El lunes 26 de octubre, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Cristóbal Paris, asistió a la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados para analizar el proyecto de ley, originado por mensaje presidencial, que busca modificar el Código Procesal Penal para regular la continuidad del juicio oral y permitir la dictación de sentencia definitiva ante la incomparecencia injustificada del acusado (Boletín N°18.208-25), que se encuentra en segundo trámite constitucional.
El académico del Departamento de Derecho Procesal y Resolución de Conflictos UAH aportó observaciones técnicas y abordó algunas de las principales implicancias procesales y político-criminales de la iniciativa, especialmente en relación con las garantías del debido proceso, la eficacia de los mecanismos de persecución penal y los desafíos que plantea su eventual incorporación al ordenamiento jurídico.
Si bien Paris reconoció como premisa compartida con el Ejecutivo que la paralización indefinida de causas por rebeldía constituye un problema real para las víctimas y para la credibilidad del sistema penal, su análisis se centró en determinar si el diseño aprobado por el Senado permite resolverlo con una mejora efectiva que justifique las restricciones al debido proceso.
Según planteó, el sistema procesal penal se estructura sobre una tensión entre la eficacia de la persecución y las garantías que limitan el ejercicio arbitrario de la coerción estatal, por lo que toda restricción de derechos debe perseguir un fin identificable, producir una mejora verificable y carecer de alternativas menos restrictivas. La acreditación de esas condiciones corresponde, a su juicio, a quien propone la modificación.
En cuanto a la eficacia de la iniciativa, advirtió que el Ejecutivo no entrega estimaciones sobre cuántas causas podrían resolverse ni cuántas condenas llegarían efectivamente a ejecutarse, y tampoco evalúa alternativas menos restrictivas. En su opinión, los déficits del sistema se originan principalmente en problemas de gestión, localización y aseguramiento de la comparecencia antes que en un exceso de garantías durante el juicio oral. Observó que la reforma restringe una garantía central, como es la presencia del acusado en el juicio, vinculada con la contradicción y la inmediación, cuya renuncia requiere conocimiento efectivo.
Sin embargo, la propuesta solo aborda aproximadamente el 11% del problema que invoca, mantiene sin solución el principal obstáculo asociado a la localización de los imputados y puede exponer las sentencias a nulidades que obliguen a repetir los juicios. Ante una eventual aprobación, propuso que el juicio en ausencia opere únicamente como una excepción sometida a estándares estrictos, entre ellos el conocimiento efectivo que permita una renuncia informada, un umbral de pena acotado como criterio de proporcionalidad, el derecho a un nuevo juicio como mecanismo de reversibilidad y una evaluación periódica de los resultados.
Fuente: camara.cl