Gran repercusión ha causado la histórica decisión de la Corte Suprema de remover a 11 jueces del escalafón primario del Poder Judicial, en el ejercicio de su atribución correccional prevista en el artículo 80 de la Constitución, por usos indebidos de licencias médicas.

En un primer momento, el debate sobre la pertinencia de dicha atribución transitó entre el principio de inamovilidad y la potestad correctiva de la Corte Suprema, particularmente por la textura abierta de la causal de “ausencia de buen comportamiento”, que dificultaría su subsunción en los casos concretos, y la eventual vulneración de debido proceso, especialmente el ne bis in ídem.

Posteriormente, el debate se desplazó con motivo de la sentencia Rol N° 17.787-26 del Tribunal Constitucional (TC), de 16 de septiembre, que rechazó el requerimiento de inaplicabilidad del artículo 40 y 41 del auto acordado N° 108-2020 en el proceso administrativo sobre cuaderno de remoción Rol AD N° 1096-2026 hacia la conformidad de dicha decisión y el impacto que ella generaría sobre el Estado de Derecho. En especial, porque el TC admitió la crítica al mecanismo del artículo 80 por lege ferenda, por falta de densidad normativa, por falta de precisión del concepto de buen comportamiento o de un desarrollo procedimental más acabado, que pueden ser peligrosos para la independencia judicial (c. 5), pero se autorestringió de juzgar las conductas de la Corte Suprema (c. 9). Esto ha dado margen para argumentos contrapuestos entre académicos.

En este contexto, en estas líneas pretendo plantear que, bajo un estándar de independencia e inamovilidad judicial, el mecanismo de remoción en disputa constituye un dilema institucional, en al menos cuatro ámbitos: 1) orgánico, 2) cuantitativo, 3) dogmático y 4) procedimental.

1. El ámbito orgánico: concentración de potestades

El ámbito orgánico plantea al menos tres preguntas. Ante la primera indagación, ¿debe el Poder Judicial defender su propia credibilidad frente a escándalos de probidad? La respuesta es un rotundo “sí”. En un Estado Constitucional, el Poder Judicial no puede permanecer indiferente de cara a conductas que comprometan su legitimidad. Esta respuesta afirmativa introduce la segunda cuestión: ¿es conveniente que sea la Corte Suprema el órgano del Poder Judicial llamado a ejercer dicha función correccional?

Desde el punto de vista de la independencia e inamovilidad judicial, la dificultad surge cuando un mismo órgano que ocupa la cúspide del Poder Judicial concentra funciones jerárquicas sobre los tribunales inferiores y, al mismo tiempo, goza de potestades que inciden directamente sobre la permanencia de sus magistrados. Esta concentración puede afectar la dimensión interna de la independencia judicial. Un juez de inferior jerarquía debería poder resolver una controversia conforme al derecho y a la prueba, incluso cuando su interpretación o valoración se aparte de aquella sostenida por los tribunales superiores.

Ello plantea la tercera pregunta: ¿qué garantía existe de que esa autonomía no sea afectada por el temor de represalias posteriores en el ámbito correccional, directivo o económico? Desde esta perspectiva, los estándares sobre independencia apuntan a que las potestades relativas a la carrera y permanencia de los jueces sean adoptadas por instituciones independientes (dentro o fuera del Poder Judicial), mediante mecanismos que impidan el uso de la jerarquía como influencia. El problema, por tanto, no se reduce a los casos concretos de remoción, sino que alcanza al diseño mismo del gobierno judicial.

2. El ámbito cuantitativo: de la excepcionalidad a la depuración

La segunda dimensión del dilema surge cuando los mecanismos de remoción se utilizan de manera masiva o reiterada. Frente a fenómenos de corrupción o improbidad que alcanzan a un número considerable de magistrados, existe el riesgo de que una potestad constitucional concebida como una medida de excepcionalidad termine funcionando como un mecanismo ordinario de depuración interna. En este contexto, el problema no está en desconocer la necesidad de responder a estas situaciones, sino en evitar que la respuesta se transforme en un fenómeno generalizado que produzca incertidumbre o inquietud en los niveles inferiores. En simple, que afecte la independencia a nivel interno.

Por este motivo, incluso frente a fenómenos de corrupción o improbidad sistémica, cada cuaderno de remoción debe ser investigado, procesado y juzgado individualmente. La protección de la independencia judicial exige que las medidas destinadas a recuperar la confianza pública de las instituciones preserven, a su vez, los valores constitucionales que sustentan esa confianza, entre los cuales se observa especialmente el principio del debido proceso.

3. El ámbito dogmático: la naturaleza jurídica del mecanismo de remoción

Al final del día, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos al mecanismo de remoción del artículo 80 de la Constitución? La jurisprudencia de la Corte Suprema, en especial en los casos de los ministros Vivanco, Sabaj y Ulloa, ha sido enfática en calificarlo como un mecanismo de prevención de futuras conductas que afecten la credibilidad de la magistratura, citando inclusive jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto. Pareciera, entonces, que el mecanismo no tiene naturaleza de derecho administrativo sancionatorio o correccional. Esta comprensión es conveniente, en la medida que ha permitido la Corte Suprema rechazar la alegación de violación al ne bis in ídem precisamente por no configurar la tríplice identidad procesal, al perseguir el procedimiento administrativo previo y el mecanismo de remoción finalidades distintas.

La tesis preventiva, sin embargo, enfrenta la dificultad de que la Corte Suprema decide sobre los mismos hechos, personas y antecedentes que ya sustentaron el procedimiento disciplinario previo, sin desarrollar una investigación autónoma. Ello aproxima funcionalmente la remoción al ejercicio de una potestad correccional o sancionatoria y obliga a reconsiderar las garantías aplicables. Siendo así, la Corte Suprema actuaría en el ejercicio de su función correccional prevista en el artículo 82. Por tanto, la independencia, inamovilidad y el debido proceso, serían derechos fundamentales de los jueces inculpados, mientras que el mecanismo del artículo 80 constituiría una potestad correccional, que los restringe. En esta perspectiva, volvemos al grave problema primario relacionado al ne bis in ídem.

4. El ámbito procedimental: la ausencia de un procedimiento suficiente

El último ámbito del dilema es procedimental. La Constitución reconoce la potestad de remoción, pero no establece un procedimiento suficientemente desarrollado para ejercerla con garantías propias de un procedimiento racional y justo. En los casos Sabaj y Ulloa, la propia Corte Suprema debió incorporar garantías de audiencia y alegatos. Surge así una dificultad institucional, toda vez que el órgano llamado a decidir la remoción termina definiendo también las garantías procesales del procedimiento. Además, persisten interrogantes sobre defensa, contradicción, impugnación y revisión de la decisión. El punto central es que los estándares constitucionales y de la Comisión de Venecia de independencia incluyen que la remoción de magistrados exija un procedimiento previamente establecido, con criterios objetivos y garantías suficientes que aseguren la imparcialidad del juicio.

Conclusiones

La Corte Suprema enfrenta, entonces, un dilema institucional. Debe reaccionar frente a conductas que comprometen la probidad y la confianza en la judicatura, pero debe hacerlo sin debilitar la independencia ni la inamovilidad judicial. El problema está en el diseño. La potestad de remoción se concentra en el mismo órgano que ocupa la cúspide jerárquica del Poder Judicial y se ejerce mediante una regulación procedimental insuficiente. La cuestión excede, por ello, los casos actualmente conocidos y exige revisar institucionalmente la distribución de las potestades de gobierno judicial.

En consecuencia, la remoción de un juez debe seguir siendo excepcional, fundada en las circunstancias individuales del caso y sometida a garantías estrictas de debido proceso. Cuando esté en juego la inamovilidad judicial, la Corte Suprema debe justificar especialmente la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, pero el problema no puede resolverse únicamente caso a caso. Los actuales cuadernos de remoción muestran una debilidad más profunda consistente en la concentración de potestades, el uso generalizado y la insuficiencia del procedimiento previsto para ejercerlas. La discusión pendiente es, por tanto, también una discusión sobre el
diseño del gobierno judicial.

Entre ellos, se destacó la trayectoria de 3 integrantes de la Facultad de Derecho UAH por sus años de servicio: Lucía Mancilla y Rodrigo Coloma, quienes cumplieron 20 años; y Enrique Rajevic, con 10 años. ¡Felicitamos a nuestros funcionarios y académicos por su compromiso con la Universidad y, en particular, con la Facultad de Derecho!

El académico del Departamento de Derecho Procesal y Resolución de Conflictos UAH aportó observaciones técnicas y abordó algunas de las principales implicancias procesales y político-criminales de la iniciativa, especialmente en relación con las garantías del debido proceso, la eficacia de los mecanismos de persecución penal y los desafíos que plantea su eventual incorporación al ordenamiento jurídico.

Si bien Paris reconoció como premisa compartida con el Ejecutivo que la paralización indefinida de causas por rebeldía constituye un problema real para las víctimas y para la credibilidad del sistema penal, su análisis se centró en determinar si el diseño aprobado por el Senado permite resolverlo con una mejora efectiva que justifique las restricciones al debido proceso.

Según planteó, el sistema procesal penal se estructura sobre una tensión entre la eficacia de la persecución y las garantías que limitan el ejercicio arbitrario de la coerción estatal, por lo que toda restricción de derechos debe perseguir un fin identificable, producir una mejora verificable y carecer de alternativas menos restrictivas. La acreditación de esas condiciones corresponde, a su juicio, a quien propone la modificación.

En cuanto a la eficacia de la iniciativa, advirtió que el Ejecutivo no entrega estimaciones sobre cuántas causas podrían resolverse ni cuántas condenas llegarían efectivamente a ejecutarse, y tampoco evalúa alternativas menos restrictivas. En su opinión, los déficits del sistema se originan principalmente en problemas de gestión, localización y aseguramiento de la comparecencia antes que en un exceso de garantías durante el juicio oral. Observó que la reforma restringe una garantía central, como es la presencia del acusado en el juicio, vinculada con la contradicción y la inmediación, cuya renuncia requiere conocimiento efectivo.

Sin embargo, la propuesta solo aborda aproximadamente el 11% del problema que invoca, mantiene sin solución el principal obstáculo asociado a la localización de los imputados y puede exponer las sentencias a nulidades que obliguen a repetir los juicios. Ante una eventual aprobación, propuso que el juicio en ausencia opere únicamente como una excepción sometida a estándares estrictos, entre ellos el conocimiento efectivo que permita una renuncia informada, un umbral de pena acotado como criterio de proporcionalidad, el derecho a un nuevo juicio como mecanismo de reversibilidad y una evaluación periódica de los resultados.

