Columna publicada en Idealex Press
En la agenda de seguridad y en los medios chilenos el crimen organizado (CO) ocupa hoy un lugar central. Se le atribuye la principal responsabilidad del aumento del homicidio que alcanza 6/100.000 habitantes, cifra que coincide con el promedio mundial, pero significa en Chile un auge de 50% con respecto al período anterior al COVID. Provocó también un cambio cualitativo desde 2022 en materia de homicidio que pasó de ser un delito interpersonal a un crimen asociado a la acción de organizaciones criminales con una concentración de 35% de homicidios en 15 comunas de la Región Metropolitana (RM) donde las comunas de Santiago, Recoleta y La Pintana superan 10/100.000, como también en el norte Arica y Calama.
Estos homicidios son cometidos por hombres con antecedentes penales y con una participación mayor que antes de extranjeros (17%). Se relaciona este auge al CO proveniente de la migración con el ejemplo emblemático del “tren de Aragua” (TDA) que corresponde a una banda venezolana que logró insertarse en los campamentos y en distintos sectores populares de varias regiones, en particular de la RM y en las cárceles donde por su larga experiencia alcanza a reclutar.
¿Qué significa esta penetración del CO en Chile? Una respuesta a esta pregunta supone entender la complejidad de la noción del CO que no tiene una definición consensual. Es una categoría cualitativamente diferente a otros delitos con su amenaza a la sociedad y al poder del Estado por su carácter de empresa ilegal, su permanencia en el tiempo, como por su uso de la violencia. Las características más recurrentes del CO en distintos países son: búsqueda de lucro, división del trabajo jerárquica, uso de violencia y algún grado de complicidad con agentes públicos.