Se trata de la «Propuesta constitucional para garantizar un servicio civil profesional e imparcial para Chile», identificada como la Iniciativa Nº 16.898 en la Plataforma Digital de Participación Popular de la Convención Constitucional (https://iniciativas.
El foco de la propuesta es garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a funciones y empleos públicos con las excepciones que la propia Constitución admita (como los cargos de exclusiva confianza o los de elección popular, respetando y promoviendo criterios de inclusión, no discriminación y equidad de género, y distinguir nítidamente Gobierno y Administración, en el siguiente sentido:
a) El Gobierno tiene la conducción política, define las políticas públicas y dirige la Administración Pública. Es encabezado/a por el/la Presidente/a y lo integra el personal de exclusiva confianza del Ejecutivo (Ministros/as, Subsecretarios/as, Delegados/as Regionales, etc.).
b) La Administración está a cargo de implementar las políticas públicas definidas por el Gobierno y de proveer o garantizar la provisión de servicios públicos. Estará integrada por personal directivo y personas funcionarias, que constituyen el servicio civil quienes no no personal de exclusiva confianza del Gobierno.
Por otro lado, se reconocen los derechos colectivos de los/as funcionario/as, o sea, sindicalización, negociación colectiva y huelga, salvo que esta última (la huelga) paralice servicios esenciales o impida la continuidad del servicio público, en que se aplicará el procedimiento que establezca la ley.
Estos principios se aplicarán tanto en el nivel central, como en los niveles regional y municipal. Los relativos al acceso a los empleos aplicarán a otros órganos del Estado, como los legislativos y jurisdiccionales. El objetivo de esta iniciativa es resguardar la eficacia, continuidad e integridad en la ejecución de las políticas públicas, asumiendo también la perspectiva del trabajo decente que ha planteado la OIT.
Esta propuesta fue elaborada en base a un texto suscrito por numerosas personas dedicadas al estudio y/o al ejercicio de la función pública, entre ellos/as académicos/as de diversas universidades nacionales como la nuestra, la Universidad de Chile, la Universidad Austral, la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Concepción, la Universidad Católica de Santiago, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Santo Tomás. Dentro de los/as académicos/as de la Facultad se encuentran Mirian Henríquez Viñas, Lizzie Seaman Espinoza, Rafael Blanco Suárez, Enrique Rajevic Mosler y Carlos Briceño Sotelo, y dentro de los que corresponden a otras Facultades de la UAH se encuentran Paulette Landon Carrillo, Cecilia Osorio Gonnet, Eduardo Abarzúa Cruz, Eduardo Saavedra Parra Ignacio Cienfuegos Spikin, Pedro Güell Villanueva, Héctor Oyarce Espinoza y Fernando Contreras Muñoz.
Puede verse el articulado concreto que se propone y más detalles, además de apoyar la propuesta a través de la clave única o el número de serie del carnet de identidad en https://iniciativas.
Como documento complementario puede leerse la editorial del último Observatorio Económico de la FEN, «Una propuesta constitucional para garantizar un servicio civil profesional e imparcial para Chile», de Eduardo Abarzúa C. y Enrique Rajevic M. (adjunto)