El académico UAH Enrique Rajevic, junto al profesor de la Universidad Diego Portales, Tomás Vial, escribieron una columna para El Mercurio en su edición del lunes 5 de noviembre. En el texto titulado «Una riesgosa disgregación del control», trataron el reciente proyecto para modificar la Ley de Transparencia.
Diez años después de la publicación de la Ley de Transparencia, los académicos UAH y UDP plantean que hay suficiente perspectiva para reflexionar sobre sus éxitos y limitaciones. Ambos la juzgan como una de las herramientas más relevantes para modernizar nuestra administración pública y cómo esta se relaciona con la sociedad chilena.
Frente al contexto actual, donde el gobierno envió un Proyecto de Ley para reformar la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, los profesores aclararon que hay factores positivos y negativos en la propuesta. Junto con valorar los efectos que ha tenido esta Ley y la importancia que para ello ha tenido el Consejo para la Transparencia, así como el propósito de permitir que se aplique a los entes públicos que actualmente están parcial o totalmente exentos de su contenido o carentes de un organismo de supervisión autónomo (como el Congreso, el TC o los Tribunales), los académicos critican la fórmula propuesta para resolver este último punto, consistente en crear en cada uno Direcciones de Transparencia, compuestas por tres miembros seleccionados por concurso público, quienes durarán seis años y solo serán removibles por la Corte Suprema, que serán las encargadas de recibir los reclamos de los particulares por denegaciones de información.
«Con el proyecto pasamos de tener un Consejo para la Transparencia a tener nueve entes autárquicos de control», afirman los académicos de Derecho, quienes explican que esto se traducirá en dispersión jurisprudencial y regulatoria, con un frágil control para cada órgano autónomo. Finalmente, los expertos plantean que esto podría debilitar la protección del derecho de acceso a la información.
Para leer la columna completa, click aquí.