“Es necesario desarrollar sistemas de control de la eficiencia y eficacia de los sistemas de persecución (medición, controles de gestión); avanzar en mejoras del Ministerio Público para enfrentar la persecución criminal; y es necesario avanzar decididamente en mejoras para la modernización policial”.
Son algunas de las propuestas que aborda la nueva publicación del Centro de Estudios de Las América (CEJA) y la Universidad Alberto Hurtado bajo el título: “Persecución Penal Efectiva Y Estado De Derecho: Desafíos Y Líneas De Acción Para América Latina”. El documento fue elaborado por el director ejecutivo del Ceja, Jaime Arellano, Rafael Blanco, Alejandra Alliuad, Joanna Heskia, Jaime Retamal y Ángel Valencia.
En el texto, los autores dan cuenta de por qué se han deteriorado los niveles de paz y seguridad en el continente durante el último decenio y cómo han impactado en estos indicadores el surgimiento de mecanismos de criminalidad organizada transfronteriza, delitos informáticos, redes y cadenas de grupos criminales asociados; la aparición de nuevos delitos en el ámbito financiero; así como la repercusión de la migración y desplazamientos de personas originadas por problemas de persecución política, violencia estatal, amenazas, violencia y persecución de organizaciones criminales y narco-delincuentes.
Además, señalan que es necesario “avanzar o consolidar la independencia orgánica y funcional de los Ministerios Públicos con adecuados sistemas de control y rendición de cuentas”.
Esta conclusión, según el resumen ejecutivo del documento, se basa en la “falta de información empírica de calidad: la información estadística del trabajo que las fiscalías expresan en sus reportes públicos suele ser muy gruesa; falta de información empírica del trabajo persecutorio: sólo se muestran cifras gruesas o porcentuales en materias de términos, consistentes en archivos, acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales, procedimientos abreviados o cantidad de juicios realizados y sus resultados de condena o absolución, sin posibilidades de seguimiento; es necesario re encausar la auto percepción del trabajo del fiscal: los fiscales se perciben como operadores estrictamente jurídicos y no como agentes sociales; se entiende su autonomía como inmunidad absoluta a la crítica; son necesarias mejoras en los usos y procesamientos de información de causas criminales; mejoras en los sistemas de análisis criminal, ya sea en generación o consolidación de unidades de análisis criminal; y desafíos de la capacitación continua de los fiscales del Ministerio Público”.
En la publicación además se constata que la presión social y reformas judiciales en los países que contaron con los recursos para la construcción de nuevos recintos carcelarios y la ampliación o modificación de las existentes, para alojar a personas sirviendo penas o condenas, detenciones o prisiones preventivas, ha contribuido al aumento sostenido de la población penal (cantidad de encarcelados en general) y de encarcelados no condenados en la región.
Ante este panorama se proponen líneas de acción específicas en áreas e instituciones tan importantes de la cadena de seguridad y justicia, como son los Ministerios Públicos, las policías y el impulso a mecanismos de solución de conflictos que promuevan salidas tempranas y alternativas que, por una parte, visibilicen a las víctimas, y que simultáneamente, interrumpan carreras criminales, y ayuden a fortalecer la reinserción temprana de los condenados.
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