La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Miriam Henríquez, escribe columna en diario La Tercera donde expone: Si lo aprobado como enmiendas por las comisiones es un anticipo de lo que aprobará el Pleno del Consejo Constitucional, el texto constitucional que se plebiscite en diciembre será una Constitución maximalista, moralista, contingente, populista y altamente judicializable. Todo en detrimento de una Constitución duradera, estable, normativa y suprema.
El texto hasta ahora resultante no se contenta con establecer las reglas básicas para la convivencia de una sociedad plural, sino que desarrolla un catálogo abultado y pormenorizado de principios, derechos y deberes del Estado. En sí mismo ello no es un demérito, pero sí es contradictorio que quienes antes pregonaron la necesidad de una Constitución minimalista hoy propongan una maximalista.
Por otro lado, el texto pretende zanjar controversias fundamentales en el marco de una sociedad dividida e incluso desmantelar acuerdos ya logrados en asuntos complejos. Por ejemplo, sobre el aborto; el rol de la familia, la sociedad y el Estado; el establecimiento de Chile como una nación única e indivisible; y el cambio climático. Sobre lo primero, destaca el rol preponderante de la familia en la educación y en los cuidados versus el rol de la sociedad y del Estado, incluso hasta llegar a decir que la libertad de enseñanza existe para garantizar a las familias el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Sobre lo segundo, esto es desmantelar acuerdos ya logrados, huelga la discusión y finalmente el rechazo de la frase que encabezaba el artículo primero “todo ser humano es persona”. Para el oficialismo esta mención era sensible porque colocaba en riesgo la constitucionalidad de la ley de aborto en tres causales. Para la derecha esta referencia era necesaria porque reconoce personalidad al nonato y con ello un freno al aborto libre. Ambas definiciones implican decidir sobre una visión no compartida por toda la sociedad. Clausurar estos debates por anticipado en asuntos disputados moralmente resta al legislador de la posibilidad de resolver esas diferencias.