Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Alberto Hurtado y vicepresidenta del Directorio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Gabriela Hilliger, docente UAH y directora jurídica del SJM, comparecieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también en representación de distintas organizaciones de la sociedad civil que adhirieron a esta solicitud como la Clínica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales, Migrantas y Asoven.
En la presentación, realizada la mañana de este miércoles en Washington D.C., Rodríguez y Hilliger expusieron sobre las vulneraciones que se cometen en Chile contra el derecho humano a buscar y recibir asilo, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las cuales “se cometen tanto en la frontera, como en el procedimiento de refugio”, indicaron.
Con respecto al acceso al territorio, la académica de la Universidad Alberto Hurtado, Macarena Rodríguez, señaló que “sin una política clara para que en frontera las personas puedan pedir protección, todas las medidas últimamente adoptadas solo debilitan el sistema de protección en Chile”. A su vez, añadió que “sería muy valioso que la autoridad pudiera informar, por ejemplo, el total de personas que en el marco de una reconducción inmediata han sido identificadas como víctimas de trata, de secuestro, de otro delito o que sean solicitantes de refugio y en consecuencia se les ha autorizado su ingreso al territorio”.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Migración hace 14 años, se han presentado un total de muy bajo de 30.597 solicitudes de refugio, de las cuales solo 957 solicitudes han sido reconocidas, lo que representa un 3,1%. “Este casi nulo reconocimiento del Refugio, demuestra un actuar incoherente de la autoridad frente a la violación masiva de derechos humanos de las personas en Venezuela y en Haití”, aseguró Gabriela Hilliger.
“Pese a que la ley chilena incorpora expresamente en la definición de refugiado, el concepto desarrollado por la Declaración de Cartagena, esto es, quienes han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país, esta no se aplica en el procedimiento local”, complementó Hilliger.
“Chile denuncia la grave crisis que se vive en Venezuela, mientras a nivel interno se incumple la normativa local”
Rodríguez y Hilliger recordaron que el presidente de la República, Gabriel Boric, ante Naciones Unidas, refiriéndose a Venezuela, señaló que América Latina se encuentra “frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y es indiferente al exilio, no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Como presidente joven, latinoamericano y de izquierda, digo fuerte y claro: los derechos humanos se deben respetar siempre y en todo lugar. Debemos exigir respeto sin importar el color político del dictador o presidente de turno que lo vulnere’”. Sin embargo, aseguraron que “ese reconocimiento no ocurre a nivel interno con quienes huyen precisamente del régimen venezolano”.
De este modo, concluyeron las representantes de la Universidad Alberto Hurtado y el Servicio Jesuita a Migrantes, que “mientras en el plano internacional Chile denuncia la grave crisis que se vive en Venezuela, a nivel interno se incumple la normativa local que otorga a las personas esa protección que su país no les entrega”.
“Adoptar medidas como reconocer la condición de refugiado no es más que el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado de Chile y a la vez, una medida adecuada, necesaria y urgente para las personas que ingresan a Chile y para toda la sociedad”, indicaron.
Fotos y fuente: SJM