Fuente: camara.cl

En un contexto marcado por profundas transformaciones culturales, científicas y educativas, esta segunda versión pone en el centro la convicción de que las tecnologías adquieren sentido cuando fortalecen las capacidades humanas de comprender, crear, cuidar, aprender y construir comunidad.

Su programación contó con múltiples y diversas conferencias, paneles y talleres dictados por académicos/as, estudiantes y expertos de la UAH y de otras instituciones y organizaciones de Chile y el mundo.

La Facultad de Derecho UAH estuvo representada en esta parrilla de actividades con propuestas realizadas por tres profesores y una estudiante, quienes reflexionaron en torno al impacto que está teniendo la Inteligencia Artificial en el ejercicio del Derecho, como herramienta de estudio y en la innovación social.

Herramientas de estudio y aprendizaje

El académico Claudio Agüero dictó la conferencia «¿Tu profesor enseña mejor que ChatGPT?», en la que dio a conocer su experiencia en el desarrollo de dos tutores digitales: uno para Teoría General del Derecho y otro para la interpretación de contratos, para orientar el estudio y acompañar el aprendizaje de sus estudiantes.

El proyecto utiliza como base los materiales del curso, entre ellos las lecturas, los ejercicios y las preguntas de evaluaciones anteriores. Con esos contenidos, el tutor conversa con el estudiante, responde consultas y propone actividades para practicar lo aprendido. Este trabajo busca evitar dificultades que pueden surgir al estudiar con una herramienta general de inteligencia artificial, como recibir explicaciones que mezclan autores, confunden conceptos o incluyen referencias inexistentes.

Desde la perspectiva docente, Agüero concibe estas herramientas como ayudantes digitales que requieren selección de contenidos, revisión y pruebas de funcionamiento. En su exposición destacó que verificar las fuentes y detectar errores son tareas fundamentales durante su desarrollo. El proyecto continúa en construcción y busca reunir lo aprendido en ambos tutores para facilitar su adaptación a otros cursos. La experiencia pone en el centro el conocimiento del profesor y su papel para orientar el uso de la inteligencia artificial en el aprendizaje.

La estudiante Millaray Gómez, quien combina su formación jurídica con un interés por la ciencia y la tecnología y un uso responsable de la IA, dictó el laboratorio estudiantil «El investigador centauro: cómo hackear tu flujo de estudio con el universo Chrome, Notion e IA sin perder el cerebro».

A través de la exposición de herramientas prácticas, planteó la posibilidad de usar la tecnología para sistematizar el «desorden digital» al momento de estudiar e investigar, a lo que le llamó el «síndrome de las 50 pestañas abiertas» que termina por generar sobrecarga y caos digital, y así crear un sistema limpio y de verificación rápida.

«La IA no es inteligente: predice, pero alucina», aseguró la estudiante, ya que genera respuestas sesgadas que no sirven para la investigación y el estudio.

IA y el ejercicio del Derecho

El profesor y director de carrera, Mauricio Baquero participó en dos instancias relacionadas al ejercicio de la profesión: moderó el panel de conversación «Ejercer el Derecho en tiempos de IA» y dictó el taller «Evaluación con casos e IA».

El panel estuvo compuesto por Alejandra Espinoza, fundadora y directora ejecutiva de InPlace Partners; Ivonne Bueno, fundadora y CEO de Habeas Data Consultore; y Antonio Leiva, abogado AltLegal y docente colaborador de Derecho UAH, y abordaron los desafíos de ejercer la abogacía usando la inteligencia artificial y diversas tecnologías en los procesos para hacer más eficientes las tareas.

Así, las y los expertos conversaron sobre lo fundamental que es la alfabetización en nuevas tecnologías, cómo instituciones como la Fiscalía y el Poder Judicial están empezando a usar UA para facilitar el análisis de documentos, pero también la importancia del desarrollo del análisis crítico de los resultados que entrega.

El taller, por su parte, buscó generar una experiencia, compartir y evaluar el uso de IA en la evaluación de casos, que le permita a las y los estudiantes aplicar sus conocimientos, ya que «no se puede aplicar la tecnología si no se conoce el Derecho».

Así, el profesor profundizó en el uso de IA para actividades de enseñanza y aprendizaje del Derecho, preparando diversos casos; el diseño y aplicación de evaluaciones; y la retroalimentación y orientación estudiantil.

Innovación social

La directora de Innovación y Transferencia UAH, Carolina Sepúlveda, fue la encargada de moderar el panel de conversación «Innovación social e IA» que buscó socializar el desarrollo de experiencias de innovación de tres investigadoras de la Universidad.

La académica de Filosofía y Humanidades, Macarena Céspedes, abordó el proyecto «Alofonía» que lidera; la candidata a doctora en Psicología, Irina Galli, es también la líder del proyecto Emotics-RV; y la académica de la Facultad de Derecho, Yasna Otarola, presentó el proyecto «Baremon Nacional Digital».

Otarola explicó que la iniciativa está desarrollada por un equipo interdisciplinario de abogados, ingenieros, economistas y profesionales de las ciencias sociales, lo que la distingue de otras soluciones desarrolladas por empresas privadas en Chile.

Con esta herramienta, el equipo pretende determinar tramos de baremos a través de IA, acompañado de criterios jurídicos e información oficial, para determinar las pensiones de alimentos en el país a través del criterio de proporcionalidad.

«Queremos que nuestra investigación se convierta en una herramienta comprensible para todas las personas, y que pueda superar el gran obstáculo que existe en el pago de las pensiones de alimentos, antes de que se genere la deuda: que la determinación de las pensiones sean realistas y diferenciadas de manera territorial, para que sea utilizada por mediadores, familias y, ojalá, jueces».

Quien ha comprado o arrendado una vivienda en Chile sabe que, muchas veces, aparece una corredora de propiedades. Para el vendedor o el arrendador es un servicio que contrató libremente mientras que, para el comprador o el arrendatario, suele ser una imposición. La diferencia es jurídicamente relevante, pero no para las corredoras, que cobran la misma comisión a ambas partes con un argumento simple: son meras intermediarias.

Su labor, sin embargo, va mucho más allá. Publican avisos, muestran el inmueble, entregan información, reciben ofertas, coordinan con el banco y redactan documentos tales como la denominada orden de visita, la reserva, la oferta de compra e incluso la promesa de compraventa, donde suelen incluir cláusulas que aseguran su comisión, las eximen de responsabilidad e imponen multas a los consumidores, en un evidente desequilibrio de derechos y obligaciones.

Pero cuando algo sale mal, la respuesta suele ser que “solo son intermediarios”. La frase, por cierto, figura en los mismos contratos de adhesión que ellas redactan.

El corretaje lleva años sin regulación especial. A falta de esa regulación, rigen las normas generales, entre ellas, la Ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, siempre que entre la corredora y quien recibe su servicio se configure una relación de consumo. Y eso ocurre a diario: la corredora presta habitualmente un servicio y cobra por él a ambas partes, que suelen ser personas naturales y destinatarias finales. Así lo entendió el Sernac en un dictamen interpretativo de 2022, en el que exige a los corredores el estándar profesional de cualquier proveedor.

Los tribunales han ido en la misma dirección. Las Cortes de Apelaciones han sancionado a corredoras por anunciar como superficie del terreno metros cuadrados que eran bienes comunes del condominio, por mostrar un lote distinto del vendido y por demorar más de un año y medio una escritura que se comprometieron a gestionar. En 2024, la Corte de Santiago lo expresó bien al señalar que el corretaje es un servicio con “fisonomía propia”, distinto del negocio que intermedia, y que la corredora es un “proveedor directo”.

Importa hablar de esto porque las corredoras tienen mucho poder en sus manos. En la práctica, deciden qué información se entrega, imponen cláusulas y contratos, que ellas mismas redactan y donde quedan liberadas de toda responsabilidad, cobran comisiones a ambas partes y a todo evento, sea que fracase o prospere el negocio.

Frente a ellas, compradores y arrendatarios no tienen la libertad de decidir si quieren contratar esos servicios y, muchas veces, con la sospecha de que la corredora es, en realidad, un sujeto de confianza de su contraparte. No se trata de desprestigiar a las corredoras, sino de aclarar que quienes deben aceptar este servicio están amparados por una ley que protege sus derechos, siempre –insisto– que se verifique el requisito básico: la existencia de una relación de consumo.

La dictación de la Ley N.º 21.849 establece un marco general para el uso de la fuerza por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y para las Fuerzas Armadas cuando cumplen labores de orden público. Su aprobación constituye un paso relevante en la regulación de una materia especialmente sensible para la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, la nueva normativa plantea una interrogante: ¿es suficiente la regulación si no reconoce expresamente la proporcionalidad como principio rector en el uso legítimo de la fuerza?

A continuación, se presenta un problema que no es meramente terminológico. La proporcionalidad permite evaluar si la intensidad de la fuerza empleada guarda una relación adecuada con el riesgo enfrentado y el restablecimiento del orden público. Su ausencia expresa en el catálogo general de principios contrasta con los estándares internacionales de derechos humanos y con la propia legislación de Carabineros. Esta tensión plantea desafíos tanto para la aplicación de la ley como para su desarrollo reglamentario.

i) El estándar interamericano: el caso Alex Lemún

El caso de Alex Lemún permite comprender la importancia de esta pregunta. En su Informe de Fondo Nº 458/2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el uso de fuerza que culminó con la muerte del adolescente por parte de Carabineros no satisfizo los requisitos de finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad, siendo responsable por la violación a los derechos a la vida, integridad personal, igualdad y no discriminación y derechos del niño.

Entre los antecedentes examinados, la CIDH destacó que no existían elementos que permitieran concluir que Lemún hubiera disparado un arma de fuego, al contrario, los antecedentes mostraron disparos efectuados por Carabineros. Así también, cuestionó la falta de una explicación satisfactoria sobre el empleo de la fuerza letal, considerando que los agentes estatales disponían de medios menos lesivos. La CIDH estimó que se vulneraron, entre otros, los derechos a la vida y a la protección especial de la niñez, en relación con las obligaciones internacional del Estado chileno.

Este pronunciamiento muestra que la habilitación para intervenir no es suficiente para justificar cualquier intensidad de fuerza. La actuación debe responder a una finalidad legítima, ser necesaria en circunstancias concretas y mantener una relación proporcionada con la amenaza que se pretende neutralizar. La evaluación exige considerar, además, las alternativas disponibles y los riesgos previsibles para la vida y la indemnidad de las personas.

