Señor Director:
Los episodios de tráfico de influencias en que, según ha trascendido, estarían involucrados algunos miembros de la Corte Suprema afectan principios básicos del Estado de Derecho, extendiendo un manto de duda acerca de la imparcialidad de la justicia.
Que el ejercicio de atribuciones constitucionales de nuestro más alto tribunal, sea en procesos de nombramientos de autoridades, sea en la adjudicación de causas, no dependa exclusivamente del mérito de los candidatos o de las razones aportadas en el proceso por los litigantes, sino también de sus redes con los jueces, puede resultar devastador para la justicia.
Los abajo firmantes tenemos bajo nuestra responsabilidad conducir la formación de los futuros abogados y abogadas del país, a quienes en las aulas transmitimos el valor de la integridad y la ética en el ejercicio profesional. Asumimos esa responsabilidad con seriedad y dedicación. De la credibilidad de ese mensaje depende la calidad de la justicia que tendremos en el futuro.
Las instituciones deben reaccionar de forma seria y transparente ante estos hechos, restituyendo el valor de la probidad y la imparcialidad de la justicia. Las facultades de Derecho estamos disponibles para aportar en esta urgente tarea.
Daniela Accatino / Decana Derecho UAustral
Isabel Aninat / Decana Derecho UAI
María Graciela Brantt / Decana Derecho PUCV
Jaime Couso / Decano Derecho UDP
Miriam Henríquez / Decana Derecho UAH
José Ignacio Martínez / Decano Derecho UAndes
Gonzalo Rioseco / Decano Derecho UDD
Carta al director publicada en El Mercurio
