalecer el trabajo interdisciplinario, recibir retroalimentación y comprender mejor las necesidades de los futuros usuarios de la herramienta», comentó la investigadora Yasna Otárola

El coordinador de Proyectos de la Dirección de Innovación y Transferencia UAH, Francisco Pérez, valoró la incorporación del Bootcamp y la sesión de pitch como instancias que potenciaron el proceso de postulación del FIIA. “Se realizaron cambios estratégicos en el formato de las capacitaciones que permitieron el fortalecimiento de los proyectos, la consolidación de equipos de trabajo y capacidades fundamentales para comunicar los proyectos”.

Con la adjudicación de estos cuatro proyectos, el FIIA 2026 cierra una nueva versión marcada por el crecimiento de la convocatoria, la participación interdisciplinaria y el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de investigación aplicada con impacto social en la UAH.

Conoce las iniciativas ganadoras aquí

El profesor de la Clínica Jurídica UAH explicó cómo funciona el proceso de reunificación familiar: “Establece la posibilidad de que personas con vínculo con nacional o con persona que tenga residencia definitiva en Chile puedan ingresar al territorio nacional con un visado. Ese es el caso en particular del que estamos hablando”.

Y detalló: “Es decir, ciudadanos haitianos o chilenos con vínculos con los niños haitianos tramitaron en Chile, ante el Servicio Nacional de Migraciones, una residencia bajo la categoría de reunificación familiar para que esos niños pudieran ingresar al territorio nacional con un visado. De lo contrario, esos niños no podrían haber ingresado porque respecto a Haití nosotros tenemos algunas exigencias consulares para poder ingresar al territorio nacional”.

Pascual aclaró que este proceso surgió a partir de la reforma realizada en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, en 2018, cuando se empezó a exigir una visa consular para el ingreso de haitianos a Chile.

“Esta exigencia consular previa en la práctica bajó a cero los ingresos de ciudadanas y ciudadanos haitianos al territorio nacional considerando que ellos están en una isla, por lo tanto, no se pueden desplazar por tierra. Eso hizo caer inmediatamente la inmigración, pero quedaron muchos padres y madres haitianas residiendo en Chile y con sus niños allá. Entonces, la única manera de juntarlos fue a través de este mecanismo de reunificación familiar. Es una figura que existe y que en general funciona bien. Y que, diría yo, es bastante exigente en términos de requisitos”, aseguró.

Respecto de la discusión política que se dio en torno al informe de Contraloría, Pascual fue enfático: “A mí me parece que hay que tomarse la discusión con cierta cautela y concentrarse en lo relevante: si hay niños que ingresaron al territorio nacional para encontrarse con sus padres”.

El académico también se refirió al tema en Radio Infinita y Radio Sonar. Puedes escuchar las entrevistas aquí:

El miércoles 17 de junio, la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos realizaron una ceremonia de reconocimiento a la vida y el activismo de Edward (Edy) Kaufman, incansable defensor de los derechos humanos en Chile y Latinoamérica, constructor de paz y académico, que ha dedicado su vida a la construcción de espacios de diálogo.

En el encuentro participó la directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Fernanda García; el rector de la UAH, Cristián del Campo SJ; la directora del Programa de Mediación y Resolución de Conflictos UAH, Rosa María Olave; académicos y académicas del mundo de la mediación y estudiantes.

La instancia, además, contó con la presentación del dúo “Tonos de tierra”, compuesto por dos estudiantes de cuarto año del Instituto de Música UAH.

En sus palabras, la académica Rosa María Olave recordó su primer encuentro con Kaufman: “Como les ha ocurrido a muchas personas que han tenido la fortuna de conocerlo, descubrí rápidamente que estaba frente a alguien excepcional. No sólo por la amplitud de sus conocimientos o por su prestigio académico internacional, sino por algo más profundo: por una convicción ética que ha atravesado toda su vida”, dijo.

Olave aseguró que mucho antes de que la transformación de conflictos se consolidara como un campo de estudio y práctica, Kaufman ya había asumido un compromiso activo con la defensa de los derechos humanos. Así, denunció y estudió las violaciones de los derechos humanos cometidas por las dictaduras latinoamericanas, colaboró con Amnistía Internacional y contribuyó a visibilizar situaciones de represión, desaparición forzada y violencia política.

