«El proyecto carece de densidad constitucional para indicar cuándo va a ser legítimo restringir el derecho a la intimidad de los niños», aseguró la abogada y académica de Derecho UAH.
La abogada constitucionalista, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y socia de SWyG Abogados, Claudia Sarmiento, se refirió en Canal 24 Horas al debate por revisión de mochilas, y analizó los proyectos de ley que buscan mejorar las medidas de seguridad en los establecimientos educacionales desde la perspectiva del derecho constitucional.
La académica explicó el objetivo del proyecto de ley, el cual considera legítimo: «Dice que hay que hacerse cargo de garantizar la seguridad de la comunidad educativa, y eso supone que tiene que haber seguridad para que los niños se eduquen, para que los profesores trabajen y que haya un entorno que propicie el derecho a la educación«, dijo.
Y añadió: «La pregunta que deriva es si las medidas propuestas que están enfocadas y destinadas a cumplir o no con los estándares de derechos que busca resguardar. Es decir, si este proyecto de ley está teniendo o no en consideración los derechos que los niños tienen garantizados constitucionalmente y en la Convención de Derechos del Niño«.
En ese sentido, la abogada explicó que los niños son titulares de derechos y que poseen lo que se ha definido como «autonomía progresiva», es decir, que es responsabilidad de padres y madres, de la comunidad educativa y del Estado garantizar que se ejerzan su derecho a la intimidad, igualdad ante la ley, que no sean discriminados y que tengan un debido proceso si se encuentran en un proceso penal.
El proyecto de ley ingresado en el Congreso contempla que sean los establecimientos educacionales los que regulen en su reglamento interno cómo y cuándo revisar las mochilas y las pertenencias de las y los niños, e incluso solicitarle a las Fuerzas de Orden y Seguridad que recurran al recinto para efectuar la revisión.
Frente a lo cual, la académica expresó sus reservas: «La dificultad que yo le veo es que, al menos como está ahora el proyecto de ley, carece de la densidad constitucional necesaria para indicar cuándo va a ser legítimo restringir el derecho a la intimidad de los niños», aseguró la académica, y continuó: «¿Cuáles van a ser ese conjunto de pautas que va a permitir que haya más claridad normativa sobre el resguardo del derecho de los niños, y no confiar en el criterio o la prudencia de quienes están ejecutando estas órdenes?».
Efectivamente, existen alternativas para que haya mayor control sobe los criterios establecidos para revisar las pertenencias del estudiantado, sin embargo, para la abogada lo complejo es que se permita «con pautas exiguas, que los colegios sean los capaces de determinar cuándo y cómo van a restringir el derecho constitucional de los niños a la intimidad y que, en el ejercicio de esta facultad entregada por ley, se pase a llevar la integridad física y psíquica de los niños, su derecho al debido proceso y, ¿por qué no decirlo? la prohibición de discriminación«.