En el contexto de un tema que está fuertemente en la palestra pública, el abogado de la Universidad Alberto Hurtado e Investigador Asociado del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), Juan José Martínez Layuno, junto a Leonel González Postigo, abogado de la Universidad de Buenos Aires y también investigador de este organismo del Sistema Interamericano, analizaron desde la bibliografía y el trabajo de campo la experiencia del control a las medidas de internación decretadas por los tribunales de familia.
Considerando que uno de los grandes desafíos que enfrenta la justicia en la región es el escaso control de las medidas que los tribunales decretan para la seguridad de la víctima, o asegurar los fines del proceso (especialmente en materia penal y de familia). Ambas áreas, aunque muy distintas, coinciden cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, que requieren una tutela reforzada por parte de los jueces y más aún cuando se trata de la dictación de medidas que, como en Familia, tienen por resultado que ellos terminen tanto en los centros de internación de SENAME como en otros lugares.
“CEJA se dedica a investigar en profundidad y desarrollar planteamientos innovadores para realizar reformas a la justicia en la región, y en esta línea viene investigando y proponiendo desde hace bastante tiempo la implementación, tanto de las conocidas oficinas de servicios previos al juicio, como también de las oficinas de control de medidas alternativas y sustitutivas en materia penal. Así, y en un área completamente distinta, nos pareció una experiencia interesante el trabajo que actualmente realizan jueces y funcionarios del Centro de Medidas Cautelares de los Tribunales de Familia de Santiago, así como los funcionarios de la Unidad 37-2014 de la CAPJ encargada de implementar en todos los tribunales de familia del país el Registro Único de Seguimiento y los Centros de Cumplimiento de Medidas de Familia”, señala Juan José Martínez.
La investigación busca explorar en qué grado este tipo de centros de control son aplicables a otras áreas del Derecho, así como verificar el nivel de cumplimiento del Acta 37-2014, conocida también como el Auto Acordado, que regula el seguimiento de medidas de internación y visitas a los centros residenciales por los tribunales de familia en coordinación con el Servicio Nacional de Menores y el Ministerio de Justicia. Destaca de este modo, por ejemplo, la innovación y el grado de incorporación de tecnologías, que en el caso del Registro Único de Seguimiento con el que trabajan los Tribunales y Centros de Cumplimiento que ya están en funcionamiento, les permite tener información actualizada y en tiempo real sobre las condiciones de los recintos en los que se interna a los menores, así como una trazabilidad de cada causa asociada a un niño, niña o adolescente y el tiempo que lleva internado.
Cabe destacar que, con una consolidada historia en materia de reformas a la justicia penal en la región, CEJA, organismo del sistema interamericano ubicado en Santiago de Chile, tiene hoy como principales prioridades las reformas a la justicia civil en Latinoamérica para hacerla más accesible, rápida y eficaz.
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