«El despertar de los alienígenas», por Hugo Rojas PhD





Noticias | 13/11/19

Desde que se recuperó la democracia en 1990 no se había vivido un estallido social de la magnitud de lo que está ocurriendo en estos momentos. Durante años se incubó un malestar profundo con la desigualdad que genera el modelo político-económico impuesto por la dictadura y que, por diversos motivos, ha persistido durante casi tres décadas de transición a la democracia.

Es cierto que hemos crecido económicamente y disminuido los niveles de pobreza, pero eso no basta para asegurar la gobernabilidad y democratización de nuestra sociedad. La fuerte concentración de la riqueza, la exclusión de amplios sectores sociales de la bonanza económica, y los permanentes abusos y privilegios de la elite, terminaron por cansar a esa mayoría silenciosa que está expresando su disconformidad. El alza del valor del pasaje en el Metro fue solo el detonador de la primavera chilena.

LAS CAUSAS DEL MALESTAR SOCIAL

1. Exclusión y fragmentación social. Diversas investigaciones dan cuenta de la falta de igualdad de oportunidades y sus consecuencias en la vida de los chilenos. En 1999 José Bengoa, Francisca Márquez y Susana Aravena publicaron La Desigualdad: Testimonios de la sociedad chilena en la última década del siglo XX; Eduardo Engel y Patricio Navia publicaron el 2006 Que gane “el más mejor”: Mérito y competencia en el Chile de hoy; desde el 2005 la Fundación para Superación de la Pobreza publica periódicamente Umbrales Sociales para Chile; el 2017 el PNUD publicó Desiguales: Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile. Estos y otros estudios explican las dificultades de la clase media y sectores más vulnerables, las barreras a la movilidad social y la falta de meritocracia en Chile.

También los artistas han denunciado la exclusión social. Por ejemplo, la canción “El Otro Chile” de Portavoz cuenta con más de 20 millones de visitas en Youtube, precisamente porque representa las frustraciones, la rabia y la impotencia de quienes se sienten marginados de las bondades del proceso de modernización que ha experimentado el país. El aspecto más doloroso de la exclusión social es el sentimiento de no sentirse reconocido ni valorado: la exclusión atenta contra la dignidad de las personas. Por ejemplo, es preocupante que el 41% de la población señale que experimenta malos tratos en el trabajo o servicios públicos (PNUD 2017).

2. Desigualdad e indolencia de la elite económica. A pesar que durante tres décadas se ha reducido gradualmente la pobreza, pasando de 38 al 8%, el 1% más rico de la población concentra el 30% de los ingresos. Este grupo social debe efectuar una severa autocrítica, pues todos estos años ha apostado por el crecimiento económico del país, descuidando la importancia de mejorar la distribución del ingreso. Habiendo acumulado suficiente riqueza para asegurar sus vidas y la de sus descendientes, ¿por qué no colocar dentro de sus prioridades que todos sus trabajadores aumenten su capacidad adquisitiva? Recuérdese que el sueldo promedio de todos los trabajadores de Chile es $575 mil mensuales, y que la mediana es de $400 mil mensuales.

Es cierto que algunos grupos empresariales financian programas educacionales de calidad para quienes no tienen posibilidades de recibir una buena educación, pero podría ser una práctica generalizada. Si uno revisa las donaciones que reciben las universidades, es evidente que el empresariado está apoyando ideológicamente a algunas instituciones y no a otras, siendo que las universidades están al servicio de la generación y transmisión de conocimientos en las diversas áreas del saber. Por otro lado, ¿por qué los súper ricos no impulsan medidas que permitan a la clase media mejorar sustantivamente su calidad de vida? Lamentablemente las fundaciones que algunos empresarios financian tienen por finalidad mantener el status quo y asegurarse que las políticas públicas no modifiquen el modelo político-económico vigente en el país.

3. Aburguesamiento de la clase política. Diversas encuestas muestran que la ciudadanía tiene la percepción que la clase política tradicional se ha distanciado de los problemas cotidianos de la gente. Las promesas formuladas en las campañas electorales no han sido cumplidas en reiteradas e incluso demasiadas ocasiones, acrecentando la desconfianza y malestar del electorado. Por ejemplo, en la última elección presidencial Sebastián Piñera prometió al país crecimiento y bienestar, pero quienes incluso votaron por él han dejado de apoyarlo y en estos momentos cuenta con un apoyo del 14% (Encuesta CADEM, octubre de 2019).

