Cuatro estudios de Base para el Proyecto de Innovación Institucional Diálogo Permanente entre Empresas, Comunidades y Estado y Gestión Pública de Grandes Proyectos, de ALIANZA VALOR MINERO, fueron adjudicados el viernes 9 de junio. Entre los ganadores se encuentra la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, que se adjudicó la consultoría «Diseño de un Sistema de Resolución de Controversias».
La propuesta fue presentada por el Programa de Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho, y el equipo responsable de ejecutarla estará constituido por Rosa María Olave, Mirtha Ulloa, Gonzalo Frei, Salomón Serrano, Soledad Lagos y Pablo Valenzuela. A ellos se suma un equipo asesor internacional, formado por Edy Kaufman, Francisco Diez, Delcy Lagones y Pablo Lumerman.
El Proyecto de Institucionalidad de Diálogo Territorial de Alianza Valor Minero, corresponde al diseño de una política pública que permita establecer una institucionalidad de diálogo permanente que ordene la relación entre las comunidades, las empresas y el Estado en torno a los grandes proyectos de inversión. Mediante un proceso transparente, efectivo y en igualdad de condiciones, que conduzca a acuerdos de valor compartido y propendan al desarrollo territorial.
La consultoría que llevará adelante la Universidad Alberto Hurtado consistirá en elaborar un sistema de resolución de conflictos, mediante el establecimiento de una oferta amplia y flexible de mecanismos colaborativos, como la mediación, arbitraje y conciliación, donde el procedimiento judicial sea la última ratio y se considere la competencia e institucionalidad de los tribunales ambientales. Se espera prevenir los conflictos y resolver aquellos que se manifiesten en una etapa temprana, evitando su escalamiento.
Junto a la Universidad Alberto Hurtado, fueron adjudicados otras tres consultorías al Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, a Espacio Público y Casa de la Paz.
Cabe destacar que Alianza Valor Minero es una institución de carácter público privado que busca representar la pluralidad de intereses que conviven en el sector. En la actualidad, reúne a los más importantes actores del sector público, privado y tercer sector, entre los que destacan: Ministros de diferentes carteras, instituciones públicas, grandes compañías mineras, organizaciones gremiales, organizaciones sociales, ONGs, dirigentes sindicales, organizaciones de pueblos originarios, centros de estudio y representantes de gobiernos locales.