Columna publicada en La Tercera
La seguridad pública y el desarrollo integral de las sociedades son dos pilares esenciales y estrechamente vinculados.
Cuando el Estado cumple con su deber de proteger a la ciudadanía, se crean condiciones propicias para el crecimiento en múltiples dimensiones: económico, social, educativo, cultural y recreativo, así como el acceso a la salud pública, entre otros. Sin embargo, la negligencia estatal —ya sea por acción u omisión— puede socavar estos esfuerzos, obstaculizando el derecho al desarrollo y al bienestar colectivo.
Recientemente, hemos sido testigos de situaciones que nos llevan a reflexionar sobre la respuesta institucional y social ante la inseguridad y cómo las decisiones de diversos organismos estatales impactan directamente en el bienestar y desarrollo integral de la población.
Un claro ejemplo es cómo la falta de seguridad puede restringir las oportunidades laborales y emprendedoras de la ciudadanía. La situación de la farmacia en La Cisterna, temporalmente cerrada por orden de la Dirección del Trabajo tras un “turbazo”, es ilustrativa de este problema. Casos como este, y tantos otros que afectan a comercios que proveen servicios esenciales, no solo tienen repercusiones económicas locales, sino que también erosionan el tejido social. A ello se suman las reducciones en las jornadas laborales, que limitan el derecho al desarrollo económico y a la dignidad del trabajo.
Asimismo, no es aceptable que estudiantes vean interrumpido su derecho a la educación debido a narcofunerales que obligan a suspender clases en colegios, jardines infantiles y universidades. Fechas conmemorativas manchadas por la violencia perpetúan esta problemática, afectando no solo el presente, sino también el futuro de las nuevas generaciones.
Igualmente alarmante es el cierre de centros de salud públicos debido a la presencia de grupos delictivos o comercio ambulante irregular, como ocurrió en el Cesfam del Barrio Meiggs. Aún más preocupante es lo sucedido en Puente Alto, donde vecinos y funcionarios del Cesfam Cardenal Silva Henríquez fueron amenazados para impedir la asistencia médica a dos heridos en una balacera. Este tipo de situaciones limita el acceso de la población a servicios médicos esenciales, creando una barrera adicional al desarrollo humano.
El desarrollo no se limita al ámbito económico; también abarca dimensiones sociales, culturales y recreativas que fortalecen el tejido comunitario. Cuando la seguridad está ausente en calles, barrios, plazas y sistemas de transporte, se restringe el derecho a la movilidad y al disfrute de los espacios públicos. Sin una presencia estatal que garantice seguridad, parques, plazas y espacios deportivos o culturales pierden su capacidad de enriquecer la vida de los ciudadanos.
La inseguridad no es solo una cuestión de percepción (seguridad subjetiva) o de afectación (seguridad objetiva), sino un obstáculo real que condiciona el progreso, el bienestar y la calidad de vida de la población, sobre todo de aquella más vulnerable. Por ello, el Estado —a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública— debe asumir un rol activo en la protección de sus ciudadanos, garantizando la seguridad no solo como un derecho fundamental, sino como un facilitador indispensable del desarrollo integral.
Para lograrlo, no basta con políticas públicas aisladas o una reacción limitada ante situaciones puntuales. Es necesario contar con una estrategia adecuada a nuestra realidad y las nuevas manifestaciones delictivas -inexistente en la actualidad- que establezca una postura institucional clara para evitar la normalización de la inseguridad y sus predecibles consecuencias para el desarrollo y dignidad de las personas.