Uno de los problemas no resueltos apropiadamente en Chile es el financiamiento de las campañas políticas, lo cual ha permitido la captura de la clase política por parte de la elite empresarial.

En la discusión pública abundan las falacias argumentativas, y a ratos da la impresión que la clase política es incapaz de discutir ideas sin agredir a quienes piensan de manera diferente. Ante la ineficiencia de los canales formales al interior del sistema democrático para expresar las molestias y demandas ciudadanas, los espacios de participación política y deliberación pública han quedado reducidos a las marchas y protestas en las calles y ahora en incipientes cabildos o diálogos auto convocados por la sociedad civil.

4. Falta de deliberación pública y participación ciudadana. En términos generales, la clase política de los partidos tradicionales no ha estimulado la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Todo lo contrario, los políticos profesionales de los partidos gobernantes privilegiaron la desmovilización social. La principal recomendación del PNUD en La democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos (2004) es avanzar desde una democracia electoral hacia una cultura democrática más participativa y robusta.

Los medios de comunicación también tienen una cuota de responsabilidad en esta crisis, pues más que contribuir al debate público lo que han hecho es trivializar a la sociedad. Los medios, y en especial la televisión, inciden en las prioridades de los ciudadanos y en sus temas de conversación cotidiana. En vez de propiciar el periodismo investigativo y discusiones de calidad sobre asuntos de relevancia pública, los canales se conforman con competir por el rating y la sintonía fácil con realities y farándula. Los canales deben hacer una autocrítica profunda y preguntarse por su programación y contenidos. ¿A quiénes les dan tribuna para que diariamente hablen sandeces y adormezcan a la mayoría silenciosa? Basta constatar cómo los canales han abordado estos días la crisis en la que nos encontramos. Locutoras/es y opinólogas/os con bajos niveles de formación académica, incapaces de comprender las causas de los problemas sociales, limitándose a comentar casos particulares, sin pensamiento abstracto ni control de sus emociones. Al exigírsele autofinanciamiento, el canal público de televisión se comporta como un canal privado más, renunciando a los principios en virtud de los cuales fue creado hace cincuenta años.

5. Individualismo y consumismo. El diagnóstico formulado hace más de veinte años por Tomás Moulian en Chile Actual: Anatomía de un Mito (1997) y El Consumo me Consume (1998) no solo sigue vigente sino que se ha extremado: Los chilenos están volcados a la codicia y consumo desenfrenado de bienes absolutamente prescindibles. Desde la dictadura el mercado pasó a ser el principal articulador de las decisiones públicas. La ostentación no es mal vista, por el contrario, es exhibida y aplaudida. La presión social por consumir hace que los chilenos trabajen más horas de lo razonable con tal de generar recursos suficientes para aparentar más de lo que son. Es evidente que nuestras prioridades deben cambiar.

Aumentar nuestra densidad cultural implica fortalecer los niveles de acceso a la cultura y promover la lectura desde temprana edad. Mejorar la educación pública es un deber moral con las futuras generaciones. En estos momentos el 84% de los chilenos no comprende lo que lee (Consejo de la Cultura y Centro de Datos Microdatos de la Universidad de Chile, “Estudio de Comportamiento Lector”, 2019), y el número de libros por hogar y de horas destinadas a la lectura por habitante en Chile son inferiores al promedio de los países de la OECD.

LAS DEMANDAS DE LOS ALIENÍGENAS

1. Pacto Social y Nueva Constitución. La principal demanda de la ciudadanía es que se ponga término a prácticas culturales abusivas de parte de quienes tienen más poder político y/o económico. Adicionalmente, exige que se revise el sistema normativo que regula las interacciones sociales y convivencia política en Chile. Como es sabido, el diseño político-institucional fue fijado en la Constitución de 1980, impuesta en un plebiscito sin garantías electorales. Es cierto que se han aprobado numerosas reformas a la Constitución, pero solo aquellas que los partidos de derecha han estado dispuestos a apoyar. Como la norma fundamental no representa a todos los sectores, es polémico sostener que en Chile existe un proyecto ampliamente compartido.

La Presidenta Michelle Bachelet inició un proceso de diálogos ciudadanos para avanzar hacia una nueva Constitución, pero esta iniciativa no prosperó. Las lecciones de ese esfuerzo participativo, en el que 218.689 personas se involucraron, pueden ser aprovechadas. Lo relevante es que la sociedad chilena pueda pronto discutir y consensuar cuáles deberían ser las bases fundamentales de su sistema político-económico. Refundar la república implica un diálogo social en el que se discutan temas relevantes para los ciudadanos, tales como, el rol del estado, el diseño político-institucional, los derechos políticos, sociales, culturales y económicos, el reconocimiento de los pueblos indígenas, etc.

