Foto: www.dpp.cl
El profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, Leonardo Moreno Holman, se ha incorporado a la Facultad de Derecho como profesor jornada. Este semestre impartirá el curso de Derecho Procesal Penal, y asumirá la dirección del Departamento de Derecho Procesal. Con anterioridad se desempeñó como Jefe Nacional del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública y luego como Defensor Regional Metropolitano Norte.
El profesor Moreno es abogado de la Universidad Diego Portales, y cuenta con post títulos en Gerencia Social y Políticas Públicas (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales), Derechos Humanos (Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile), Derecho Procesal Penal (Universidad Diego Portales), Negociación (Fundación Chile) y Litigación Oral (The University of the Pacific, McGeorge School of Law, California Western School of Law, National Institute for Trial Advocacy, New York School of Law).
En su calidad de experto se desempeña como académico en la Academia Judicial de Chile, el Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda y el Centro de Estudios de Justicia para las Américas (CEJA). Además es docente invitado del Instituto de Ciencia Procesal Penal de Lima (Perú) y del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP (Argentina). Es autor de Teoría del Caso (Ed. Didot, 2010), y coautor de Litigación Estratégica en el Nuevo Proceso Penal (Ed. LexisNexis, 2005).
Conoce más acerca de la labor del profesor Moreno en la siguiente entrevista de El Mercurio:
[expand title=»VER ENTREVISTA»]«La fiscalía a veces maneja mediáticamente las investigaciones, y eso preocupa»
Fuente: El Mercurio, domingo 08 de febrero de 2015
Fue uno de los abogados que tuvo por misión instalar en el país, hace ya 15 años, la reforma procesal penal. Y lo hizo desde la vereda de la institución que «socialmente no es muy bien valorada, pero que tiene una importancia radical en un Estado de Derecho», sostiene. Se trata del abogado Leonardo Moreno Holman, emblemática figura de la Defensoría Penal Pública, quien tras no ser electo defensor nacional, dejó el organismo para irse a hacer clases a la Universidad Alberto Hurtado y dedicarse al ejercicio libre de su profesión.
Como defensor regional metropolitano norte, le tocó intervenir en el caso Bombas, en el que se absolvió a todos los imputados, y también en la causa contra Luciano Pitronello, a quien le estalló una bomba mientras la instalaba, y donde la Defensoría logró que los tribunales descartaran el cargo terrorista.
– ¿Cómo evalúa esos dos casos y el rol que jugó la Defensoría?
– Creo que en casos emblemáticos como esos dos se demuestra la importancia de tener una defensa de calidad. Nuestro rol es preocuparnos de que cuando el Ministerio Público persiga, cuando la policía persiga, lo haga de manera respetuosa de los derechos de las personas, dentro de un marco de legalidad, y si eso no ocurre, poder denunciarlo en audiencia. Es hacer ver a los tribunales cuándo, en casos como estos, las investigaciones han sido sesgadas.
– ¿Cuesta entender lo que importa una defensa estatal fuerte?
-Ese es el punto. La función del defensor público es ser contrasistema. Suena probablemente un poco duro, pero para que se legitime el proceso penal tiene que haber un defensor que ponga trabas a este examen de legitimidad que debe dar la persecución penal cada vez que persigue a un ciudadano. Para hablar de democracia y de Estado de Derecho, a las personas hay que condenarlas respetándoles sus derechos.
– ¿La defensa valida el sistema?
– Lo que la gente debe entender es que si una persona fue bien defendida y se dicta una condena, esa condena es legítima.
«Al revés, si se tiene un sistema de defensa penal público no dotado de funcionarios o recursos suficientes, se corre el riesgo siempre de que el Estado, a través de sus órganos de persecución, termine pasando por encima de los derechos de esas personas».
– ¿Cree que los fiscales investigan con prejuicios o se dejan llevar por la presión mediática?
