El 6 de noviembre se llevó a cabo, de manera virtual y gratuita, la conferencia internacional «Reconocimiento constitucional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: análisis de experiencias comparadas”, en el marco de la II Cátedra en Derechos Humanos José Aldunate S.J. que imparte la Universidad Alberto Hurtado.
En ella participaron el Dr. Roberto Gargarella, jurista argentino autor de “La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina”; la Dra. Magdalena Correa, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, y el Dr. Agustín Squella, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Valparaíso. La instancia fue moderada por la Dra. Miriam Henríquez, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
Roberto Gargarella recordó que en un comienzo en las repúblicas latinoamericanas se prestó atención a los derechos de propiedad y libertades de comercio, pero que ahora el interés está en el reconocimiento de los derechos de segunda y tercera generación. Una vez lograda la independencia, las élites “se preguntaron cuál era la principal amenaza de esos derechos y organizaron el poder para poder garantizarlos. Ahora nos interesan los derechos sociales y hay que hacer el mismo proceso”, explicó, enfatizando la importancia de no caer en el error de inundar la constitución de derechos en vez de concentrarse en la re-organización del poder, de modo que esté en función de protegerlos con eficacia.
Según Gargarella, “hoy los derechos sociales aparecen como privilegios que hay que reclamar. El poder siguió siendo concentrado y para mantenerse empezó a repartir derechos de modo de cubrir demandas y bajar expectativas, usándolos como soborno: A Correa le protestaban los indígenas, así que dio derechos indígenas para calmar enojos y fortalecer su poder. Chile se quiere subir al tren latinoamericano porque se ha quedado atrás, está muy pobre en tema de derechos. Está bien que incorporemos nuevos derechos, pero no caigamos en la ilusión que cayeron los demás países latinoamericanos”.
Por su parte, Magdalena Correa habló de la experiencia colombiana, cuya Constitución es conocida como “la de los derechos humanos”; sin embargo su forma de protección depende de la vía judicial: “Por eso, en la práctica no funcionan como derechos constitucionales si no que judiciales. Eso los hace frágiles y por eso nuestros niveles de desigualdad se mantienen en términos relativos muy altos”.
Para explicar la judicialización de los derechos constitucionales usó el ejemplo del proceso de integración de los pueblos originarios al proceso colombiano: “Los indígenas tuvieron una participación pequeña, pero se reflejó con el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, la protección de la propiedad colectiva quedó judicializada porque no hay formas concretas para que se garantice la propiedad titular. Han sido los jueces los que la definen. La jurisprudencia ha sido fuerte en proteger a las comunidades indígenas, particularmente en sus derechos fundamentales. Pero en esas circunstancias siempre es tarde porque ocurre cuando el Estado ya otorgó títulos mineros, y ahí recién es cuando pasa a lo judicial. Tiene que ser antes”.
Agustín Squella enfatizó la importancia de educarnos no sólo en el texto mismo de la Constitución si no también en la historia de los derechos humanos: “Su ignorancia hace que liberales de buena fe solo crean que los únicos derechos sean las libertades, porque son los únicos que existen aquí. Es necesario que se entienda que ha sido una escalada, que los derechos son una construcción humana, y en un momento dijeron ‘ya no basta con limitar al poder, hay que participar en la génesis del poder’, y después: ‘no basta con participar, es necesario imponer deberes de prestación a cualquiera que ejerza el poder para garantizarlos’”.
También advirtió conflictos por venir: “Esta es la oportunidad para que Chile se defina como un Estado Social y Democrático de Derechos, entendiendo que esto presupone una serie de libertades personales y que no por ello deja de tomar un compromiso con la igualdad como valor. Los liberales van a leer ‘Estado Socialista’, pero un Estado de derecho sin derechos sociales, con puras libertades, está dejando de lado lo que debe declararse para que las sociedades puedan avanzar hacia una mayor igualdad”.
La conferencia se puede ver aquí.
El Jueves 19 de noviembre, a las 18:00 hrs., se llevará a cabo la última conferencia de la II Cátedra en Derechos Humanos José Aldunate S.J. 2020, titulada “Justicia Transicional en América Latina: experiencias comparadas y desafíos del presente», y contará con la participación del ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, y la Directora del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, Cath Collins. Estará disponible en las plataformas YouTube, Facebook live, e Instagram del Programa de Memoria y DDHH
Esta cátedra se realiza en el marco del Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado, que congrega a cinco facultades, cuyos académicos participan en el proyecto de investigación Anillos «Tecnologías Políticas de la Memoria» (PIA SOC180005), el Premio Newton 2018: “Violencia política y gestión de violaciones de derechos humanos. Lecciones desde una perspectiva comparada en las Américas”, y el proyecto Fondecyt Regular 1190834: «Más allá del paradigma de la víctima”. Más información y contacto para entrevistas: Tanya Hirsch / (56) 936768945 / tanya.h.medina@gmail.com / https://memoriayderechoshumanosuah.org/