En la reciente entrega de resultados del Programa Fondecyt Regular, Claudio Agüero San Juan, profesor de Derecho Constitucional UAH, resultó ser uno de los 28 adjudicatarios dentro del Grupo de Estudio de Ciencias Jurídicas y Políticas de CONICYT. La adjudicación es destacada, pues en ese grupo se presentaron 518 proyectos.
El proyecto del académico UAH se titula “Lenguaje claro, palabras técnicas y conceptos jurídicos indeterminados en el razonamiento judicial sobre la ley AUGE” y el equipo de trabajo es integrado por los coinvestigadores Dra. Alejandra Zúñiga, profesora de la Universidad de Valparaíso, y Dr. Juan Pablo Zambrano, profesor de la Universidad de la Frontera, además de los docentes Dr. Enrique Rajevic y Dr. Alejandro Calzetta, ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
El proyecto es interdisciplinario, pues combina filosofía política, teoría del derecho y dogmática jurídica. Su objetivo es repensar el modo en que se construyen las sentencias judiciales usando los estándares del movimiento de lenguaje jurídico claro.
La investigación sólo se enfoca en las sentencias que resuelven casos de responsabilidad del estado en materia sanitaria, porque en esos casos concurren cuatro condiciones: (a) la Ley nº 19.966 (Ley de garantías explícitas de salud) establece un amplio conjunto de conceptos jurídicos indeterminados, (b) los jueces tienen que resolver estos casos interpretando e integrando el derecho vigente, (c) los casos ponen en juego cómo el estado ha ejecutado la política pública sanitaria y, (d) los casos son sensibles para la población, porque existen amplias expectativas –de los litigantes y de la ciudadanía– sobre cómo se resuelven estos casos, es decir, sobre cuáles son las razones que fundan la decisión y sobre cuál es su sentido.
La iniciativa ganadora es el tercer proyecto Fondecyt consecutivo del profesor Agüero que se dedica a estudiar el razonamiento jurídico en el Derecho Administrativo chileno. En este sentido, más allá de las publicaciones académicas comprometidas, su financiamiento permitirá mantener online y mejorar el sitio web Decisiones Públicas, en donde se ha sistematizado la doctrina y la jurisprudencia sobre casos de responsabilidad del estado por falta de servicio.