El encuentro se realizó entre el 29 de junio y el 1 de julio y reunió a académicos, jueces y operadores jurídicos de todo el mundo en uno de los espacios de mayor prestigio del derecho público comparado.

Derecho al Cuidado

En esta instancia, la profesora Martínez presentó la ponencia “The right to care for others: A theoretical proposal”, en la que propone una conceptualización jurídica del derecho fundamental a cuidar como traducción normativa de las reivindicaciones que, desde hace más de una década, han impulsado organizaciones feministas y de la sociedad civil en América Latina.

La investigación —que forma parte de su tesis doctoral, aprobada en marzo de 2026— aplica el esquema analítico de Hohfeld para distinguir las relaciones jurídicas que emanan de este derecho: como libertad frente al Estado, como obligación estatal de garantizar tiempo y condiciones materiales para cuidar, y como principio de corresponsabilidad entre privados.

La ponencia se inserta en un debate que ha cobrado fuerza regional e internacionalmente a partir de la Opinión Consultiva N°31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el derecho humano al cuidado y distingue tres dimensiones: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

Además de exponer ante una audiencia internacional de especialistas en derecho público comparado, la profesora Martínez participó en la conferencia como integrante del Interest Group on Feminist Constitutionalism (IGFC) de ICON•S, compartiendo panel con otras investigadoras que trabajan la relación entre cuidados y derecho. Su participación en ICON•S proyecta internacionalmente la línea de investigación que la profesora Martínez desarrolla en el marco del Programa de Derecho y Cuidados de la Facultad de Derecho UAH. Asimismo, la actividad contó con el apoyo del Fondo de Asistencia para Actividades Académicas y de Creación Artística en el Extranjero de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación UAH.

Militarización y estados de excepción

Sebastián Salazar, académico y también coordinador académico del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, participó en tres paneles durante la conferencia anual ICON•S 2026, en los cuales pudo compartir su investigación acerca del militarismo, la militarización y los estados de excepción en Chile y Latinoamérica.

En el primer panel “Liberalismo Autoritario”, que compartió junto a Paula Ahumada, Jamee Moudud y Matias Guiloff, analizó el estado actual y la relevancia contextual de estos conceptos en América Latina.

En el segundo panel, titulado “La trayectoria de la identidad constitucional: perspectivas europeas y latinoamericanas”, presentó un análisis detallado de la genealogía e historia del militarismo, la militarización y los estados de emergencia en Chile y Latinoamérica. En esta instancia también participaron María Pardo Vergara, Octavio Ansaldi, Marco Goldoni y Mike Wilkinson.

La última actividad en la que participó consistió en una mesa redonda en la que se conversó sobre los distintos aspectos desplegados en el libro de Jamee Moudud “Fundamentos legales y políticos del capitalismo: ¿El fin del laissez-faire?” (2025), junto a Paula Ahumada y Matias Guiloff.

Saltos presentó su ponencia «Burnout social y constitucionalismo social frente a los límites estructurales de la igualdad material en América Latina», en la que abordó cómo la desigualdad persistente en el ejercicio efectivo de los derechos puede producir un clima de alta emotividad político-institucional que incrementa los riesgos de erosión democrática en América Latina.

«A partir de casos como Ecuador y Chile, analicé cómo la apatía ciudadana, la desconfianza hacia los órganos representativos y la ordinarización de mecanismos constitucionales extraordinarios tensionan los límites estructurales de la igualdad material», aseguró.

La estudiante fue parte del panel «Sustainable democracy and the crisis of constitutionalism» junto a Mateo Merchán, David Landau, Jaime Olaiz-González, Viridiana Molinares y Rodrigo Uprimny.

Recientemente, se conoció el informe que la Corte Suprema evacuó sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea el Consejo de Nombramientos Judiciales, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado. El informe recorre las múltiples aristas del proyecto, pero se detiene con especial detalle en el régimen disciplinario propuesto. La reforma traslada la potestad disciplinaria y la de remoción -hoy radicadas en las cortes de apelaciones y en la Corte Supremaa dos órganos nuevos: una Fiscalía Judicial, que estaría facultada para invesigar y acusar por faltas disciplinarias y a la probidad a todos los jueces de la nación; y un Tribunal de Conducta Judicial, que juzgaría esas acusaciones, constituido caso a caso mediante sorteo.

La demanda por separar la superintendencia correccional de la jurisdiccional de las Cortes no es nueva en nuestro medio y se fundamenta en la necesidad de independencia judicial interna. Cuando la misma jerarquía que evalúa ascensos también sanciona conductas, existe el riesgo de que la disciplina se use como instrumento de presión sobre los jueces. Por otro lado, separar a quien acusa de quien falla permite imparcialidad en el juzgamiento. El problema, a juicio del máximo tribunal, estaría en el diseño de las instituciones propuestas. La primera es la ausencia de un titular estable en el rol sancionador. A juicio de la Corte Suprema, no se contempla una institución permanente, sino una especie de tribunal, que se conforma exclusivamente para el caso y se extingue con él. El derecho comparado sugiere una alternativa de solución. En España e Italia, los consejos de la magistratura -órgano que propone la reforma para ocuparse de los nombramientosconcentran en un mismo órgano permanente tanto la función de nombramiento como la disciplinaria, separando investigación de juzgamiento dentro de ese consejo, y no en un tribunal transitorio ajeno a él.

El segundo problema, en opinión de la Corte, es que la causal de remoción seguiría siendo «buen comportamiento», lo que sería incompatible con el modelo propuesto. En efecto, dice la Corte, la referida causal, más que sancionar la conducta judicial por infracción disciplinaria, es una atribución vinculada al ejercicio de la jerarquía judicial. La reforma conserva la fórmula abierta de «buen comportamiento» para justificar la remoción, pero lo que falta es definir el catálogo de infracciones que la componen. Sin dudas, es deseable que esta reforma, o la ley que más adelante la regule, cuente con catálogos de faltas, cada una suficientemente tipificada, con sanciones proporcionales, no un juicio de valor abierto entregado a un tribunal transitorio.

Nada de lo observado es razón para detener la reforma en curso. El diagnóstico de fondo -separar la disciplina de la jerarquía jurisdiccional sigue siendo correcto. Pero exige un titular disciplinario estable y una tipificación objetiva de las faltas. Perfeccionar la reforma, y no abandonarla, es la tarea que corresponde ahora al Senado.

Pensemos por un momento en cómo se acredita hoy un hecho ante un tribunal. Los fundamentos del despido que se discute en sede laboral suele constar en correos electrónicos; el incumplimiento contractual, en mensajes de WhatsApp; el accidente de tránsito, en la cámara del vehículo y de la Municipalidad; la estafa, en transferencias electrónicas y registros de conexión.

Esto quiere decir que la vida cotidiana ya no deja sus huellas principalmente en el papel ni en la memoria de los testigos: las deja, cada vez más, en datos digitales.

DE LA PRUEBA DIGITAL (O ELECTRÓNICA) A LA PRUEBA DE DATOS

Durante los últimos veinte años, los abogados aprendieron a hablar de prueba o evidencia electrónica. La expresión parece moderna, aunque muchas veces esconde una aproximación conservadora: tomar el correo, el mensaje o la fotografía digital y tratarlos como si fueran documentos en papel.

La experiencia española ofrece una ilustración particularmente útil de las limitaciones de ese enfoque. Allí, el legislador intentó resolver el problema mediante listados de medios de prueba admisibles que pronto quedaron superados por el avance tecnológico. Fue finalmente el Tribunal Supremo español el que, en la sentencia 300/2015 sobre conversaciones de WhatsApp, recordó algo fundamental: estos contenidos pueden ser alterados, la suplantación de identidad y la edición de mensajes son fenómenos reales y, por ello, quien presenta una conversación impugnada debe acreditar técnicamente su autenticidad.

La enseñanza es sencilla, aunque profunda: el soporte material que contiene el dato no basta para demostrar su veracidad. Lo verdaderamente relevante es el dato y la historia que lo acompaña.

Precisamente hacia allí parece dirigirse la evolución del Derecho Probatorio. Una parte importante de la doctrina procesal contemporánea —entre cuyas voces más influyentes se encuentra el profesor Federico Bueno de Mata— sostiene que el concepto tradicional de prueba electrónica comienza a resultar insuficiente y que está emergiendo otro paradigma: más que de prueba electrónica deberíamos hablar de la “prueba de datos electrónicos”.

La diferencia no es meramente terminológica. Mientras la prueba digital centra la atención en el objeto visible —un archivo, un mensaje o un dispositivo—, la prueba de datos pone el acento en la información y en su trazabilidad: quién generó ese dato, cuándo lo hizo, dónde se almacenó, quién accedió a él y qué transformaciones experimentó hasta llegar al tribunal. Un pantallazo sin metadatos se parece a una fotografía sin negativo; un dato trazable, en cambio, incorpora una biografía verificable.