– No generalizaría, pero lo que ha ocurrido en algunos casos es que efectivamente la fiscalía se ha apresurado a tomar decisiones de persecución o, en otros casos, se ha cerrado a proseguir otras líneas de investigación y ha mantenido una hipótesis más allá de lo que uno podría considerar razonable y, efectivamente, eso ha significado que la fiscalía en algunos casos maneje mediáticamente las investigaciones y eso preocupa.
– ¿Cuestiona la publicidad de los casos?
-No. Me parece que hay que compatibilizar la presunción de inocencia y la libertad de información. Creo, sí, que hay que darle la misma relevancia como noticia cuando alguien es detenido e imputado por un delito, a cuando se demuestra que esta persona era inocente o la persecución no sigue adelante.
– ¿Cree que hay una estrategia detrás?
-En algunas ocasiones uno ve que hay audiencias que se manejan mediáticamente. Hay que tener prudencia, porque en Chile no tenemos un sistema adecuado de indemnización de perjuicios para las personas que han sido inculpadas erróneamente.
– ¿Cómo evalúa la relación entre fiscales y policías?
– Observo que el Ministerio Público a veces no ejerce todo el control que uno quisiera que ejerciera sobre la función policial. En el caso de las detenciones masivas en las manifestaciones estudiantiles ha quedado eso de manifiesto. Hay que tener mucho cuidado cuando el Ministerio Público dirige a la policía. Esta dirección de la policía no solo significa que trabaja con ella, sino que tiene que decirle cómo se hace correctamente una investigación.
– ¿Hay falencias en eso?
– Una de las cuestiones que ha sido deficitaria históricamente en Chile es la capacidad que ha tenido la policía de adaptarse a un nuevo sistema de persecución penal más democrático, más respetuoso de los derechos humanos. Yo creo que la policía no ha estado a la altura de lo que hemos esperado. Muchas de las modificaciones que se han hecho al Código Procesal Penal, más que generar la adaptación del policía al modelo, han hecho que el modelo de justicia penal se tenga que adaptar a las prácticas de las policías. Es un error.
– ¿Algún caso concreto?
– Las detenciones masivas. Tuvimos también casos en que guardias del retail reemplazaban a los policías haciendo los partes. Lo que me parece ahí que ocurrió es una falta de control, no solo del sistema judicial sino también de los fiscales.
«No se van a librar de mí»
– ¿Cómo ve el futuro tras no ser nombrado defensor nacional?
– Es difícil abandonar una institución después de casi 15 años. Llegué al departamento de estudios de la Defensoría Nacional por ahí por el 2001, después me fui a instalar la reforma procesal penal a la Defensoría Regional y luego me renové el cargo como defensor regional. Entonces hay muchas buenas experiencias. Esta es una institución que socialmente no está muy bien valorada, pero que tiene una importancia radical en un Estado de Derecho, y hemos ido legitimando nuestra función.
– Se va a ejercer al mundo privado, ¿qué espera de eso?
– De alguna manera quiero transmitir este conocimiento acumulado, precisamente para generar mejores estándares para el funcionamiento del sistema. La tarea de uno como abogado es exigir al sistema al máximo.
– ¿La fiscalía lo continuará teniendo como contraparte?
– En el ejercicio privado uno tiene que abrirse a todas las posibilidades, pero mi corazón sigue siendo de defensa, así que los fiscales no se van a librar de mí.
«Para que se legitime el proceso penal, tiene que haber un defensor que ponga trabas a este examen de legitimidad que debe dar la persecución penal cuando persigue a un ciudadano».
«Muchas de las modificaciones al Código Procesal Penal,más que la adaptación de las policías al modelo de justicia, han hecho que el modelo tenga que adaptarse a las prácticas de las policías».
«El Ministerio Público a veces no ejerce todo el control que uno quisiera que ejerciera sobre la función policial. En el caso de las detenciones masivas en las manifestaciones estudiantiles ha quedado eso de manifiesto».
«Una de las cuestiones que han sido deficitarias históricamente en Chile es la capacidad que ha tenido la policía de adaptarse a un nuevo sistema de persecución penal más democrático.»
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