La académica de la UAH, Victoria Martínez, señala en columna publicada en Diario El Mostrador que: abordar los cuidados en la Constitución implica enfrentar un desafío social que todas las personas hemos experimentado en mayor o menor medida.
De la mano de una iniciativa popular respaldada por más de 14 mil personas, resurgen los cuidados en el debate del proceso constituyente. Este ha sido un tema persistente: fue incluido en el borrador de la Convención Constitucional, discutido en la Comisión Experta y ahora el Consejo Constitucional deberá pronunciarse.
En varias constituciones latinoamericanas ya se han incorporado principios que reconocen la importancia y el valor productivo de los cuidados. La Constitución de la Ciudad de México y una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador han establecido un derecho fundamental a los cuidados en sus respectivos sistemas jurídicos.
Estas innovaciones buscan abordar un problema antiguo: cómo garantizar que todas las personas, especialmente aquellas con mayor grado de dependencia, reciban cuidados adecuados, y cómo distribuir de manera justa las responsabilidades de cuidado.
Los acuerdos políticos, económicos, sociales y jurídicos que sustentan la forma actual de organización de los cuidados deben ser reconsiderados. Los cambios demográficos y familiares recientes exigen la búsqueda de nuevos acuerdos que satisfagan la creciente necesidad de cuidados, sin comprometer la igualdad y los derechos de las mujeres.
El proceso constituyente es un espacio privilegiado para alcanzar estos nuevos acuerdos, especialmente si su mandato es dotar a Chile de un Estado social y democrático de derecho. Al pensar una Constitución en el año 2023, no se puede ignorar que una parte importante de la población depende de los cuidados para una vida plena, y que son principalmente las mujeres quienes desempeñan este rol.
Abordar los cuidados en la Constitución implica enfrentar un desafío social que todas las personas hemos experimentado en mayor o menor medida. La nueva Constitución tiene la oportunidad de construir un Estado social y democrático de derecho que valore y proteja el bienestar de todos sus miembros, sentando las bases para una sociedad más solidaria e inclusiva.