Europa ya legisla sobre esta base. Sus nuevas órdenes de producción y conservación de pruebas electrónicas permiten a los jueces requerir información directamente a proveedores de servicios, fijan plazos breves de respuesta y exploran tecnologías destinadas a reforzar la cadena de custodia digital.

Chile tampoco ha permanecido ajeno a esta transformación: ha adherido al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, ha modernizado su legislación penal informática y ha consolidado, especialmente tras la pandemia, la digitalización de numerosos procedimientos judiciales.

Sin embargo, persiste un desafío importante. Nuestro Derecho Probatorio continúa descansando, en buena medida, sobre estructuras normativas concebidas para otra época. El Código de Procedimiento Civil sigue enumerando taxativamente los medios de prueba, mientras que el proceso penal ha debido resolver muchas de estas cuestiones caso a caso.

LA CIBERSEGURIDAD COMO GARANTÍA DEL PROCEDIMIENTO JUSTO Y RACIONAL

Aquí aparece una cuestión que trasciende el ámbito estrictamente jurídico. Si aceptamos que los tribunales conocen los hechos principalmente a través de datos, debemos reconocer también que la confiabilidad de esos datos resulta esencial para la administración de justicia.

Un dato alterado en su origen, interceptado durante su transmisión o modificado durante su almacenamiento no constituye únicamente una prueba defectuosa: puede afectar la reconstrucción misma de los hechos. Y cuando ello ocurre, el problema no se limita a la valoración probatoria: la dificultad es más profunda, porque los jueces solo pueden decidir a partir de la información que reciben.

Nuestra Constitución exige que el legislador asegure procedimientos e investigaciones racionales y justos. Tradicionalmente, ese mandato se ha interpretado a la luz de garantías clásicas: el derecho de defensa, la imparcialidad del juez, la contradicción y el derecho a rendir prueba.

Sin embargo, la realidad tecnológica invita a ampliar esa mirada: resulta cada vez más difícil imaginar un procedimiento plenamente justo si la información sobre la cual descansa la decisión judicial puede ser manipulada sin mecanismos eficaces para detectarlo.

En ese sentido, la integridad del dato cumple hoy una función comparable a la que históricamente ha desempeñado la cadena de custodia respecto de la prueba material: constituye una condición necesaria para que el resto de las garantías procesales despliegue plenamente sus efectos. De poco sirven la contradicción, la inmediación o la fundamentación de las sentencias si la información sobre la cual operan ha perdido fiabilidad.

Por ello, puede sostenerse que la ciberseguridad ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse también en una cuestión vinculada al debido proceso. Y no se trata de una metáfora. El recorrido de un dato relevante para un litigio suele ser largo y complejo: nace en un teléfono o en un servidor privado, circula por redes de terceros, se almacena en servicios en la nube, es extraído por especialistas, incorporado a expedientes digitales y, finalmente, presentado en una audiencia, que a veces es telemática. Cada una de esas etapas introduce riesgos específicos.

Desde esta perspectiva, la vulnerabilidad de las plataformas judiciales, la insuficiente protección de evidencias digitales por parte de los organismos persecutores o la falta de garantías ofrecidas por determinados proveedores tecnológicos pueden repercutir directamente en la calidad de las garantías procesales.

Chile ha comenzado a construir una infraestructura institucional para enfrentar estos desafíos. La Ley Marco de Ciberseguridad creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad y estableció obligaciones relevantes para los operadores de servicios esenciales. A su vez, la nueva legislación sobre protección de datos personales incorpora principios de integridad y seguridad de la información, junto con mecanismos de fiscalización más robustos.

Se trata, sin duda, de avances significativos. No obstante, estas reformas han sido concebidas principalmente desde la óptica regulatoria y de protección de las personas, más que desde la lógica probatoria. Aún queda por desarrollar el vínculo explícito entre seguridad de la información y garantías procesales, definiendo con claridad las consecuencias que una vulneración de la integridad del dato puede tener sobre la admisibilidad y valoración de la prueba.

Ese puente exige decisiones concretas. Exige que el procedimiento civil, más temprano que tarde, abandone los listados cerrados de medios de prueba y avance hacia una regulación centrada en la autenticidad, la integridad y la trazabilidad de los datos.

Exige también protocolos uniformes de cadena de custodia digital, idealmente apoyados en tecnologías que permitan reforzar la confianza en los registros. Exige también repensar la cooperación internacional, pues buena parte de los datos relevantes para los tribunales chilenos se encuentra almacenada fuera del país. Y exige, finalmente, formar a jueces y abogados para comprender, cuestionar y valorar información digital cada vez más compleja.

Por supuesto, ninguna de estas transformaciones está exenta de riesgos. La rapidez en el acceso a la información puede hacernos olvidar que ninguna herramienta garantiza, por sí sola, la veracidad de los hechos. Tecnologías como blockchain pueden ayudar a demostrar que un registro no fue alterado, pero no necesariamente que aquello registrado era verdadero desde el principio.

El equilibrio entre eficacia probatoria y derechos fundamentales seguirá siendo objeto de debate. Sin embargo, hay un punto que parece difícil de desconocer: la realidad que conocen los tribunales se construye, cada vez más, a partir de datos.

Asegurar la integridad de esos datos no constituye únicamente un desafío tecnológico; representa también una condición indispensable para preservar la confianza en la justicia y en la racionalidad de sus decisiones.

El encuentro, organizado por la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, se desarrolló bajo el lema “Constitucionalismo sostenible: respuestas para un mundo en cambio” y reunió a más de dos mil académicos/as, jueces/zas, investigadores/as y especialistas de distintos países para analizar los principales desafíos que enfrentan actualmente la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales.

La profesora Miriam Henríquez Viñas participó como chair y expositora del workshop “La independencia judicial como piedra angular de la resiliencia democrática”. Se examinó, desde una perspectiva comparada entre América Latina y Europa, las amenazas contemporáneas a la independencia judicial y las respuestas institucionales destinadas a fortalecer el Estado de Derecho y la resiliencia de las democracias.

El profesor Mauricio Baquero Herrera participó como expositor en el workshop “Banca central y derecho constitucional: autonomía, legitimidad y nuevos desafíos”, instancia dedicada a analizar la constitucionalización de los bancos centrales, su autonomía frente a los gobiernos, su legitimidad democrática y los retos derivados del cambio climático, las monedas digitales, los criptoactivos y las nuevas tecnologías financieras.

Por último, el profesor Gustavo Poblete Espíndola intervino en el workshop “La jurisdicción administrativa como garante de la democracia”. El taller abordó el papel de la jurisdicción contencioso-administrativa en el control del ejercicio del poder público, la sujeción de las autoridades al Derecho y la protección de la independencia judicial frente a los demás poderes del Estado.

El Congreso Mundial de Derecho Constitucional se celebra cada cuatro años y constituye uno de los principales encuentros internacionales de la disciplina. Su realización por primera vez en Colombia coincidió, además, con la conmemoración de los 35 años de la Constitución colombiana de 1991.

La participación de los tres profesores da cuenta de la presencia de la Facultad de Derecho UAH en redes académicas internacionales y de su contribución a debates centrales del constitucionalismo contemporáneo, desde la regulación económica y el control de la Administración hasta la independencia judicial y la protección de la democracia.

El encuentro, patrocinado por Impunity Watch, reunió a especialistas provenientes de América, África, Asia y Europa para analizar el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes en la documentación de violaciones graves a los derechos humanos y en los procesos de justicia transicional.

A través del estudio de casos reales y escenarios hipotéticos, los participantes debatieron sobre el uso de nuevas tecnologías para la preservación de la memoria, los desafíos éticos y regulatorios que plantea su implementación, las experiencias institucionales en materia de documentación, así como los riesgos y oportunidades asociados a un enfoque centrado en las víctimas.

El profesor Rojas presentó los principales avances del proyecto de investigación NuestramemorIA, iniciativa interdisciplinaria que desde septiembre de 2023 desarrolla herramientas basadas en inteligencia artificial para el análisis y procesamiento de archivos documentales relativos a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura chilena (1973-1990). Su exposición abordó los resultados obtenidos hasta la fecha y los desafíos metodológicos, tecnológicos y éticos que supone la incorporación de estas herramientas en la investigación histórica, la preservación de la memoria y el fortalecimiento de los procesos de verdad, justicia y reparación.

La participación del profesor Rojas en este workshop, sumada a sus recientes presentaciones académicas en Berlín, París y Montevideo, confirma la creciente proyección internacional del proyecto NuestramemorIA en los campos de los derechos humanos, la justicia transicional y la inteligencia artificial. Asimismo, refleja el compromiso de la Universidad Alberto Hurtado con el desarrollo de investigación interdisciplinaria de excelencia, orientada a generar conocimiento e innovación frente a desafíos públicos de alcance global.