2. Estado de Bienestar. A pesar que no se ha expresado en estos términos, es posible advertir que los ciudadanos están disconformes con el rol subsidiario que se la ha otorgado al estado, esto es, un estado que interviene recién cuando el mercado es incapaz de resolver las necesidades de las personas. Los ciudadanos anhelan un estado que asegure a todas las personas un mínimo de garantías sociales, es decir, un Estado de Bienestar dotado de programas efectivos de protección social.

Como la salud, la educación y el transporte públicos son de mala calidad, quienes tienen mayores ingresos destinan un porcentaje importante de sus ingresos a colegios, universidades, clínicas, seguros y transporte privados. El sistema de pensiones está basado en la capacidad de ahorro individual de los trabajadores, en vez de propiciar la solidaridad intergeneracional. La política de subsidios habitacionales no es más que un reflejo más del rol subsidiario que se le ha dado al Estado. La falta de regulación y la sumisión de los temas urbanísticos al mercado han incidido en ciudades cada vez más segregadas. Lo que la ciudadanía demanda es que iniciativas tan loables como el Plan Auge en el sector salud sean la regla general de un anhelado sistema de protección social.

3. Nacionalización de los recursos naturales. Chile es un país que cuenta con recursos naturales cuya explotación permitiría financiar gran parte de las demandas de la movilización en curso. Sin embargo ello no es posible porque desde la dictadura se disminuyó el rol productor del estado, y se optó por privatizar no solo las empresas sino que los recursos naturales. La producción de CODELCO apenas representa un tercio de la producción de cobre en el país. No es de extrañar que los planes del gobierno, y en particular de CORFO, sean privatizar el litio mediante licitaciones internacionales.

Antiguamente importantes servicios básicos eran proporcionados por el estado, como la electricidad, la telefonía, el agua potable, pero esos servicios ahora son gestionados por empresas privadas, en muchos casos monopólicas. Las privatizaciones se han llevado a tal extremo que incluso el agua le pertenece a un puñado de chilenos.

Como la nacionalización total o parcial de recursos naturales estratégicos para el país requeriría que el estado comprara empresas privadas o procediera a expropiarlas, pagando las respectivas indemnizaciones, todo indica que la obtención de fondos para financiar un sistema de protección social tendría que efectuarse en una primera etapa a partir de: aprobar una reforma tributaria que suba los impuestos de los sectores con mayores ingresos, disminuir todos aquellos gastos en el estado que son prescindibles o que tienen poco impacto social, y aumentar la deuda internacional.

Como se puede apreciar, la crisis social, política y económica en la que se encuentra el país es de tal magnitud que es prácticamente imposible que se pueda resolver en el corto plazo. A pesar que el curso de los procesos políticos en desarrollo es todavía imprevisible, es de esperar que las autoridades y los partidos políticos se guíen por la ética de la responsabilidad y contribuyan a la búsqueda de soluciones. Es prioritario que se reestablezca el orden público pero también que se investiguen las violaciones a los derechos humanos. Mientras un sector importante de la población sienta que sobra en el baile, parafraseando a Los Prisioneros, es probable que la movilización persista. No debería extrañar que dirigentes sindicales, estudiantes secundarios y universitarios agiten las consignas enarboladas por una movilización social todavía inorgánica. Las voces de molestia no se silenciarán con la aprobación de un paquete de reformas sectoriales elaboradas por un grupo reducido de tecnócratas.

Esta crisis es una oportunidad para que todos nos preguntemos cómo promovemos la inclusión social en nuestras vidas cotidianas y decisiones, y también para que exijamos en nuestros respectivos ámbitos de acción que se ponga término a los abusos e injusticias sociales. Lo que está en juego es la dignidad de la mayoría de los chilenos, quienes demandan un nuevo pacto social y la refundación de la república. La historia nos juzgará por las decisiones que adoptemos hoy.


El Dr. Hugo Rojas Corral cuenta con grados académicos en Ciencias Sociales, Sociología, Políticas Públicas, Derecho y Antropología. Imparte los cursos de Sociología del Derecho, Sociología Política y Métodos de Investigación Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, donde además se desempeña como Director del Departamento de Ciencias del Derecho.

Ha sido Profesor Instructor en el Magíster en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, Profesor Visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), Investigador Visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Duke (Estados Unidos), Profesor Adjunto Asistente en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Profesor invitado en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez.

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