El 13 y 14 de agosto, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Lorena Espinosa, participó en el VIII Foro Anual de la Red Chilena de Investigadores en Derecho Procesal, que llevó por título “Repensar el proceso: principios procesales y función jurisdiccional en transformación”.
El encuentro se realizó en la Universidad Católica del Maule, en Talca, y fue un espacio de reflexión crítica, diálogo y proyección del derecho procesal frente a las nuevas exigencias de acceso a la justicia y transformación del sistema jurisdiccional.
La profesora Espinosa fue parte de la mesa “Acceso a la justicia y tutela jurisdiccional efectiva” y presentó la ponencia “¿De qué realmente hablamos cuando hablamos del derecho de acceso a la justicia? Un análisis hohfeldiano”.
A partir de la pregunta que le dio el nombre a la presentación, la académica reflexionó sobre un problema de larga data, pero no resuelto: que el acceso a la justicia no está garantizado por igual para todas las personas.
La investigación de Espinosa sostiene que, al menos en parte, este problema persiste porque no se ha abordado una de sus raíces: el propio concepto de acceso a la justicia, que presenta dos problemas distintos.
“El primero es de carácter estructural y se refiere a su naturaleza normativa: no está suficientemente claro qué se entiende por ‘acceso a la justicia’, ya que bajo una misma expresión se agrupan posiciones jurídicas distintas. El segundo es de carácter sustantivo y se refiere a su contenido: se trata de una concepción incompleta, pues, en gran medida, restringe el acceso a la justicia al proceso judicial adversarial y se basa en un enfoque abstracto que invisibiliza las diferencias entre las personas”, aseguró.
La ponencia abordó el primero de estos problemas y, utilizando a Wesley Hohfeld, constata que, bajo una misma expresión —y otras afines como “derecho a la acción” o “tutela judicial efectiva”— se encuentran implícitas ideas estructuralmente distintas: un derecho subjetivo en sentido estricto y un conjunto de libertades, potestades e inmunidades. Se argumentó, además, que abordar un problema práctico, depurando su marco conceptual, contribuye a clarificar y precisar lo que puede exigírsele al Estado en términos concretos y lo que resulta pensable a nivel procesal y de política pública en la materia.