Al término del encuentro, el profesor Rojas destacó el interés que ha despertado el proyecto en distintos contextos regionales: “Los desarrollos que estamos impulsando en NuestramemorIA resultan de especial interés para numerosos países que continúan enfrentando los legados de la violencia estatal y las violaciones masivas de derechos humanos. Por ello, como equipo, realizamos un esfuerzo permanente por compartir nuestras metodologías, resultados y aprendizajes con investigadores e instituciones de distintos lugares del mundo, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición”.

El veredicto condenatorio contra la facción del Tren de Aragua conocida como «el Tren del Mar», dictado por el Tribunal Oral de Viña del Mar, marca un precedente procesal que merece más discusión de la que ha recibido: por primera vez en Chile un juicio oral se desarrolló con jueces y fiscales cuyas identidades permanecieron ocultas para los acusados. La amenaza del crimen organizado es real y la preocupación por la seguridad de quienes juzgan y persiguen es legítima. Pero la respuesta escogida tensiona uno de los ejes del sistema que Chile construyó, a lo largo de un cuarto de siglo, con la reforma procesal penal.

El primer punto es la necesidad de revalorizar el juicio oral. La reforma del año 2000 no introdujo la oralidad como una formalidad, sino como garantía: el juicio público, con inmediación y contradicción, es el mecanismo mediante el cual la comunidad controla el ejercicio del poder punitivo. La publicidad no es accesoria; es la condición que permite escrutar cómo se produce la prueba, cómo razonan los jueces y cómo litigan los fiscales. Un tribunal cuya identidad se sustrae al conocimiento del acusado degrada esa publicidad a una puesta en escena parcial: hay audiencia, pero una parte esencial de ella —quién juzga— queda fuera del control público y de la defensa. Si aceptamos que la oralidad puede funcionar con juzgadores anónimos, habremos admitido que sus garantías son negociables según la gravedad del delito, que es exactamente la lógica que la reforma quiso abandonar.

El segundo punto, vinculado al anterior, es la imparcialidad. Este principio no exige solo que el juez sea imparcial, sino que su imparcialidad pueda verificarse. El instrumento procesal para ello es la recusación y el sistema de inhabilidades: el acusado debe poder examinar si quien lo juzga tiene vínculos con las partes, interés en el resultado o causales que comprometan su independencia. Con jueces anónimos ese control se vuelve imposible. No se trata de presumir mala fe de los magistrados sino de que la garantía desaparece como tal, porque una imparcialidad que no puede controlarse es un acto de fe, no un derecho.

La experiencia comparada es elocuente. La figura surgió en Italia en los años sesenta para enfrentar a las mafias y fue adoptada luego en América Latina: Perú la incorporó en 1992 dentro de la legislación antiterrorista de Fujimori y El Salvador la ha revivido bajo el régimen de excepción de Bukele. México, por su parte, la sumó en 2024 a la reforma judicial impulsada por López Obrador, que permite resguardar la identidad de los juzgadores en causas de delincuencia organizada; la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos objetó de inmediato la medida, porque impide conocer y valorar la idoneidad de quien juzga. Donde la figura ya operó, los resultados están documentados. Amnistía Internacional registró en Perú, entre 1993 y 1996, alrededor de 700 casos de personas inocentes condenadas por tribunales sin rostro bajo cargos falsos de terrorismo. El Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó en 1996 abolir la figura, por vulnerar el derecho a ser oído por un tribunal independiente e imparcial. Y la Corte Interamericana condenó al Estado peruano en casos como Castillo Petruzzi (1999) y J. vs. Perú (2013), declarando que los tribunales anónimos violan las garantías judiciales de la Convención Americana.

Nada de esto niega el problema de fondo: los jueces y fiscales chilenos enfrentan hoy riesgos inéditos. Pero el deber de protección recae sobre el Estado, no sobre las garantías del imputado. Trasladar el costo de la seguridad de los jueces al debido proceso invierte esa lógica: convierte un déficit estatal en una carga para el acusado. La experiencia comparada muestra, además, que estas figuras se introducen como excepcionales y transitorias, pero tienden a prolongarse y a ampliar su ámbito de aplicación. Por eso la definición no debería quedar entregada a decisiones caso a caso: corresponde al legislador establecer, con precisión y con controles, si medidas de este tipo tienen cabida en nuestro sistema y bajo qué condiciones estrictas. Mientras esa deliberación no ocurra, cada juicio con juzgadores anónimos operará como una excepción sin regla, y eso debilita al debido proceso más de lo que protege a quienes lo administran.

Las palabras de bienvenida fueron entregadas por el director del Departamento de Derecho Público UAH, Gustavo Poblete Espíndola, quien remarcó la importancia de STeDA para la disciplina ya que permite el diálogo saludable entre la dogmática del derecho administrativo y la teoría del derecho. Finalizó invitando a todas las personas asistentes a empujar una línea de investigación que contribuya a un discurso científico depurado: la filosofía del derecho administrativo.

La primera exposición estuvo a cargo de Tomás Blake (UAI), quien presentó el trabajo titulado “Reclamos de ilegalidad: entre la dispersión normativa y las restricciones jurisprudenciales”, el cual fue comentado por el ex ministro del Tribunal Constitucional Carlos Carmona y moderado por la profesora Tamara Arancibia (UAH).

Posteriormente fue el turno de Catalina Medel (UCH) con la exposición “Explorando el concepto de deferencia”, comentada por el profesor Juan Carlos Ferrada (UV) y moderada por el profesor Víctor González (UAH).

El desarrollo de esta cuarta versión reafirmó la consolidación de STeDA como un espacio de encuentro académico para la discusión de los fundamentos, desafíos y proyecciones del Derecho Administrativo. La diversidad de las ponencias, la calidad de los comentarios y el intercambio entre las y los participantes evidenciaron el creciente interés por fortalecer una reflexión teórica rigurosa sobre la disciplina, contribuyendo al desarrollo de una comunidad académica comprometida con el avance de la investigación y el debate científico en el ámbito del Derecho Administrativo.

El elevado número de acusaciones constitucionales ingresadas y juzgadas en contra de ministros de altas cortes judiciales y ministros de Estado en los últimos años ha colocado en cuestión el uso que se le ha dado a esta institución constitucional. El problema puede plantearse en dos preguntas. La primera concierne a la naturaleza del órgano que formula y juzga la acusación: ¿el carácter político de la Cámara de Diputados y el Senado le resta legitimidad democrática al mecanismo? La segunda concierne al modo de su ejercicio: ¿es adecuado que esta atribución se use con fines políticos? Estas dos preguntas constituyen el eje de esta reflexión.

La distribución y el control del poder son cuestiones centrales en la teoría constitucional contemporánea, pues la historia muestra lo que ocurre cuando el detentador del poder no encuentra límites a su ejercicio. De ahí que el constitucionalismo actual deba responder, por un lado, quién debe controlar al detentador del poder y, por otro, cuál es la vía idónea para ejercer dicho control. Aunque toda respuesta institucional es perfectible, vale la pena enfrentar esa tarea de diseño para evitar el resurgimiento de abusos autocráticos.

En este contexto, el constitucionalismo ha desarrollado históricamente diversos mecanismos de control destinados a exigir responsabilidad a quienes ejercen el poder por los actos realizados en el desempeño de sus funciones públicas. Entre ellos, la constitución chilena establece el mecanismo de la acusación constitucional, previsto en los artículos 52 N° 2 y 53 N° 1 de la magna carta como un procedimiento constitucional de control y responsabilidad de distintas autoridades y altos funcionarios del Estado, por un catálogo taxativo de ilícitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La doctrina ha denominado este mecanismo como un juicio político, principalmente porque la Constitución entregó la potestad de iniciarlo como juzgarlo a órganos de naturaleza política, esto es, dotados de legitimidad democrática. Esta competencia no fue conferida al Poder Judicial ni a órganos especializados de control, como por ejemplo el Tribunal Constitucional o la Contraloría General de la República. Por el contrario, le atribuyó a la Cámara de Diputados la facultad de formular la acusación, mientras que al Senado le corresponde conocerla y decidirla. Sin embargo, en la práctica esto ha asentado el carácter político del mecanismo, no solo en la naturaleza de los órganos que intervienen, sino en que lo hagan en base a intereses meramente políticos o partidarios, ya que es esperable que un órgano político actúe persiguiendo esta clase de intereses.

