Más allá de frases desafortunadas que en los últimos días han dado que hablar en el mundo político y en la propia ciudadanía, es importante señalar algunos aspectos técnicos que pueden aportar a la discusión en torno al abordaje de la seguridad pública en zonas rurales:
Usualmente se habla de ruralidad como una cualidad homogénea del territorio basada en su densidad poblacional y extensión territorial. Sin embargo, existen características propias de las actividades productivas e identidades culturales de sus habitantes que permiten identificar diversas dinámicas. De esta forma, es posible encontrar una ruralidad agrícola tradicional, agroindustrial, forestal, indígena, costera, minera, aislada de frontera, periurbana, turística, ganadera extensiva, entre otras.
Desconocer esta heterogeneidad imposibilita abordar los problemas de seguridad de cada una de ellas que, en muchos casos, se entrecruza.
Esta diversidad evidentemente se refleja en manifestaciones criminales que adquieren características distintivas en el contexto rural. El abigeato, la piratería marítima, el robo de madera, la sustracción de minerales y el tráfico ilícito de personas, mercancías y sustancias a través de zonas rurales fronterizas, aprovechan las particularidades geográficas y la limitada presencia estatal para establecer mercados delictivos organizados, a ellos, se suman las violencias y delitos que tradicionalmente han estado presentes en estos territorios, como violencia intrafamiliar, consumo abusivo de sustancias, robo de maquinarias y diversos delitos ambientales, entre otros.
Frente a esta realidad, es necesario determinar un enfoque de abordaje y otorgar apoyo técnico a los gobiernos locales para elaborar diagnósticos territoriales específicos que permitan -en base al conocimiento y caracterización de las problemáticas propias de los distintos territorios- implementar acciones en el contexto de una estrategia. Los problemas de seguridad de zonas rurales probablemente requieren algo más que cámaras de viodeovigilancia en caminos secundarios.
El desarrollo de estrategias focalizadas para zonas rurales requiere, entre otros aspectos, la posibilidad de acceder a los territorios y desde allí avanzar en el fortalecimiento de la presencia policial especializada, institucional de servicios básicos, de articulación efectiva entre niveles de gobierno (dando relevancia a los municipios debido a su conocimiento territorial y de la cultura de sus habitantes), sistemas de alerta temprana adaptados y políticas orientadas a garantizar el acceso a la justicia.
Al describirlo puede parecer sencillo. Sin embargo, ejecutarlo representa un desafío titánico para alcaldes y todos aquellos funcionarios de vinculación directa con la población.
Los habitantes de zonas rurales merecen un compromiso reforzado del Estado en esta materia. Quizás sea el momento de superar la retórica para avanzar hacia un abordaje de seguridad rural coherente con su realidad y orientada a medir y evaluar sus resultados.