Para la Comisión, no basta con que los agentes estén facultados para intervenir: la fuerza empleada debe justificarse atendiendo a las circunstancias concretas y a la existencia de medios menos lesivos. Este estándar exige evaluar no solo si la intervención está autorizada, sino también si la intensidad de la fuerza empleada resulta justificada. De esta forma, no se trata de impedir la actuación policial o militar, sino de delimitar jurídicamente la intensidad y los medios empleados.

ii) La paradoja de la legislación nacional

El artículo 3º de la Ley Nº 21.849 establece cuatro principios de actuación: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Aunque estos principios contribuyen a delimitar el ejercicio de la fuerza, la norma no incorpora expresamente la proporcionalidad como principio autónomo.

La omisión resulta especialmente llamativa si se considera que el artículo 2º quáter de la Ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que el uso de la fuerza debe ser estrictamente necesario y guardar proporción con la medida requerida para el cumplimiento de las funciones policiales. El articulado deja en evidencia que la proporcionalidad no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico, puesto que cuenta con un reconocimiento expreso en la legislación que regula a Carabineros.

La falta de reconocimiento explícito genera una dificultad normativa que merece ser atendida, especialmente, por la forma en que se articulan algunas disposiciones de la nueva ley. La lectura conjunta de sus artículos 6° y 7° exige contrastar los grados de resistencia con los grados de uso de la fuerza bajo el alero del principio de proporcionalidad. En este sentido, no basta que su reconocimiento se encuentre explícito en la Ley de Carabineros, pues se trata de una fuente legal que responde exclusivamente a la orgánica institucional de esa repartición pública y solo resolvería una parte de los casos controvertidos en esta materia. En particular, dejaría fuera los casos en que actúan la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas.

En este contexto, la racionalidad no puede sustituir a la proporcionalidad: una intervención puede parecer razonable para alcanzar un objetivo y, aun así, implicar una respuesta excesiva frente a la amenaza. La habilitación legal para intervenir tampoco justifica automáticamente el empleo de la fuerza potencialmente letal ni exime de responsabilidades al Estado. Una medida puede parecer racional para alcanzar un determinado fin y, aun así, resultar excesiva frente al peligro que se busca controlar.

En definitiva, la proporcionalidad no debería quedar entregada a una interpretación sistemática de las disposiciones legales. Su reconocimiento expreso contribuye a fortalecer la certeza jurídica, a orientar la actuación de los funcionarios y a garantizar el control del uso de la fuerza con respeto a la protección de derechos fundamentales.

iii) Desafíos de la regulación reglamentaria

La ausencia de reconocimiento expreso de la proporcionalidad plantea un desafío para la aplicación de la Ley Nº 21.849 y la elaboración de sus reglamentos. La autoridad deberá desarrollar criterios operativos para orientar el uso de la fuerza sin contar con una referencia explícita a este principio entre las reglas generales de actuación. Esta omisión puede dificultar la determinación de los límites de cada nivel de fuerza y generar incertidumbre respecto de los criterios que deben orientar su aplicación.

El problema consiste en determinar cómo la reglamentación puede desarrollar una lógica de proporcionalidad sin sustituir al legislador en la definición de los principios que rigen el ejercicio de una potestad estatal tan intensa. Si bien la relación entre los grados de resistencia y los niveles de fuerza permite inferir una exigencia de correspondencia, esta no agota el análisis de proporcionalidad, que también requiere considerar las circunstancias de la intervención y la amenaza de vulnerar derechos fundamentales.

En este escenario, cabe preguntarse si es posible incluir el principio de proporcionalidad en la regulación. Una alternativa consiste en desarrollar, mediante los reglamentos, criterios de aplicación que permitan evaluar la adecuación entre la amenaza enfrentada y la intensidad de la respuesta, siempre dentro de los límites establecidos por la ley. Otra posibilidad sería introducir una modificación legal que reconozca expresamente la proporcionalidad como principio rector, otorgando mayor claridad y coherencia al conjunto de las reglas sobre uso de la fuerza. La ley de Carabineros es un antecedente claro de que la proporcionalidad es un elemento clave en el uso de la fuerza.

El artículo transitorio establece un plazo de un año desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, ocurrida el 16 de octubre de 2026 para la dictación de los reglamentos. Este período abre una oportunidad para abordar las dificultades interpretativas señaladas. La reglamentación deberá determinar hasta dónde puede desarrollar criterios de proporcionalidad sin suplir una omisión legislativa. Sin embargo, la cuestión de fondo permanece: la necesidad de reconocer expresamente la proporcionalidad como principio autónomo dentro de la ley que regula el uso de la fuerza estatal.

• Ser alumno o alumna regular de la carrera de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de 3er, 4to o 5to año.
• Tener un promedio acumulado igual o superior a 5,5.
• Currículo Vitae.
• Concentración de Notas
• Certificado de Ranking.
• Indicar mes de preferencia para la pasantía-
• Presentar certificado de trayectoria académica entregado por la dirección de carrera.

• Los y las estudiantes que postulen al cargo deberán enviar un mail al correo mvaldivi@uahurtado.cl con copia a  gbravo@uahurtado.cl
• El plazo de postulación concluirá el día domingo 8 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas.

“Hicimos un recorrido a las otras propuestas de reforma que se habían presentado en Chile, para entender dónde se inserta la propuesta actual del Consejo de Nombramientos Judiciales (CNJ) en función de los que existen en el mundo, ver cuáles son las ventajas, los riesgos, e intentar hacer propuestas que puedan ser consideradas para evitar determinados riesgos que están probados en otros países”, sostuvo la experta que fue invitada a Chile por el Núcleo Constitucional UAH.

—¿Por qué es importante la reforma de Chile cuando uno mira el contexto de América Latina?

—Es importante para todos, como ciudadanos, pensar en la erosión democrática. Las democracias no se rompen con golpes militares como antes, ni se interrumpen abruptamente, sino que son pequeñas modificaciones que lentamente empiezan a erosionar la legitimidad de los gobiernos.

—¿Cómo se dan estas erosiones?

—Pueden ser mediante leyes que empiezan a erosionar, por ejemplo, la libertad de expresión, la regulación de los medios de comunicación, la protesta. O modificaciones más profundas, con reformas constitucionales al régimen electoral, la duración de los ministros en la corte o de los diputados. Hay diferentes escenarios de erosión. Uno de los aspectos fundamentales para que efectivamente estos líderes con instintos pocos democráticos puedan llevar a cabo esta erosión es tener un poder judicial que convalide esas acciones. Porque estas leyes que empiezan a erosionar la libertad de expresión o la participación política estarían yendo en contra de lo que establece la Constitución. ¿Y quién es el garante de la Constitución? Los jueces. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de interpretar la legalidad de los actos? Los jueces. Los procesos de erosión democrática empiezan por una cooptación o neutralización de la justicia.

—El Poder Judicial adquiere un rol preponderante en estos casos.

—Hoy, dada la estrategia de erosión o de desgaste democrático de estos líderes con prácticas o voluntades no tan democráticas, el poder judicial es la última línea en el frente de batalla para resistir estos avatares. Por eso las reformas judiciales son muy importantes. Hay que pensar cuáles son los intereses detrás de las reformas judiciales y de qué forma va a poder resistir los ataques que en algunos momentos llegan más claros, en otros más tibios. El juego democrático es buscar el límite en la separación de poderes ¿y quién es el encargado de velar por esto? El Poder Judicial.

Lee la entrevista completa aquí

El viernes pasado, en un seminario encabezado por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se presentaron los resultados de un estudio de la Universidad de Chile, encargado por la Subsecretaría de Justicia, sobre cómo las Corporaciones de Asistencia Judicial atienden las necesidades jurídicas de las personas. Sus hallazgos aportan evidencia y recomendaciones para la implementación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas, una reforma largamente discutida y aprobada con amplio consenso político. Y llegan en un momento clave: ahora es cuando deben tomarse decisiones que marcarán el funcionamiento del Servicio, comenzando por el reglamento que fijará los criterios de focalización y las líneas de acción, cuyo plazo vence el 13 de noviembre.

Una de las conclusiones más importantes de este estudio es que los problemas de acceso no se deben tanto a la inexistencia de servicios, sino a las condiciones multifactoriales en las que estos se prestan. Y el problema empieza antes: en 2020, en casi la mitad de los problemas justiciables reportados (44,9%), las personas no hicieron nada para resolverlos.

En este contexto, me parece relevante considerar la evidencia comparada que ha sistematizado la OCDE, de la cual destaco tres hallazgos: los problemas jurídicos se concentran y se encadenan; las personas recurren a fuentes de ayuda muy diversas, no solo a abogados; y las derivaciones sucesivas aumentan el riesgo de que abandonen la búsqueda de ayuda, lo que la literatura denomina “fatiga de derivación”. Un estudio encabezado por Pascoe Pleasence, profesor de University College London (UCL), tradujo esa evidencia en cuatro orientaciones para la asistencia jurídica: que sea focalizada, coordinada con otros servicios, oportuna, y adecuada a las capacidades de cada persona. A partir de estas orientaciones, propongo cinco decisiones concretas que dialogan con los hallazgos del reciente estudio.

Primero, focalizar por necesidad y capacidad, y no solo por ingreso. La ley focaliza la asesoría en quienes no puedan procurársela por sí mismos, considerando, entre otros factores, su vulnerabilidad y el Registro Social de Hogares, y establece reglas especiales para ciertos grupos y para las víctimas de delitos. Pero dos personas en el mismo tramo del Registro pueden enfrentar de manera muy distinta un mismo problema jurídico si una de ellas tiene, además, deudas, un juicio pendiente o problemas de salud. Como ha planteado la OCDE, identificar a quién priorizar exige mirar conjuntamente necesidades y capacidades. El reglamento podría considerar la gravedad del problema, su potencial de impacto en la persona y de desencadenar otros, y la capacidad jurídica de la persona. Ello contribuiría a superar la falta de transparencia en los criterios de focalización que identifica el estudio chileno.