Lo anterior conduce al segundo cuestionamiento: ¿cómo debe ejercerse este mecanismo de control? Nadie discute que la Constitución haya privilegiado órganos con legitimidad democrática para realizar control de responsabilidad sobre autoridades y altos funcionarios estatales, sin embargo, existe controversia respecto del modo en que esta atribución se debe ejercer. Aunque no sea propio de órganos políticos realizar juicios técnicos, paradójicamente la acusación constitucional está diseñada precisamente para aquello: i) existe un rol taxativo de autoridades susceptibles de ser acusadas constitucionalmente; ii) se establece un catálogo igualmente taxativo de ilícitos previstos como causales constitucionales de acusación, y; iii) además, se contempla un procedimiento regulado en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que contempla garantías de debido proceso y al derecho de defensa en su tramitación. Por tanto, la tecnicidad exigida para su ejercicio tiene como fondo la protección de valores propios de una democracia constitucional, de modo que su uso motivado por intereses políticos o partidarios, aunque formalmente posible, desnaturaliza la finalidad del instituto.

En definitiva, la paradoja es que el órgano que ejerce la acusación constitucional es político, pero la forma en que debe ejercer esa atribución es eminentemente técnica, y la responsabilidad que se imputa a los acusados es de naturaleza jurídica. Esta amalgama facilita distorsiones en el funcionamiento del mecanismo. Cuando las fuerzas políticas utilizan atribuciones que la Constitución les confirió en atención a su legitimidad democrática para perseguir fines meramente político-partidarios, se desvirtúa el propósito de la institución y se erosiona el Estado de Derecho. No basta con observar las formas constitucionales, es necesario preservar también los valores constitucionales. Por esto, no es adecuado que un instituto que ha sido diseñado para evitar abusos de poder en una democracia constitucional sea utilizado precisamente como vía para erosionar el mismo sistema que fue creado para proteger.

En consecuencia, la experiencia ha demostrado cómo este procedimiento ha sido utilizado políticamente por distintos sectores partidarios, que buscan convertirlo en un instrumento de presión política frente a sus adversarios u otros poderes del Estado, o bien en una demostración populista de lealtad ideológica hacia su propio sector mediante la presentación de acusaciones carentes de fundamento suficiente. En este contexto, la reciente derrota del oficialismo en la acusación constitucional deducida en contra del exministro Nicolás Grau, evidencia que un uso abusivamente político de este mecanismo constitucional, al menos en esta oportunidad, no produjo los resultados esperados. El Senado fue capaz de honrar su atribución constitucional y evitar que la acusación constitucional terminara reducida a un mero juicio de acusación política.

El taller estuvo organizado por la Red Euromediterránea de Género (EMGEN), agrupación de investigación académica que promueve los estudios interdisciplinarios de género y que involucra a investigadoras e investigadores de la Université Cote d’Azur, Universidad de Génova, Universidad de Sevilla, Universidad de Munster y Universidad de Montenegro.

“Este tipo de experiencias enriquece mi trabajo porque me permite poner a prueba mi investigación doctoral en el ámbito internacional. En este contexto, he podido comprobar que hay aspectos de mi trabajo que, a pesar de estar pensados en el ordenamiento jurídico chileno, son problemas que se verifican en otros ordenamientos jurídicos”, aseguró la candidata a doctora en Derecho.

La actividad, además, se enmarca en la cotutela internacional que se encuentra realizando en la Universidad de Génova, modalidad ofrecida por el programa doctoral de la Facultad de Derecho UAH que le permitirá una doble titulación.

La exposición de Valentina Silva estuvo centrada en cómo la perspectiva de género ha impactado en el tercer artículo de su investigación doctoral (en la modalidad de compendio de artículos científicos), que aborda los desafíos respecto a decisiones sanitarias que involucran a niños, niñas y adolescentes, específicamente respecto de intervenciones estéticas no urgentes.

“En particular, este trabajo ha nacido a partir del fenómeno (en aumento) de realización de cirugías estéticas en niños, niñas y adolescentes. Específicamente, cómo esto puede afectar su desarrollo a largo plazo. En este contexto, he observado que este tipo de intervenciones se realiza preferentemente en niñas y adolescentes mujeres, motivadas por los estándares de belleza a los que se ven expuestas en redes sociales. Si bien el artículo presentado tiene un enfoque más teórico, lo cierto es que la perspectiva de género resulta ineludible para el abordaje de este asunto”, explicó.

La jornada convocó a investigadoras e investigadores en formación doctoral de diversas universidades chilenas y extranjeras, quienes presentaron avances de investigación en materias de Derecho Constitucional, Administrativo, Derechos Fundamentales, Derecho Penal, migración, función pública, inteligencia artificial, crisis hídrica y Derechos Humanos.

Tatiana Saltos, quien pertenece a la cohorte 2026 del Doctorado, presentó la ponencia “La justicia constitucional en tiempos de fatiga democrática”. En ella, propuso analizar la relación entre fatiga democrática y erosión democrática, entendiendo que el cansancio ciudadano frente a la representación y las instituciones puede convertirse en un terreno fértil para procesos graduales de deterioro constitucional. En ese contexto, planteó la necesidad de evaluar el rol futuro de los tribunales constitucionales frente a escenarios de crisis democrática.

En abril sostuve en estas páginas que el compromiso con los derechos humanos no puede medirse por las declaraciones que un sector político formula sobre el pasado, sino por las decisiones que adopta cuando ejerce el poder. Daba cuenta entonces, de señales todavía aisladas: la discusión sobre indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante las protestas de 2019, la revisión de decretos de protección ambiental, la revocación del decreto que buscaba convertir el sitio de la ex Colonia Dignidad en un espacio de memoria. Cien días después, esas señales dejaron de ser aisladas. Se convirtieron en un patrón, y ese patrón tiene una lógica precisa: los derechos humanos no se erosionan solo con discursos ni con decretos ruidosos, sino con el debilitamiento silencioso de la capacidad del Estado para hacerlos efectivos.

Es una distinción que importa. Reducciones presupuestarias, eliminación de unidades especializadas, reasignación de funciones, pérdida de equipos que habían acumulado conocimiento técnico. Ninguna de esas decisiones elimina formalmente un derecho. Sin embargo, en su conjunto reducen la posibilidad real de ejercerlo. Y en materia de derechos humanos, esa capacidad institucional no es un asunto de gestión, sino que forma parte del contenido mismo de las obligaciones del Estado. No basta con reconocer derechos en abstracto si desaparecen las estructuras encargadas de garantizarlos.

Una oficina que no era una oficina cualquiera

El caso más reciente que ilustra esta lógica es el cierre, el 1 de julio, de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). Había nacido en febrero, apenas cuatro meses antes, como una de las principales recomendaciones de una mesa interinstitucional que el propio Estado convocó en 2024 para enfrentar un problema largamente diagnosticado. Yendo más atrás, se trató de un esfuerzo colectivo que involucró a distintos órganos de la Administración, que recogieron los reclamos de las organizaciones de víctimas que habían sido postergadas por años, y que encontraron -al fín- una respuesta.

La función de esta Unidad especializada buscaba centralizar información, coordinar organismos públicos, apoyar la búsqueda de orígenes y facilitar reencuentros. Además, respondía a un mandato legal explícito de la Ley de Reajuste del Sector Público 2026. Sin embargo, mediante una resolución administrativa, se dejó sin efecto la Unidad, se desvinculó a los tres profesionales que la integraban y las autoridades argumentaron un “enfoque estratégico” distinto y la necesidad de “resguardar una gestión eficiente de los recursos”.

La Unidad fue fruto de un esfuerzo sostenido, por distintos órganos de la Administración, que recogieron la demanda que por años venían levantando las organizaciones de víctimas. Además, este esfuerzo estuvo precedido de una comisión investigadora del Congreso Nacional que tuvo lugar durante el 2018 y 2019, cuyo informe final estableció una serie de graves fallas institucionales. Además, el mismo 2019, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, recomendaba al Estado de Chile adoptar medidas para acelerar las investigaciones relativas a casos de sustracción de menores y/o adopción irregular, garantizando a las víctimas el ejercicio del derecho a recuperar su identidad.

Conviene no perder de vista qué estaba en juego con esta política. El derecho a la identidad no es una aspiración moral ni una política social más, sino que forma parte del núcleo de los derechos humanos reconocidos por el derecho internacional, y comprende la historia personal, los vínculos familiares y el origen biológico y cultural de cada persona. Madres que nunca supieron qué ocurrió con sus hijos, personas adoptadas en Chile y en el extranjero que buscan reconstruir su historia, familias separadas por redes de intermediación que operaron durante décadas; y, cuando apenas se había empezado a corregir eso, esas abuelas, madres, hijos e hijas que buscan sus orígenes, vuelven a experimentar una sensación que conocen demasiado bien: la de ser desplazadas al final de la fila de las prioridades públicas. El debate, por eso, no debería centrarse en si existían tres funcionarios más o tres menos. La pregunta relevante es qué capacidad quiere conservar el Estado para responder frente a violaciones de derechos humanos cuyas consecuencias siguen afectando a miles de personas.

