Wladimir Gavilán presentó la ponencia «La compraventa inmobiliaria con “bono pie”: calificación jurídica del beneficio y determinación del precio real».

La profesora y directora del Magíster en Derechos de las Familias UAH Yasna Otárola expuso el trabajo «La inscripción en el registro de vehículos motorizados: entre la publicidad declarativa y la tradición registral».

Por su parte, la profesora y directora del Departamento de Derecho Privado UAH Nathalie Walker presentó la investigación «El concepto de saneamiento en el Código Civil».

Finalmente, la profesora Pamela Mendoza participó con la ponencia «Sobre la extensión de la solidaridad convencional a la obligación causal».

Las Jornadas Nacionales de Derecho Civil constituyen una importante instancia de intercambio académico entre especialistas de distintas universidades del país. Las investigaciones presentadas contribuyen a la discusión de problemas actuales de la disciplina y posteriormente son recogidas en la colección Estudios de Derecho Civil.

La próxima edición de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil será organizada por la Universidad Alberto Hurtado en octubre de 2027, año en que la institución celebrará sus 30 años de vida como universidad jesuita en Chile.

A siete años del estallido social de 2019, el académico de las facultades de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y Universidad Católica de Uruguay, Hugo Rojas, y la investigadora ayudante en el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y Democracia (VioDemos), Miriam Shaftoe, publicaron el artículo “Reparations for Victims of Human Rights Violations during the 2019 Social Outburst in Chile” en la Revista Direito GV (Vol. 22, artículo e2623, categoría Scopus Q2), que busca evaluar cómo las distintas ramas del Estado respondieron ante los daños sufridos por las personas durante los cinco meses de movilizaciones.

Un balance que, en palabras de Rojas, “permite evitar la indolencia administrativa, mitigar los riesgos de regresión institucional y ofrecer insumos técnicos para que el Estado satisfaga su deuda con la dignidad de las víctimas”.

En esta entrevista, el investigador asegura que en Chile no existe un registro único que consolide la totalidad de datos vinculados a la violencia estatal durante los meses de protestas, por lo que este artículo entrega una valiosa recopilación de información, análisis de documentos oficiales y reportes emitidos entre 2019 y 2024, y una serie de propuestas de reparación.

—Este año se cumplieron 7 años del estallido social en Chile. ¿Por qué debemos continuar observando y reflexionando sobre este hecho? ¿Por qué hacer una evaluación sobre la reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante ese período?

La distancia temporal transcurrida desde las movilizaciones iniciadas en octubre de 2019 permite analizar los acontecimientos con mayor perspectiva y serenidad crítica, superando la inmediatez de la coyuntura política. El estallido social constituyó el ciclo de movilización ciudadana y, a la vez, el episodio de violencia institucional y represión estatal más agudo que ha experimentado Chile desde el retorno a la democracia. Reflexionar de manera continua sobre este hito no responde a un afán testimonial, sino a una exigencia fundamental del Estado de Derecho. Una democracia madura no puede consolidar la paz social ni reconstruir la confianza cívica eludiendo las consecuencias del uso desproporcionado de la fuerza por parte de sus propios agentes.

Evaluar las medidas de reparación es imperativo porque la obligación del Estado frente a violaciones de derechos humanos no es optativa ni discrecional, sino un deber jurídico consagrado en el derecho internacional, particularmente en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en los Principios y Directrices Básicas de las Naciones Unidas de 2005. Tras el cierre y rechazo de los dos procesos constituyentes (en 2022 y 2023), que intentaron canalizar institucionalmente el malestar social pero concluyeron sin consagrar garantías explícitas de reparación en el texto fundamental vigente, el deber de diagnosticar qué respuestas estatales han sido efectivas y cuáles han quedado incompletas adquiere un sentido de urgencia. Realizar este balance permite evitar la indolencia administrativa, mitigar los riesgos de regresión institucional y ofrecer insumos técnicos para que el Estado satisfaga su deuda con la dignidad de las víctimas.

—¿Cuáles fueron los principales obstáculos a los que se enfrentaron al momento de recabar información para este diagnóstico?

El principal desafío metodológico radicó en la fragmentación y dispersión institucional de los antecedentes empíricos y documentales. En Chile no ha existido un registro único, centralizado y oficial que consolide y valide la totalidad de los datos vinculados a la violencia estatal durante los cinco meses de protestas. La información relevante se hallaba repartida entre múltiples entidades: el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el Ministerio de Salud, el Ministerio Público, la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, comisiones parlamentarias y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Esta falta de articulación interinstitucional genera evidentes desajustes y brechas de seguimiento. Mientras los registros de urgencia del Ministerio de Salud contabilizaron a 12.700 personas atendidas en recintos hospitalarios en las primeras semanas del estallido, el INDH registró 8.827 testimonios de vulneraciones y dedujo más de 3.100 acciones judiciales, al tiempo que el Poder Judicial procesó 1.549 causas específicas por delitos constitutivos de violaciones a los derechos humanos entre octubre y diciembre de 2019. Sistematizar esta multiplicidad de fuentes, a menudo construidas bajo criterios divergentes de registro o con miles de causas que fueron archivadas provisionalmente por el Ministerio Público, evidenció la imperiosa necesidad de que el país cuente con un catastro unificado y dotado de validación técnica independiente.

—¿Cómo califican la respuesta del Estado chileno frente a la reparación de violación a los derechos humanos durante el estallido?

Calificamos la respuesta estatal como fragmentada, institucionalmente descoordinada e insuficiente de cara a los estándares internacionales. Esta evaluación reconoce que diversos órganos del Estado implementaron medidas valiosas: el INDH cumplió un rol determinante al denunciar tempranamente los atropellos y activar mecanismos judiciales; el Congreso ejerció facultades fiscalizadoras y de control político; la Convención Constitucional abrió espacios de escucha en audiencias públicas; y el Poder Ejecutivo estableció prestaciones médicas especializadas y otorgó pensiones de gracia.

No obstante, estos esfuerzos han adolecido de una falta de diseño armónico y coherente. Operaron como respuestas parciales o de emergencia ante la crisis, sin consolidarse en una política pública integral ni traducirse en una ley marco aprobada por el Congreso. A ello se suma la lentitud de la respuesta judicial: para marzo de 2024, de los miles de hechos denunciados, los tribunales de justicia solo habían dictado 51 sentencias condenatorias. En términos de justicia transicional, existe una notoria brecha de implementación entre las obligaciones normativas del Estado y la protección material efectiva brindada a quienes sufrieron daños.

—El artículo dice que los programas e iniciativas de reparación pueden adquirir distintos formatos. ¿Qué medidas se tomaron entre quienes sufrieron violencia estatal? ¿Son suficientes bajo el estándar internacional?

La teoría y la práctica de la justicia transicional demuestran que las reparaciones deben conjugar dimensiones materiales y simbólicas, combinando la vía administrativa con la vía judicial. En Chile se adoptaron medidas puntuales en diversos formatos:

• Atención médica y física: El Ministerio de Salud creó en noviembre de 2019 el Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO) en el Hospital Salvador, complementado en 2022 con el Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular, Lesiones Graves y Lesionados por Perdigones (PACTO).
• Medidas económicas: A partir de 2021, la Presidencia confirió 418 pensiones de gracia discrecionales a personas con secuelas graves permanentes acreditadas por el INDH (de las cuales 27 fueron posteriormente revocadas).
• Instancias participativas e institucionales: Se anunció una Agenda Integral de Verdad, Justicia y Reparación, estableciéndose la Mesa de Reparación Integral en 2022 (cuyo informe final se entregó en abril de 2023), se adoptó el Plan de Trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del Mecanismo Conjunto de Seguimiento a las recomendaciones del informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile, y se estructuró un programa ad hoc dentro de la Subsecretaría de Derechos Humanos.

Bajo el estándar internacional, estas medidas no son suficientes. Los instrumentos de Naciones Unidas y la jurisprudencia de la Corte Interamericana exigen una reparación integral (restitutio in integrum) que resulte proporcional, adecuada y oportuna. Los programas de salud física ofrecieron alivio quirúrgico y protésico, pero estuvieron centralizados en Santiago, brindaron una atención psicológica y psicosocial sumamente acotada, y carecieron de componentes sistemáticos de reinserción laboral o apoyo legal.

De manera sustancial, se omitió el concepto acuñado por la Corte Interamericana sobre el daño al proyecto de vida (desarrollado en casos señeros como Gutiérrez Soler vs. Colombia), el cual impone reparar la fractura existencial e integral de los ideales, expectativas y desarrollo personal de la víctima más allá de una indemnización monetaria. Asimismo, el estándar internacional concibe a la víctima en un sentido amplio, extendiendo la protección obligatoria al núcleo familiar directo, personas a cargo y cuidadores, grupo que ha permanecido mayoritariamente desasistido por los dispositivos vigentes.

—Ustedes señalan que, a pesar de que se creó un Programa de Derechos Humanos, en 2023 y 2024 no se le asignó fondos en la ley de presupuesto. ¿Cómo se puede avanzar en institucionalizar las políticas públicas de reparación y, por ende, garantizar el respeto de los derechos de las víctimas, si no se cuenta con recursos?