“Su influencia ha estado presente en la creación y desarrollo del Programa de Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad Alberto Hurtado, en nuestro Diplomado y en la formación de cientos de estudiantes y profesionales que han encontrado en sus enseñanzas una forma distinta de comprender los conflictos y de contribuir a transformarlos”, enfatizó la académica.

El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Cristián del Campo SJ, también le dedicó algunas palabras: “Quien conoció de cerca lo peor de los conflictos humanos, nunca concluyó que el conflicto fuese el destino inevitable de los pueblos, esa es para mí una lección muy preciada de tu vida. Porque solemos suponer que hacer memoria va en contra de la reconciliación, que endureciera el diálogo. Yo creo que Edy demuestra lo contrario: recordar la verdad es lo que hace posible el encuentro y, frente a ella, tu trayectoria es una objeción muy persistente. Seguiste convocando encuentros incluso cuando las circunstancias parecían hacerlos imposibles”.

El rector también destacó el trabajo académico de Kaufman, quien hizo clases en la casa de estudios: “La UAH quiere pensar el país desde su vocación pública, y por eso intentamos formar profesionales que destaquen en su campo, y que tengan ante sí, al mismo tiempo, las angustias y las esperanzas de la comunidad de la que formamos parte. Edy nos acompañó en esta tarea, fue profesor visitante entre nosotros durante cuatro años y formó estudiantes y profesionales en Derechos Humanos y Construcción de Paz. Recibe este reconocimiento como lo que verdaderamente es: el agradecimiento de toda una comunidad que aprendió de ti que negarse a olvidar y atreverse a dialogar son al final el mismo ejemplo”.

A modo de obsequio, el rector de la UAH le hizo entrega de una reproducción del mural “Memoria Calcárea”, que se realizó con motivo de los 50 años del inicio del Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI) en la misma instalación que fuera la primera en acoger a la organización, y que hoy son salas de clases del Campus Patrimonial.

Entre los principales resultados se destacan que durante 2025 se registraron un total de 72 agresiones en contra de 67 personas defensoras, de las cuales 55% son mujeres y 44% del total se reconoce como parte de un pueblo o comunidad indígena. Entre los tipos de agresiones que se identificaron, el mayor número de casos son de agresiones físicas, seguidos por difamaciones.

En esta instancia también se profundizó en dos casos documentados en la publicación a través de videos testimoniales: el de Rosa Salas, vecina de El Monte (RM), quien expuso irregularidades en la extracción de áridos en su comuna y posteriormente enfrentó amenazas debido a su labor de denuncia y defensa del territorio; y también el caso de Alejandra Parra (Región de La Araucanía), vecina que ha liderado el resguardo de la comunidad frente al riesgo de un proyecto de incineración de basura.

Salinas aseguró que “mientras las personas defensoras ambientales sigan enfrentando amenazas, hostigamientos o abandono institucional por proteger sus territorios, la implementación del Acuerdo de Escazú seguirá siendo una promesa incompleta. Casos como el de Rosa Salas recuerdan que la defensa del medio ambiente no puede recaer únicamente en quienes deciden denunciar, sino que requiere una respuesta activa del Estado y de la sociedad.”

“Dar visibilidad a estas historias es también una forma de protección. Porque cuando las denuncias permanecen en silencio, también somos parte del problema”, agregó.

Escazú Ahora es una organización independiente que trabaja desde 2020 por la fiscalización y promoción de los Derechos Humanos en asuntos ambientales, tanto de las personas como de comunidades, y prestan especial atención al debido cumplimiento de los derechos consagrados en el Acuerdo Escazú.,

Accede al informe aquí

El comité de evaluación estuvo conformado por la coordinadora del Doctorado en Derecho UAH, Victoria Martínez (en representación del director del programa), el profesor guía Rodrigo Coloma, y profesores del claustro: Miriam Henríquez y Claudio Agüero.

El proyecto de Nathalie Mousist lleva por título «El problema de las razones de expertos: entre saber y decidir el valor de las pruebas en el derecho», investigación situada en la intersección entre ciencia y derecho que se ocupa de la valoración del conocimiento experto en sede judicial.

