En la lucha contra el narcotráfico, hoy miramos desde una especie de palco y nos preguntamos qué efectos puede tener cualquier medida que aplica una autoridad, sin cuestionarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo para resolver este problema.
Tenemos que salir de la ilusión de que cualquier problema de gran magnitud lo resuelva el Estado, mágicamente. La experiencia latinoamericana nos muestra, por un lado, lo que ocurre en Medellín y Bogotá en Colombia, donde el narco, a pesar de excelentes avances del Estado en más de 30 años, sigue presente en barrios marginados bajo la forma de la extorsión; y, por otro, la situación de Cherán en México, donde se erradicó el narco con la fuerza y convicción de la población. La lucha contra el narco es compleja, difícil, lenta y necesita abordajes múltiples y proactividad tanto de la sociedad civil como del Estado.A la fecha, las políticas antidroga de los países se han basado en el acuerdo de Washington (1970), que se enfoca en limitar la oferta, tratando de eliminar las fuentes de producción, sin pensar en la demanda. Esta política hasta hoy ha sido un fracaso, a pesar de éxitos puntuales. El narco se reproduce, corrompe, crece en Latinoamérica y aparece como un camino de movilidad social que toman grupos siempre crecientes de jóvenes sin esperanza de éxito en su desarrollo.
Las medidas jurídicas son indispensables, en particular frente al lavado de dinero, fuente fundamental del poder del narco, pero solo si se abordan con la población y la reconstrucción del tejido social, hoy fragmentado en la región, lograremos avanzar. Para enfrentar al narco, que es el símbolo de la crisis de nuestra sociedad de consumo y de falsos éxitos, el aparato estatal, a través de ministerios, gobernaciones, municipios y policías, debe trabajar conjuntamente, teniendo como perspectiva de largo plazo la reconstrucción del tejido social, a nivel de barrios, en toda la ciudad, sin excepción, con la población organizada a partir de sus valores y voluntad de recuperar su dignidad…