Por séptimo año consecutivo, desde que es medido, el Índice de Estado de derecho desciende en la mayoría de los países del mundo y América Latina no es la excepción. La evaluación del World Justice Project (WJP), una organización independiente con sede en Washington, califica con notas desde 0 (peor) hasta 1 (mejor).
De 32 países de la región, 20 (63%) bajan su puntuación con respecto al año pasado. De estos, 13 ya registraban bajas anteriores. El Salvador (-3,2%), Nicaragua (-2,8%) y Haití (-2,3%) son los que más empeoran. En contraste, 12 mejoran su índice, entre ellos Brasil (1,5%), Guatemala (1,3%), República Dominicana (1,1%) y Honduras (1,1%). Los dos últimos presentan aumentos consecutivos en los últimos años.
El índice es calculado en base a encuestas a la población y consultas a expertos, y mide ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
El concepto de Estado de derecho se refiere a aspectos como «la calidad de la democracia, el funcionamiento de los poderes del Estado y de los organismos autónomos, la independencia judicial, las actuaciones policiales, el sistema penitenciario, cómo prevenir la captura de organismos públicos por el crimen organizado y sectores que tienen intereses económicos, rendición de cuentas y transparencia”, explica a DW Hugo Rojas, profesor de Sociología del Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Chile.
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