El martes 13 de octubre, académicas y académicos del Núcleo Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado se reunieron con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, para presentarle el segundo policy paper de «Cuestiones Constitucionales» que aborda el debate constitucional sobre nombramientos judiciales.
El encuentro contó con la participación del coordinador académico del Núcleo Constitucional, Sebastián Salazar; la investigadora del Núcleo y decana de Derecho UAH Miriam Henríquez; la profesora del Departamento de Derecho Procesal y Resolución de Conflictos, Lorena Espinosa; y la experta en reformas al Poder Judicial y profesora visitante de la Universidad Torcuato Di Tella, Andrea Castagnola, quienes entregaron el documento titulado «Consejo de Nombramientos Judiciales: garantías de diseño para la independencia judicial» e intercambiaron ideas con el equipo ministerial. Asimismo, el ministro Rabat valoró el aporte y la pertinencia de este informe al debate constitucional.
«La entrega de este policy paper al ministro de Justicia refleja una de las principales vocaciones del Núcleo Constitucional UAH, que es colocar la investigación académica al servicio del debate público y del diseño de instituciones. Queremos contribuir, con un diagnóstico, perspectiva comparada y recomendaciones concretas a la discusión de reformas constitucionales relevantes para el país. Puntualmente hoy al sistema de nombramientos judiciales en consonancia con la independencia judicial», aseguró la decana.
Garantías para la independencia judicial
El documento fue elaborado por Miriam Henríquez y Andrea Castagnola. En él analizan y hacen recomendaciones para diseñar un Consejo de Nombramientos Judiciales que entregue garantías para la independencia judicial.
El policy paper llega en un buen momento, ya que el Ejecutivo presentó un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el gobierno judicial y, en particular, el régimen de nombramiento de jueces vigente desde 1997 (artículo 78).
La iniciativa reúne los boletines N°12.607-07, 14.192-07, 16.852-07, 16.979-07, 17.115-07, 17.144-07, 17.150-07 y 17.193-07, y tiene por finalidad modificar el gobierno judicial y establecer un nuevo sistema de nombramientos; crear órganos autónomos encargados de administrar y gestionar los recursos de los tribunales; entregar nuevas facultades a la Fiscalía Judicial para supervisar la conducta de los jueces; y establecer un Tribunal de Conducta Judicial. Proyecto que, además, fue observado por la Corte Suprema en julio de este año (revisa el detalle aquí).
De esta forma, Henríquez y Castagnola examinaron la propuesta poniendo especial atención en la integración del Consejo, las reglas de evaluación y selección, los efectos jurídicos de las nóminas y la coordinación con los demás órganos de gobierno judicial, y formularon recomendaciones para la reforma constitucional.
Como tesis principal, las autoras afirman que la creación del Consejo de Nombramientos Judiciales solo fortalecerá la independencia judicial si se cumplen las siguientes condiciones:
- que la Constitución fije su integración, incluida la transición, de modo que evite tanto la captura política como la corporativa;
- que la evaluación de mérito condicione efectivamente cada etapa del nombramiento, desde la selección hasta la decisión final, bajo reglas de transparencia y motivación;
- que la distribución de funciones entre los órganos de gobierno judicial vaya acompañada de coordinación y de responsabilidades claras.