El indulto que no se llama indulto

Ese mismo patrón —desmontar sin decretar, debilitar sin declarar— se repite en el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Según denunció en abril la Red de Observadoras en Justicia y Memoria, el ministro Fernando Rabat instruyó a los abogados del Programa, a través de su jefatura, a no intervenir en audiencias donde se discuten rebajas de pena o formas alternativas de cumplimiento para condenados por crímenes de lesa humanidad. La consecuencia práctica es lo que la propia Red describe como un “indulto pasivo”. Sin firmar ningún decreto de gracia, la omisión de oposición estatal facilita que agentes condenados por secuestro, tortura y desaparición forzada obtengan la libertad o el arresto domiciliario.

Se trata, por ejemplo, de César Manríquez, condenado en 57 sentencias firmes por 89 víctimas de la dictadura —entre ellas las 16 de la Operación Colombo—; Héctor Osses Yañez, Jorge Mandiola y el caso conocido como Mulchén siguen la misma ruta. Esta instrucción contradice frontalmente el Protocolo de actuación del propio Programa, vigente desde 2017, y las declaraciones públicas de continuidad del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

Un desmantelamiento con nombre propio

El tercer frente es el de los derechos de las personas LGBTIQ+. En marzo, por primera vez en 15 años, Chile no se sumó a la declaración sobre derechos de la diversidad sexual en la OEA. Ese mismo mes se retiró el financiamiento a la Encuesta Diversidades del INE, el único instrumento que recogía datos representativos sobre esta población. En abril, dentro del mismo ajuste presupuestario que golpeó a la UBAFI, se descontinuaron el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (“Crece con Orgullo”) y el Programa Salud Trans, y la Superintendencia de Educación derogó la Circular N.º 781, que obligaba a los colegios a contar con protocolos de identidad de género para proteger a estudiantes trans.

Desde Fundación Iguales lo resumen sin ambigüedad: no se trata de un gobierno que “no priorice” estos temas, sino de uno que “activamente los desmonta”.

Una misma narrativa

Tres frentes, una misma narrativa. Cerrar una unidad creada por mandato legal. Instruir a abogados del Estado a no defender a las víctimas ante solicitudes de libertad de sus victimarios. Desmontar, uno por uno, los programas de protección de una población históricamente discriminada. Ninguna de estas decisiones aparece en portada como un retroceso. En cambio, todas se presentan como reordenamientos técnicos, ajustes de gestión, austeridad fiscal. Pero los procesos de debilitamiento institucional rara vez ocurren mediante grandes reformas legislativas; son mucho más silenciosos, y por eso mismo, más difíciles de resistir.

Sería injusto —y falso— sostener que la derecha chilena es intrínsecamente adversa a los derechos humanos. Sebastián Piñera cerró el penal Cordillera y habló de “cómplices pasivos”, además de impulsar el matrimonio igualitario. Jaime Bellolio ha sostenido públicamente que quienes fueron condenados por crímenes de lesa humanidad deben cumplir sus penas. La defensa de los derechos humanos no pertenece a un sector político, pero lo ocurrido en estos cien días ya no admite la lectura de decisiones presupuestarias aisladas o énfasis distintos de gestión. Es el repliegue deliberado de la capacidad del Estado para garantizar derechos ya reconocidos. Es, en otras palabras, la construcción activa de la impunidad y el abandono, disfrazados de reordenamiento administrativo.

La historia demuestra que los Estados suelen reconocer primero las violaciones de derechos humanos, y solo mucho después construyen instituciones capaces de enfrentarlas. Destruirlas es infinitamente más fácil que volver a construirlas. Por eso, cada una de estas decisiones —la UBAFI, el Programa de Derechos Humanos, los programas de diversidad— trasciende el caso puntual e interpela el tipo de Estado que queremos; uno que entiende los derechos humanos como obligaciones permanentes, respaldadas por instituciones robustas y especializadas, o uno que considera esas capacidades como estructuras prescindibles frente a otras prioridades.

El extremismo que erosiona los consensos construidos por décadas no siempre llega con un decreto ruidoso. A veces llega con una resolución exenta, firmada un viernes de junio, que nadie lee hasta que ya es tarde. Y cuando esas instituciones desaparecen, no desaparece el problema que estaban llamadas a resolver. Desaparece, simplemente, la capacidad del Estado para hacerse cargo de él.

Noticia publicada en uahurtado.cl

Por años, muchos estudiantes de Derecho enfrentaron la misma incertidumbre antes de iniciar una pasantía o desempeñarse como procuradores: no saber exactamente qué herramientas necesitaban para enfrentar el trabajo práctico. Esa inquietud fue la que motivó a un grupo de estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado a crear el Ciclo de Formación de Procuradores, iniciativa gratuita impulsada desde el Observatorio Lex Econ Consumo y que actualmente forma parte de la Incubadora de Proyectos de Vinculación Universitaria (Incuba UAH), instancia que ha acompañado el fortalecimiento y crecimiento del proyecto estudiantil.

“Nos dimos cuenta de que muchos estudiantes preguntaban qué había que saber antes de hacer una pasantía o procurar. Desde esa necesidad nace esta instancia formativa, que busca entregar herramientas concretas y acercar al estudiante al ejercicio profesional”, explica Marco Saavedra, coordinador del ciclo.

La iniciativa es desarrollada por el Observatorio Lex Econ Consumo, espacio estudiantil orientado al análisis del Derecho Privado y las tecnologías vinculadas al ámbito jurídico. Desde allí surgió la necesidad de crear una experiencia más cercana a la práctica profesional y accesible para estudiantes que buscan prepararse tempranamente para el ejercicio laboral.

“Es un proyecto hecho por estudiantes para estudiantes”

Uno de los elementos más valorados por el equipo organizador es el carácter colaborativo y gratuito del proyecto. Cada año, el ciclo supera las 100 postulaciones y, en esta versión, abrió cupos para estudiantes de otras universidades.

“Nos sentimos orgullosos porque esto es algo creado específicamente para quienes lo necesitan y además es una oportunidad completamente gratuita”, sostiene Pabla Cortez, directora del Observatorio.

La estudiante destaca también el impacto comunitario que ha tenido la experiencia dentro de su trayectoria universitaria. “El Observatorio ha sido una instancia muy bonita dentro de mi trayecto académico. Poder construir comunidad, generar un espacio de apoyo para estudiantes y formar redes tanto dentro como fuera de la facultad ha sido una experiencia muy enriquecedora”, comenta.

Parte importante del crecimiento del proyecto también ha sido el acompañamiento y apoyo recibido desde Incuba UAH, lo que ha permitido fortalecer la organización, ampliar redes y proyectar nuevas iniciativas.

“La red que se ha formado con Incuba UAH nos ha permitido abrir puertas, mejorar nuestro servicio y seguir fortaleciendo esta comunidad que hemos construido con tanto cariño”, agrega Cortez.

Parte importante del crecimiento del proyecto también ha sido el acompañamiento y apoyo recibido desde Incuba UAH, lo que ha permitido fortalecer la organización, ampliar redes y proyectar nuevas iniciativas.

“La red que se ha formado con Incuba UAH nos ha permitido abrir puertas, mejorar nuestro servicio y seguir fortaleciendo esta comunidad que hemos construido con tanto cariño”, agrega Cortez.

Parte importante del crecimiento del proyecto también ha sido el acompañamiento y apoyo recibido desde Incuba UAH, lo que ha permitido fortalecer la organización, ampliar redes y proyectar nuevas iniciativas.

“La red que se ha formado con Incuba UAH nos ha permitido abrir puertas, mejorar nuestro servicio y seguir fortaleciendo esta comunidad que hemos construido con tanto cariño”, agrega Cortez.

Una experiencia que deja huella

Para Magdalena Jaque, coordinadora general de Observatorio Lex Econ Consumo, el ciclo ha significado también una experiencia transformadora. Participó como estudiante en la primera versión y hoy forma parte de la organización que coordina cada nuevo proceso formativo.

“Me gusta mucho ver cómo el ciclo se desarrolla cada semana, cómo llegan estudiantes motivados y cómo participan incluso estudiantes de otras universidades. Ver el interés, el agradecimiento y el compromiso de quienes participan nos demuestra que esto realmente funciona”, señala.

La estudiante relata que gran parte del trabajo comienza apenas termina cada edición del programa, con meses de planificación para mejorar contenidos y responder a las necesidades del estudiantado.

“Yo tomé el ciclo en su primer año y hoy me ayuda muchísimo en mi formación. Poder ahora devolver eso a otras y otros estudiantes y acompañarles desde tercero en adelante es algo muy gratificante”, comenta.

