El jueves 4 de octubre se realizó en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, el seminario “Violencia de género en internet e intervención desde el Derecho Penal”, organizado por la Fundación Datos Protegidos y el Departamento de Derecho Penal UAH, con la colaboración de Privacy Internacional,
En la actividad se dio a conocer un estudio sobre alcances de la violencia en internet en Chile, específicamente hacia mujeres y la comunidad LGBTIQ+, entregando una mirada general de las garantías fundamentales afectadas por las nuevas tecnologías de información. Además, se examinaron los esfuerzos institucionales que se han realizado y podrían realizarse en nuestro país respecto a esta materia.
En el encuentro expusieron: Jessica Matus, Fundadora de Datos Protegidos y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado; Karen Vergara de ONG Amaranta; Paz Peña, del Colectivo Acoso.Online; Vanessa Astete, integrante de la comisión de seguimiento legislativo y políticas públicas de Abofem (Asociación de abogadas feministas de Chile); y los académicos Laura Mayer (PUCV), Luis Emilio Rojas (UAH) y Carlos Reusser (U. Mayor).
Datos del Estudio
El total de las mujeres cis y trans consultadas declaró haber recibido algún grado de agresión digital. Los casos más frecuentes incluyeron el acoso en línea (también conocido como cyberstalking), que abarca las amenazas violentas, difusión de mentiras con la intención de dañar a la víctima, invasión a la privacidad, divulgación de imágenes sexualmente explícitas, etc.
Llevándolo a las cifras: un 88,14% de quienes respondieron la encuesta declararon haber sufrido violencia de forma escrita en redes sociales (RRSS), la cual comprende burlas, insultos y humillaciones. La segunda forma de violencia más frecuente fue el acoso y hostigamiento, la cual afectó al 66,1% de las encuestadas; mientras que la tercera forma de violencia más común fue el envío de imágenes o videos agresivamente sexuales sin que la persona lo pidiera (40,68%). Además, un 30,51% sufrió la exposición de información falsa sobre su vida personal, afectando su dignidad, tales como injurias y calumnias. Un 22% sufrió amenazas explícitas y otro 18,64% sufrió la pérdida de RRSS o del correo a través de hackeos.
En menores porcentajes, las personas encuestadas declararon haber sufrido la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (13,56%), suplantación de identidad (11,86%), extorsión (10,17%), publicación de datos personales en webs o foros (8,47%) y la grabación y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en ninguna parte del proceso (6,78%). Dos personas encuestadas declararon que los ataques pasaron del plano virtual al físico.
Un 71,19% de los ataques ocurrieron en Facebook, siendo la plataforma en la que ocurrieron la mayoría de los asaltos. Le sigue WhatsApp (30,51%), Twitter (28,81%), Email (22%) e Instagram (16,95%). Además, un 25,42% sufrió ataques en otras plataformas, entre las que se mencionaron Fotolog, Tumblr, foros y páginas pornográficas.
Al preguntar si conocían a sus atacantes, un 42,37% dijo conocerlos, un 37,29% dijo que eran desconocidos y un 20,34% declaró haber conocido a algunos de quienes la o lo atacaban. Si bien un 57,63% de las personas encuestadas eran mayores de edad al momento de sufrir la violencia, un 15,25% declaró haber sido menor de edad cuando ocurrió y otro 27,12% afirmó que le ocurrió en ambos momentos de su vida.
La principal forma de respuesta ante la violencia fue el aumento de seguridad en RRSS y otras plataformas basadas en tecnologías, estrategia que tomó el 62,71% de quienes respondieron la encuesta. Otra estrategia importante fue el bloqueo, utilizado como mecanismo de defensa en el 61% de los casos. La tercera principal estrategia era la conversación del tema con personas del entorno cercano y de confianza, presente en el 49,15% de los casos.
Además, algunas personas fueron a terapia psicológica o similar (27,12%), otras optaron por cerrar sus redes sociales (22,03%) y otras intentaron denunciar a Carabineros, PDI o el juzgado local, sin resultados (18,64%). En contraposición, solo a un 6,78% le recibieron la denuncia. Un 13,56% denunció el ataque en redes sociales y hubo un porcentaje similar que optó por no hacer nada. Una persona declaró haber llevado el caso ante autoridades universitarias y otra, afirmó que “cambié mis números de teléfono y bajé todos mis datos públicos (incluso currículums)”.
Hasta la fecha, del 6,78% de las mujeres (cis y trans) a las cuales les acogieron la denuncia, ninguna ha resultado en condena penal, sanción o alguna forma de reparación hacia las víctimas afectadas, incluso cuando las pruebas incluían la identidad de los agresores.