Segundo, construir una verdadera puerta de entrada que diagnostique. La ley garantiza orientación legal a todas las personas, y esa debería ser la columna vertebral del Servicio: un primer contacto que identifique las necesidades jurídicas, incluidas aquellas que la persona no ha planteado inicialmente, y determine el tipo y el nivel de ayuda requeridos. El estudio chileno confirma la centralidad de la orientación, pero muestra que su disponibilidad efectiva depende de los recursos de cada centro. También identifica ingresos por vías distintas, derivaciones informales y personas obligadas a repetir su historia en varias oficinas (contribuyendo con ello a la mencionada “fatiga de derivación”). Los centros comunitarios de asesoría de Inglaterra ofrecen una experiencia útil, pues muestran cómo una breve lista de verificación puede detectar deudas o arriendos impagos que la persona no había mencionado, lo que contribuye a una respuesta más integral.

Tercero, repensar los perfiles y no solo la dotación. La nueva ley ordena procurar personal profesional calificado y reserva a los postulantes un rol excepcional de apoyo. La transición obliga a definir cómo se asumirán dichas funciones, pero también abre espacio para nuevos perfiles, como gestores de casos o facilitadores, y para formar a quienes ya están en la primera línea de otros servicios públicos. El estudio chileno valora la especialización y el trabajo interdisciplinario de los equipos actuales, por lo que la propuesta es complementar y ampliar esas capacidades. En Alaska, una experiencia documentada por Rebecca Sandefur y Matthew Burnett muestra cómo personas provenientes de organizaciones comunitarias y de salud pueden capacitarse para prestar asistencia jurídica acotada bajo la supervisión de abogados.

Cuarto, llegar a los lugares donde las personas ya están. Si muchas personas acuden primero a un consultorio, una municipalidad u otro servicio público, el Servicio debe estar ahí. La ley permite celebrar convenios y crear instancias interministeriales de coordinación, lo que abre espacio para protocolos de atención y derivación con los CESFAM, las oficinas municipales y los programas sociales. El estudio chileno muestra, precisamente, que la presencia territorial no garantiza por sí sola un acceso efectivo. Y hay que tener presente que coordinar requiere tiempo y recursos que deben presupuestarse.

Por último, medir resultados y no solo atenciones. La ley exige informar anualmente al Congreso sobre cobertura e indicadores de desempeño, con datos abiertos y desagregados. Pero si medimos solo atenciones y causas patrocinadas, sabremos cuánto trabaja el Servicio, no cuánta justicia produce. La OCDE ha insistido en desplazar la evaluación desde el enfoque de lo que produce la institución hacia los resultados que experimentan las personas. Los estándares de calidad deberían medir si los problemas se resolvieron, en cuánto tiempo, con qué nivel de satisfacción y qué efectos tuvo la intervención en la vida de las personas.

Unificar cuatro corporaciones es una importante decisión administrativa, pero decidir a quién, cómo y cuándo llega el Servicio, es una decisión de justicia. Y esa decisión se está tomando ahora.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Jordán sostuvo que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, contaba con alternativas jurídicas para mantener la exclusión de estos condenados del beneficio, tal como había ocurrido durante la administración anterior.

“Ahí comete, yo creo, un error político-técnico el ministro, porque tenía un camino distinto”, afirmó.

El constitucionalista abordó el argumento del secretario de Estado, quien ha señalado que la decisión de conceder las rebajas respondía a sentencias de la Corte Suprema que habían restablecido el beneficio en casos donde previamente había sido rechazado.

Según Jordán, esa explicación confunde el cumplimiento de una resolución judicial particular con la adopción de un criterio jurídico aplicable a todas las solicitudes.

“El ministro ha dicho públicamente que estaba obligado, porque hay sentencias de la Corte Suprema en que restablecen el beneficio cuando el ministro de Justicia no lo ha otorgado”, señaló.

Sin embargo, explicó que las resoluciones judiciales tienen efectos limitados a las personas involucradas en cada procedimiento y no obligan automáticamente a resolver de la misma manera todos los casos posteriores.

“Las sentencias de las cortes son de efecto relativo, perdón al tecnicismo, es decir, sólo producen efectos respecto a quien la reclama, no producen efectos generales. No fijan un criterio general y eso es importante porque todo se resuelve caso a caso”, sostuvo.

En ese sentido, Jordán afirmó que no resulta técnicamente correcto presentar las rebajas otorgadas por el Ejecutivo como una consecuencia obligatoria de las decisiones de los tribunales.

“Tú solo cumples la sentencia en la cual se dictó respecto a aquel caso. Lo que él ha hecho es hacer suya un criterio, una forma de interpretación de la Corte y lo ha entendido como un criterio general aplicado a todos, aplicable a todos los casos que es diferente”, explicó.

Para el académico, esta distinción es fundamental, porque el Ministerio de Justicia podía mantener una interpretación restrictiva respecto de las solicitudes presentadas por personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

Jordán recordó que las rebajas de penas corresponden a beneficios sujetos a una evaluación de requisitos y no a derechos que deban concederse automáticamente por la sola existencia de fallos favorables en otros casos.

“Hay una lectura interpretativa diferente, porque es un beneficio en el cual se solicita acceder a ese beneficio y una comisión lo califica. Si se cumplen o no los requisitos”, precisó.

El constitucionalista también comparó la actuación del actual Ejecutivo con la de la administración anterior, que, según explicó, había optado por mantener la exclusión de estos condenados en sus decisiones administrativas.

“El gobierno anterior entendía que para efectos administrativos, de los operativos que hace el Ministerio de Justicia, ese acceso, ese beneficio no era aplicable, sino que era aplicable la exclusión, la exclusión de los condenados”, sostuvo.

A su juicio, el Gobierno podía haber defendido esa misma interpretación mediante argumentos jurídicos y una decisión política explícita de impedir las rebajas.

“Se podrían haber adoptado criterios diferentes, como así se venía haciendo, en razón de un criterio político, en razón de que públicamente con sostén jurídico es importante manifestar que la rebaja de condena a abusadores sexuales menores no era procedente”, planteó.

De esta manera, Jordán situó el principal cuestionamiento en la decisión del Ministerio de Justicia de extender a todos los casos una interpretación recogida en sentencias particulares, pese a que, según su análisis, existían fundamentos jurídicos para mantener el criterio restrictivo aplicado anteriormente.

Señor Director:

Ayer se reveló por medios de prensa que el Ministerio de Justicia rebajó por decreto las condenas de dos agentes de la dictadura recluidos en Punta Peuco, uno condenado por tortura y el otro por secuestro calificado. No se sabe si la decisión estuvo fundada en un criterio nuevo del Ministerio o se utilizó algún criterio jurisprudencial, lo que, en todo caso, es discutible. Pero aún si así fuera, cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos, la discusión no se agota en el derecho interno. Chile tiene obligaciones internacionales que no puede eludir.

La Corte Interamericana lo dejó claro en 2018, al revisar el indulto a Alberto Fujimori en los casos Barrios Altos y La Cantuta. La ejecución de la pena es parte de la obligación de sancionar y del derecho de las víctimas a la justicia. Los beneficios a condenados por estos crímenes no pueden ser indebidos ni conducir a la impunidad; además, deben ponderar su efecto sobre las víctimas, respetar la proporcionalidad y estar sujetos a control judicial.

Un decreto exento difícilmente cumple esos estándares. No consta, hasta el momento, que se haya considerado a las víctimas ni que haya mediado control judicial.

Chile construyó durante décadas, con gobiernos de distinto signo, una política de Estado de respeto al derecho internacional de los derechos humanos, que es también nuestra carta de presentación ante el mundo. El gobierno debe revisar estas decisiones y transparentar sus criterios a la brevedad. De lo contrario, pondrá en riesgo no solo el derecho de las víctimas a la justicia, sino también la imagen de Chile como un país reconocido por promover y resguardar los derechos humanos.

Carlos Figueroa, Cientista político, exasesor internacional de la Presidencia
Tomás Pascual, Académico UAH

El objetivo del Magíster, aseguró su director Leonel González Postigo, es entregar marcos teóricos y herramientas prácticas para quienes intervienen en procesos penales y no penales.

«Se trata de un programa de carácter profesional, y eso se refleja en la actividad de graduación, donde las y los estudiantes pueden optar entre dos alternativas. La primera es una tesis de investigación que tributa a la línea de derecho procesal. La segunda consiste en argumentar una exclusión de prueba a partir de un caso práctico, lo que tributa a la línea de litigación. Estas opciones permiten que cada estudiante culmine el programa con un trabajo coherente con sus intereses y su ejercicio profesional, y los resultados de este primer proceso de defensas nos muestran que ambas alcanzan un alto nivel de exigencia y calidad», explicó el académico.

Un sello diferenciador de este programa es su cuerpo académico, ya que tanto los cursos obligatorios como los optativos están a cargo de profesores con amplia experiencia en la enseñanza del derecho procesal y la litigación.

«Durante la fase presencial trabajamos con profesores de Puerto Rico en talleres de derecho probatorio orientados a los problemas concretos que surgen en el ejercicio de la litigación, lo que aporta una mirada comparada muy valiosa. Precisamente por este enfoque, este Magíster es pertinente no solo para abogadas y abogados que ejercen en Chile, sino también para profesionales de otros países de Latinoamérica que enfrentan desafíos similares en sus sistemas procesales. De cara a la admisión 2027, invitamos a quienes buscan fortalecer su práctica profesional con una formación rigurosa y aplicada a sumarse a este programa», concluyó el director.

La presentación se tituló “La interrelación entre sistemas de valoración de la prueba y criterios de suficiencia probatoria”, y planteó la necesidad de fortalecer el análisis de la denominada premisa fáctica de las decisiones judiciales, a partir de una base teórica y normativa consistente con la función judicial y los fines del proceso.

La actividad estuvo destinada a empleados/as, funcionarios/as y magistrados/as del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y tuvo por objetivo comprender la toma de decisiones judiciales referidas a la prueba de los hechos en los procesos judiciales bajo la concepción racional de la prueba.

Fuente: comercioyjusticia.info

Wladimir Gavilán presentó la ponencia «La compraventa inmobiliaria con “bono pie”: calificación jurídica del beneficio y determinación del precio real».

La profesora y directora del Magíster en Derechos de las Familias UAH Yasna Otárola expuso el trabajo «La inscripción en el registro de vehículos motorizados: entre la publicidad declarativa y la tradición registral».

Por su parte, la profesora y directora del Departamento de Derecho Privado UAH Nathalie Walker presentó la investigación «El concepto de saneamiento en el Código Civil».

Finalmente, la profesora Pamela Mendoza participó con la ponencia «Sobre la extensión de la solidaridad convencional a la obligación causal».

Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil constituyen una importante instancia de intercambio académico entre especialistas de distintas universidades del país. Las investigaciones presentadas contribuyen a la discusión de problemas actuales de la disciplina y posteriormente son recogidas en la colección Estudios de Derecho Civil.

La próxima edición de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil será organizada por la Universidad Alberto Hurtado en octubre de 2027, año en que la institución celebrará sus 30 años de vida como universidad jesuita en Chile.

A siete años del estallido social de 2019, el académico de las facultades de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y Universidad Católica de Uruguay, Hugo Rojas, y la investigadora ayudante en el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos), Miriam Shaftoe, publicaron el artículo “Reparations for Victims of Human Rights Violations during the 2019 Social Outburst in Chile” en la Revista Direito GV (Vol. 22, artículo e2623, categoría Scopus Q2), que busca evaluar cómo las distintas ramas del Estado respondieron ante los daños sufridos por las personas durante los cinco meses de movilizaciones.

Un balance que, en palabras de Rojas, “permite evitar la indolencia administrativa, mitigar los riesgos de regresión institucional y ofrecer insumos técnicos para que el Estado satisfaga su deuda con la dignidad de las víctimas”.

En esta entrevista, el investigador asegura que en Chile no existe un registro único que consolide la totalidad de datos vinculados a la violencia estatal durante los meses de protestas, por lo que este artículo entrega una valiosa recopilación de información, análisis de documentos oficiales y reportes emitidos entre 2019 y 2024, y una serie de propuestas de reparación.

—Este año se cumplieron 7 años del estallido social en Chile. ¿Por qué debemos continuar observando y reflexionando sobre este hecho? ¿Por qué hacer una evaluación sobre la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante ese período?

La distancia temporal transcurrida desde las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019 permite analizar los acontecimientos con mayor perspectiva y serenidad crítica, superando la inmediatez de la coyuntura política. El estallido social constituyó el ciclo de movilización ciudadana y, a la vez, el episodio de violencia institucional y represión estatal más agudo que ha experimentado Chile desde el retorno a la democracia. Reflexionar de manera continua sobre este hito no responde a un afán testimonial, sino a una exigencia fundamental del Estado de Derecho. Una democracia madura no puede consolidar la paz social ni reconstruir la confianza cívica eludiendo las consecuencias del uso desproporcionado de la fuerza por parte de sus propios agentes.

Evaluar las medidas de reparación es imperativo porque la obligación del Estado frente a violaciones de derechos humanos no es optativa ni discrecional, sino un deber jurídico consagrado en el derecho internacional, particularmente en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los Principios y Directrices Básicas de las Naciones Unidas de 2005. Tras el cierre y rechazo de los dos procesos constituyentes (en 2022 y 2023), que intentaron canalizar institucionalmente el malestar social pero concluyeron sin consagrar garantías explícitas de reparación en el texto fundamental vigente, el deber de diagnosticar qué respuestas estatales han sido efectivas y cuáles han quedado incompletas adquiere un sentido de urgencia. Realizar este balance permite evitar la indolencia administrativa, mitigar los riesgos de regresión institucional y ofrecer insumos técnicos para que el Estado satisfaga su deuda con la dignidad de las víctimas.

—¿Cuáles fueron los principales obstáculos a los que se enfrentaron al momento de recabar información para este diagnóstico?

El principal desafío metodológico radicó en la fragmentación y dispersión institucional de los antecedentes empíricos y documentales. En Chile no ha existido un registro único, centralizado y oficial que consolide y valide la totalidad de los datos vinculados a la violencia estatal durante los cinco meses de protestas. La información relevante se hallaba repartida entre múltiples entidades: el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, comisiones parlamentarias y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Esta falta de articulación interinstitucional genera evidentes desajustes y brechas de seguimiento. Mientras los registros de urgencia del Ministerio de Salud contabilizaron a 12.700 personas atendidas en recintos hospitalarios en las primeras semanas del estallido, el INDH registró 8.827 testimonios de vulneraciones y dedujo más de 3.100 acciones judiciales, al tiempo que el Poder Judicial procesó 1.549 causas específicas por delitos constitutivos de violaciones a los derechos humanos entre octubre y diciembre de 2019. Sistematizar esta multiplicidad de fuentes, a menudo construidas bajo criterios divergentes de registro o con miles de causas que fueron archivadas provisionalmente por el Ministerio Público, evidenció la imperiosa necesidad de que el país cuente con un catastro unificado y dotado de validación técnica independiente.

—¿Cómo califican la respuesta del Estado chileno frente a la reparación de violación a los derechos humanos durante el estallido?

Calificamos la respuesta estatal como fragmentada, institucionalmente descoordinada e insuficiente de cara a los estándares internacionales. Esta evaluación reconoce que diversos órganos del Estado implementaron medidas valiosas: el INDH cumplió un rol determinante al denunciar tempranamente los atropellos y activar mecanismos judiciales; el Congreso ejerció facultades fiscalizadoras y de control político; la Convención Constitucional abrió espacios de escucha en audiencias públicas; y el Poder Ejecutivo estableció prestaciones médicas especializadas y otorgó pensiones de gracia.

No obstante, estos esfuerzos han adolecido de una falta de diseño armónico y coherente. Operaron como respuestas parciales o de emergencia ante la crisis, sin consolidarse en una política pública integral ni traducirse en una ley marco aprobada por el Congreso. A ello se suma la lentitud de la respuesta judicial: para marzo de 2024, de los miles de hechos denunciados, los tribunales de justicia solo habían dictado 51 sentencias condenatorias. En términos de justicia transicional, existe una notoria brecha de implementación entre las obligaciones normativas del Estado y la protección material efectiva brindada a quienes sufrieron daños.

—El artículo dice que los programas e iniciativas de reparación pueden adquirir distintos formatos. ¿Qué medidas se tomaron entre quienes sufrieron violencia estatal? ¿Son suficientes bajo el estándar internacional?

La teoría y la práctica de la justicia transicional demuestran que las reparaciones deben conjugar dimensiones materiales y simbólicas, combinando la vía administrativa con la vía judicial. En Chile se adoptaron medidas puntuales en diversos formatos:

• Atención médica y física: El Ministerio de Salud creó en noviembre de 2019 el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) en el Hospital Salvador, complementado en 2022 con el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular, Lesiones Graves y Lesionados por Perdigones (PACTO).
• Medidas económicas: A partir de 2021, la Presidencia confirió 418 pensiones de gracia discrecionales a personas con secuelas graves permanentes acreditadas por el INDH (de las cuales 27 fueron posteriormente revocadas).
• Instancias participativas e institucionales: Se anunció una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación, estableciéndose la Mesa de Reparación Integral en 2022 (cuyo informe final se entregó en abril de 2023), se adoptó el Plan de Trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Mecanismo Conjunto de Seguimiento a las recomendaciones del informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile, y se estructuró un programa ad hoc dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Bajo el estándar internacional, estas medidas no son suficientes. Los instrumentos de Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana exigen una reparación integral (restitutio in integrum) que resulte proporcional, adecuada y oportuna. Los programas de salud física ofrecieron alivio quirúrgico y protésico, pero estuvieron centralizados en Santiago, brindaron una atención psicológica y psicosocial sumamente acotada, y carecieron de componentes sistemáticos de reinserción laboral o apoyo legal.

De manera sustancial, se omitió el concepto acuñado por la Corte Interamericana sobre el daño al proyecto de vida (desarrollado en casos señeros como Gutiérrez Soler vs. Colombia), el cual impone reparar la fractura existencial e integral de los ideales, expectativas y desarrollo personal de la víctima más allá de una indemnización monetaria. Asimismo, el estándar internacional concibe a la víctima en un sentido amplio, extendiendo la protección obligatoria al núcleo familiar directo, personas a cargo y cuidadores, grupo que ha permanecido mayoritariamente desasistido por los dispositivos vigentes.

—Ustedes señalan que, a pesar de que se creó un Programa de Derechos Humanos, en 2023 y 2024 no se le asignó fondos en la ley de presupuesto. ¿Cómo se puede avanzar en institucionalizar las políticas públicas de reparación y, por ende, garantizar el respeto de los derechos de las víctimas, si no se cuenta con recursos?

La omisión presupuestaria en las leyes de presupuesto de 2023 y 2024 respecto de las partidas asignadas al programa de la Subsecretaría ilustra una de las mayores tensiones de la administración pública: la discrepancia entre el compromiso discursivo y la voluntad financiera real. Para trascender esta precariedad y consolidar una política de Estado independiente de los vaivenes de turno, la investigación postula vías de acción claras y respetuosas del marco institucional:

1. Creación de una Comisión de Verdad o de Calificación de Víctimas mediante ley: Esta es la propuesta neurálgica del estudio. Se requiere un organismo público e imparcial, dotado de autonomía funcional y financiamiento legalmente asegurado, encargado de unificar los catastros hoy dispersos, establecer estándares probatorios precisos y calificar oficialmente a las víctimas.
2. Aprobación de una Ley Marco de Reparación: La reparación a víctimas no debe sustentarse en pensiones de gracia discrecionales ni en programas administrativos transitorios sujetos a la discusión presupuestaria anual. Una ley especial tramitada en el Congreso otorga certeza jurídica, define derechos subjetivos exigibles y asocia de forma permanente recursos del erario público para prestaciones de salud física, mental, asistencia social y medidas educativas.
3. Coordinación interministerial y reasignación técnica en el corto plazo: Si la tramitación legislativa demanda tiempo, el Ejecutivo puede articular de inmediato los recursos ya existentes en carteras como Salud (mediante FONASA y la red asistencial), Desarrollo Social y Justicia, canalizándolos sinérgicamente a través de una instancia interministerial que optimice la ejecución del gasto público sin duplicar estructuras.
4. Vinculación con las obligaciones internacionales del Estado: El Estado chileno suscribió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plan de trabajo concreto, cuyo compromiso incluye la habilitación de un fondo de reparación integral y programas de cobertura nacional. El respeto al principio de continuidad del Estado en el derecho internacional impone que los compromisos de la República ante el Sistema Interamericano guíen las prioridades del presupuesto público, salvaguardando el Estado de derecho frente a cualquier tentativa de retroceso o invisibilización.

Accede al artículo aquí

Se trata de un gran hito institucional para la Facultad de Derecho UAH, que se encuentra consolidando su oferta de postgrado y espera avanzar con igual fuerza con las demás cohortes.