El programa finaliza cada año con visitas a tribunales y una ceremonia de certificación para quienes completan el proceso formativo. Para 2026, además, el equipo prepara una guía práctica para procuradores apoyada por Incuba UAH, material que reunirá herramientas esenciales para estudiantes que comienzan a desenvolverse en el ámbito jurídico.

Lo que comenzó como una inquietud compartida entre estudiantes hoy se proyecta como una iniciativa que no solo fortalece la formación práctica en Derecho, sino que también promueve comunidad, responsabilidad social y acceso gratuito al aprendizaje jurídico.

En su tercera versión, el encuentro reunió a especialistas en derecho internacional y destacados académicos y académicas bajo el tema “El orden jurídico internacional en una encrucijada: ruptura, resiliencia y renovación”. En él se exploró el orden jurídico internacional en un contexto de creciente conflicto, fragmentación económica, crisis climática y presiones sobre las instituciones multilaterales, y reflexionó sobre su capacidad de resiliencia, renovación y cooperación global más equitativa.

El docente de la Clínica Migrante UAH participó en el panel “Geopolítica humana: la crisis migratoria en las Américas”, que compartió junto a Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores de Chile; Pablo Ceriani, director Especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos ACNUDH (Naciones Unidas); Juanita Goebertus de Human Rights Watch; y Andrea Pochak, primera vicepresidenta y relatora para la Movilidad Humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el panel se analizó la migración no sólo desde lo administrativo, sino como un fenómeno en el que el desplazamiento forzado de millones de personas se entrelaza con las políticas nacionales, los marcos jurídicos internacionales y las tensiones entre los Estados.

Ola migratoria bajo el gobierno de Kast

En su presentación, Tomás Pascual abordó el enfoque y los anuncios que ha realizado el gobierno del presidente José Antonio Kast ante la ola migratoria que enfrenta Chile, asegurando que los dos frentes legislativos están orientados a “convertir el control migratorio en un asunto de seguridad pública y derecho penal, no solo de gestión administrativa”.

El académico se refirió al proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile (Boletín 15261-25, refundido con otros), a la reforma constitucional al artículo 19 N°7 (que amplía de 5 a 60 días el plazo de detención administrativa de extranjeros con orden de expulsión) y a una iniciativa que castiga a quienes faciliten el traslado irregular de personas.

“Estos anuncios no son hechos aislados, sino la punta visible de un paquete mucho más amplio: cerca de veinticinco mociones y mensajes en tramitación desde 2022 que buscan, en conjunto, criminalizar el reingreso tras expulsión, acelerar la expulsión administrativa, restringir el acceso de migrantes irregulares a salud, educación y beneficios sociales, excluir de la reunificación familiar a quienes ingresaron ilegalmente, imponer a arrendadores y empleadores el deber de verificar y denunciar la situación migratoria de extranjeros, crear Centros de Internación de Extranjeros no penitenciarios, y restringir el derecho a voto y el cómputo del avecindamiento de extranjeros”, dijo Pascual.

La Segunda Sala de la Corte Suprema, en sentencia de 25 de junio de este año (Rol N° 32062), acogió una acción de amparo y dejó sin efecto la resolución que había unido dos acusaciones dirigidas contra una misma imputada, ordenando que esa unificación se discutiera en la audiencia de preparación del juicio oral. El fallo fija un criterio que interesa destacar: la facultad del Ministerio Público de unir acusaciones, prevista en el artículo 274 del Código Procesal Penal, debe ejercerse y controlarse en dicha audiencia y ante el juez de garantía.

El punto de partida del razonamiento es la ubicación de la norma. El artículo 274 se encuentra dentro del párrafo que regula la audiencia de preparación del juicio oral, y la Corte interpreta ese emplazamiento como un dato que tiene consecuencias y no como una formalidad. De esta manera, unir acusaciones no es un acto de mera coordinación administrativa sino una decisión que puede incidir en el derecho de defensa y que, por lo mismo, debe quedar sometida a la contradicción en la audiencia que el Código previó para ese fin.

Esa incidencia se aprecia claramente en el caso. Las dos causas seguían trayectorias muy distintas: la formalización tributaria se produjo casi dos años después de la formalización por estafa y lavado de activos. Reunirlas en un solo juicio alteraría el tiempo y las condiciones con que la defensa cuenta para producir prueba y para acceder a los antecedentes de cada investigación. Lo decisivo, entonces, no es si se cumplieron formalmente los plazos, sino si la defensa tuvo una posibilidad real de conocer aquello que debía resistir y de preparar su refutación. Por lo mismo, la oportunidad de la acusación se mide por la efectiva posibilidad de contradecirla.

De allí se sigue por qué el control corresponde al juez de garantía y por qué debe realizarse en audiencia. La etapa intermedia opera como el último filtro antes del juicio, y su sentido se pierde si se la reduce a un trámite o una secuencia. El control que aquí se exige no es la verificación formal de que existe una causal legal para unir, sino un examen sobre el efecto de esa unión: el juez debe establecer si perjudica o no el ejercicio de la defensa. Resolver ese punto en una audiencia no concebida para tal examen, o tratarlo como una formalidad ya saldada, vacía de contenido la función de control que justifica esta etapa.

La exigencia de que el control se efectúe en audiencia no es un detalle de forma, sino la condición que permite que ese examen sustantivo tenga lugar. Solo en una audiencia oral y contradictoria puede el persecutor explicar el vínculo que, a su juicio, justifica el juzgamiento conjunto, y la defensa exponer en qué medida esa unión la perjudica. El juez decide sobre esa base, ponderando el nexo invocado frente al gravamen alegado. Este es el sentido de control de la acusación que debería tener la audiencia de preparación del juicio oral.

Más allá del resultado concreto, el interés del fallo reside en que vuelve explícito algo que suele darse por supuesto: la instancia en que se ejerce el control de la acusación y el órgano que lo conduce no son cuestiones accesorias, sino parte de la garantía misma. Que ese control se desarrolle en una audiencia oral y contradictoria, y que lo ejerza un juez distinto del acusador, son los dos presupuestos que permiten a la etapa intermedia cumplir su función de filtro: impedir que una acusación llegue a juicio cuando el modo en que ha sido estructurada compromete el derecho de defensa.

El 18 de junio, en Montevideo, se realizó el seminario internacional «Archivos, Memoria e Inteligencia Artificial», organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). La actividad contó con el patrocinio del proyecto de investigación NuestramemorIA, la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y el Instituto Milenio VioDemos.

La jornada reunió a académicos/as e investigadores/as de distintas disciplinas de Chile, Uruguay y Estados Unidos para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede contribuir al estudio, preservación y análisis de los archivos vinculados a violaciones de derechos humanos, memoria histórica y justicia transicional, siempre desde una perspectiva ética y con supervisión de especialistas.

El seminario puso de relieve la importancia de fortalecer la colaboración entre investigadores del Cono Sur para desarrollar soluciones tecnológicas acordes con las necesidades de la región. Más allá del avance científico, las iniciativas presentadas buscan contribuir a la preservación de la memoria, el acceso a la verdad y el fortalecimiento de los procesos de justicia transicional.

Memoria documental

El primer panel “Archivos de la represión y justicia transicional: de la memoria documental a la evidencia computacional” presentó diversas experiencias investigativas.

Santiago López Cariboni, de la Universidad de la República (Uruguay), expuso sobre cómo el análisis de grandes volúmenes de archivos históricos permite comprender las dinámicas de la represión durante los regímenes autoritarios. A su vez, Elina Gómez, socióloga de la U. de la República, presentó el Proyecto Cruzar y los principales desafíos metodológicos que implica el procesamiento computacional de archivos militares de la dictadura uruguaya.

Desde Estados Unidos, Pamela Izvănariu, académica de la University of the Pacific – McGeorge School of Law, compartió una investigación que utiliza inteligencia artificial para analizar sentencias de la Corte Suprema e identificar patrones de discriminación racial en decisiones judiciales del siglo XX. Durante su intervención recordó además su vínculo con la Facultad de Derecho UAH, donde fue investigadora visitante hace dos décadas.

Las presentaciones del equipo de NuestramemorIA permitieron conocer los avances que se están desarrollando para ampliar, mediante herramientas de inteligencia artificial, las capacidades de análisis de archivos históricos.

Domingo Mery, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la PUC e investigador del proyecto, mostró resultados preliminares en procesamiento de imágenes, recuperación de información desde documentos deteriorados y automatización de la transcripción de registros sonoros históricos. Entre los desarrollos destacados se encuentran el reconocimiento facial aplicado a documentales para identificar víctimas, la georreferenciación de trayectorias que permite visualizar lugares de detención y desaparición durante la dictadura chilena y el trabajo colaborativo con instituciones que resguardan archivos de memoria, como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Hugo Rojas, académico de la UAH y de la UCU y organizador del seminario, presentó una investigación que utiliza modelos de lenguaje de gran escala (LLM) y grafos de conocimiento para organizar y analizar miles de páginas de expedientes judiciales. Estas herramientas permiten realizar búsquedas complejas, detectar inconsistencias entre testimonios y facilitar qué información altamente especializada pueda ser comprendida y utilizada por un público más amplio. Asimismo, dio a conocer los principales resultados de un artículo colectivo sobre esta materia, recientemente aceptado para su publicación en la revista Tapuya: Latin American Science, Technology and Society.

