Artículo de Rafael Blanco, Carlos Frontaura, Alejandro Romero y Juan Enrique Vargas en El Mercurio Blogs
R. Blanco, C. Frontaura, A. Romero, y J. E. Vargas: «En una época en que existe -incluso más que antes- el peligro de generalizaciones inmerecidas a causa de la amplia difusión que tienen las malas prácticas, resulta importante que las universidades, asumiendo su responsabilidad, generen espacios de reflexión sobre la ética profesional».
«Abogados: ‘conciencias que se alquilan'», es un dicho popular, según anota Dostoievski en más de una de sus obras. Esta expresión, aunque injusta, apunta al núcleo de uno de los desafíos más importantes para la actividad en el siglo XXI: la ética profesional. La juridificación de la vida, la judicialización de los conflictos, la expansión del acceso a la abogacía y la creciente pluralidad de tradiciones y convicciones, entre otras cosas, obligan a que este asunto reciba un tratamiento más vasto, tanto desde la perspectiva de la formación como del control.
Por otra parte, la verificación del desempeño ético de cualquier profesión constituye una variable clave en la sociedad actual. Si los ciudadanos no cuentan con garantías de que quienes poseen conocimientos especializados se van a ceñir a pautas mínimas de buen comportamiento, harán todo lo posible por evitar contratar sus servicios, incluso si aquello les llevare a la autogestión de sus problemas.
Los abogados, a pesar de la irrupción de las nuevas tecnologías como fuente de información, están en una posición de poder asimétrica respecto de sus clientes, ya que mientras estos se limitan a suministrar datos, aquellos son los que están en condiciones de identificar normas aplicables, dominar las estrategias judiciales y argumentar de manera de influir decisivamente sobre jueces, fiscales, defensores u otros abogados. Frente a ese panorama, la ética debe ocupar un lugar central de las preocupaciones profesionales.
Un primer paso debe ser dado en las facultades de Derecho, las que durante la formación de los alumnos tienen la obligación (moral) de dar indicaciones básicas acerca de las actitudes mínimas que se esperan de ellos al momento de incorporarse al mundo del trabajo. A continuación, será la comunidad de abogados (debidamente organizada) la que deberá resguardar que quienes se desempeñan en la actividad no excedan el marco de lo éticamente admisible; este es el espacio en que operan los colegios profesionales.
Es preciso reconocer que las facultades de Derecho han tenido problemas para asumir su compromiso de formación. La escasez de cursos especializados es un síntoma de que los problemas éticos presentan particularidades que requieren de un tipo de reflexión distinta a la que es usual para analizar las otras disciplinas jurídicas. Las dificultades metodológicas, sin embargo, no constituyen una excusa para eludir la responsabilidad de que sus egresados lleguen a ser competentes para actuar éticamente en distintos ámbitos.
En la comunidad profesional, por su parte, cabe destacar que el año 2011 el Colegio de Abogados de Chile A.G. logró un gran avance al reemplazar el viejo Código de Ética, de 1948, por uno totalmente actualizado y adaptado al contexto en que ahora se ejerce la profesión de abogado. Este mes de agosto se cumplen cinco años de la entrada en vigencia del aludido código que introdujo numerosos cambios tanto en las infracciones como en el procedimiento de reclamo.
Con ocasión de este hito se han organizado en este mes unas jornadas de Ética Profesional. En ellas se discutirán distintos asuntos relacionados con la implementación del nuevo código y se presentarán ponencias de destacados especialistas nacionales, así como del profesor David Luban (Universidad de Georgetown), uno de los más reconocidos expertos a nivel mundial.
En una época en que existe -incluso más que antes- el peligro de generalizaciones inmerecidas a causa de la amplia difusión que tienen las malas prácticas, resulta importante que las universidades, asumiendo su responsabilidad, generen espacios de reflexión sobre la ética profesional. El compromiso de nuestras Facultades de mantener en el tiempo uno de ellos permitirá que se profundice sistemáticamente en la realidad y necesidades de la formación y control de los abogados, de modo que la fuerza expresiva de la ficción literaria no oscurezca la fundamental contribución que realizan miles de abogados, todos los días, al servicio de la justicia.
Rafael Blanco
Decano de Derecho
Universidad Alberto Hurtado
Carlos Frontaura Rivera
Decano de Derecho
U. Católica de Chile
Alejandro Romero Seguel
Decano de Derecho
Universidad de los Andes
Juan Enrique Vargas Viancos
Decano de Derecho
Universidad Diego Portales