«Nos llena de una enorme alegría y gratificación saber, por testimonio directo de nuestros propios estudiantes, que ya están poniendo en práctica, en su ejercicio profesional diario, la formación teórica y práctica que recibieron en las aulas. Ver cómo un grupo tan numeroso de abogadas y abogados cierra exitosamente una etapa tan importante es un motivo de profundo orgullo para nuestro programa, sobre todo al tratarse de la primera cohorte. Además, es un fuerte estimulo para continuar por esta senda y advertir aquellos aspectos que requieran cambios», aseguró el director (s) del programa, Juan Pablo Castillo.

Un aspecto que destacó el equipo del Magíster fue el egreso simultáneo de sus versiones sincrónica y asincrónica. «Cumplimos con nuestra aspiración de que, más allá de las particularidades de su impartición, ambas versiones fueran idénticas en cuanto a su rigor y forma de egreso», dijo.

Respecto de los sellos diferenciadores del proceso de egreso, Castillo aseguró que uno de ellos fue la variedad de instrumentos elegidos por las y los estudiantes para sus defensas orales, quienes abordaron problemáticas penales complejas de gran vigencia y alta relevancia dogmática. Así, pudieron elegir entre elaborar un informe en derecho, comentar una sentencia o presentar un recurso de nulidad ficticio.

«Entre estas tres modalidades destacamos el equilibrio, lo cual da cuenta de una cohorte bien heterogénea en cuanto a sus sensibilidades profesionales, ya que cada una de estas modalidades tiene sus propias particularidades y exigencias, y ver el nivel con el que las afrontaron demuestra de la versatilidad y solvencia de nuestros graduados», afirmó el académico.

Rigor dogmático, innovación y pertinencia

Entre las y los titulados que optaron por realizar informes en derecho y comentarios de jurisprudencia, comentó Castillo, varios desarrollaron investigaciones con un nivel de solidez bibliográfica y dogmática que permite su publicación en cualquier revista especializada del área penal.

«A modo de ejemplo, abordaron desde el análisis de garantías constitucionales en delitos como el abigeato —evaluado bajo el principio de legalidad y las exigencias de lex certa y lex stricta—, hasta la comunicabilidad en los delitos especiales propios respecto de la responsabilidad del extraneus, a propósito de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema», detalló.

En el análisis jurisprudencial, varios profundizaron en casos de relevancia histórica e institucional, como el episodio La Serena de la Caravana de la Muerte, fallos recientes sobre la formación del consentimiento en la suscripción engañosa de documentos, o discusiones del foro penal ordinario como la calificación de robos en bienes nacionales de uso público.

«Quisiera relevar el tratamiento de dogmática penal con enfoque de género presente en varios trabajos, abordando temas tan sensibles y complejos como la calificación jurídica e imputación subjetiva en contextos de extrema vulnerabilidad en casos de infanticidio o el modo de comprender la provocación suficiente en la legítima defensa. Esta variedad temática da cuenta del compromiso del programa con el rigor dogmático, la innovación y la pertinencia frente a los problemas más urgentes de la justicia penal contemporánea«, explicó.

Finalmente, el director (s) del Magíster en Derecho Penal enfatizó la estrategia docente implementada para sostener el rigor académico ante el crecimiento de la matrícula: «Dada la gran cantidad de estudiantes de esta primera cohorte, el programa incorporó a su claustro académico un número igualmente importante de profesoras y profesores guías. Esta ampliación garantizó desde el primer día un acompañamiento personalizado, riguroso y cercano para cada uno de los trabajos de investigación, lo cual se demostró en el cumplimiento del calendario que como programa nos habíamos autoimpuesto y que permitió el cierre de esta primera cohorte en el quinto semestre».

El encuentro contó con la participación del coordinador académico del Núcleo Constitucional, Sebastián Salazar; la investigadora del Núcleo y decana de Derecho UAH Miriam Henríquez; la profesora del Departamento de Derecho Procesal y Resolución de Conflictos, Lorena Espinosa; y la experta en reformas al Poder Judicial y profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella, Andrea Castagnola, quienes entregaron el documento titulado «Consejo de Nombramientos Judiciales: garantías de diseño para la independencia judicial» e intercambiaron ideas con el equipo ministerial. Asimismo, el ministro Rabat valoró el aporte y la pertinencia de este informe al debate constitucional.

«La entrega de este policy paper al ministro de Justicia refleja una de las principales vocaciones del Núcleo Constitucional UAH, que es colocar la investigación académica al servicio del debate público y del diseño de instituciones. Queremos contribuir, con un diagnóstico, perspectiva comparada y recomendaciones concretas a la discusión de reformas constitucionales relevantes para el país. Puntualmente hoy al sistema de nombramientos judiciales en consonancia con la independencia judicial», aseguró la decana.

Garantías para la independencia judicial

El documento fue elaborado por Miriam Henríquez y Andrea Castagnola. En él analizan y hacen recomendaciones para diseñar un Consejo de Nombramientos Judiciales que entregue garantías para la independencia judicial.

El policy paper llega en un buen momento, ya que el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el gobierno judicial y, en particular, el régimen de nombramiento de jueces vigente desde 1997 (artículo 78).

La iniciativa reúne los boletines N°12.607-07, 14.192-07, 16.852-07, 16.979-07, 17.115-07, 17.144-07, 17.150-07 y 17.193-07, y tiene por finalidad modificar el gobierno judicial y establecer un nuevo sistema de nombramientos; crear órganos autónomos encargados de administrar y gestionar los recursos de los tribunales; entregar nuevas facultades a la Fiscalía Judicial para supervisar la conducta de los jueces; y establecer un Tribunal de Conducta Judicial. Proyecto que, además, fue observado por la Corte Suprema en julio de este año (revisa el detalle aquí).

De esta forma, Henríquez y Castagnola examinaron la propuesta poniendo especial atención en la integración del Consejo, las reglas de evaluación y selección, los efectos jurídicos de las nóminas y la coordinación con los demás órganos de gobierno judicial, y formularon recomendaciones para la reforma constitucional.

Como tesis principal, las autoras afirman que la creación del Consejo de Nombramientos Judiciales solo fortalecerá la independencia judicial si se cumplen las siguientes condiciones:

1. que la Constitución fije su integración, incluida la transición, de modo que evite tanto la captura política como la corporativa;
2. que la evaluación de mérito condicione efectivamente cada etapa del nombramiento, desde la selección hasta la decisión final, bajo reglas de transparencia y motivación;
3. que la distribución de funciones entre los órganos de gobierno judicial vaya acompañada de coordinación y de responsabilidades claras.

El nuevo proyecto de reforma constitucional sobre seguridad y crimen organizado presentado por senadores corrige aspectos controvertidos de la iniciativa del gobierno, recientemente retirada. En lugar de crear otro estado de excepción propone modificar el estado de emergencia vigente.

La propuesta establece un período inicial de hasta 30 días, exige aprobación del Congreso para todas las prórrogas, impone informes quincenales y permite revocar la declaración y las prórrogas. Sin dudas son avances respecto de la iniciativa del gobierno, aunque algunos de esos mecanismos ya están vigentes. Actualmente, el Presidente puede declarar el estado de emergencia por 15 días y prorrogarlo por otros 15 sin acuerdo parlamentario; las prórrogas posteriores sí requieren ese acuerdo. La novedad consiste en extender los informes periódicos y la posibilidad de revocación desde el comienzo.

La cuestión más delicada está, sin embargo, en la causal prevista para declarar el estado de emergencia. Actualmente, la Constitución exige una grave alteración del orden público o un grave daño para la seguridad de la Nación. La reforma añade el peligro grave e inminente para el orden público y el daño grave, actual o inminente, para la seguridad nacional. Se introduce así una dimensión preventiva.

Esta anticipación puede ser razonable frente al crimen organizado. Pero actuar antes de que se produzca el daño obliga a fundamentar con especial rigor por qué la amenaza es concreta e inminente y por qué resultan indispensables facultades extraordinarias. Además, el proyecto no explica cómo un estado de emergencia, que permite restringir el derecho a locomoción y reunión, contribuiría a enfrentar redes criminales que operan en diversos territorios.

Aquí radica la insuficiencia del proyecto. Sus fundamentos reclaman antecedentes suficientes, pero el articulado no exige acreditarlos. Tampoco demostrar que las atribuciones ordinarias no bastan, condición de subsidiariedad recogida en Colombia para la conmoción interior y en España para sus estados de excepción. La gravedad del peligro tampoco requiere probar la idoneidad de los medios.

La omisión es relevante por dos razones. Primero, la nueva causal no se limita al crimen organizado, sino que podría invocarse frente a otras situaciones de amenaza al orden público. Segundo, debe armonizarse con el artículo 39 de la propia Constitución, que reserva los estados de excepción para circunstancias que afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. ¿Cómo se acredita esa exigencia cuando el daño todavía no se ha producido?

Por eso, la reforma debería exigir antecedentes objetivos y verificables que justifiquen la gravedad e inminencia del peligro, la insuficiencia de las atribuciones ordinarias y la idoneidad de las medidas previstas. Prevenir amenazas graves es una obligación del Estado. Lo que no puede admitirse es que esa prevención justifique, por sí sola, poderes extraordinarios cuya necesidad no se han demostrado.

En el segundo panel, la académica presentó la ponencia «El impacto del desarrollo sustentable en el Derecho privado», en la que sostuvo que la respuesta jurídica a la crisis climática no puede quedar entregada solo al Derecho Público, y explicó que los contratos pueden ser lícitos y, aun así, producir daños ambientales que recaen en terceros y en las generaciones futuras.

Su propuesta es que el orden público, un concepto que ya existe en el Código Civil, funcione como «válvula de entrada» para incorporar la sostenibilidad como límite a la autonomía privada, sin necesidad de reformar el Código. Para ello se apoya en el artículo 19 N° 8 de la Constitución y en la Ley Marco de Cambio Climático, y en experiencias comparadas como la reforma del Código Civil belga de 2023, que reconoce expresamente un «orden medioambiental», el Código Civil y Comercial argentino, que limita el ejercicio de los derechos cuando afecta al ambiente y consagra el principio de acceso al consumo sustentable; y el «principio verde» del Código Civil chino.

Asimismo, abordó los desafíos que implica esta propuesta: cuándo un interés ambiental es lo suficientemente esencial para ser considerado de orden público, quién puede pedir la nulidad, y cómo resguardar la seguridad jurídica.