IA para analizar datos históricos

Durante la tarde, el segundo panel «Métodos de inteligencia artificial para el análisis de datos históricos: texto, imagen y validación humana», profundizó en los aspectos técnicos y éticos que acompañan este tipo de investigaciones.

Gregory Randall, académico de la U. de la República, presentó el estado actual del repositorio Luisa Cuesta, una plataforma clave para la preservación y consulta de archivos de memoria en Uruguay. Posteriormente, Ignacio Ramírez y Lorena Etcheverry, de la Facultad de Ingeniería de la U. de la República, expusieron los avances alcanzados en procesamiento de imágenes y extracción de información aplicada al Proyecto Memoria.

La directora de NuestramemorIA, y académica del Departamento de Ciencias de la Computación de la PUC, Jocelyn Dunstan, explicó la metodología conocida como Human-in-the-loop, que incorpora la participación permanente de personas expertas en el entrenamiento y validación de los sistemas de inteligencia artificial. En su exposición destacó que el uso responsable de estas tecnologías en el ámbito de la justicia transicional depende de una supervisión humana constante que garantice la calidad y confiabilidad de los resultados.

Al cierre de la jornada, el profesor Hugo Rojas enfatizó la necesidad de avanzar hacia una mayor soberanía tecnológica regional. «Es necesario, particularmente para estos temas, que nuestros países puedan desarrollar soberanía tecnológica, que incluya el procesamiento de datos en servidores locales para garantizar la confidencialidad, y el desarrollo de herramientas por personas expertas, tanto en el manejo de archivos locales como en la memoria histórica de nuestros países«, aseguró..

En el artículo, los autores analizan los sujetos legitimados para pedir la declaración de nulidad absoluta de un acto, en el artículo 1683 del Código Civil, específicamente al Ministerio Público.

«Esta legitimación presenta dos dificultades interpretativas: la primera, que aquel puede accionar “en el interés de la moral o de la ley”, lo que suele contraponerse a un interés pecuniario; por otro lado, que aquel ha evolucionado en cuanto a estructura orgánica, contenido y atribuciones», aseguran.

Ante estas dificultades los autores plantean dos tesis: la primera, apunta a concluir que el Ministerio Público ha perdido tales atribuciones; la segunda, que el trabajo defiende, el que las mantiene.

Para estos efectos, analizan las modificaciones experimentadas por el Ministerio Público y se argumenta para dar utilidad práctica a dicho artículo.

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El director del Núcleo Constitucional y ex ministro del Tribunal Constitucional, Gonzalo García, fue el interlocutor del juez Viganò, quien también es profesor de la Universidad Bocconi de Milán, conversación que estuvo moderada por la académica UAH Victoria Martínez.

El profesor Viganò efectuó una detallada presentación sobre el funcionamiento del sistema de control de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico italiano. En ella, detalló las principales características del Tribunal Constitucional italiano acerca de sus atribuciones, competencias, mecanismos de nombramiento de cada uno de sus quince integrantes, entro otras materias. Asimismo, se refirió a las diversas complejidades que enfrenta dicha institución en la actualidad y planteó los desafíos que se vislumbran en el corto y mediano plazo.

Por su parte, el profesor García presentó las principales características y funcionamiento del sistema de control de constitucionalidad en el caso chileno, generando un diálogo comparado sobre las convergencias y divergencias de ambos modelos de control.

Estas presentaciones generaron un interesante debate con las y los asistentes, entre quienes se encontraban académicas y académicos de la Derecho UAH, ayudantes y estudiantes de pre y postgrado.

El año pasado pareció haber existido un consenso para reformar integralmente el sistema registral y notarial chileno. Desde el 2 de abril de este año, bajo una nueva administración, esos consensos se materializaban con la entrada en vigencia de la Ley 21.772. Pero, sorpresivamente, nos hemos enterado de una inhabitual discrepancia interpretativa entre la Presidenta de la Corte Suprema y el Fiscal Judicial en la sesión del 2 de junio de la Comisión de Constitución del Senado acerca del alcance de la ley.

Lo cierto es que la Ley N° 21.772 da cuenta de problemas que hay que corregir para que ésta tenga el sentido básico de los cambios bien hechos. No me refiero al proyecto de ley interpretativo del artículo primero transitorio de la ley acerca de bajo qué procedimiento se rigen los nombramientos pendientes y con ternas ya realizadas dentro del Poder Judicial. ¿Se debía esperar la ley? ¿Cómo podían ser escogidos por el Servicio Civil?

El problema central es otro. La actividad de los notarios y los conservadores pasa ahora a la supervisión del Fiscal Judicial de la Corte Suprema y de los Fiscales de las Cortes de Apelaciones. Este es un cambio mayor. Nace un nuevo órgano de supervisión, como otros del ordenamiento (Contraloría, Superintendencias, etc.). Fiscaliza una función fedataria y registral, pero fiscaliza a particulares que la ejercen. Por más que esta reforma engrose razonables responsabilidades y deberes, no ha transformado a notarios y conservadores en funcionarios públicos.

Un ejemplo: la prohibición de contratar parientes. Bien, pero hacia el futuro como todo cambio. ¿Deben despedir a los parientes que actualmente laboran con ellos? Sin causal de despido, esto derivará en conflicto judicial seguro de discriminación por parentesco.

Quizás la cultura de control del Estado de Chile tiene memoria y fórmulas. Reformas graduales, plazos de vacancia, remisión a reglamentos y ordenamiento de las prioridades. Quizás el defecto esencial de la ley es que no trasladó completamente esa cultura a las normas mismas. ¿Cómo es posible que el Fiscal Judicial carezca de potestades interpretativas y normativas propias de toda función contralora?

No puede presuponerse que la idea de “supervisión” sea el título para ordenar el trabajo de notarios y conservadores. Eso sería confundir la función que tiene, con las potestades que carece. No tiene facultades implícitas para actuar de oficio en iniciativas no respaldadas por los principios de legalidad, proporcionalidad o la propia eficacia de la Fiscalía que dirige. No es que carezca de facultades, las tiene muy acotadas.

No colabora a esta idea que el Ministerio de Justicia haya dictado un Decreto Exento el 1 de junio recién pasado, cuando la ley decía reglamento. No sólo desconoce formas (firma del Presidente, toma de razón, Diario Oficial) sino que normas. Eliminó por decreto una disposición transitoria legal por adelantar la vigencia de la ley.

Esto no es una oposición al cambio. Es un llamado de atención a hacerlo bien bajo las reglas de transformación que el ordenamiento tiene. Esperar que el propio Ministerio de Justicia dicte los reglamentos de la ley, no adelante plazos, y, sobre todo, dote de normas y medios a la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema para que el sistema registral y notarial tenga controles reales y no cumplimiento para la galería.

En el documento, los investigadores analizan, sistematizan y caracterizan las querellas que fueron interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante el “estallido social” en Chile, entre octubre de 2019 a marzo de 2020.

Del total de 3.216 querellas formuladas por el INDH, revisaron una muestra de 232 querellas en diez regiones diferentes y ante 16 juzgados de garantía del país. El análisis permitió conocer los tipos de daños mencionados por las víctimas, siendo los traumatismos los más frecuentes. En cuanto a las conductas ilícitas, los apremios ilegítimos, la tortura y la violencia innecesaria son los más frecuentes.

Tras haber transcurrido cuatro años desde la interposición de las querellas, la capacidad de respuesta del sistema de justicia ha sido menos alentadora de lo esperado. Las formas de término de la mayoría de las causas son insatisfactorias para las víctimas, pues solo dos de las 232 querellas han terminado mediante la dictación de sentencias.

“Sería deseable que en el tercio de las causas que todavía se encuentran en tramitación se acrediten tanto los hechos como la participación de los responsables en un mayor número de casos. Por tanto, un desafío importante para el estado de derecho en Chile es que, dentro de plazos razonables, prevalezca la justicia por sobre la impunidad en las causas sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el estallido social de 2019-2020”, explican los académicos.

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La conferencia inaugural estuvo a cargo del profesor Rodolfo Vigo, catedrático de la Universidad Austral de Buenos Aires, exministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe y primer presidente de la Junta Federal de Cortes Supremas de las provincias argentinas. En su exposición, titulada “El tránsito del Estado Legal de Derecho al Estado Constitucional de Derecho: problemas, implicancias y desafíos”, abordó la evolución del constitucionalismo contemporáneo y el creciente protagonismo de los tribunales constitucionales en la protección de los derechos fundamentales.