La omisión presupuestaria en las leyes de presupuesto de 2023 y 2024 respecto de las partidas asignadas al programa de la Subsecretaría ilustra una de las mayores tensiones de la administración pública: la discrepancia entre el compromiso discursivo y la voluntad financiera real. Para trascender esta precariedad y consolidar una política de Estado independiente de los vaivenes de turno, la investigación postula vías de acción claras y respetuosas del marco institucional:

1. Creación de una Comisión de Verdad o de Calificación de Víctimas mediante ley: Esta es la propuesta neurálgica del estudio. Se requiere un organismo público e imparcial, dotado de autonomía funcional y financiamiento legalmente asegurado, encargado de unificar los catastros hoy dispersos, establecer estándares probatorios precisos y calificar oficialmente a las víctimas.
2. Aprobación de una Ley Marco de Reparación: La reparación a víctimas no debe sustentarse en pensiones de gracia discrecionales ni en programas administrativos transitorios sujetos a la discusión presupuestaria anual. Una ley especial tramitada en el Congreso otorga certeza jurídica, define derechos subjetivos exigibles y asocia de forma permanente recursos del erario público para prestaciones de salud física, mental, asistencia social y medidas educativas.
3. Coordinación interministerial y reasignación técnica en el corto plazo: Si la tramitación legislativa demanda tiempo, el Ejecutivo puede articular de inmediato los recursos ya existentes en carteras como Salud (mediante FONASA y la red asistencial), Desarrollo Social y Justicia, canalizándolos sinérgicamente a través de una instancia interministerial que optimice la ejecución del gasto público sin duplicar estructuras.
4. Vinculación con las obligaciones internacionales del Estado: El Estado chileno suscribió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un plan de trabajo concreto, cuyo compromiso incluye la habilitación de un fondo de reparación integral y programas de cobertura nacional. El respeto al principio de continuidad del Estado en el derecho internacional impone que los compromisos de la República ante el Sistema Interamericano guíen las prioridades del presupuesto público, salvaguardando el Estado de derecho frente a cualquier tentativa de retroceso o invisibilización.

Accede al artículo aquí

Se trata de un gran hito institucional para la Facultad de Derecho UAH, que se encuentra consolidando su oferta de postgrado y espera avanzar con igual fuerza con las demás cohortes.

«Nos llena de una enorme alegría y gratificación saber, por testimonio directo de nuestros propios estudiantes, que ya están poniendo en práctica, en su ejercicio profesional diario, la formación teórica y práctica que recibieron en las aulas. Ver cómo un grupo tan numeroso de abogadas y abogados cierra exitosamente una etapa tan importante es un motivo de profundo orgullo para nuestro programa, sobre todo al tratarse de la primera cohorte. Además, es un fuerte estimulo para continuar por esta senda y advertir aquellos aspectos que requieran cambios», aseguró el director (s) del programa, Juan Pablo Castillo.

Un aspecto que destacó el equipo del Magíster fue el egreso simultáneo de sus versiones sincrónica y asincrónica. «Cumplimos con nuestra aspiración de que, más allá de las particularidades de su impartición, ambas versiones fueran idénticas en cuanto a su rigor y forma de egreso», dijo.

Respecto de los sellos diferenciadores del proceso de egreso, Castillo aseguró que uno de ellos fue la variedad de instrumentos elegidos por las y los estudiantes para sus defensas orales, quienes abordaron problemáticas penales complejas de gran vigencia y alta relevancia dogmática. Así, pudieron elegir entre elaborar un informe en derecho, comentar una sentencia o presentar un recurso de nulidad ficticio.

«Entre estas tres modalidades destacamos el equilibrio, lo cual da cuenta de una cohorte bien heterogénea en cuanto a sus sensibilidades profesionales, ya que cada una de estas modalidades tiene sus propias particularidades y exigencias, y ver el nivel con el que las afrontaron demuestra de la versatilidad y solvencia de nuestros graduados», afirmó el académico.

Rigor dogmático, innovación y pertinencia

Entre las y los titulados que optaron por realizar informes en derecho y comentarios de jurisprudencia, comentó Castillo, varios desarrollaron investigaciones con un nivel de solidez bibliográfica y dogmática que permite su publicación en cualquier revista especializada del área penal.

«A modo de ejemplo, abordaron desde el análisis de garantías constitucionales en delitos como el abigeato —evaluado bajo el principio de legalidad y las exigencias de lex certa y lex stricta—, hasta la comunicabilidad en los delitos especiales propios respecto de la responsabilidad del extraneus, a propósito de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema», detalló.

En el análisis jurisprudencial, varios profundizaron en casos de relevancia histórica e institucional, como el episodio La Serena de la Caravana de la Muerte, fallos recientes sobre la formación del consentimiento en la suscripción engañosa de documentos, o discusiones del foro penal ordinario como la calificación de robos en bienes nacionales de uso público.

«Quisiera relevar el tratamiento de dogmática penal con enfoque de género presente en varios trabajos, abordando temas tan sensibles y complejos como la calificación jurídica e imputación subjetiva en contextos de extrema vulnerabilidad en casos de infanticidio o el modo de comprender la provocación suficiente en la legítima defensa. Esta variedad temática da cuenta del compromiso del programa con el rigor dogmático, la innovación y la pertinencia frente a los problemas más urgentes de la justicia penal contemporánea«, explicó.

Finalmente, el director (s) del Magíster en Derecho Penal enfatizó la estrategia docente implementada para sostener el rigor académico ante el crecimiento de la matrícula: «Dada la gran cantidad de estudiantes de esta primera cohorte, el programa incorporó a su claustro académico un número igualmente importante de profesoras y profesores guías. Esta ampliación garantizó desde el primer día un acompañamiento personalizado, riguroso y cercano para cada uno de los trabajos de investigación, lo cual se demostró en el cumplimiento del calendario que como programa nos habíamos autoimpuesto y que permitió el cierre de esta primera cohorte en el quinto semestre».

El encuentro contó con la participación del coordinador académico del Núcleo Constitucional, Sebastián Salazar; la investigadora del Núcleo y decana de Derecho UAH Miriam Henríquez; la profesora del Departamento de Derecho Procesal y Resolución de Conflictos, Lorena Espinosa; y la experta en reformas al Poder Judicial y profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella, Andrea Castagnola, quienes entregaron el documento titulado «Consejo de Nombramientos Judiciales: garantías de diseño para la independencia judicial» e intercambiaron ideas con el equipo ministerial. Asimismo, el ministro Rabat valoró el aporte y la pertinencia de este informe al debate constitucional.

«La entrega de este policy paper al ministro de Justicia refleja una de las principales vocaciones del Núcleo Constitucional UAH, que es colocar la investigación académica al servicio del debate público y del diseño de instituciones. Queremos contribuir, con un diagnóstico, perspectiva comparada y recomendaciones concretas a la discusión de reformas constitucionales relevantes para el país. Puntualmente hoy al sistema de nombramientos judiciales en consonancia con la independencia judicial», aseguró la decana.

Garantías para la independencia judicial

El documento fue elaborado por Miriam Henríquez y Andrea Castagnola. En él analizan y hacen recomendaciones para diseñar un Consejo de Nombramientos Judiciales que entregue garantías para la independencia judicial.

El policy paper llega en un buen momento, ya que el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el gobierno judicial y, en particular, el régimen de nombramiento de jueces vigente desde 1997 (artículo 78).

La iniciativa reúne los boletines N°12.607-07, 14.192-07, 16.852-07, 16.979-07, 17.115-07, 17.144-07, 17.150-07 y 17.193-07, y tiene por finalidad modificar el gobierno judicial y establecer un nuevo sistema de nombramientos; crear órganos autónomos encargados de administrar y gestionar los recursos de los tribunales; entregar nuevas facultades a la Fiscalía Judicial para supervisar la conducta de los jueces; y establecer un Tribunal de Conducta Judicial. Proyecto que, además, fue observado por la Corte Suprema en julio de este año (revisa el detalle aquí).

De esta forma, Henríquez y Castagnola examinaron la propuesta poniendo especial atención en la integración del Consejo, las reglas de evaluación y selección, los efectos jurídicos de las nóminas y la coordinación con los demás órganos de gobierno judicial, y formularon recomendaciones para la reforma constitucional.

Como tesis principal, las autoras afirman que la creación del Consejo de Nombramientos Judiciales solo fortalecerá la independencia judicial si se cumplen las siguientes condiciones:

1. que la Constitución fije su integración, incluida la transición, de modo que evite tanto la captura política como la corporativa;
2. que la evaluación de mérito condicione efectivamente cada etapa del nombramiento, desde la selección hasta la decisión final, bajo reglas de transparencia y motivación;
3. que la distribución de funciones entre los órganos de gobierno judicial vaya acompañada de coordinación y de responsabilidades claras.

El nuevo proyecto de reforma constitucional sobre seguridad y crimen organizado presentado por senadores corrige aspectos controvertidos de la iniciativa del gobierno, recientemente retirada. En lugar de crear otro estado de excepción propone modificar el estado de emergencia vigente.

La propuesta establece un período inicial de hasta 30 días, exige aprobación del Congreso para todas las prórrogas, impone informes quincenales y permite revocar la declaración y las prórrogas. Sin dudas son avances respecto de la iniciativa del gobierno, aunque algunos de esos mecanismos ya están vigentes. Actualmente, el Presidente puede declarar el estado de emergencia por 15 días y prorrogarlo por otros 15 sin acuerdo parlamentario; las prórrogas posteriores sí requieren ese acuerdo. La novedad consiste en extender los informes periódicos y la posibilidad de revocación desde el comienzo.

