Columna publicada en Revista Mensaje
Desde noviembre del año pasado, Chile enfrenta un nuevo episodio de amplia connotación, que deteriora la imagen y credibilidad de instituciones públicas. El denominado «caso audios», que destapó Ciper al revelar una extensa conversación del abogado Luis Hermosilla con uno de sus clientes investigado por la Comisión para el Mercado Financiero (cmf), ha significado un nuevo golpe a la confianza ciudadana hacia quienes tienen responsabilidades de relevancia en nuestro país. Y es que la alusión, en ese diálogo filtrado, a posibles sobornos, obstrucción a la justicia, operaciones irregulares y manejo de información privilegiada detonó con fuerza, sembrando dudas sobre el actuar de empresarios, funcionarios de la cmf y el Servicio de Impuestos Internos, así como cuestionamientos a acciones de integrantes de la Policía de Investigaciones (pdi).
Sin embargo, en el centro de este asunto se encuentra la atención a un bien público importante, como es el correcto ejercicio de la abogacía. Este caso nos motiva a preguntarnos, a lo menos, cuáles son las discusiones que debiésemos tener para favorecer una práctica ética y responsable de la profesión.