La profesora Henríquez participó en el primer panel titulado “El rol de los principios en la interpretación constitucional” junto al ministro del Tribunal Constitucional Miguel Ángel Fernández, quienes analizaron el papel de los principios constitucionales desde la perspectiva de la judicatura constitucional y la academia.

La ponencia de la académica se tituló “¿Qué interpreta el Tribunal cuando interpreta un principio constitucional?” y que abordó la siguiente pregunta principal ¿cuánto protagonismo asume el Tribunal Constitucional cuando, al interpretar principios, contribuye a definir el significado mismo de la Constitución?

El seminario permitió generar un espacio de diálogo entre la academia y quienes han tenido un rol protagónico en la justicia constitucional chilena, contribuyendo al análisis crítico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y al desarrollo de nuevas líneas de investigación y litigación constitucional.

Ante la urgencia de actualizar un estatuto administrativo que no ha tenido cambios sustantivos desde 1989, la Comisión propició un espacio de diálogo transversal para enfrentar los «pecados de arrastre» del sistema actual.

El primer panel “Diagnóstico y Propuestas para el Empleo Público” estuvo compuesto por María José Abud, directora ejecutiva del Centro de Estudios Horizontal; José Antonio Valenzuela, director ejecutivo Centro de Incidencia Pivotes; Enrique Rajevic, director ejecutivo del Centro de Estudios Espacio Público y académico UAH; Patricia Silva, coordinadora del Programa Laboral del Instituto Igualdad; y Francisco Neira, asesor del equipo legislativo ANEF.

Con matices, los expositores coincidieron en que el modelo actual es «el peor de dos mundos»: con una entrada laxa y flexible, pero una salida extremadamente rígida que dificulta la desvinculación por mal desempeño.

Se expuso que el 58% de la dotación se encuentra bajo la modalidad de «contrata», lo que genera una alta precariedad laboral e incertidumbre regulatoria

Expertos de centros como Pivotes y Espacio Público advirtieron que la confianza ciudadana en los funcionarios públicos es una de las más bajas de la OCDE, y que la actual confusión entre «gobierno» y «administración» ha convertido los cargos públicos en posibles «botines políticos».

Se transparentó que en la actualidad no existe una real carrera funcionaria y existen problemas con las propias evaluaciones de desempeño, por lo que se instó a limitar los cargos de confianza, avanzar hacia un nuevo estatuto público, concursos públicos obligatorios, asegurar un moldeo de transición para que opere desde nuevos contratos, régimen especial aplicable a los funcionarios de gobierno, entre otros.

Los senadores Luciano Cruz-Coke y Arturo Squella, subrayaron que esta instancia busca transparentar las excepcionalidades y explorar oportunidades para dotar al Estado de mejores capacidades para entregar prestaciones de calidad a la ciudadanía.

La apertura por la Corte Suprema de 56 cuadernos de remoción contra jueces y juezas por presunto mal uso de licencias médicas ha generado un comprensible reproche público. La gravedad de la imputación exige una respuesta institucional rigurosa que responda la siguiente pregunta: ¿Cuándo puede removerse a un juez sin afectar la independencia judicial propia de un Estado de Derecho?

El artículo 80 de la Constitución faculta a la Corte Suprema a declarar que un juez no ha tenido buen comportamiento y removerlo de su cargo. Esa competencia existe y ha de ser ejercida. Pero, por tratarse de una atribución excepcional su ejercicio requiere un estándar reforzado de fundamentación, imparcialidad y proporcionalidad.

La remoción no es una sanción cualquiera. Es la más grave que puede imponerse a quien ejerce jurisdicción. Por ello, debe distinguirse entre una conducta reprochable, una infracción disciplinaria y una conducta que haga incompatible la permanencia en el cargo. Esa diferencia es decisiva. No toda irregularidad justifica la destitución.

Los estándares internacionales ofrecen una guía especialmente relevante. Por ejemplo, la Corte Interamericana ha sostenido que los jueces pueden ser removidos por mala conducta, incompetencia o faltas disciplinarias graves. Pero la destitución debe fundarse en causales permitidas, previamente establecidas, y adoptarse mediante un procedimiento que respete garantías judiciales. Además, en materia de remoción, la exigencia de motivación es mayor.

Aplicados al caso actual, estos estándares suponen al menos cuatro exigencias. Primero, individualización. La Corte Suprema debe evitar una respuesta masiva o indiferenciada. Que existan 56 cuadernos de remoción no significa que existan 56 situaciones equivalentes.

Segundo, causalidad jurídica. La pregunta no puede reducirse a si hubo viaje durante la licencia médica. Debe establecerse si esa conducta configura, en concreto, un mal comportamiento en los términos constitucionales y legales que habilitan la remoción.

Tercero, debido proceso. Los jueces afectados deben conocer con precisión los hechos imputados, acceder a los antecedentes, presentar defensas, acompañar prueba y obtener una decisión fundada. El derecho a informar ante la Corte debe ser una garantía efectiva, no una mera etapa formal.

Cuarto, proporcionalidad. El máximo tribunal debe justificar por qué la remoción es necesaria en cada caso, sobre todo cuando previamente hubo absolución, sobreseimiento o una sanción disciplinaria menor. Si la Corte Suprema decide apartarse de esas decisiones, debe explicar por qué los antecedentes permiten una nueva valoración y por qué ella conduce, ahora, a una consecuencia más severa.

Nada de esto significa minimizar la gravedad del eventual mal uso de licencias médicas. Al contrario. La inamovilidad judicial no equivale a impunidad. Pero la remoción tampoco puede convertirse en una reacción ante la conmoción o el reproche. Entre ambas sendas se juega, por estos días, la calidad de la respuesta institucional.

Se trata del proyecto “Lex Criteria: Baremo Digital Nacional para la Determinación de Pensiones de Alimentos en Chile”, que busca desarrollar una herramienta tecnológica que contribuya a una determinación más objetiva, transparente y eficiente de las pensiones de alimentos, basada en criterios objetivos y reportes auditables.

La iniciativa también espera contribuir a facilitar acuerdos y mejorar el acceso oportuno a este derecho, así como generar un impacto tanto en el sistema de justicia como en las familias. Además, cuenta con un equipo interdisciplinario de académicos/as e investigadores/as de distintas facultades e instituciones: Victoria Martínez y Gabriel Briceño de Derecho, Camilo Pérez de Ingeniería, Carlos Días de Economía, Natalia Hernández de Ciencias Sociales y la ayudante Danae Sandoval, además de Mario Opazo de la Universidad de Valparaíso, María Soledad Santana representante de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile e Ingrid Florido, directora del Colegio de Mediadores de Chile.

El proceso comenzó con la postulación de 13 iniciativas. De ellas, seis avanzaron a una segunda etapa, donde participaron en un Bootcamp diseñado para fortalecer sus propuestas. La convocatoria culminó con una jornada de pitch, instancia tras la cual se seleccionaron los cuatro proyectos adjudicados.

Las otras iniciativas pertenecen a académicas de las facultades de Psicología (Javiera Navarro) y Ciencias Sociales (Helena Román y Bárbara Bustos), y abordan desafíos vinculados a la salud intercultural, la orientación de estudiantes en la búsqueda de oportunidades laborales y el acompañamiento a familias dono-concebidas.

Fortaleciendo la investigación aplicada con impacto social

Las investigadoras a cargo de los proyectos adjudicados valoraron la instancia generada por la DIT, no sólo como una plataforma de financiamiento para sus investigaciones, sino también como una instancia de aprendizaje para académicos y estudiantes UAH.

«La participación en el Bootcamp nos aportó una mirada distinta sobre cómo transformar una investigación académica en una solución con impacto práctico. Nos permitió validar nuestra propuesta, fortalecer el trabajo interdisciplinario, recibir retroalimentación y comprender mejor las necesidades de los futuros usuarios de la herramienta», comentó la investigadora Yasna Otárola

El coordinador de Proyectos de la Dirección de Innovación y Transferencia UAH, Francisco Pérez, valoró la incorporación del Bootcamp y la sesión de pitch como instancias que potenciaron el proceso de postulación del FIIA. “Se realizaron cambios estratégicos en el formato de las capacitaciones que permitieron el fortalecimiento de los proyectos, la consolidación de equipos de trabajo y capacidades fundamentales para comunicar los proyectos”.

Con la adjudicación de estos cuatro proyectos, el FIIA 2026 cierra una nueva versión marcada por el crecimiento de la convocatoria, la participación interdisciplinaria y el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de investigación aplicada con impacto social en la UAH.

Conoce las iniciativas ganadoras aquí