Columna publicada en La Segunda
Las presiones por “flexibilizar medidas” de miembros del Tren de Aragua, mediante desórdenes y daños en el interior del Recinto Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS) en Santiago, nuevamente alertan sobre los desafíos institucionales para enfrentar fenómenos delictivos que no se controlan con la privación de libertad.
La sobrepoblación penitenciaria es un problema conocido desde hace varios años, con efectos negativos como la vulneración de derechos de los privados de libertad y la obstaculización de los procesos de reinserción.
Sin embargo, la presencia de grupos organizados intrapenitenciarios revela un problema mayor: la gobernanza de estos espacios. No se debe olvidar que el origen del Tren de Aragua, en específico, está vinculado al control de la Cárcel de Tocorón (Estado Aragua, Venezuela), desde donde establecieron un espacio de protección e impunidad.
La infraestructura y el diseño de los recintos penitenciarios deben contemplar puntos de vulnerabilidad, con celdas y áreas comunes capaces de resistir intentos de fuga, motines y ataques internos que puedan afectar la integridad de los funcionarios y los propios reclusos. Además, deben establecerse sistemas de vigilancia y monitoreo adecuados -idealmente automatizados- y la segregación de internos para prevenir no solo la contaminación criminógena, sino también la coordinación de actividades criminales sofisticadas. Para ello, el control de comunicaciones internas y externas es clave, lo que también incluye los regímenes de visitas.
El personal penitenciario juega un rol crucial, por lo que es necesario invertir en personal entrenado y capacitado para enfrentar la complejidad de la organización criminal intrapenitenciaria a través del manejo de crisis, con protocolos claros ante emergencias y equipos de respuesta rápida y especializada ante incidentes. A esto se deben sumar mecanismos estrictos de control y sanción de la corrupción, que también puede surgir por amenazas y extorsiones. El apoyo psicológico continuo es una herramienta esencial para el buen desempeño de la labor penitenciaria.
Para ello, los aprendizajes penitenciarios de Estados Unidos, Brasil y México, entre otros, pueden ayudar a identificar los riesgos asociados a la custodia de reclusos vinculados al crimen organizado y de gran complejidad, para así garantizar los derechos tanto de los reclusos como de los funcionarios.
Todo lo anterior requiere pensar en una reforma -y, en consecuencia, inversión- del sistema penitenciario que contemple infraestructura adecuada y pertinente ante los nuevos escenarios y características de la población privada de libertad. Todo ello, considerando siempre el respeto y garantía de derechos de todos quienes forman parte del sistema. Es decir, sin olvidar formación, necesidades y garantías mínimas que el Estado debe otorgar a los funcionarios penitenciarios en el desempeño de su función.