«La sostenibilidad ha pasado de ser algo deseable a algo indispensable. Por eso el Derecho privado no puede seguir tratando los contratos como si no tuvieran efectos fuera de las partes: el orden público es la vía para que nuestro Código responda a la crisis climática sin dejar de ser lo que es, poniendo nuevo límite a la autonomía privada», afirmó la profesora Morales.

La ponencia de la académica responde a su línea de investigación sobre Derecho privado y sostenibilidad, que incluye la reciente publicación «Hacia un derecho del consumo sostenible: una evaluación preliminar del ejemplo francés para Chile» (Actualidad Jurídica, 2026), escrita junto a Sara Moreno.

El seminario también contó con las exposiciones de Rocío Parra (PUCV), Constanza Núñez (Universidad de Chile) y Jairo Lucero y Flavio Quezada (Universidad de Tarapacá). Ellos abordaron el desarrollo sustentable desde el Derecho ambiental, el Derecho procesal, el Derecho internacional de los derechos humanos y la contratación administrativa.

Hugo Rojas, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y profesor asociado de la Universidad Católica del Uruguay, participó en el QS Higher Ed Summit: Americas, conferencia internacional de educación superior realizada en Guadalajara, México.

Rojas integró el panel “Learning by living: How experience, mentorship, and place transform student outcomes”, organizado por la University of Notre Dame, que abordó el valor del aprendizaje basado en experiencias concretas, la participación de los estudiantes en proyectos de investigación y el acompañamiento de mentores con experiencia profesional y conocimiento del contexto local.

El académico presentó la experiencia desarrollada por estudiantes de intercambio y pasantes que participan en el proyecto NuestramemorIA, iniciativa de la que es investigador y que utiliza herramientas de inteligencia artificial para apoyar el análisis de archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos en Chile. La experiencia permitió abordar cómo la participación de estudiantes en problemas reales puede complementar su formación académica y generar nuevos espacios de aprendizaje.

La presentación permitió vincular la discusión internacional sobre innovación educativa con una investigación que conecta inteligencia artificial, archivos judiciales, derechos humanos y justicia transicional en Chile.

Rojas se refirió al artículo “Artificial intelligence, judicial archives, and transitional justice: analysis of the Quiñones Case in Chile”, publicado recientemente en la revista Tapuya. En la etapa inicial de esta investigación colaboró como ayudante de investigación Veronica Bofah, estudiante de la University of Notre Dame, quien también participó en el panel.

“El aprendizaje adquiere una dimensión particular cuando los estudiantes se involucran en problemas reales y desarrollan sus proyectos de investigación junto a académicos que aportan conocimientos especializados y experiencia situada”, explicó Rojas.

La inteligencia artificial (IA) hoy atrae el interés de todos y su omnipresencia engendra temor e incertidumbre. En el ámbito empresarial y organizacional, una de los razones que más justifican su empleo es el ahorro de tiempo y recursos. Pero las innovaciones tecnológicas no deben adoptarse con el único propósito de ahorrar tiempo o de simplificar las actividades (Tanco, 2022). Su introducción también debe velar por el resguardo de los derechos de los ciudadanos y acompañarse de una sólida gobernanza, que permita delimitar su ámbito de aplicación y prever las consecuencias negativas de su uso.

En este contexto global existen, al menos, dos grupos de intereses en juego. Por un lado, el de las diversas organizaciones que emplean IA y, por otro, el de las empresas desarrolladoras de la misma. Todo ello, en mercados que –como es esperable– actúan sin emitir juicios de valor sobre las necesidades que satisfacen (Sandel, 2013). En tal estado de cosas, la incorporación de sistemas de IA en las organizaciones debe obedecer a una programación específica, orientada a objetivos claros. Si se quiere que actúen con criterios éticos, es necesario programar esa ética desde el diseño mismo de las aplicaciones y sistemas. Asimismo, los usuarios deben saber a qué reglas, códigos o criterios atenerse al utilizar dichas herramientas.

Aquí es, precisamente, donde entra en juego la denominada “IA en las sombras” (shadow AI), expresión que alude al uso de herramientas, aplicaciones o modelos de IA por parte de los colaboradores de una organización sin el conocimiento, aprobación o supervisión formal de los miembros directivos de aquélla. El concepto remite a las dificultades que se plantean en espacios de trabajo (en un sentido amplio) en donde no existe claridad acerca de si el uso de IA está o no permitido; si es aconsejable y, de serlo, cómo se maneja y comparte la información y datos de la organización con los sistemas de IA y, en general, con terceros ajenos a la misma. La “IA en las sombras” conduce, por ejemplo, a hacerse la (quizá aterradora) pregunta acerca de qué información están entregando los colaboradores de la empresa a los sistemas de IA (especialmente, a los que usan IA generativa): a qué carpetas con datos sensibles de los clientes, de secretos empresariales, cifras, know-how y otros, están teniendo acceso los asistentes que nos facilitan las tareas diarias.

Tal como hemos indicado en otras oportunidades, los sistemas y agentes de IA operan en base a modelos matemáticos, que simplifican una realidad más compleja, variable y dinámica que lo computado en dichos modelos. Estos reflejan objetivos e ideologías, como también los sesgos presentes en los datos y en la mente de los programadores. Están diseñados para alcanzar los objetivos trazados y optimizar las operaciones de búsqueda de información, sin cuestionarse acerca de si es correcto o no recopilar, almacenar o compartir esos datos con terceros ajenos a la entidad que los alberga.

El uso de IA provoca incertidumbre y temores, alimentados por anuncios efectistas de profesionales que han intervenido directamente en el diseño de tales sistemas y que, luego de una dudosa epifanía, nos alertan de los peligros de esa creación descontrolada (imposible no pensar en Godzilla, 1954: “¿qué podría salir mal?”). En efecto, en las últimas semanas, el mundo ha prestado (demasiada) atención a destempladas declaraciones de ex ejecutivos de gigantes desarrolladoras de IA, anunciando escenarios catastróficos que ellos mismos han contribuido a moldear. Como una especie de Víctor Frankestein, que teme a su creación y reniega de ella, anuncian que han engendrado un monstruo que destruirá la humanidad. Lo que no es más que una estrategia y un intento de salvaguardar su responsabilidad ante ciertos efectos que sí afectarán a la humanidad: más ignorancia, pobreza, desigualdad, desconfianza y polarización, potenciadas por sus prácticas irresponsables.

Las organizaciones usan IA generativa mucho más de lo que suelen admitir. Sin embargo, no la emplean en forma abierta y transparente, sino en forma solapada y secreta: no vaya a ocurrir que el jefe, el profesor, el fiscalizador, el juez o cualquier otra autoridad se percate de que nos auxiliamos de estas herramientas, tan usadas, pero tan mal miradas. En tal sentido –como reflexiona una interesante columna de Tessa West, en The Wall Street Journal– es cierto que la ignorancia engendra la sospecha. Si el uso de IA es mal visto (porque se asocia a la flojera, a una dudosa productividad o a una falsa eficiencia), el sospechar que los demás la usan, obteniendo beneficios, mientras los que se abstienen de usarla no los consiguen, genera inevitables suspicacias y actúa como caldo de cultivo de malas prácticas.

En tal sentido, la “IA en las sombras”, es una muy mala práctica, en el ámbito empresarial o corporativo, que está siendo costosa hoy y lo será aún más en el futuro, puesto que implica el uso de IA (principalmente, generativa) en forma irresponsable, indiscriminada, no declarada ni auditada. Los costos económicos y extrapatrimoniales pueden ser enormes, en materia de privacidad, de autoría o titularidad de propiedad intelectual o industrial, de cumplimiento normativo sectorial, de inexactitudes en la información respecto de la cual se toman decisiones importantes, entre otros. A este respecto, pensemos, por un momento, en el empleado que, de forma irreflexiva y entusiasta, le pide a su agente favorito de IA que ordene las carpetas de su escritorio virtual, que extraiga información, la clasifique y elabore un informe, luego de un minucioso análisis de los datos de los clientes.

En el escenario recién descrito, una de las grandes amenazas que enfrentan las diversas entidades es la falta de gobernanza de la IA. Si una organización, cualquiera sea su forma y tamaño, no cuenta con reglas claras respecto del uso de IA, pueden derivarse consecuencias dañinas o desastrosas para aquélla y para los usuarios de los servicios que presta: si un trabajador no sabe cómo ni cuándo es aconsejable usar herramientas de IA, si ignora los peligros de compartir información con terceros –incluidos datos sensibles de usuarios o información relevante acerca de sus procesos internos, tales como fórmulas patentadas o datos que otorgan ventajas comparativas sobre la competencia–; si no sabe qué datos proporcionar a la herramienta y cuáles jamás debería entregar, se pone en un serio riesgo la confianza, la comunicación interna y la reputación organizacional.

En síntesis, es esencial contar con reglas claras en estas materias, como, por ejemplo, protocolos internos adoptados luego de una conversación franca y abierta sobre las prácticas internas actuales, junto con la proyección, honesta y realista sobre el proceder futuro. Para lograrlo, es imprescindible, abandonar la “demonización” de las herramientas tecnológicas –que, bien empleadas, pueden facilitar bastante la vida profesional– y desatender los discursos alarmistas de falsos profetas, que solo alimentan la ignorancia y el miedo con el objetivo de ganar tiempo y dinero, gracias a la inmovilidad que ocasionan.

Al inicio del seminario-taller, la directora del Programa Rosa María Olave se refirió a las preguntas en torno a los conflictos que se generan en contextos educacionales, tanto en colegios como en instituciones de educación superior. “Cuando hablamos de convivencia, muchas veces ponemos el énfasis en cómo prevenir los conflictos, cómo evitar que ocurran o cómo intervenir cuando ya se han producido. Pero quizás hay una pregunta anterior que es importante plantearnos: ¿nos detenemos a pensar o reconocer los conflictos, las tensiones, que existen en nuestras comunidades? Porque los conflictos forman parte de la vida de cualquier comunidad”, dijo.

En ese sentido, la profesora Olave aseguró que las diferencias que existen entre las personas que integran las comunidades educativas son inevitables, lo que no significa asumir una mirada negativa sobre ellas: “Una comunidad que reconoce sus conflictos puede estar en mejores condiciones para abordarlos. El conflicto puede expresar una diferencia, una tensión que no ha sido suficientemente escuchada, una relación que se ha deteriorado o un problema que requiere ser abordado”.