La cuestión más delicada está, sin embargo, en la causal prevista para declarar el estado de emergencia. Actualmente, la Constitución exige una grave alteración del orden público o un grave daño para la seguridad de la Nación. La reforma añade el peligro grave e inminente para el orden público y el daño grave, actual o inminente, para la seguridad nacional. Se introduce así una dimensión preventiva.

Esta anticipación puede ser razonable frente al crimen organizado. Pero actuar antes de que se produzca el daño obliga a fundamentar con especial rigor por qué la amenaza es concreta e inminente y por qué resultan indispensables facultades extraordinarias. Además, el proyecto no explica cómo un estado de emergencia, que permite restringir el derecho a locomoción y reunión, contribuiría a enfrentar redes criminales que operan en diversos territorios.

Aquí radica la insuficiencia del proyecto. Sus fundamentos reclaman antecedentes suficientes, pero el articulado no exige acreditarlos. Tampoco demostrar que las atribuciones ordinarias no bastan, condición de subsidiariedad recogida en Colombia para la conmoción interior y en España para sus estados de excepción. La gravedad del peligro tampoco requiere probar la idoneidad de los medios.

La omisión es relevante por dos razones. Primero, la nueva causal no se limita al crimen organizado, sino que podría invocarse frente a otras situaciones de amenaza al orden público. Segundo, debe armonizarse con el artículo 39 de la propia Constitución, que reserva los estados de excepción para circunstancias que afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado. ¿Cómo se acredita esa exigencia cuando el daño todavía no se ha producido?

Por eso, la reforma debería exigir antecedentes objetivos y verificables que justifiquen la gravedad e inminencia del peligro, la insuficiencia de las atribuciones ordinarias y la idoneidad de las medidas previstas. Prevenir amenazas graves es una obligación del Estado. Lo que no puede admitirse es que esa prevención justifique, por sí sola, poderes extraordinarios cuya necesidad no se han demostrado.

En el segundo panel, la académica presentó la ponencia «El impacto del desarrollo sustentable en el Derecho privado», en la que sostuvo que la respuesta jurídica a la crisis climática no puede quedar entregada solo al Derecho Público, y explicó que los contratos pueden ser lícitos y, aun así, producir daños ambientales que recaen en terceros y en las generaciones futuras.

Su propuesta es que el orden público, un concepto que ya existe en el Código Civil, funcione como «válvula de entrada» para incorporar la sostenibilidad como límite a la autonomía privada, sin necesidad de reformar el Código. Para ello se apoya en el artículo 19 N° 8 de la Constitución y en la Ley Marco de Cambio Climático, y en experiencias comparadas como la reforma del Código Civil belga de 2023, que reconoce expresamente un «orden medioambiental», el Código Civil y Comercial argentino, que limita el ejercicio de los derechos cuando afecta al ambiente y consagra el principio de acceso al consumo sustentable; y el «principio verde» del Código Civil chino.

Asimismo, abordó los desafíos que implica esta propuesta: cuándo un interés ambiental es lo suficientemente esencial para ser considerado de orden público, quién puede pedir la nulidad, y cómo resguardar la seguridad jurídica.

«La sostenibilidad ha pasado de ser algo deseable a algo indispensable. Por eso el Derecho privado no puede seguir tratando los contratos como si no tuvieran efectos fuera de las partes: el orden público es la vía para que nuestro Código responda a la crisis climática sin dejar de ser lo que es, poniendo nuevo límite a la autonomía privada», afirmó la profesora Morales.

La ponencia de la académica responde a su línea de investigación sobre Derecho privado y sostenibilidad, que incluye la reciente publicación «Hacia un derecho del consumo sostenible: una evaluación preliminar del ejemplo francés para Chile» (Actualidad Jurídica, 2026), escrita junto a Sara Moreno.

El seminario también contó con las exposiciones de Rocío Parra (PUCV), Constanza Núñez (Universidad de Chile) y Jairo Lucero y Flavio Quezada (Universidad de Tarapacá). Ellos abordaron el desarrollo sustentable desde el Derecho ambiental, el Derecho procesal, el Derecho internacional de los derechos humanos y la contratación administrativa.

Hugo Rojas, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y profesor asociado de la Universidad Católica del Uruguay, participó en el QS Higher Ed Summit: Americas, conferencia internacional de educación superior realizada en Guadalajara, México.

Rojas integró el panel “Learning by living: How experience, mentorship, and place transform student outcomes”, organizado por la University of Notre Dame, que abordó el valor del aprendizaje basado en experiencias concretas, la participación de los estudiantes en proyectos de investigación y el acompañamiento de mentores con experiencia profesional y conocimiento del contexto local.

El académico presentó la experiencia desarrollada por estudiantes de intercambio y pasantes que participan en el proyecto NuestramemorIA, iniciativa de la que es investigador y que utiliza herramientas de inteligencia artificial para apoyar el análisis de archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos en Chile. La experiencia permitió abordar cómo la participación de estudiantes en problemas reales puede complementar su formación académica y generar nuevos espacios de aprendizaje.

La presentación permitió vincular la discusión internacional sobre innovación educativa con una investigación que conecta inteligencia artificial, archivos judiciales, derechos humanos y justicia transicional en Chile.

Rojas se refirió al artículo “Artificial intelligence, judicial archives, and transitional justice: analysis of the Quiñones Case in Chile”, publicado recientemente en la revista Tapuya. En la etapa inicial de esta investigación colaboró como ayudante de investigación Veronica Bofah, estudiante de la University of Notre Dame, quien también participó en el panel.

“El aprendizaje adquiere una dimensión particular cuando los estudiantes se involucran en problemas reales y desarrollan sus proyectos de investigación junto a académicos que aportan conocimientos especializados y experiencia situada”, explicó Rojas.

La inteligencia artificial (IA) hoy atrae el interés de todos y su omnipresencia engendra temor e incertidumbre. En el ámbito empresarial y organizacional, una de los razones que más justifican su empleo es el ahorro de tiempo y recursos. Pero las innovaciones tecnológicas no deben adoptarse con el único propósito de ahorrar tiempo o de simplificar las actividades (Tanco, 2022). Su introducción también debe velar por el resguardo de los derechos de los ciudadanos y acompañarse de una sólida gobernanza, que permita delimitar su ámbito de aplicación y prever las consecuencias negativas de su uso.

En este contexto global existen, al menos, dos grupos de intereses en juego. Por un lado, el de las diversas organizaciones que emplean IA y, por otro, el de las empresas desarrolladoras de la misma. Todo ello, en mercados que –como es esperable– actúan sin emitir juicios de valor sobre las necesidades que satisfacen (Sandel, 2013). En tal estado de cosas, la incorporación de sistemas de IA en las organizaciones debe obedecer a una programación específica, orientada a objetivos claros. Si se quiere que actúen con criterios éticos, es necesario programar esa ética desde el diseño mismo de las aplicaciones y sistemas. Asimismo, los usuarios deben saber a qué reglas, códigos o criterios atenerse al utilizar dichas herramientas.

Aquí es, precisamente, donde entra en juego la denominada “IA en las sombras” (shadow AI), expresión que alude al uso de herramientas, aplicaciones o modelos de IA por parte de los colaboradores de una organización sin el conocimiento, aprobación o supervisión formal de los miembros directivos de aquélla. El concepto remite a las dificultades que se plantean en espacios de trabajo (en un sentido amplio) en donde no existe claridad acerca de si el uso de IA está o no permitido; si es aconsejable y, de serlo, cómo se maneja y comparte la información y datos de la organización con los sistemas de IA y, en general, con terceros ajenos a la misma. La “IA en las sombras” conduce, por ejemplo, a hacerse la (quizá aterradora) pregunta acerca de qué información están entregando los colaboradores de la empresa a los sistemas de IA (especialmente, a los que usan IA generativa): a qué carpetas con datos sensibles de los clientes, de secretos empresariales, cifras, know-how y otros, están teniendo acceso los asistentes que nos facilitan las tareas diarias.

Tal como hemos indicado en otras oportunidades, los sistemas y agentes de IA operan en base a modelos matemáticos, que simplifican una realidad más compleja, variable y dinámica que lo computado en dichos modelos. Estos reflejan objetivos e ideologías, como también los sesgos presentes en los datos y en la mente de los programadores. Están diseñados para alcanzar los objetivos trazados y optimizar las operaciones de búsqueda de información, sin cuestionarse acerca de si es correcto o no recopilar, almacenar o compartir esos datos con terceros ajenos a la entidad que los alberga.

El uso de IA provoca incertidumbre y temores, alimentados por anuncios efectistas de profesionales que han intervenido directamente en el diseño de tales sistemas y que, luego de una dudosa epifanía, nos alertan de los peligros de esa creación descontrolada (imposible no pensar en Godzilla, 1954: “¿qué podría salir mal?”). En efecto, en las últimas semanas, el mundo ha prestado (demasiada) atención a destempladas declaraciones de ex ejecutivos de gigantes desarrolladoras de IA, anunciando escenarios catastróficos que ellos mismos han contribuido a moldear. Como una especie de Víctor Frankestein, que teme a su creación y reniega de ella, anuncian que han engendrado un monstruo que destruirá la humanidad. Lo que no es más que una estrategia y un intento de salvaguardar su responsabilidad ante ciertos efectos que sí afectarán a la humanidad: más ignorancia, pobreza, desigualdad, desconfianza y polarización, potenciadas por sus prácticas irresponsables.