La hipótesis central de la investigación sostiene que el uso del conocimiento experto en el proceso judicial constituye un problema de justificación epistémica bajo condiciones de dependencia estructural. A partir de allí, el proyecto propone desarrollar una aproximación filosófica capaz de explicar cómo las razones de contenido experto pueden incorporarse al razonamiento judicial sin desconocer la especialización propia de la ciencia, socavar la función epistémica del testimonio ni comprometer las exigencias de autonomía y legitimidad que recaen sobre quien decide.

La investigación se articula en cuatro trabajos interrelacionados: dos artículos ya publicados o en revisión sobre la autonomía judicial frente al conocimiento experto y los desafíos de la comprensión judicial del testimonio pericial, un tercer artículo enviado a una revista sobre la estructura de la percepción experta y la fuerza de las inferencias, y un cuarto trabajo en desarrollo sobre la opacidad del lenguaje técnico-experto.

En el encuentro, el profesor Rojas presentó la ponencia “Archivos fragmentados y tecnologías emergentes: reconfigurando la documentación sobre crímenes de lesa humanidad” en el panel “Archivos de derechos humanos y nuevas tecnologías”. Allí expuso los desafíos y oportunidades que plantean las nuevas tecnologías para la preservación, organización e interpretación de archivos vinculados a violaciones de derechos humanos.

Durante su presentación, el profesor Rojas destacó que los desafíos de la preservación documental han cambiado significativamente en el contexto digital. “Hasta hace algunos años, el principal riesgo era que los archivos y registros fueran destruidos o desaparecieran. Ese desafío sigue vigente, pero en la era de la inteligencia artificial también debemos ser especialmente rigurosos en la validación de los resultados, porque corremos el riesgo de perder control sobre aquello que las tecnologías seleccionan, visibilizan u omiten”, dijo.

Asimismo, advirtió que las nuevas herramientas digitales están transformando las condiciones de producción y acceso a la verdad documental. “La fluidez retórica de la inteligencia artificial puede enmascarar vacíos en la evidencia o generar narrativas aparentemente coherentes que oculten aquello que falta. Esto resulta particularmente sensible cuando se trabaja con archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos”, explicó.

En el panel también participaron Elizabeth Lira, académica de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado; Anita Ferrara, académica de la Universidad de Ulster; y Darwin Sanhueza, investigador de NuestramemorIA, con la ponencia “Inteligencia artificial y reconstrucción histórico-jurídica: análisis automatizado de expedientes judiciales en casos de violaciones de derechos humanos”.

Ambas exposiciones se enmarcaron en las actividades del proyecto Fondecyt de Exploración NuestramemorIA, iniciativa desarrollada por investigadores/as de la Universidad Alberto Hurtado y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que busca estudiar y analizar archivos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura mediante el uso de tecnologías emergentes, especialmente herramientas de inteligencia artificial.

La participación en LASA permitió compartir los avances del proyecto NuestramemorIA con investigadores e investigadoras de distintas disciplinas y países, contribuyendo al debate internacional sobre memoria, archivos, derechos humanos, justicia transicional y tecnologías emergentes.

Supongamos que una persona llega a un servicio de salud en busca de asistencia médica. ¿Podría el profesional de la salud priorizar el acceso a la atención de salud de un nacional sobre el de una persona extranjera en situación irregular? ¿Qué ocurre si la vida de la persona peligra si no recibe atención oportuna? ¿Puede el Estado imponer a los equipos de salud de sus propios servicios un deber de diferenciación basado en el estatus migratorio del paciente?

El deber del profesional de la salud es atender conforme a criterios clínicos y hacer todo lo posible para mantener a la persona con vida, independientemente de su condición migratoria.

Es una decisión como esa la que parece proponer el proyecto de ley que ordena priorizar la distribución de atenciones médicas y la cobertura del sistema educativo en favor de nacionales frente a extranjeros en condición migratoria irregular (Boletín 17.474-06). La propuesta, que avanzó en la Cámara de Diputadas y Diputados, inaugura una lógica difícilmente compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con los compromisos constitucionales del Estado chileno.

