En diversos medios de comunicación, los profesores del Magíster en Derecho Público UAH Gonzalo García y Tomás Jordán se refirieron a la decisión del Tribunal Constitucional respecto de la “Ley corta de Isapres”, el cual se dio a conocer el pasado jueves 21 de marzo cuando el pleno del TC resolvió, por seis votos contra cuatro, acoger requerimiento de un grupo de senadores/as. Así, se buscaba dejar sin efecto la llamada “mutualización de la deuda de las Isapres”, y contaron con la asesoría del profesor UAH Gonzalo García, entre otros expertos en la materia.
Dicho mecanismo, que estaba plasmado en la redacción del proyecto que llegó a la Cámara de Diputadas y Diputados, buscaba compartir costos y riesgos los que, tal como está, reduciría el cálculo de la deuda de las aseguradoras a US$ 451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.
Los senadores oficialistas Juan Luis Castro (PS), Daniel Núñez (PC), Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD) acusaron que la fórmula planteada constituía un “perdonazo” a las Isapres y acudieron al TC tras recopilar 17 firmas de senadores oficialistas y de la DC.
Así, “los alegatos de la semana pasada en el TC buscan clarificar si esas indicaciones son o no constitucionales, o si eran materia propia de seguridad social y, por ende, no debían ser presentadas por parlamentarios, sino que solo por el Presidente de la República”, explicó el profesor UAH Gonzalo García en Radio La Clave, quien participó de los alegatos en el TC.
Por su parte, el profesor UAH Tomás Jordán, aseguró a La Tercera que el fallo del TC “cuestiona quién podía presentar la indicación”, por lo que lo que hace el tribunal “es resguardar las facultades del Presidente de la República”. Lo anterior, al acoger la tesis de los senadores en ambos sentidos. Sin embargo, añade Jordán, los ministros del TC en este fallo no están resolviendo el fondo respecto de la inconstitucionalidad de la mutualización, sino cómo esta fue introducida en la ley.
“Estamos esperando el fallo que deberíamos tener entre el 31 de marzo y 1 de abril por lo que, al momento en que retome su actividad la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, vamos a tener una sentencia y conoceremos todos los alcances; vamos a verificar exactamente en qué consiste la decisión que tomó el TC, porque no tenemos exactamente el alcance: se retorna o no al primer trámite constitucional en el Senado y se excluye esta cláusula de mutualización, o se permanece en el segundo tramite constitucional, se da por bueno todo lo tramitado y simplemente se excluye en esta segunda fase”, concluye García.
El largo dilema de las Isapres
Gonzalo García explicó en el programa Clave Morse, en Radio La Clave, el largo recorrido que ha tenido el dilema de las Isapres desde 2010, cuando el TC declaró la inconstitucionalidad de la tabla de factores de riesgo “porque permitía la discriminación en todos los contratos de salud por asumir que el riesgo del sexo y la edad eran determinantes para efectos de construir un contrato discriminatorio”.
“Entre 2010 y 2020 sistemáticamente la gente judicializó sus alzas de planes, y sistemáticamente se aplicaron esos criterios discriminatorios hasta que, a fines de noviembre de 2022, la Corte Suprema estableció una sentencia que quiso poner término al proceso, cerrando la judicialización, pero también obligando a devolver los fondos en exceso y estimando que el punto de partida de los fondos en exceso era una circular de la Superintendencia, fijando ahora una tabla única del año 2020 hasta la fecha”, explicó García.
Y añadió: “Esto nos llevó a que el gobierno estuviese desarrollando un proyecto de ley, denominado proyecto de Ley Corta, la que en enero fue aprobada en el Senado, incorporando una indicación por parte de algunos parlamentarios que establecían lo que se llama mutualización de la deuda”.
García asegura que es difícil saber el futuro del sistema de salud porque hay cuestiones que no son menores. “Estamos frente a un escenario de máxima judicialización y creo que los actores no han facilitado eso, y lamentablemente hay una costumbre excesiva por judicializar una política pública en extenso. En general, en otros países, esa judicialización se ha producido y quiero advertir que normalmente no siempre provocan un principio de igualdad ante la ley, cosa diferente de lo que acabamos de hacer ante el TC, que es simplemente cómo tramitar la ley”, dijo.
“Yo creo que en algún minuto hay que salirse de esa dinámica y construir un avance en términos de las debilidades que tiene el sistema, como los planes de salud que eran abiertamente discriminatorios, o no resolver los problemas críticos como las listas de espera. Creo que el conjunto de dilemas que ha ido acumulando nuestro sistema de salud nos lleva a que nos encontremos frente a un momento particularmente difícil y que es donde más claro deben estar las reglas del juego”, agregó.