Columna publicada en La Segunda
Es erróneo pensar que los procesos constituyentes no nos dejaron nada. Todo lo contrario, es altamente previsible que algunas de sus propuestas vuelvan a reiterarse en su versión radical del 2022 o conservadora del 2023. De hecho, algunas de esas ideas se han trasladado al debate legislativo siendo el último ejemplo el dilema de los moluscos sintientes (Art. 131, Propuesta constitucional 2022: “El Estado los protegerá (a los animales), reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato).
En medio de esas propuestas hubo un acuerdo unánime: el anteproyecto de la Comisión Experta de junio de 2023. Una rareza. Bajo el liderazgo de Verónica Undurraga lograron una isla de consenso en medio del páramo del desacuerdo.
Las debilidades de nuestro sistema constitucional iban a aparecer rápidamente, a partir de problemas objetivos: la extremada fragmentación partidaria en el Congreso y el sistema de nombramientos judiciales en el Senado. Y éstas eran la prueba de fuego del anteproyecto de la Comisión Experta.
La primera propuesta pareció construirse sobre la base de ese acuerdo constitucional en el Senado, pero que no llegó a la luz. Quedó atrapada en la gestión de los tiempos del Congreso, en la inscripción de candidaturas regionales y locales, así como en argumentos politológicos que sembraron dudas en la solución planteada. Y aquí está lo relevante. La propuesta en torno a identificar un umbral de exclusión [Art. 58.4 “Solo los partidos políticos que alcancen, al menos, el cinco por ciento de los votos válidamente emitidos, a nivel nacional (…) tendrán derecho a participar en la atribución de escaños (…)] para reducir la fragmentación ha sido cuestionada y se han propuesto otras vías (reducción de tamaño de distritos, listas cerradas, prohibir pactos electorales, aceptación de partidos nacionales y pérdida de escaño al que renuncia al partido por el que se presentó).
En el caso de los nombramientos judiciales, actualmente la Corte Suprema promueve ella misma cambios que fomenten su independencia por causas ampliamente conocidas. Una propuesta de profesores liderados por Rodrigo Correa de la UAI sugiere bases para un acuerdo. Aquí nuevamente el anteproyecto aparecería desechado. Si bien podría sostenerse que parten de una base común (Comisión de nombramientos ad hoc), su modalidad de terna en vez de quina; de orden prioritario y no discrecional; con quórums diferentes; de plazos exigentes de decisión, pero, sobre todo, por dejar la decisión solamente al Presidente de la República condicionado por la Comisión eliminando la idea del anteproyecto que mantenía al Senado dentro de la decisión. En consecuencia, lo que servía hace poco más de un año dejó de ser una opción.
Resulta extraño un activismo de los expertos detrás de estos cambios, lo que deriva en la indefensión de sus propuestas o que éstas no se sostengan por sí mismas. Es relevante saber si este acuerdo ha dejado de tener valor y si se transformó en un texto más como cualquier otro.
