Fuente: Cámara Nacional de Comercio
El viernes 16 de noviembre se realizó en la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, un seminario sobre los principales cambios experimentados por la Ley del Consumidor, instalados en la Ley 21.081, y sus efectos en las mipymes.
El profesor Alfredo Ferrante, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, participó de la instancia junto al secretario general de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Daniel Montalva, y Jean Pierre-Couchot, jefe de gabinete de Sernac.
En su presentación, el docente realizó una serie de reflexiones sobre el contexto general en que se encuentra inmersa nuestra legislación, concluyendo que hacen falta reformas de fondo que se hagan cargo de la nueva realidad de lo que él denominó “el derecho del consumo”.
El académico aseguró que “hay materias que no se encuentran reguladas por la actual legislación, como el comercio electrónico o el consumidor internacional. Las pymes no sólo son proveedores, sino que también son consumidores y eso la Ley debiera reconocerlo. No hay normativa que regule la realidad de las empresas familiares, los bienes hoy en día no son sólo tangibles, sino también intangibles o una mezcla de ambos”.
En conclusión, planteó que existe un amplio margen de acción y un gran desafío para generar propuestas de políticas públicas desde los gremios empresariales, para perfeccionar la actual legislación y con ello ponerse al día en materia del derecho del consumo.
Por su parte, Daniel Montalva presentó la posición de la CNC y del gremio frente a esta Ley, junto a un análisis de los principales cambios incluidos, entre los que se encuentra el aumento sustantivo de las multas; las facultades fiscalizadoras interpretativas y propositivas: el aumento de los plazos de prescripción de seis meses a dos años, contado desde el cese de la infracción; el establecimiento de la procedencia del daño moral en acciones colectivas; entre otros.
Por otro lado, Jean Pierre Couchot señaló que esta reforma es una excelente oportunidad para que la autoridad fije de manera adecuada y clara el “rayado de cancha”. Es decir, que se establezca –con la mayor precisión posible– la manera en que se deben entender las normas de la Ley, considerando las particularidades de cada sector económico en la medida de lo posible. Asimismo, se refirió a la importancia que tendrán los planes de cumplimiento al interior de las empresas, para efectos de morigerar sus penas en caso de que se produzcan.
