Señor Director:
La aprobación de la ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados constituye un hito histórico para Chile al establecer por primera vez un marco jurídico para garantizar el cuidado como un derecho social. Esta ley constituye un cambio profundo en la forma en que el Estado reconoce la interdependencia y la centralidad del cuidado para la vida social, económica y democrática.
Durante décadas, el cuidado ha sido sostenido de manera invisible y profundamente desigual, principalmente por mujeres, en los hogares y comunidades, sin reconocimiento jurídico ni una redistribución efectiva de responsabilidades. Esta ley avanza justamente en esa dirección, es decir, afirmar que cuidar, ser cuidado y el autocuidado no son asuntos privados ni meramente familiares, sino derechos que deben ser garantizados colectivamente.
Desde nuestra experiencia académica, queremos subrayar que el valor de esta ley no reside solo en la ampliación de servicios, sino en su marco normativo. El cuidado deja de entenderse como un acto voluntario o caritativo y pasa a concebirse como una responsabilidad social exigible, basada en la solidaridad y la corresponsabilidad entre Estado, comunidad, mercado y familias. Cabe resaltar el enorme compromiso político de quienes han impulsado este proyecto desde las organizaciones sociales, el gobierno y la academia.
El desafío que se abre ahora es decisivo. Esperamos que este avance sea asumido como un compromiso de Estado y que el próximo gobierno dé continuidad y profundidad a esta política, evitando retrocesos en el reconocimiento de un derecho que resulta fundamental para la cohesión social y la dignidad de todas las personas.
Daniela Alegría, académica Facultad de Filosofía UAH
Lieta Vivaldi y Victoria Martínez, académicas Facultad de Derecho UAH