Durante las últimas semanas, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados ha conocido la posición de varias instituciones y organizaciones dedicadas al ámbito penal respecto a la llamada «agenda corta contra la delincuencia», las que se mostraron de acuerdo en que el proyecto de ley tendrá efectos nocivos a todo nivel.
Con el objeto de mejorar la persecución del hurto, el robo y la receptación, el Ejecutivo propone modificaciones legales que, a juicio de organismos como la Corte Suprema, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos infringen los principios de proporcionalidad e igualdad ante la ley. Esto porque quien haya cometido un delito contra la propiedad (y no contra bienes jurídicos más esenciales, como la vida) verá considerablemente reducidas sus posibilidades de acceder a penas alternativas, como la libertad vigilada, y tendrá que ir obligatoriamente a la cárcel. Aun cuando sea primerizo.
Según datos de la Fundación Paz Ciudadana, quienes cumplen penas privativas de libertad tienen una tasa de reincidencia del 51 %, frente al 28 % de quienes tienen acceso a penas alternativas.
De acuerdo con otro estudio, publicado por Gendarmería de Chile el año 2013, la reincidencia general alcanza un 20,78 %. El 13,79 % proviene del sistema cerrado y el 6,81 %, de quienes cumplieron condena previa en el medio libre. Además, solo el 0,02 % de quienes reincidieron participó en los Centros de Educación y Trabajo, mientras que el 0,17 % estuvo sujeto al control del sistema postpenitenciario. Pese a estos datos, el proyecto del Gobierno pretende crear diez mil nuevos cupos en las cárceles y limitar el otorgamiento del beneficio de la libertad condicional.
El sistema penitenciario chileno está en crisis. Funciona con un hacinamiento que en el caso de algunos recintos supera el 300 %. Los programas de reinserción social ni siquiera alcanzan para el 20 % de los internos, las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas al interior de los penales, no existen condiciones de higiene mínimamente aceptables y Gendarmería ya no da abasto. Por todas estas razones, el encierro solo genera desarraigo familiar y social, además de reproducir la criminalidad tanto a nivel de los individuos como de sus familias y comunidades.
Por este motivo, una política criminal adecuada debería centrarse en la exclusión social y la segregación, que son el origen de la delincuencia, y no únicamente en sus supuestos síntomas, como la inseguridad de la ciudadanía, pues de otro modo el Gobierno no hace más que naturalizar la inequidad (los delitos de alta connotación pública son los que cometen los sectores más precarizados) y diseñar políticas —o leyes— que marginan a quienes, al parecer, no gozan del estatus de ciudadanos.
Finalmente, según los datos entregados por la Fundación Paz Ciudadana, mantener a cinco mil nuevos internos (la mitad de las personas a las que el Estado está dispuesto a encarcelar) tendrá un costo de 19,2 mil millones de pesos al año.
De esta manera, la propuesta del Ejecutivo presenta una mirada reduccionista y neoconservadora del fenómeno delictual, endureciendo las penas, sin realizar esfuerzos para garantizar mecanismos que permitan la reintegración social efectiva de las personas que están en conflicto con la justicia.
La Comisión ya conoce todas estas opiniones. Es de esperar que actúe en conformidad.
Carlos Sánchez, director ONG Leasur.
Viviana Camilo, presidenta ADIPTGEN (funcionarios de Gendarmería).
Juan Pablo Mañalich, profesor de Derecho Penal, Universidad de Chile.
Leonardo Moreno, profesor de Derecho Procesal Penal, Universidad Alberto Hurtado.
Karol Cariola, diputada
Giorgio Jackson, diputado