Las organizaciones usan IA generativa mucho más de lo que suelen admitir. Sin embargo, no la emplean en forma abierta y transparente, sino en forma solapada y secreta: no vaya a ocurrir que el jefe, el profesor, el fiscalizador, el juez o cualquier otra autoridad se percate de que nos auxiliamos de estas herramientas, tan usadas, pero tan mal miradas. En tal sentido –como reflexiona una interesante columna de Tessa West, en The Wall Street Journal– es cierto que la ignorancia engendra la sospecha. Si el uso de IA es mal visto (porque se asocia a la flojera, a una dudosa productividad o a una falsa eficiencia), el sospechar que los demás la usan, obteniendo beneficios, mientras los que se abstienen de usarla no los consiguen, genera inevitables suspicacias y actúa como caldo de cultivo de malas prácticas.

En tal sentido, la “IA en las sombras”, es una muy mala práctica, en el ámbito empresarial o corporativo, que está siendo costosa hoy y lo será aún más en el futuro, puesto que implica el uso de IA (principalmente, generativa) en forma irresponsable, indiscriminada, no declarada ni auditada. Los costos económicos y extrapatrimoniales pueden ser enormes, en materia de privacidad, de autoría o titularidad de propiedad intelectual o industrial, de cumplimiento normativo sectorial, de inexactitudes en la información respecto de la cual se toman decisiones importantes, entre otros. A este respecto, pensemos, por un momento, en el empleado que, de forma irreflexiva y entusiasta, le pide a su agente favorito de IA que ordene las carpetas de su escritorio virtual, que extraiga información, la clasifique y elabore un informe, luego de un minucioso análisis de los datos de los clientes.

En el escenario recién descrito, una de las grandes amenazas que enfrentan las diversas entidades es la falta de gobernanza de la IA. Si una organización, cualquiera sea su forma y tamaño, no cuenta con reglas claras respecto del uso de IA, pueden derivarse consecuencias dañinas o desastrosas para aquélla y para los usuarios de los servicios que presta: si un trabajador no sabe cómo ni cuándo es aconsejable usar herramientas de IA, si ignora los peligros de compartir información con terceros –incluidos datos sensibles de usuarios o información relevante acerca de sus procesos internos, tales como fórmulas patentadas o datos que otorgan ventajas comparativas sobre la competencia–; si no sabe qué datos proporcionar a la herramienta y cuáles jamás debería entregar, se pone en un serio riesgo la confianza, la comunicación interna y la reputación organizacional.

En síntesis, es esencial contar con reglas claras en estas materias, como, por ejemplo, protocolos internos adoptados luego de una conversación franca y abierta sobre las prácticas internas actuales, junto con la proyección, honesta y realista sobre el proceder futuro. Para lograrlo, es imprescindible, abandonar la “demonización” de las herramientas tecnológicas –que, bien empleadas, pueden facilitar bastante la vida profesional– y desatender los discursos alarmistas de falsos profetas, que solo alimentan la ignorancia y el miedo con el objetivo de ganar tiempo y dinero, gracias a la inmovilidad que ocasionan.

Al inicio del seminario-taller, la directora del Programa Rosa María Olave se refirió a las preguntas en torno a los conflictos que se generan en contextos educacionales, tanto en colegios como en instituciones de educación superior. “Cuando hablamos de convivencia, muchas veces ponemos el énfasis en cómo prevenir los conflictos, cómo evitar que ocurran o cómo intervenir cuando ya se han producido. Pero quizás hay una pregunta anterior que es importante plantearnos: ¿nos detenemos a pensar o reconocer los conflictos, las tensiones, que existen en nuestras comunidades? Porque los conflictos forman parte de la vida de cualquier comunidad”, dijo.

En ese sentido, la profesora Olave aseguró que las diferencias que existen entre las personas que integran las comunidades educativas son inevitables, lo que no significa asumir una mirada negativa sobre ellas: “Una comunidad que reconoce sus conflictos puede estar en mejores condiciones para abordarlos. El conflicto puede expresar una diferencia, una tensión que no ha sido suficientemente escuchada, una relación que se ha deteriorado o un problema que requiere ser abordado”.

Así, esta apertura a los conflictos, explicó, es una oportunidad para revisar lo que está ocurriendo, generar aprendizajes, modificar determinadas prácticas, de transformar las relaciones y la propia comunidad. “¿Qué necesitamos como comunidades educativas para poder reconocer y abordar nuestros conflictos de una manera que contribuya a fortalecer, y no a deteriorar, las relaciones que nos constituyen como comunidad?”, fue la pregunta rectora del encuentro que planteó la directora.

En representación de las autoridades de la Universidad Alberto Hurtado, el secretario general José Manuel Burmeinster dijo que el conflicto “es parte sustancial de personas diversas, heterogéneas y libres, en las cuales, naturalmente, va a haber desacuerdos. La pregunta no es cómo hacer desaparecer el conflicto, sino qué hacemos con ellos, si los transformamos en muros o en puentes para poder encontrarnos. Y esa pregunta hoy es urgente en el mundo”.

Burmeinster destacó la labor realizada por la profesora Olave, quien creó el Programa de Mediación y Resolución de Conflictos en 2013 y que, en sus palabras, “por más de una década ha cultivado en esta Universidad la convicción de que los conflictos pueden gestionarse de otra manera”. Y concluyó: “Para nosotros, el diálogo es una forma de aprender la educación y la vida en común, desde la convicción de que la dignidad de cada persona, y de quien piensa distinto, no se negocia”.

La escuela: un lugar donde se respeten y cuiden los derechos

Para Alfredo Zamudio la escuela no es solamente un lugar seguro en términos de seguridad física, sino también un lugar donde se respeten y cuiden los derechos. “La escuela es un refugio que, aunque es imperfecto, es real y para muchos es el único”, aseguró.

“Para muchos estudiantes, la escuela es un oasis emocional donde se encuentran con sus pares y pueden hacer realidad el anhelo tan necesario para todo ser humano, que es pertenecer a una comunidad y ser escuchados”, añadió, dirigiéndose a la audiencia.

Y afirmó: “Chile no necesita necesariamente más diagnósticos. Sabemos lo que hay que hacer. Entonces, hay que hacerse la pregunta: si sabemos lo que hay que hacer, ¿por qué no se hacen? ¿Qué podemos hacer para cambiar la desazón por la esperanza, y la inseguridad por el respeto?”.

El encuentro concluyó con un trabajo en grupos, acompañados por facilitadoras, y posteriormente un plenario.

La Universidad Alberto Hurtado y el Servicio Jesuita a Migrantes lanzaron ChileReconoce 2.0, iniciativa que desarrollará nuevas herramientas para la identificación, atención jurídica y reconocimiento de la identidad legal de niños, niñas y adolescentes migrantes. El lanzamiento se realizó a diez años del inicio de la experiencia que buscó responder a la situación de niños y niñas que crecían en Chile sin una nacionalidad reconocida.

El proyecto es liderado por Macarena Rodríguez, académica de la Facultad de Derecho de la UAH. Cuenta con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), tras adjudicarse el concurso IDeA I+D 2026. Reúne a la academia, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, y contempla herramientas jurídicas y tecnológicas para abordar situaciones de riesgo de apatridia, subregistro y falta de documentación.

Qué contempla ChileReconoce 2.0 en los próximos 24 meses

El equipo desarrollará y validará el modelo mediante tres componentes principales:

• Protocolos de detección especializada.
• Un consejo técnico multisectorial.
• Un módulo de identificación y registro de casos integrado en una plataforma tecnológica.

El objetivo final es generar un bien público tecnológico compuesto por una plataforma, protocolos y un manual de implementación, que pueda ser adoptado por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, en Chile y eventualmente en otros países de la región.

“Lo que vamos a crear aquí es el modelo ChileReconoce 2.0, un modelo tecnológico integral, transferible y replicable”, explicó Rodríguez.

“Lo que hoy inauguramos oficialmente no es solo la ejecución de un fondo financiero. Es el inicio de un compromiso para que la rigurosidad de la ciencia aplicada repare una profunda fractura humana”, afirmó Macarena Rodríguez, agregando que el desafío es poner la tecnología al servicio de la dignidad de niños y niñas y de su derecho a contar con una identidad y existir ante la ley.

Una década de trabajo: más de 433 casos resueltos

ChileReconoce 2.0 se construye sobre la experiencia acumulada durante la última década. Según explicó Rodríguez, el trabajo desarrollado hasta ahora ha permitido abordar más de 433 casos de niños y niñas que hoy cuentan con una identidad legal.

Rodríguez puso énfasis en que detrás de fenómenos como la apatridia, el subregistro o la falta de documentación existen niños y niñas concretos. “No se trata solo de estadísticas”, planteó al presentar algunos de los casos que han impulsado el trabajo del proyecto durante estos años. Sin reconocimiento jurídico, explicó, se generan barreras para acceder a derechos fundamentales: “Si el Estado no los ve, no los puede proteger”.

La académica destacó además la importancia de abordar la migración desde la evidencia, particularmente en un ámbito donde pueden instalarse prejuicios y sesgos. En ese sentido, la nueva etapa busca incorporar metodologías estandarizadas, rigor científico y trazabilidad al trabajo desarrollado.

