“El discurso en los últimos 50 años en América Latina es pedir aumento de dotación de policías, incremento de penas para aquellos delitos que consideramos que tienen un impacto social más relevante, medidas cautelares más drásticas y severas y contar con más cárceles. Si uno mira si todo esto ha tenido alguna incidencia en el control de la criminalidad en América Latina la respuesta es ninguna». Así lo sostuvo el investigador del Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP) de la UAH, Rafael Blanco Suárez, en la Conferencia “Análisis de los sistemas de enjuiciamiento y persecución criminal en América Latina. Problemas y desafíos”, dictada en la Universidad de Salamanca en Madrid, España el 03 de febrero recién pasado.
El académico de la Facultad de Derecho de la UAH, destacó que los datos muestran que América Latina es una región violenta con bajos índices de paz social lo que a su juicio debería ser objeto de estudio para el mundo académico y convertirse en un gran desafío para la persecución de delitos y el enjuiciamiento criminal. En todos estos países, enfatizó Blanco, se ha trabajado en reformas a los procesos y a los sistemas de justicia criminal desde fines de los años 80, donde las primeras naciones que hicieron transformaciones a sus modelos de enjuiciamiento y persecución criminal fueron Guatemala y el Salvador. ”Toda la región ha vivido procesos de reforma que han tocado la organización y el sistema procesal, es decir existen experiencias suficientes como para hacer evaluaciones sobre el impacto de estas reformas que se han ido instalando en prácticamente todos los países de la región desde México hasta el cono sur”, relató el experto.
Para el abogado la policía es un actor relevante de estudio en América Latina a la cual se le ha otorgado mayores atribuciones. Sin embargo, declara el académico, la eficiencia de su trabajo no solo tiene que ver con dotación y despliegue territorial, sino que también con los perfiles que posee y los mecanismos de atracción y retención de personal. “Habitualmente son los actores menos pagados y entrenados de los modelos de persecución penal, los sistemas de control interno también son importantes de mirar ya que muchas veces encontramos altos niveles de corrupción”, afirmó el docente de la Facultad de Derecho de la UAH.
Blanco señaló que lo correcto es entregar atribuciones a la policía en la medida que estas sean sujetas a un control efectivo afirmando que es en este punto donde los modelos latinoamericanos muchas veces se caen y cometen graves errores “Si usted me dice que le va a dar atribuciones especiales a la policía y que nadie la va a controlar mi respuesta es no, porque el poder absoluto corrompe y me parece que los ejemplos nos muestran que siempre se termina en una vulneración de derechos y garantías”, enfatizó el docente.
En cuanto al Ministerio Público, el investigador señaló que hay temáticas poco abordadas y que son de gran interés, ya que se requieren datos sobre los modelos de gestión institucional, de organización, sistemas de control y monitoreo, revisión de sistemas organizacionales adoptados, etc. Además, destacó que cuando se construye un sistema procesal penal se observa siempre una tensión entre derechos y garantías, lo que a su juicio es un falso dilema porque lo importante es disminuir los tiempos de respuestas de los sistemas de persecución criminal es decir “el plazo razonable en las investigaciones”, elemento a su juicio clave porque ninguna persona quiere ser imputada indefinidamente.
El académico indicó que los estudios muestran que la confianza en la institucionalidad pública en América Latina es muy baja lo que también está relacionado con el sistema de justicia. “Tenemos problemas de corrupción y bajos niveles de confianza en nuestro sistema de justicia, esta mezcla hace que se tengan que diseñar sobre la fiscalía y la policía mecanismos de eficiencia, eficacia y confianza.”, destacó Rafael Blanco.
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Noticia CIPP UAH