En su edición del 13 de noviembre, Revista Qué Pasa publicó el reportaje «Las Primeras 48 Horas», enfocado en los nudos que enfrenta la Reforma Procesal Penal. Entre las fuentes mencionadas, destaca el informe coordinado por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, en relación a procedimientos penales y seguridad ciudadana.
El informe fue entregado al abogado Jorge Abbott, quien será el sucesor del fiscal nacional Sabas Chahuán a partir del 2 de diciembre. El estudio estuvo encabezado por el decano de Derecho de la UAH, Rafael Blanco, y en él participaron jueces de garantía como Fernando Guzmán y Eduardo Gallardo, académicos, penalistas, ex policías, las ex ministras de Justicia Patricia Pérez y Soledad Alvear, y el ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama.
De acuerdo al documento, uno de los problemas que persisten en seguridad pública “tiene más que ver con lo que sucede fuera de la sala de audiencias que con lo que sucede en su interior. (…) Uno de los nudos más problemáticos que hoy exhibe nuestro sistema de justicia penal dice relación con los denominados casos de ‘imputado desconocido’ en los cuales, pese a la constatación de haberse perpetrado un delito muchas veces grave, nunca se dirige la persecución penal en contra de una persona determinada, lo que da cuenta de un ‘bolsón de impunidad’ que poco tiene que ver con las decisiones formales que se adoptan en el contexto de una persecución penal judicializada, pues se trata de casos en que no ha habido detenidos que hayan sido puestos a disposición de la autoridad judicial”.
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