En octubre pasado, antes de un importante partido de la selección, se anunció el esperado proceso constituyente del Ejecutivo. En cadena nacional, la Presidenta de la República explicó las diversas etapas que compondrían el proceso y cómo las instituciones y la ciudadanía se integrarían al mismo.
Al poco andar, se asoman más dudas que certezas. Las dudas no son aquellas del discurso constante de ciertos sectores sobre la incertidumbre que produciría el cambio constitucional (para ellos, claro, el status quo es altamente conveniente para sus rentas económicas y políticas). Tampoco son preguntas normativas sobre el complejo proceso diseñado, tales como los quórums para reemplazar la constitución o el rol de control del Tribunal Constitucional respecto de los proyectos de reforma que el Ejecutivo enviaría.