De “hijos de extranjeros transeúntes” a una plataforma digital

El rector de la UAH, Cristián del Campo SJ, recordó que ChileReconoce tiene una historia de largo aliento. Destacó el trabajo realizado frente a una problemática que durante años afectó a miles de niños y niñas nacidos en Chile que fueron inscritos como “hijos de extranjeros transeúntes”, quedando sin el reconocimiento de la nacionalidad chilena.

“Temas tan fundamentales, que implican movilizar tantas instituciones y tantas voluntades, no solo se logran con capacidad y trabajo, sino con muchísima perseverancia”, señaló el rector Cristián del Campo SJ, destacando el compromiso de quienes han formado parte de la iniciativa desde sus comienzos.

El rector explicó además que los desafíos han cambiado junto con la realidad migratoria. Por ello, esta nueva etapa incorpora herramientas capaces de responder a escenarios más complejos, entre ellas una plataforma digital para identificar y realizar seguimiento de los casos y protocolos jurídicos para su resolución.

El contexto en Chile: una población migrante que se duplicó en siete años

El proyecto se lanza en un país donde la inmigración ha crecido con fuerza. Según el Censo 2024, 1.608.650 personas residentes habituales nacieron fuera de Chile, equivalente al 8,8 % de la población censada, casi el doble de lo registrado en el Censo 2017 (746.465 personas, 4,4 %).

La mayoría proviene de Venezuela (41,7 %), seguida por Perú (14,5 %) y Colombia (12,3 %). La concentración es mayor en el norte: en Tarapacá, uno de cada cuatro residentes es inmigrante internacional (23,2 %), y en Antofagasta, uno de cada cinco (19,7 %). En cifras absolutas, la Región Metropolitana reúne la mayor cantidad, con 964.835 personas.

El Censo también muestra que el 64,9 % de las mujeres de entre 15 y 49 años nacidas fuera del país son madres, frente al 55,4 % entre las nacidas en Chile.

Estas cifras no miden por sí solas la apatridia ni el subregistro, pero dimensionan el escenario en que se inserta ChileReconoce 2.0. Además, el Servicio Nacional de Migraciones advierte que sus registros de permisos de residencia no permiten conocer cuántas personas extranjeras están en situación regular o irregular, porque informan permisos y no personas. De ahí la importancia de contar con metodologías y trazabilidad propias para detectar los casos.

ACNUR: una alianza entre Estado, academia y sociedad civil

La representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Delfina Lawson, quien también participó en los inicios de ChileReconoce, recordó el camino recorrido por la iniciativa desde 2016 y destacó el trabajo colaborativo que ha caracterizado su desarrollo.

“Este proyecto representa mucho más que una nueva etapa de trabajo. Representa la convicción compartida de que ninguna persona debería quedarse atrás y que ninguna persona debería crecer sin el reconocimiento de su nacionalidad”, destacó Delfina Lawson.

Lawson añadió que los avances de esta década no corresponden al trabajo de una sola institución, sino a una alianza entre el Estado, universidades, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y, especialmente, las comunidades y personas afectadas.

En ese proceso, sostuvo, las universidades han desempeñado un papel fundamental a través de sus clínicas jurídicas, la investigación, el litigio estratégico y el acompañamiento directo. “La Academia no solo produjo conocimiento, sino que contribuyó activamente a transformar las realidades“, afirmó.

Para Lawson, ChileReconoce 2.0 es también un ejemplo de cómo la investigación académica puede conectarse con las políticas públicas y las necesidades de las personas: “Las universidades pueden convertirse en verdaderos laboratorios de innovación social y jurídica, capaces de tender puentes entre la evidencia, las políticas públicas y las necesidades de aquellas personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad”.

Reconocimiento a quienes sentaron las bases

Durante la ceremonia se reconoció públicamente a cuatro personas cuya convicción, trabajo y liderazgo técnico y humano fueron indispensables en los cimientos de ChileReconoce:

• Rodrigo Sandova, entonces jefe del Departamento de Extranjería y Migración.
• Miguel Yaksic, exdirector nacional del Servicio Jesuita a Migrantes.
• Delfina Lawson, oficial (s) de Protección de ACNUR en Chile.
• Jorge Alvarez, exdirector nacional (s) del Servicio de Registro Civil e Identificación.

El encuentro internacional, se organizó en el marco de la Cátedra UC3M-UCEN de Derecho Inmobiliario y reunió a especialistas de Chile y de otros países para abordar, desde distintas áreas, los principales desafíos contemporáneos del Derecho inmobiliario.

La profesora Morales participó en la mesa dedicada a contratación inmobiliaria con la ponencia «Los contratos predispuestos por las corredoras de propiedades y la protección del comprador inmobiliario como consumidor en el Derecho chileno».

En su exposición, analizó la posición jurídica que ocupan las corredoras de propiedades frente al consumidor inmobiliario y, en particular, la aplicación de la Ley N.º 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores a las condiciones contractuales predispuestas por estas empresas.

La ponencia abordó especialmente la calificación de las corredoras como proveedoras directas de servicios de intermediación y asesoría, y las consecuencias que de ello se derivan para la aplicación del estatuto general de protección al consumidor, incluido el control de cláusulas abusivas, las exigencias de información y las normas sobre publicidad. Asimismo, examinó ejemplos de cláusulas habitualmente incorporadas en ofertas de compra y promesas de compraventa, entre ellas aquellas relativas al pago de comisiones, penalidades asociadas al retracto y limitaciones de responsabilidad.

El XI Congreso Iberoamericano de Derecho Inmobiliario se desarrolló en el contexto de los diez años del Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Central de Chile, y contempló ocho mesas temáticas dedicadas a distintas dimensiones del Derecho inmobiliario y registral.

Dei Vecchi integró la mesa «La prueba en las medidas cautelares» y presentó la ponencia «Fumus commissi delicti y estándar de prueba», sobre la difícil conciliación entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva.

«La respuesta compatibilista dominante sostiene que el encarcelamiento provisional no es una pena sino una medida cautelar, cuyo carácter depende de las razones que justifican su imposición en cada caso concreto. Entre los presupuestos que condicionan esa legitimidad figura el fumus commissi delicti, fórmula críptica cuyo contenido dista de ser pacífico. Este trabajo examina dos modos de entenderlo: la tesis de la unicidad de objetos de prueba, que lo identifica con la hipótesis acusatoria probada conforme a un estándar de prueba menos exigente que el exigido para la condena, y la tesis de la multiplicidad, que niega tal identificación. El argumento se apoya en una reconstrucción de la idea raziana según la cual las normas jurídicas operan como razones para la acción, y en particular en la noción de razones auxiliares y su papel en el razonamiento judicial», aseguró el académico.

«Sobre esa base se sostiene que la tesis de la unicidad no solo anula la estrategia compatibilista propia de la concepción cautelar, sino que tensiona las exigencias de proporcionalidad, hiere gravemente la presunción de inocencia y fomenta prácticas indeseables, como las afirmaciones categóricas de culpabilidad respecto de personas todavía no condenadas», dijo.

Fue una instancia muy enriquecedora, que contó con los comentarios de la académica Lorena Espinosa, en la que estudiantes de pregrado y postgrado pudieron aprender sobre los distintos usos y riesgos que supone la utilización de la IA tanto en el área civil y penal, como en la academia.

«Para mí ha sido un gran honor que me invitara a participar en este seminario sobre un tema tan importante para la profesión jurídica y nuestra sociedad: el impacto de la inteligencia artificial en la litigación. Hablamos de las aplicaciones que supone el uso de esta tecnología y cómo cada vez más se desarrolla, pero también hablamos de los retos que supone para el acceso a la justicia, las alucinaciones, los cercos de complacencia, los cercos jurisdiccionales y cómo nosotros como profesionales del Derecho podemos enfrentar estos retos de cara al futuro, siempre teniendo como norte mantener la humanidad en el ejercicio de nuestra profesión«, aseguró el profesor Martínez.

La actividad contó con las palabras inaugurales de la decana de la Facultad de Derecho UAH Miriam Henríquez, del director del Magíster Leonel González y de la vicerrectora de Investigación e Innovación, Aisén Etcheverry, quien recordó que reflexionar en torno a la IA en las diferentes disciplinas son de gran relevancia para la UAH, que prontamente realizará la segunda versión de la Semana de la Inteligencia Artificial.

«En la Universidad Alberto Hurtado estamos comprometidos con abordar los desafíos contingentes y que hoy día enfrentamos como sociedad en su conjunto, y por cierto que la inteligencia artificial es uno de ellos. Desde las distintas carreras estamos abordando las preguntas que nos tenemos que hacer y que permita, con una mirada ética y de derechos humanos, hacernos cargo de los desafíos que presenta la inteligencia«, dijo la vicerrectora.

Por su parte, la decana de Derecho UAH, Miriam Henríquez, destacó que la segunda cohorte del programa esté compuesta por 33 estudiantes de Argentina, Uruguay, República Dominicana y Perú, y de 10 regiones de Chile, lo que da cuenta del alcance nacional e internacional.

«El Magíster forma parte del desarrollo del postgrado de la Facultad y de su vinculación con otras comunidades jurídicas de la región. En esa línea, el programa ha firmado convenios con la Universidad de San Pablo y la Universidad de Puerto Rico, cuyos profesores imparten clases magistrales a nuestros estudiantes», enfatizó la decana.

El profesor Martínez Piovanetti estuvo de visita en Santiago de Chile entre el jueves 1 y viernes 2 de octubre, para impartir clases en la fase presencial de la segunda cohorte del Magíster en Derecho Procesal y Litigación, como parte de una alianza de colaboración internacional entre las facultades de Derecho UAH y UPR.