Nuestra Constitución reconoce el derecho a la igualdad ante la ley. El artículo 19 N° 2 de la Carta establece que las normas jurídicas deben tratar por igual a las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y prohíbe expresamente las discriminaciones arbitrarias. Estas se configuran cuando una diferencia de trato carece de una justificación objetiva, razonable y proporcional. Por su parte, en materia de salud, la Constitución reconoce a todas las personas el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo.

En el contexto de la atención médica, utilizar la nacionalidad o el estatus migratorio como criterio de prelación puede constituir una discriminación arbitraria. No existe una justificación objetiva que permita sostener que la urgencia clínica de una persona disminuye o desaparece según su regularidad migratoria. El proyecto rompe con ese acceso “igualitario” si permite condicionar o postergar la atención de salud por factores ajenos a la condición médica del paciente. Al introducir la condición migratoria como elemento de prelación, corre el riesgo de transformar una prestación básica en un privilegio reservado a quienes tienen sus documentos en regla, desnaturalizando el núcleo del derecho.

Si volvemos al supuesto inicial, en el que llegan dos personas que solicitan atención médica en un servicio de salud, y el profesional se ve obligado legalmente a privilegiar a una persona chilena en desmedro de una persona extranjera en situación irregular, se produce una tensión constitucional evidente con la igualdad ante la ley, reconocida a todas las personas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política.

No se cuestiona en estas líneas que el Estado deba tener una actuación activa en materia de control migratorio, ni que la irregularidad migratoria sea irrelevante para el diseño de políticas públicas. Lo que se sostiene es que, en salas de urgencia, centros de salud y establecimientos educacionales, debe primar el respeto a los derechos fundamentales como esfera de protección de las personas frente al Estado. La pregunta del profesional de la salud no debería ser si el paciente tiene sus papeles al día, sino si tiene una vida que proteger.

Si este proyecto continúa su tramitación legislativa en los términos descritos, abre un flanco de inconstitucionalidad por vulneración de derechos fundamentales. De aprobarse como ley, nos obligaría a preguntarnos cuál es la base de nuestro Estado de Derecho, si precisamente la soberanía estatal encuentra su límite infranqueable en la dignidad humana de todas las personas.

[1]: https://tramitacion.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=17474-06&utm_source=chatgpt.com «Boletín 17474-06».

[2]: https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio%2F10221%2F38435%2F1%2FProyectos_de_ley_que_buscan_modificar_la_Ley_de_Migracion_y_Extranjeria.pdf&utm_source=chatgpt.com «Proyectos de ley que buscan modificar la Ley de Migración …»

Su ponencia, titulada “Experiencia de Chile ante una Nueva Criminalidad”, situó al país en el centro del debate regional sobre seguridad y crimen organizado transnacional.

Guajardo, sociólogo y máster en Criminología por la Universidad de Barcelona, sostuvo que Chile ha transitado desde una criminalidad históricamente desorganizada hacia un escenario dominado por redes transnacionales. Así, advirtió que el país no solo enfrenta un aumento en los índices delictuales, sino una transformación profunda en la forma en que se ejecutan los delitos: “Chile ha dejado de ser una zona de tránsito para convertirse en un mercado de consumo, aprovechando brechas en el control aduanero de puertos estratégicos como San Antonio y Valparaíso”, aseguró.

Uno de los ejes más destacados de su presentación fue el concepto de gobernanza criminal, es decir, “la capacidad de grupos como el Tren de Aragua de ejercer control territorial en asentamientos precarios, monopolizando la fuerza y los servicios básicos ante la ausencia del Estado”.

El académico planteó que la respuesta institucional no puede reducirse a la persecución de individuos, sino que debe apuntar a desarticular el modelo de negocio del crimen organizado. Para ello, propuso un enfoque estructurado en cuatro pilares —prevención, persecución estratégica, protección de víctimas y cooperación internacional— inspirados en estándares de las Naciones Unidas.

Guajardo concluyó que comprender estas nuevas manifestaciones no es solo una tarea académica, “sino una exigencia urgente para un Estado que enfrenta una amenaza que avanza con mayor sofisticación que sus propias capacidades de respuesta, y que demanda no solo más recursos, sino una inteligencia institucional que aún está en deuda”.