Con cuatro sesiones plenarias y 19 paneles a cargo de 12 conferencistas y más de 80 panelistas, durante los días 14 y 15 de diciembre se desarrolló la Segunda Conferencia anual ICON-S Chile, “Activismo judicial: diseño y política”, organizada por el capítulo chileno de la Sociedad Internacional de Derecho Público. La actividad fue realizada en el Campus B de la Universidad Alberto Hurtado.
El Capítulo Chileno de la Sociedad Internacional de Derecho Público (ICON-S) es un foro académico diverso, interdisciplinario e intergeneracional que busca discutir los desafíos contemporáneos del Derecho Público.
La Segunda Conferencia se convocó en torno a la temática “Activismo judicial, diseño y política”. Así, se abordaron aspectos como activismo judicial, tutela de los derechos fundamentales, rol de los jueces, judicialización de la política, gobernanza climática, transición constitucional, perspectiva de género y libertad de expresión, entre otros.
El encuentro comenzó con las palabras de bienvenida de la copresidenta de ICON-S Chile, Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho UAH, quien destacó la relevancia del tema en la actualidad: “Esta reflexión nos pareció oportuna a pocos días del plebiscito, ya que valoramos debatir sobre esto como un reto que nos corresponde enfrentar en su más amplia dimensión y desde nuestras distintas visiones y perspectivas”.
El copresidente de ICON-S Chile, Luis Eugenio García Huidobro, investigador del CEP, también compartió algunas reflexiones. “Si se busca teorizar o problematizar sobre las distintas dimensiones, es precisamente con miras a fortalecer el rol institucional de los jueces, colaborar con planteamientos intelectuales que puedan ser útiles para vigorizar sus prácticas judiciales y robustecer su posición dentro de nuestra comunidad democrática”.
Por su parte, el Rector Eduardo Silva SJ señaló que “Hegel sostiene que la máxima expresión de la libertad es el derecho, es lo que permite que podamos convivir, regular nuestra convivencia. No puedo dejar de mencionar que a 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos y a 50 años del golpe, hubo jueces que no cumplieron su rol y una sociedad civil e iglesias que sí intentaron defender a las víctimas. Quiero aprovechar la presencia del Ministro de Justicia y agradecer su empeño por el Plan Nacional de Búsqueda”.
Posteriormente, en su clase magistral, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y académico de la U. de Chile, Luis Cordero Vega, profundizó en el concepto de activismo judicial en la cultura legal chilena y analizó algunos casos en que el dictamen de los jueces ha generado debate.
El caso más emblemático de los últimos años es el de los medicamentos de alto costo en que habitualmente son niños y niñas menores de 2 años, con enfermedades degenerativas. “La corte hace prevalecer el argumento no con el derecho a la salud, sino por la integridad de la vida, argumentando que no está haciendo política pública, (alguien podría decir que es una manera de autodenunciarse). Esto dio origen a un debate en que el ejecutivo dijo que era difícil sostener en el largo plazo una medida así. ‘Si quieren hacer prevalecer las finanzas públicas, que deroguen el derecho a la vida’”.
“La crítica al activismo es usurpación de atribuciones, pero hay que tener cuidado con algo que me parece también relevante y es que mientras el legislador democrático formalmente podría estar criticando, lo que parece que podemos olvidar es que en ocasiones el Congreso, deliberadamente, actúa con ambigüedad, con la finalidad de generar las condiciones para que esos jueces decidan asuntos. Esa ambigüedad descansa en la idea de que alguien debe resolver”, concluyó.
La Segunda Conferencia concluyó con un Plenario sobre el rol del juez en una democracia constitucional, que contó con las reflexiones de María Pía Silva, Ministra del Tribunal Constitucional, quien esbozó los problemas que se dan en torno a la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y los efectos de sus sentencias para la jurisdicción ordinaria. También contó con Miguel Ángel Fernández, Ministro del Tribunal Constitucional, que abordó el rol del juez constitucional como guardián de la Constitución y las dificultades que se dan en torno al objeto de control, es decir, la Constitución, como un texto ambiguo y de textura abierta.
