Porque aún cuando pareciera existir un consenso general en cuanto a la importancia de la valorización de las labores domésticas y de cuidado, en la práctica y al momento de potenciar medidas, ese consenso se diluye.
El 26 de marzo se inauguró el Programa Derecho y Cuidados de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, una plataforma –como cuentan sus creadoras– de investigación e incidencia pública que busca indagar en los múltiples matices que aparecen en la intersección entre el cuidado y la ley.
La idea, como explica la abogada y directora del programa, Victoria Martínez, es aunar todas las ramas del derecho que tratan la temática, así como todas las investigaciones que hay al respecto para comprender el fenómeno, potenciar su análisis desde distintas veredas y aportar en el diseño de políticas públicas.
Porque aún cuando pareciera existir un consenso general en cuanto a la importancia de la valorización de las labores domésticas y de cuidado, en la práctica y al momento de potenciar medidas, ese consenso se diluye.
En cambio, sobran los obstáculos que frenan el desarrollo integral de políticas y marcos teóricos que velan por los derechos de las y los cuidadores. Ahí, como plantea Martínez, las dos grandes razones siguen siendo –aun cuando hay avances– la ideología y la falta de recursos. Porque como muchos otros temas planteados en la agenda feminista, los cuidados son materia susceptible a interpretación basada en creencias, simbolismos e ideologías. Hay quienes aún hablan de amor. De cariño. De algo natural e inherente a toda familia. Y eso puede ser, pero un vínculo emocional no excluye que las labores de cuidados son, como lo dice el concepto, trabajo arduo y no remunerado que recae mayoritariamente en las mujeres.
Por eso, justo este tema –y es enfática al decirlo– no debiese estar cruzado por ideología. “Contrario a lo que creen algunos, no le corresponde únicamente a una minoría; los cuidados son transversales y todas las personas los vamos a experimentar o ya los experimentamos. Es importante que seamos capaces de conversar al respecto abiertamente y sin trincheras”, reflexiona.
A dos meses de que entrara en vigencia la Ley de Conciliación, que promueve la armonía entre la vida personal, familiar y laboral, y que por ende incorpora una mayor flexibilidad y el derecho al trabajo remoto para trabajadoras y trabajadores –sin duda un paso fundamental en la equidad de género–, Martínez habla de por qué cada vez que hay avances en materias de derechos humanos, hay una resistencia igualmente contundente que se opone a ese avance; de la importancia de invertir para hacerle frente a la crisis de los cuidados por un bien integral y social; y de la importancia de no concebirlos desde un nicho o una ideología individual. “En Chile hay una batalla cultural que intenta mantener la idea de la familia ideal, esa que está en los libros. Pero nadie quiere ver la familia real, o cómo está solucionando sus problemas. Si nos fijáramos en esa, nos daríamos cuenta que no está dando abasto. Y es ahí donde tienen que estar enfocadas las políticas públicas”.