Fuente: uahurtado.cl

La iniciativa “Fortaleciendo trayectorias”, desarrollada por la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest, busca entregar herramientas y conocimientos sobre derechos laborales a estudiantes del Colegio INFOCAP, quienes actualmente se encuentran insertos en el mundo laboral y compatibilizan sus estudios con sus actividades de trabajo.

INFOCAP es una fundación creada en 1983 por la Compañía de Jesús, dedicada a la formación para el trabajo y a la inclusión sociolaboral. A través de sus programas de formación en oficios, nivelación y continuidad de estudios, acompaña a personas que enfrentan barreras de acceso al empleo, fortaleciendo sus trayectorias educativas y laborales. Este trabajo se complementa con acciones de vinculación e intermediación laboral, que buscan conectar a las personas con oportunidades concretas de empleo y desarrollo.

Formación en derechos laborales desde la Escuela Sindical Clotario Blest

La Escuela de Formación Sindical Clotario Blest es un proyecto educativo de origen estudiantil de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, que entrega formación gratuita y práctica en derecho laboral y ciencias sociales a trabajadoras y trabajadores. En este marco, la Escuela desarrolla iniciativas que buscan acercar conocimientos y herramientas jurídicas a personas vinculadas al mundo del trabajo.

Como parte de su trabajo, la Escuela impulsó el proyecto “Fortaleciendo trayectorias”, una iniciativa incubada por la Universidad Alberto Hurtado a través de sus espacios de Vinculación con el Medio, que nace con el propósito de aportar a la formación laboral de estudiantes del Colegio de Educación de Adultos de INFOCAP.

“Buscamos acercar conocimientos de legislación laboral a personas que, por su profesión u oficio, no necesariamente cuentan con estas herramientas. La iniciativa surge de la necesidad de concientizar sobre la importancia del derecho laboral y las posibilidades que este brinda a los trabajadores, especialmente en un contexto en que se han cuestionado aspectos fundamentales de sus conquistas sociales”, explica Claudio Arancibia Varas, codirector de la Escuela de Formación Sindical.

El proyecto contempla un ciclo de cuatro talleres sobre derechos laborales, impartidos por una egresada y dos Alumni de la carrera de Derecho UAH. Las sesiones buscan que las y los estudiantes puedan conocer sus derechos, comprender distintas situaciones que pueden enfrentar en sus espacios de trabajo y contar con mayores herramientas para desenvolverse en el ámbito laboral.

Las sesiones se desarrollan durante cuatro semanas consecutivas, una vez por semana, y están dirigidas a los cursos 2° A y 2° B del Colegio INFOCAP. El proyecto cuenta con la colaboración de la directora del establecimiento, Susana Martínez, y de la jefa del Área Técnica, Valentina Santos.

La iniciativa es liderada y coordinada por Claudio Arancibia Varas, co-director de la Escuela de Formación Sindical Clotario Blest y estudiante de cuarto año de Derecho UAH.

Un ciclo de talleres sobre derechos laborales

El primer encuentro se realizó el martes 18 de agosto y estuvo dedicado a los contratos de trabajo, abordando sus distintos tipos y contenidos. La sesión fue impartida por Montserrat Veneciano, egresada de Derecho UAH.

La segunda jornada, realizada el 25 de agosto, estuvo enfocada en el término del contrato de trabajo y los mecanismos de protección de las y los trabajadores, incluyendo materias como tutela laboral y autodespido. El taller estuvo a cargo de Daniela Riffo, abogada y Alumni UAH.

El martes 1 de septiembre se desarrolló la tercera sesión, centrada en maternidad, corresponsabilidad y conciliación entre la vida laboral y familiar, a cargo de Paulette Alvarado, abogada y Alumni UAH.

El ciclo finalizará este martes 8 de septiembre con un taller sobre acoso laboral, acoso sexual y Ley Karin, también impartido por Paulette Alvarado.

A través de “Fortaleciendo trayectorias”, la Universidad Alberto Hurtado pone sus conocimientos y capacidades a disposición de estudiantes que buscan compatibilizar su formación con sus trayectorias laborales. La iniciativa también refleja el trabajo de Vinculación con el Medio de la Universidad, generando espacios de aprendizaje que responden a necesidades concretas de las comunidades y favorecen el acceso a conocimientos y herramientas para el ámbito laboral.

Señor Director:

La encuesta Cadem preguntó si la sala cuna universal debe ser un derecho de niños y niñas o un beneficio laboral de la madre. Un 62% optó por lo primero. La pregunta plantea una disyuntiva, pero el conflicto es solo aparente. El derecho al cuidado, reconocido por la Corte Interamericana (OC-31/25) y recogido en la Ley Nº21.805, comprende tres dimensiones: recibir cuidados, cuidar y cuidarse. Niños y niñas tienen derecho a ser cuidados; madres, padres y cuidadores, a cuidar sin perder su empleo ni sufrir desventajas por ello. Si bien la sala cuna nació para que las mujeres compatibilizaran trabajo remunerado y cuidados, hoy sabemos que cuidar no es tarea solo de mujeres y que la educación inicial aporta beneficios que exceden la conciliación.

Así, la sala cuna debiera ser un derecho universal de la infancia. Y quienes cuidan, participen o no del mercado laboral, tienen derecho a hacerlo en condiciones dignas, lo que incluye descanso y tiempo libre. Cuidar y ser cuidado es una experiencia profundamente humana que no cabe en un beneficio laboral lleno de requisitos. Un país que se inquieta por su baja natalidad no puede seguir tratando el cuidado como un trámite.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, Jordán abordó la discusión sobre la naturaleza del documento firmado por los países integrantes y sus eventuales efectos sobre la soberanía chilena.
“Cuando uno lo lee, uno no puede llegar a la conclusión que es solamente una declaración de buena voluntad”, afirmó.

El constitucionalista sostuvo que tanto el contenido como la forma en que se establecen compromisos para Chile acercan el documento a la naturaleza de un acuerdo internacional.

“Su naturaleza, por el contenido y por la forma en que se está obligando el Estado de Chile, más bien tiene la naturaleza de un documento, de un acuerdo internacional que va a tener que ser ingresado de una manera que el ordenamiento jurídico lo dispone”, explicó.

Para Jordán, la diferencia radica en que el texto no se limita a establecer principios generales, sino que contempla acciones concretas en distintas materias.

“Porque se imponen obligaciones al Estado de Chile. No es simplemente decir que queremos la paz en el mundo, estamos en contra del crimen organizado, queremos que los Estados vivan en paz y con ausencia de violencia. Eso sería una declaración de voluntad”, sostuvo.

En contraste, mencionó compromisos relacionados con materias económicas, inversiones y persecución del crimen organizado. “Cuando tú dices que vamos a tomar medidas de cooperación, de regulación económica, de control de inversiones, de tomar medidas concretas respecto de la responsabilidad penal de las personas ligadas a crimen organizado”, señaló.

“El derecho se conforma por los enunciados, es decir, por lo que tú declaras, lo que tú escribes. Y en eso están las cuestiones que son meramente declarativas o que son imperativas. Y en este caso hay cuestiones que son imperativas”, agregó.

Jordán también abordó las advertencias respecto de la soberanía nacional y planteó que, hasta el momento, no existe un hecho concreto que permita afirmar que esta haya sido afectada. “Yo creo que el Escudo de las Américas eventualmente puede poner en riesgo la soberanía de Chile. Lo voy a plantear de esa manera. Al día de hoy no hay ningún acto concreto que podamos decir la está afectando, pero sí la puede afectar”, afirmó.

El abogado vinculó ese eventual escenario con la referencia que el documento realiza al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TRIAR). “Al firmar un documento en el cual el Estado de Chile se impone obligaciones, está ejerciendo soberanía. Cuando esas obligaciones pueden poner en riesgo cierta integridad territorial, por la cita que se hace al TRIAR, eventualmente se podría poner en riesgo esta soberanía”, explicó.

Sobre ese tratado, Jordán señaló que “busca proteger Estados contra los ataques de otros Estados” y sostuvo que esa referencia debe considerarse al analizar los alcances jurídicos del Escudo de las Américas.

El 1 de octubre de 1946 el Tribunal Militar Internacional de Núremberg sentenciaba a los jerarcas nazis, cerrando el proceso iniciado por el fiscal estadounidense Robert Jackson, cuyo alegato de apertura destacaba que las naciones vencedoras, heridas y con la venganza al alcance de la mano, hubieran optado por someter voluntariamente a sus enemigos cautivos al juicio de la ley. Se trataba, en palabras de Jackson, de “uno de los tributos más significativos que el poder ha rendido jamás a la razón”. Ochenta años después, esa frase suena casi ingenua.

La semana pasada, mientras jefes de Estado desfilaban por la Asamblea General de la ONU en Nueva York bajo el lema de “restaurar la confianza”, el país que promovió con fuerza ese tributo del poder a la razón lo desmonta pieza por pieza, y algunos de sus “aliados” se suman con entusiasmo a la misma cruzada o han decidido guardar un silencio cómplice.

En agosto, Washington sancionó a la presidenta de la Corte Penal Internacional Tomoko Akane, y a su fiscal Abdoulaye Seye, sumándose a las sanciones contra el exfiscal Karim Khan. El común denominador no era otro que investigar a un aliado. La misma potencia que en 1945 impuso la idea de que nadie está por encima del derecho, hoy castiga a quienes se atreven a aplicárselo a sus amigos.