Así, esta apertura a los conflictos, explicó, es una oportunidad para revisar lo que está ocurriendo, generar aprendizajes, modificar determinadas prácticas, de transformar las relaciones y la propia comunidad. “¿Qué necesitamos como comunidades educativas para poder reconocer y abordar nuestros conflictos de una manera que contribuya a fortalecer, y no a deteriorar, las relaciones que nos constituyen como comunidad?”, fue la pregunta rectora del encuentro que planteó la directora.

En representación de las autoridades de la Universidad Alberto Hurtado, el secretario general José Manuel Burmeinster dijo que el conflicto “es parte sustancial de personas diversas, heterogéneas y libres, en las cuales, naturalmente, va a haber desacuerdos. La pregunta no es cómo hacer desaparecer el conflicto, sino qué hacemos con ellos, si los transformamos en muros o en puentes para poder encontrarnos. Y esa pregunta hoy es urgente en el mundo”.

Burmeinster destacó la labor realizada por la profesora Olave, quien creó el Programa de Mediación y Resolución de Conflictos en 2013 y que, en sus palabras, “por más de una década ha cultivado en esta Universidad la convicción de que los conflictos pueden gestionarse de otra manera”. Y concluyó: “Para nosotros, el diálogo es una forma de aprender la educación y la vida en común, desde la convicción de que la dignidad de cada persona, y de quien piensa distinto, no se negocia”.

La escuela: un lugar donde se respeten y cuiden los derechos

Para Alfredo Zamudio la escuela no es solamente un lugar seguro en términos de seguridad física, sino también un lugar donde se respeten y cuiden los derechos. “La escuela es un refugio que, aunque es imperfecto, es real y para muchos es el único”, aseguró.

“Para muchos estudiantes, la escuela es un oasis emocional donde se encuentran con sus pares y pueden hacer realidad el anhelo tan necesario para todo ser humano, que es pertenecer a una comunidad y ser escuchados”, añadió, dirigiéndose a la audiencia.

Y afirmó: “Chile no necesita necesariamente más diagnósticos. Sabemos lo que hay que hacer. Entonces, hay que hacerse la pregunta: si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no se hacen? ¿Qué podemos hacer para cambiar la desazón por la esperanza, y la inseguridad por el respeto?”.

El encuentro concluyó con un trabajo en grupos, acompañados por facilitadoras, y posteriormente un plenario.

La Universidad Alberto Hurtado y el Servicio Jesuita a Migrantes lanzaron ChileReconoce 2.0, iniciativa que desarrollará nuevas herramientas para la identificación, atención jurídica y reconocimiento de la identidad legal de niños, niñas y adolescentes migrantes. El lanzamiento se realizó a diez años del inicio de la experiencia que buscó responder a la situación de niños y niñas que crecían en Chile sin una nacionalidad reconocida.

El proyecto es liderado por Macarena Rodríguez, académica de la Facultad de Derecho de la UAH. Cuenta con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), tras adjudicarse el concurso IDeA I+D 2026. Reúne a la academia, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, y contempla herramientas jurídicas y tecnológicas para abordar situaciones de riesgo de apatridia, subregistro y falta de documentación.

Qué contempla ChileReconoce 2.0 en los próximos 24 meses

El equipo desarrollará y validará el modelo mediante tres componentes principales:

• Protocolos de detección especializada.
• Un consejo técnico multisectorial.
• Un módulo de identificación y registro de casos integrado en una plataforma tecnológica.

El objetivo final es generar un bien público tecnológico compuesto por una plataforma, protocolos y un manual de implementación, que pueda ser adoptado por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, en Chile y eventualmente en otros países de la región.

“Lo que vamos a crear aquí es el modelo ChileReconoce 2.0, un modelo tecnológico integral, transferible y replicable”, explicó Rodríguez.

“Lo que hoy inauguramos oficialmente no es solo la ejecución de un fondo financiero. Es el inicio de un compromiso para que la rigurosidad de la ciencia aplicada repare una profunda fractura humana”, afirmó Macarena Rodríguez, agregando que el desafío es poner la tecnología al servicio de la dignidad de niños y niñas y de su derecho a contar con una identidad y existir ante la ley.

Una década de trabajo: más de 433 casos resueltos

ChileReconoce 2.0 se construye sobre la experiencia acumulada durante la última década. Según explicó Rodríguez, el trabajo desarrollado hasta ahora ha permitido abordar más de 433 casos de niños y niñas que hoy cuentan con una identidad legal.

Rodríguez puso énfasis en que detrás de fenómenos como la apatridia, el subregistro o la falta de documentación existen niños y niñas concretos. “No se trata solo de estadísticas”, planteó al presentar algunos de los casos que han impulsado el trabajo del proyecto durante estos años. Sin reconocimiento jurídico, explicó, se generan barreras para acceder a derechos fundamentales: “Si el Estado no los ve, no los puede proteger”.

La académica destacó además la importancia de abordar la migración desde la evidencia, particularmente en un ámbito donde pueden instalarse prejuicios y sesgos. En ese sentido, la nueva etapa busca incorporar metodologías estandarizadas, rigor científico y trazabilidad al trabajo desarrollado.

De “hijos de extranjeros transeúntes” a una plataforma digital

El rector de la UAH, Cristián del Campo SJ, recordó que ChileReconoce tiene una historia de largo aliento. Destacó el trabajo realizado frente a una problemática que durante años afectó a miles de niños y niñas nacidos en Chile que fueron inscritos como “hijos de extranjeros transeúntes”, quedando sin el reconocimiento de la nacionalidad chilena.

“Temas tan fundamentales, que implican movilizar tantas instituciones y tantas voluntades, no solo se logran con capacidad y trabajo, sino con muchísima perseverancia”, señaló el rector Cristián del Campo SJ, destacando el compromiso de quienes han formado parte de la iniciativa desde sus comienzos.

El rector explicó además que los desafíos han cambiado junto con la realidad migratoria. Por ello, esta nueva etapa incorpora herramientas capaces de responder a escenarios más complejos, entre ellas una plataforma digital para identificar y realizar seguimiento de los casos y protocolos jurídicos para su resolución.

El contexto en Chile: una población migrante que se duplicó en siete años

El proyecto se lanza en un país donde la inmigración ha crecido con fuerza. Según el Censo 2024, 1.608.650 personas residentes habituales nacieron fuera de Chile, equivalente al 8,8 % de la población censada, casi el doble de lo registrado en el Censo 2017 (746.465 personas, 4,4 %).

La mayoría proviene de Venezuela (41,7 %), seguida por Perú (14,5 %) y Colombia (12,3 %). La concentración es mayor en el norte: en Tarapacá, uno de cada cuatro residentes es inmigrante internacional (23,2 %), y en Antofagasta, uno de cada cinco (19,7 %). En cifras absolutas, la Región Metropolitana reúne la mayor cantidad, con 964.835 personas.

El Censo también muestra que el 64,9 % de las mujeres de entre 15 y 49 años nacidas fuera del país son madres, frente al 55,4 % entre las nacidas en Chile.

Estas cifras no miden por sí solas la apatridia ni el subregistro, pero dimensionan el escenario en que se inserta ChileReconoce 2.0. Además, el Servicio Nacional de Migraciones advierte que sus registros de permisos de residencia no permiten conocer cuántas personas extranjeras están en situación regular o irregular, porque informan permisos y no personas. De ahí la importancia de contar con metodologías y trazabilidad propias para detectar los casos.

ACNUR: una alianza entre Estado, academia y sociedad civil

La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Delfina Lawson, quien también participó en los inicios de ChileReconoce, recordó el camino recorrido por la iniciativa desde 2016 y destacó el trabajo colaborativo que ha caracterizado su desarrollo.

“Este proyecto representa mucho más que una nueva etapa de trabajo. Representa la convicción compartida de que ninguna persona debería quedarse atrás y que ninguna persona debería crecer sin el reconocimiento de su nacionalidad”, destacó Delfina Lawson.

Lawson añadió que los avances de esta década no corresponden al trabajo de una sola institución, sino a una alianza entre el Estado, universidades, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y, especialmente, las comunidades y personas afectadas.

En ese proceso, sostuvo, las universidades han desempeñado un papel fundamental a través de sus clínicas jurídicas, la investigación, el litigio estratégico y el acompañamiento directo. “La Academia no solo produjo conocimiento, sino que contribuyó activamente a transformar las realidades“, afirmó.

Para Lawson, ChileReconoce 2.0 es también un ejemplo de cómo la investigación académica puede conectarse con las políticas públicas y las necesidades de las personas: “Las universidades pueden convertirse en verdaderos laboratorios de innovación social y jurídica, capaces de tender puentes entre la evidencia, las políticas públicas y las necesidades de aquellas personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad”.

Reconocimiento a quienes sentaron las bases

Durante la ceremonia se reconoció públicamente a cuatro personas cuya convicción, trabajo y liderazgo técnico y humano fueron indispensables en los cimientos de ChileReconoce:

• Rodrigo Sandova, entonces jefe del Departamento de Extranjería y Migración.
• Miguel Yaksic, exdirector nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.
• Delfina Lawson, oficial (s) de Protección de ACNUR en Chile.
• Jorge Alvarez, exdirector nacional (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El encuentro internacional, se organizó en el marco de la Cátedra UC3M-UCEN de Derecho Inmobiliario y reunió a especialistas de Chile y de otros países para abordar, desde distintas áreas, los principales desafíos contemporáneos del Derecho inmobiliario.

La profesora Morales participó en la mesa dedicada a contratación inmobiliaria con la ponencia «Los contratos predispuestos por las corredoras de propiedades y la protección del comprador inmobiliario como consumidor en el Derecho chileno».

En su exposición, analizó la posición jurídica que ocupan las corredoras de propiedades frente al consumidor inmobiliario y, en particular, la aplicación de la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores a las condiciones contractuales predispuestas por estas empresas.

La ponencia abordó especialmente la calificación de las corredoras como proveedoras directas de servicios de intermediación y asesoría, y las consecuencias que de ello se derivan para la aplicación del estatuto general de protección al consumidor, incluido el control de cláusulas abusivas, las exigencias de información y las normas sobre publicidad. Asimismo, examinó ejemplos de cláusulas habitualmente incorporadas en ofertas de compra y promesas de compraventa, entre ellas aquellas relativas al pago de comisiones, penalidades asociadas al retracto y limitaciones de responsabilidad.

El XI Congreso Iberoamericano de Derecho Inmobiliario se desarrolló en el contexto de los diez años del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Central de Chile, y contempló ocho mesas temáticas dedicadas a distintas dimensiones del Derecho inmobiliario y registral.