La tarde del martes 04 de agosto, los académicos de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Pascual y Gabriela Hilliger —quien además es directora jurídica del Servicio Jesuita de Migrantes—, asistieron a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados para comentar el proyecto de ley que busca reformar la Constitución en materia de detención para la ejecución de expulsiones administrativas (Boletín N° 18.314-07).
En el proyecto se propone que la ley fije un plazo inicial de hasta 60 días corridos, renovable dos veces más por 60 días cada vez, lo que habilita una detención migratoria a personas que se encuentran con medida de expulsión vigente de hasta 180 días corridos. Es decir, 36 veces el plazo máximo hoy vigente de 5 días, establecido en el artículo 134 de la Ley 21.325.
“En la sesión pudimos exponer sobre los principales problemas que encontramos en el proyecto de reforma constitucional, que es inédito para nuestro ordenamiento jurídico y, por lo tanto, merece muchísima atención porque amplía los plazos de detención de forma significativa. Se dio una discusión muy interesante y pudimos despejar algunas dudas que tenían respecto de la regulación comparada, los estándares internacionales y de los riesgos que veíamos en la redacción actual del proyecto”, dijo Pascual.
El profesor aseguró ante las y los diputados que conforman la Comisión que “esta reforma constitucional rompe con toda la tradición constitucional chilena en materia de plazos vinculados a la privación de libertad y no aparece consistente con los demás estatutos vinculados justamente a la restricción de este derecho”.
Además, realizó un análisis comparativo de la legislación sobre esta materia en México, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica y Panamá, países que, por lo demás, entregan esta facultad a la ley y no se encuentra establecido en la Constitución.
Centros de detención y sobrepoblación carcelaria
Para Gabriela Hilliger es legítimo que el Estado busque herramientas que le permita implementar sus políticas migratorias, sin embargo, cree que hay que poner atención a la técnica legislativa que se utiliza y las implicancias presupuestarias que podría tener para las instituciones a cargo de efectuar las expulsiones: Policía de Investigaciones, Poder Judicial y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“¿La ampliación del plazo es una medida necesaria para lograr el cumplimiento de la expulsión?”, se preguntó la docente en su exposición y aseguró que alrededor de 336.948 personas podrían estar sujetas a esta medida, considerando la población extranjera que se encuentra en situación irregular. Entre ellas, familias con hijos pequeños, embarazadas y grupos de especial protección quienes, según el proyecto, deberían ser retenidos en centros de detención.
“Frente a eso, la población penal actual rodea las 62.323 personas, con una capacidad de 42.437 personas, es decir, con una sobrepoblación de 47%. Tener recintos con las condiciones mínimas según los estándares de derechos fundamentales de la Constitución chilena y sus estándares internacionales ya es un desafío respecto de la población penal que comete delitos graves, más aún respecto de la población migrante donde tendrían que cumplir 180 días. ¿Hay un presupuesto que se esté aparejando a este proyecto para valorar si es responsable el gasto que implica?”, reflexionó.
Otro obstáculo que detectaron los académicos tiene que ver con asuntos administrativos que podrían impedir la readmisión de las personas expulsadas a sus países de origen, ya que hoy en día hay naciones que no permiten el ingreso al espacio aéreo de vuelos provenientes de Chile, como es el caso de Venezuela.
“Lo que uno ve en la práctica es que finalmente las personas que sobrepasan la barrera de las 48 horas de privación de libertad provienen de países donde no se pueden gestionar las autorizaciones respectivas para que sean acarreadas a su país de origen”, aseguró Hilliger. Un problema que, dijo, han experimentado otros países y cuyos centros de detención terminan albergando familias durante años.
El proyecto de ley se presentó el 8 de junio en la Cámara mediante el Mensaje N.º 067-374 del Presidente de la República, José Antonio Kast, y está suscrito por los ministros del Interior, de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos. Será votado en general por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento el próximo miércoles 12 de agosto.
La participación de los académicos de la Clínica Jurídica en esta discusión legislativa forma parte de las numerosas acciones que realiza la Facultad de Derecho para posicionar a la Universidad Alberto Hurtado como una voz académica relevante en el debate público, especialmente relativos a temas de migración y movilidad humana, y que se encuentra en los objetivos del Plan Estratégico Institucional 2030.