Estados Unidos hizo lo propio con la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. La relatora fue sancionada en 2025, lo que empujó la renuncia de Navi Pillay y sus colegas de la Comisión de Investigación de la ONU sobre Palestina. La sanción de Albanese fue suspendida en mayo de este año por un tribunal federal. Sin embargo, a los pocos días, fue reincorporada a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, institución que administra las sanciones por motivo de seguridad nacional y política exterior. El motivo, siempre el mismo: investigar a un aliado.

La paradoja es de fondo, pues Núremberg nació de una convicción incómoda incluso para sus creadores. La ley debía valer para todos, ganadores incluidos, o no valdría para nadie. De ahí surgieron instrumentos internacionales que han sido la piedra angular de una humanidad que aspira a una convivencia pacífica, anclada en lo que John Rawls o Adela Cortina convinieron en denominar “consensos superpuestos” o “mínimos de decencia”. Ese edificio, levantado a contrapelo del poder, es el mismo que se encuentra bajo asedio, cuando el poder vuelve a incomodar.

¿En qué momento retrocedimos tanto? Quizás no hubo un solo instante, sino una erosión lenta de la idea de que el orden internacional es un bien común, y no un instrumento de conveniencia. Si esta Asamblea General quiere de verdad “restaurar la confianza”, el primer paso es poner los esfuerzos en la paz, la seguridad y los derechos humanos, más allá de la retórica. Ninguno de estos sobrevive si cada potencia y sus aliados se reserva el derecho de aplicarlos solo a sus enemigos. Robert Jackson lo entendió hace ochenta años. Toca que alguien vuelva a entenderlo hoy.

El reciente informe de Contraloría General de la República (CGR) que da cuenta de 485 funcionarios/as de la Administración Central suspendidos/as preventivamente en sumarios administrativos entre 2020 y marzo de 2026, en 13 casos por 4 o más años, pone de relieve tanto la extensa duración de los procesos disciplinarios en la Administración como la disfuncionalidad que puede tener la suspensión preventiva de los/as inculpados/as, particularmente porque siguen percibiendo su remuneración o, de haberse cerrado la investigación con propuesta de destitución, el 50%.

La demora reduce el efecto preventivo de estas indagaciones y dificulta su éxito, particularmente si no se logra reunir pruebas con rapidez, pero es frecuente si consideramos que cada sumario requiere comisionar personal para que se desempeñe como fiscal y actuario, manteniendo sus demás ocupaciones, y que el primero debe tener un rango equivalente al del inculpado. Agréguese que no siempre se cuenta con investigadores especializados y que se trata de un procedimiento rígido; dependiendo del caso, pueden requerirse múltiples diligencias. Cerrada la investigación, toca a la jefatura superior estudiar los antecedentes y tomar una decisión, susceptible de recursos. Y aunque hay plazos, se entiende que no son fatales. Iniciar otro procedimiento por las demoras es posible, pero a la vista del cuadro descrito suena a broma de mal gusto.

Simplificar y agilizar estos procedimientos requiere reformas legales y mejor gestión. El ideal sería contar con investigadores externos especializados y con dedicación exclusiva (labor que a veces realiza CGR), pero esto supone recursos adicionales o un mejor uso de los existentes. En el contexto de la transformación digital, convendría disponer de plataformas que faciliten la tramitación con trazabilidad y transparencia, cautelando la reserva cuando corresponda. La suspensión preventiva, debería ser fundada y con duración máxima. Los sumarios que involucren a personal de mayor jerarquía deberían resolverse por Contraloría (para evitar el conflicto de intereses que generan en la autoridad), que también podría sancionar directamente los casos de tardanza injustificada.

La propia CGR acaba de emitir hace pocos días un instructivo que, entre otros puntos, recuerda la necesidad de cumplir los plazos y el carácter excepcional y justificado de las suspensiones preventivas, generando un sistema para hacerles seguimiento. Un avance a destacar pero, que sin cambios legales, será insuficiente. Es de esperar que estos lleguen pronto porque casos como los descritos afectan, injustificadamente, el prestigio de nuestro sector público.

En el artículo, el autor analiza el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) de Chile bajo el enfoque de Derecho y Economía Política, sosteniendo que funciona como un instrumento institucional de la ideología (neo)liberal autoritaria.

Basado en principios de autonomía, neutralidad tecnocrática y despolitización, el CFA incorpora una economía política neoliberal en la constitución material de Chile, operando así como una restricción estructural para las decisiones de política fiscal redistributiva.

A través de tres ejes analíticos —el (neo)liberalismo autoritario, el papel constitutivo del derecho en la organización económica y el déficit democrático—, el artículo examina la evolución y el desarrollo de las normas fiscales chilenas desde la dictadura militar hasta la actualidad.

Concluye que las reglas fiscales y el CFA conforman un arreglo institucional simbiótico que vacía de contenido la deliberación democrática en los órganos representativos, consolidando una transformación constitucional material que cierra la puerta a enfoques alternativos en la formulación de políticas fiscales.

Descarga el artículo (en inglés) aquí

Mansilla ha desarrollado durante varios años una investigación en el norte de Chile junto a mujeres aymara, constatando que mantienen sus vínculos territoriales mediante una intensa dinámica translocal, desplazándose periódicamente entre los centros urbanos y las zonas rurales para preservar la ganadería, las redes de cuidado y los lazos intergeneracionales.

Durante su trabajo de campo etnográfico, Mansilla identificó una expresión recurrente: «estar andando».

Fue esta expresión la que utilizó Mansilla para respaldar que este tipo de movilidad es una forma legítima de ocupación ha permitido integrar la diversidad de movilidades en los marcos de gobernanza territorial y en los tribunales de justicia.

Esto porque la institucionalidad chilena reconoce una movilidad más asociada a la trashumancia pastoral clásica, pero tiene más dificultades para considerar los flujos entre el campo y la ciudad como una forma de ocupación del territorio.

Fuente: cooperativaciencia.cl

Las Jornadas Nacionales de Derecho Probatorio —organizadas por el Consorcio de Derecho Probatorio y la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso— buscan promover la investigación en derecho probatorio, difundir estudios originales sobre teoría y práctica de la prueba, favorecer el intercambio entre la academia y los operadores del sistema de justicia, y analizar los desafíos que enfrentan los distintos sistemas procesales en materia probatoria.

Además, es uno de los principales encuentros académicos especializados en derecho probatorio en Chile, y reúne a investigadores/as, profesores/as, jueces/zas, litigantes y estudiantes para debatir sobre los avances teóricos y prácticos de la prueba en el proceso judicial.

Consentimiento contractual

En dicha instancia, el académico y director del Doctorado en Derecho UAH, Rodrigo Coloma, presentó la ponencia “¿Qué probamos cuando (decimos que) probamos el consentimiento contractual?”.

En su presentación, Coloma abordó el consentimiento como una pieza clave para otorgar el estatus de partes a dos o más sujetos que intervienen en la fase de negociación de un contrato.

“Al exigir su concurrencia se cautela que dichos sujetos han tenido agencia, lo que es importante para legitimar el cambio de posiciones jurídicas, es decir, pasan a ser titulares de derechos y obligaciones. Desde la perspectiva probatoria, esto supone un desafío difícil, pues requiere tomarse en serio la subjetividad de los sujetos, la cual nunca resulta directamente observable por terceros. Para ser agente debe experimentar como propia, en algún sentido, una conducta convencionalmente reconocida como expresiva de su voluntad”, aseguró.

El académico prestó especial atención a distintos reduccionismos en que se suele incurrir cuando se prueba el consentimiento contractual. Así, lo que constituye la prueba del consentimiento contractual no suele calzar con el fenómeno complejo que lo constituye. Además, aludió a algunos avances en neurociencia que asumen el carácter complejo de fenómenos como el otorgamiento del consentimiento.

“Absoluciones falsas”

El académico UAH Diego Dei Vecchi, por su parte, realizó una conferencia plenaria titulada “‘Absoluciones falsas’. Errores materiales y estándares de prueba”.

“Es habitual tratar las “absoluciones falsas” —aquellas que favorecen a personas materialmente culpables— como la contracara de las “condenas falsas”, y considerar ambas como instancias de “error material” o “veredicto falso”. Este trabajo muestra que esa equiparación es engañosa. Solo algunas absoluciones en favor de culpables materiales pueden calificarse propiamente como falsas. Otras pueden ser erróneas, pero por razones distintas de la afirmación de una falsedad. Finalmente, se argumenta que algunas absoluciones en favor de culpables materiales son sencillamente correctas, por lo que contabilizarlas como errores no solo constituye una confusión conceptual, sino que puede tener consecuencias prácticas perjudiciales”, dijo.

Además, el candidato a doctor en Derecho UAH, Sebastián Sandoval, también participó en las Jornadas, con la ponencia “Un futuro (no tan) problemático. Sobre la prueba de hechos futuros y el problema de la incertidumbre”.

El reconocimiento es liderado por la directora de Investigación de la Facultad, profesora Pamela Mendoza Alonzo, y busca destacar aquellas tesinas que van más allá del cumplimiento académico y que realizan una contribución genuina al campo jurídico. Es decir, un trabajo que demuestra autonomía intelectual, capacidad para construir una posición propia y fundada, y que trasciende los límites del ejercicio formativo, ya sea por la solidez de su argumentación, la relevancia de su pregunta o el alcance de sus conclusiones, para constituirse en un aporte real a la disciplina o a la sociedad.

