El 24 de julio, la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Yasna Otarola, participó en un encuentro organizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con el objetivo de discutir y presentar observaciones al documento de posiciones sobre el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, instancia a la que también asistieron destacados académicos y académicas de Chile y otros países.
La actividad se desarrolló en el marco de la estrategia impulsada por Naciones Unidas para promover reformas normativas que permitan avanzar hacia un modelo de toma de decisiones con apoyo, que respete la autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Observación General n.º 1 (2014) del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La profesora Otarola destacó el valor de esta iniciativa, en la medida en que considera la opinión de las Facultades de Derecho de diversas universidades del país, representadas por académicos/as cuyas investigaciones están directamente vinculadas con esta temática. Sus aportes pueden contribuir de manera sustantiva a la elaboración de un estatuto orgánico que reforme coherentemente el Código Civil y otros cuerpos normativos relevantes.
Asimismo, subrayó la importancia del reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, entendida como una condición indispensable para garantizar sus derechos humanos, acceso a la justicia e inclusión social.
Reconocer la capacidad jurídica implica afirmar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, tienen derecho a ser titulares de derechos y a ejercerlos en igualdad de condiciones con los demás. Este principio es central en la Convención y representa un cambio de paradigma: pasar de un modelo de sustitución de voluntad a uno basado en la autonomía, el respeto y el apoyo en la toma de decisiones, cuando sea necesario.
Este reconocimiento permitirá a las personas con discapacidad celebrar contratos, votar, administrar sus bienes, decidir sobre su salud, entre otras, lo que contribuye a fortalecer su autonomía y dignidad como sujetos activos de la sociedad.