El ex decano y profesor de Derecho UAH, Rafael Blanco, publicó en El Mercurio una columna de opinión donde plantea ciertos puntos relevantes para el debate constituyente. En primer lugar explica que, una clara y nítida separación de potestades y funciones que garanticen un sistema de pesos y contrapesos que evite vulneración de derechos y garantías de la ciudadanía, es fundamental. Para lograr esto, continúa, es imprescindible contar con un Poder Judicial independiente en lo externo, que juzgue de manera imparcial y autónoma.
Blanco afirma que debe haber especial cuidado en la manera en que el Estado organiza y distribuye roles en el subsistema de justicia penal. Es por esto que el mandato de la Convención Constituyente en torno a dar forma a potenciales reformas a los órganos de sistema de justicia penal, resulta especialmente delicado y relevante para la democracia y un sano sistema político de genuina separación de funciones.
Reconoce aspectos donde nuestro país exhibe logros importantes en materia de justicia penal, como también otros que requieren ser revisados y mejorados y llama la atención sobre la necesidad que a la hora de definir los contornos de mejora de este sistema, la convención constitucional, replique el debate respetuoso, complejo, informado y serio, como el que dio origen al diseño e instalación del actual sistema de persecución y enjuiciamiento criminal en nuestro país.
Uno de los ámbitos que destaca es que nuestro país goza de un sistema penal de corte acusatorio que ha logrado instalar un modelo de persecución criminal a cargo de fiscales que gozan de una autonomía constitucional que logra dotar a la función de persecución de una razonable independencia para realizar sus tareas. Este aspecto contrasta con la experiencia comparada que, según señala Blanco, muestra múltiples ejemplos donde las Fiscalías y Ministerios Públicos son empleados por la administración política de turno y hacen uso de sus facultades para perseguir o encarcelar rivales políticos. Ante esto, el académico es claro en decir que “preservar la razonable y necesaria autonomía de que goza el Ministerio Público actual es un asunto de la mayor relevancia”.
En cuanto a los aspectos que podrían ser mejorados, menciona una mejor rendición de cuentas de la fiscalía, o una revisión de los sistemas de designación y remoción de sus autoridades, como de la estructura y rediseño del gobierno corporativo de la entidad, “a condición de no transigir o dañar los activos logrados en materia de autonomía”.
En materia de la Defensa Penal Pública, Blanco señala que resulta sensato explorar mecanismos y diseños que aumenten la debida autonomía funcional de la defensa o incluso consagren un modelo de autonomía constitucional equivalente al del Ministerio Público.
En cuanto a los estándares de independencia y autonomía de jueces y juezas que requiere un sistema de justicia penal, el académico señala que estos están razonablemente garantizados en nuestro actual sistema judicial, en especial lo que atinge a los estándares de independencia externa. Por lo que las futuras reformas deberían centrarse en mejorar aquellos niveles de independencia interna, que van de la mano con un rediseño de competencias de la Corte Suprema, que evite la superposición y concentración de roles jurisdiccionales, disciplinarios y de administración y gestión. A esto podrían sumarse el debate para introducir un modelo de juzgamiento por jurados en los casos penales más graves y la urgente reforma en materia de una jurisdicción de ejecución penal que logre una tutela jurisdiccional efectiva en materia carcelaria, concluye Blanco.
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