Este año, 16 estudiantes postularon sus tesinas que durante el año académico 2025 fueron calificadas con nota igual o superior a 6,5. Para la selección, una comisión formada por académicos/as consideró los siguientes criterios: innovación, rigor y profundidad, aporte disciplinar o social, calidad metodológica y excelencia formal.

Así, luego de un riguroso proceso de revisión, la comisión decidió adjudicar el premio «Tesina de excelencia» a las y los siguientes estudiantes:

• Paloma Margarita Bahamondes Ríos

Autora de la tesina “Terrorismo de Estado y Justicia Transicional: Un desafío para la democracia chilena tras el estallido social”. Profesores guías: Claudio Quintana Román y Hugo Rojas Corral.

La investigación aborda las actuaciones estatales durante el estallido social de octubre de 2019. Es de este contexto que se abordan dos preguntas centrales: ¿El Estado de Chile actuó conforme el uso legítimo de la fuerza? y ¿el Estado de Chile ha realizado mecanismos de justicia transicional post periodo de conflicto social?
A raíz del contexto social y las múltiples lesiones y vulneraciones a derechos humanos registrados por particulares y organizaciones políticas, como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos o Amnistía Internacional, es que se plantea, en primer lugar, la hipótesis donde se considera al Estado de Chile como autor material de violencia generalizada efectuada contra la población civil, en un modo alternativo de organización terrorista. En la dogmática penal esto se denomina “terrorismo de Estado”.

• Ángel Bustamante Soto y Osvaldo Sepúlveda Rozas

Autores de la tesina “El cooperador eficaz en el crimen organizado: análisis de su nueva regulación en la Ley 21.694 y comparación con los ordenamientos jurídicos de Italia, Colombia y España”. Profesor guía: Rafael Blanco Suárez.

La investigación analiza dogmática y críticamente la reconfiguración de la figura del cooperador eficaz en Chile, introducida por la reciente Ley N° 21.694. Históricamente, la justicia premial chilena operó mediante mecanismos dispersos y excepcionales, limitados a ilícitos específicos como el terrorismo (Ley N° 19.172) y el narcotráfico (Ley N° 20.000). Sin embargo, ante el avance y la creciente sofisticación de la criminalidad organizada, la nueva normativa traslada esta institución al Código Procesal Penal, dotándola de un carácter sistémico, transversal y de aplicación general para delitos de alta complejidad. El estudio examina el nuevo diseño orgánico de la cooperación, distinguiendo entre sus modalidades simple y calificada. Para dimensionar los alcances y los nudos críticos de esta reforma, el trabajo emplea el método comparado, contrastando el incipiente modelo chileno con las consolidadas jurisdicciones de Italia, España y Colombia.

• María José Godoy Lagos y Geraldine Aracelly Guerrero Morales

Autoras de la tesina “Paternidad tras las rejas: el impacto del encarcelamiento en el rol paterno y derecho a la familia en Chile”. Profesor guía: Gonzalo García Pino.

La investigación analiza el impacto del encarcelamiento en el ejercicio del derecho a la paternidad y del derecho a la familia en Chile, abordando una problemática escasamente desarrollada por la doctrina jurídica nacional. Su objetivo fue examinar si el marco normativo y las políticas penitenciarias vigentes garantizan el ejercicio de la paternidad en igualdad de condiciones para los padres privados de libertad, considerando los principios de igualdad ante la ley, protección de la familia e interés superior del niño. La investigación se desarrolló desde un enfoque interdisciplinario, integrando el análisis del Derecho Constitucional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la legislación chilena, doctrina especializada y estudios provenientes de la psicología y las ciencias sociales. En la misma línea, se realizó un examen crítico de la regulación penitenciaria chilena e internacional, identificando las diferencias existentes entre el tratamiento de la maternidad y la paternidad en contexto de reclusión y sus efectos sobre el mantenimiento de los vínculos familiares.

• Julián Enrique Santana Véliz

Autor de la tesina “Tecnología persuasiva y su impacto en el consentimiento”. Profesor guía: Rodrigo Coloma Correa.

La investigación aborda cómo la autonomía de la voluntad se ve profundamente afectada en los entornos digitales por los estímulos de diseño y el uso intensivo de datos personales. Problematiza la concepción clásica del consentimiento frente a estas nuevas influencias tecnológicas proponiendo una revisión crítica desde la dogmática jurídica para brindar protección ante estos fenómenos, priorizando ajustes interpretativos por sobre reformas legislativas. El problema central radica en que el mercado de consumo digital somete a tensiones la categoría tradicional del consentimiento, ello mediante el uso de tecnologías persuasivas, situación en que las plataformas utilizan el diseño de sus interfaces para modificar conductas e inducir decisiones sin apelar a la fuerza ni al engaño.

«El premio Tesinas de Excelencia reconoce los mejores trabajos de nuestros estudiantes y celebra el rigor, la originalidad y la vocación jurídica. También reconoce y agradece el esmerado trabajo de los profesores guías. Como Facultad, nos sentimos muy orgullosos de estas tesinas, porque expresan la capacidad de formular preguntas complejas, investigar con profundidad y construir argumentos sólidos. Estás son competencias claves en la formación de buenos abogados y abogadas”, aseguró la decana de Derecho UAH, Miriam Henríquez Viñas.

La profesora Mendoza, por su parte, enfatizó que esta distinción es parte de un proceso de articulación entre la Dirección de Investigación y el pregrado, como un incentivo a las y los estudiantes de la carrera. “La Facultad valora la investigación jurídica como parte esencial de la formación de sus estudiantes y como expresión del compromiso institucional con el desarrollo del Derecho. Así, hoy celebramos el trabajo y esfuerzo de quienes han hecho de su tesina una experiencia de investigación rigurosa y significativa”, dijo.

El debate sobre el proyecto de ley de sala cuna no amerita detenerse en el exabrupto del ministro del Trabajo, sino en la pregunta que le dio origen: ¿quién es titular del derecho a sala cuna? El Senado aprobó que lo sean los niños y niñas menores de dos años, hijos de personas trabajadoras o bajo su cuidado personal. En cambio, el Ejecutivo defendió que la titularidad permanezca en la persona trabajadora y formuló reserva de constitucionalidad.

La diferencia no es semántica. Si el titular es quien trabaja, la sala cuna se vincula con un derecho laboral destinado a conciliar empleo y responsabilidad familiar. Si el titular es el niño o niña, el fundamento cambia y se relaciona con el cuidado, la protección de la infancia y su desarrollo integral.

Esta nueva perspectiva permite, además, revisar la forma en que el Derecho ha distribuido históricamente las tareas de cuidado. Durante décadas, el artículo 203 del Código del Trabajo ha asociado la sala cuna a empresas con veinte o más trabajadoras. Una norma concebida para proteger a las madres trabajadoras terminó reforzando la idea de que el cuidado corresponde principalmente a las mujeres, trasladando a su contratación un costo asociado a la maternidad. La reforma busca romper esa asociación, incorporando a padres o cuidadores y avanzar hacia una corresponsabilidad social del cuidado.

Pero reconocer al niño como titular implica un paso más. La sala cuna ya no existiría solo porque un progenitor necesita trabajar, sino porque los niños tienen necesidades de cuidado, atención y desarrollo que el ordenamiento decide proteger. Por eso esta discusión no es solo laboral ni de género. Es también un asunto sobre derechos de la infancia y cómo una sociedad distribuye la responsabilidad del cuidado.

Esa idea ha sido respaldada desde distintas posiciones políticas. Algunos parlamentarios la han defendido centrados en la infancia y el derecho al cuidado; otros, desde la libertad de las familias para decidir cómo ejercer un derecho del niño. Esa convergencia muestra que reconocer titularidad a los niños no supone ampliar las potestades del Estado sobre las familias.

Por ello carece de sustento en el texto aprobado afirmar, como lo sostuvo la senadora Kaiser, que este derecho permitiría al Estado “quitar” los hijos a sus padres. Ser titular de un derecho no significa estar obligado a ejercerlo. El texto no impone la asistencia a sala cuna ni autoriza a sustituir las decisiones de las familias; tampoco desplaza sus responsabilidades de cuidado ni el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos.

Pero la pregunta por la titularidad conduce a una segunda cuestión que la Cámara deberá considerar: si el derecho pertenece al niño, ¿por qué su ejercicio depende de que su padre, madre o cuidador tenga una vinculación laboral?

Corresponde a la Cámara continuar esta discusión junto con la del financiamiento. En el segundo trámite deberá responder, entonces, dos preguntas vinculadas: quién es titular del derecho a sala cuna y cuál es su alcance mientras su ejercicio sigue dependiendo de la situación laboral del padre, madre o responsable.

Tomás Pascual fue parte del tercer panel «Mecanismos de cumplimiento de los tratados y de las decisiones de los órganos internacionales», con la exposición “Cumplimiento de decisiones internacionales de derechos humanos en Chile: tensiones, mecanismos e institucionalización” (pp. 119-126).

Gonzalo García participó en el cuarto panel «Las sentencias estructurales y sus desafíos», donde presentó la exposición titulada “Sentencias estructurales y derechos humanos. Virtudes y tensiones. Una mirada nacional y experiencias comparadas” (pp. 156-169).

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