En una emotiva ceremonia efectuada en el Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet junto al Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el sur de América Latina, Michele Manda di Nissa, dieron cuenta de los resultados del Programa “Chile Reconoce”, que busca, precisamente, reconocer la nacionalidad chilena de niños y niñas nacidas en el país y a quienes se les desconoció su derecho, siendo indebidamente inscritos como hijos de extranjeros transeúntes, por encontrarse sus padres en situación migratoria irregular.
Las autoridades agradecieron el trabajo interinstitucional, que involucró al gobierno (a través del Departamento de Extranjería y Migración, el Registro Civil, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos), al Servicio Jesuita a Migrantes y a las Clínicas Jurídicas de las universidades Alberto Hurtado y Diego Portales, y la ACNUR. Este trabajo colectivo permitió el reconocimiento de este derecho fundamental de niños y niñas de la región de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Metropolitana, así como la simplificación del trámite para quienes se encuentren en esta situación. Igualmente, anunciaron la continuidad del proyecto durante el año 2017, pues de acuerdo a cifras oficiales, existen más de dos mil niños en esta situación.
El desconocimiento de la nacionalidad chilena de niños y niñas ha constituido un tema de la agenda pública desde al año 2015, cuando las Clínicas Jurídicas de la Universidad Alberto Hurtado y Diego Portales, en conjunto con el Servicio Jesuita a Migrantes, presentaron ante la Corte Suprema una acción de reclamación de Nacionalidad en favor de 167 personas, todas las que encontraban, además, en riesgo de apatridia. La acción conjunta tuvo como resultado la rectificación de sus partidas de nacimiento y el compromiso del Estado en trabajar en la identificación de los muchos niños y niñas que se encuentran en esta situación.
En representación de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado asistieron el Decano Rafael Blanco, la Directora de Clínicas Jurídicas Macarena Rodríguez, Hugo Rojas, Director de Vinculación con el Medio y Rosa María Olave, Directora del Programa de Resolución de Conflictos. Un grupo de alumnos de la Clínica Jurídica de Atención a Inmigrantes, colaboraron como voluntarios en el evento.
“Es un momento muy importante, porque muestra como una acción de litigio estratégico puede efectivamente lograr la modificación de un política pública, y más aún, en un tema en el que la Universidad y la Clínica Jurídica tienen un sello distintivo” señaló el Decano Rafael Blanco.
“Ambas clínicas jurídicas seguiremos trabajando durante el año 2017 en un proyecto conjunto, financiado por Open Society Foundation y esperamos que en el marco del fortalecimiento del Derecho a la Nacionalidad, el país adhiera a la Convenciones Internacionales sobre Apatridia, donde aún tenemos un compromiso pendiente” señaló Macarena Rodríguez.
