El seminario titulado «Los desafíos de la Ley de garantías de derechos de la niñez», organizado por el departamento de Derecho Privado de la UAH, tuvo por objetivo el análisis de distintos aspectos de la Ley N° 21.430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, publicada recientemente el 15 de marzo de este año.
Este cuerpo legal crea el sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, compuesto por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes.
El profesor de derecho civil de la Universidad Alberto Hurtado, Francisco Estrada examinó lo concernientes a los derechos consagrados en esta ley revisando críticamente su formulación al constatar numerosas redundancias normativas, otras tantas inconsistencias, la lamentable decisión de no derogar la ley de menores y la no incorporación de avances jurisprudenciales.
Teresita Fuentealba, jefa de Planificación y estudios de la Subsecretaría de la Niñez, expuso los desafíos para la administración que supone la puesta en jarcha de esta ley, en especial en cuanto a la coordinación de los diversos actores públicos y privados, y el necesario cambo cultural que esta legislación supone. Expresó la disposición de la Subsecretaría a una revisión de la ley de modo de corregir problemas que se detecten.
El también profesor de derecho civil de la Universidad Alberto Hurtado, Jorge Sepúlveda, analizó por su parte la Protección especial de derechos a nivel local en sede administrativa y en sede judicial. Planteó varios nudos problemáticos del funcionamiento como a quién compete la realización del plan personalizado o quién debe efectuar el seguimiento.
La jueza de familia Adriana Celedón, también profesora de la Facultad de Derecho de la UAH, se refirió al principio del interés superior del niño en la nueva legislación y los desafíos que conlleva su determinación en sede judicial.