El 06 de junio, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado Tomás Pascual participó en reunión internacional de la Sociedad Americana de Derecho Internacional (ASIL), que se realizó en la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires.
En su tercera versión, el encuentro reunió a especialistas en derecho internacional y destacados académicos y académicas bajo el tema “El orden jurídico internacional en una encrucijada: ruptura, resiliencia y renovación”. En él se exploró el orden jurídico internacional en un contexto de creciente conflicto, fragmentación económica, crisis climática y presiones sobre las instituciones multilaterales, y reflexionó sobre su capacidad de resiliencia, renovación y cooperación global más equitativa.
El docente de la Clínica Migrante UAH participó en el panel “Geopolítica humana: la crisis migratoria en las Américas”, que compartió junto a Antonia Urrejola, exministra de Relaciones Exteriores de Chile; Pablo Ceriani, director Especialización en Migración, Asilo y Derechos Humanos ACNUDH (Naciones Unidas); Juanita Goebertus de Human Rights Watch; y Andrea Pochak, primera vicepresidenta y relatora para la Movilidad Humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el panel se analizó la migración no sólo desde lo administrativo, sino como un fenómeno en el que el desplazamiento forzado de millones de personas se entrelaza con las políticas nacionales, los marcos jurídicos internacionales y las tensiones entre los Estados.
Ola migratoria bajo el gobierno de Kast
En su presentación, Tomás Pascual abordó el enfoque y los anuncios que ha realizado el gobierno del presidente José Antonio Kast ante la ola migratoria que enfrenta Chile, asegurando que los dos frentes legislativos están orientados a “convertir el control migratorio en un asunto de seguridad pública y derecho penal, no solo de gestión administrativa”.
El académico se refirió al proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino a Chile (Boletín 15261-25, refundido con otros), a la reforma constitucional al artículo 19 N°7 (que amplía de 5 a 60 días el plazo de detención administrativa de extranjeros con orden de expulsión) y a una iniciativa que castiga a quienes faciliten el traslado irregular de personas.
“Estos anuncios no son hechos aislados, sino la punta visible de un paquete mucho más amplio: cerca de veinticinco mociones y mensajes en tramitación desde 2022 que buscan, en conjunto, criminalizar el reingreso tras expulsión, acelerar la expulsión administrativa, restringir el acceso de migrantes irregulares a salud, educación y beneficios sociales, excluir de la reunificación familiar a quienes ingresaron ilegalmente, imponer a arrendadores y empleadores el deber de verificar y denunciar la situación migratoria de extranjeros, crear Centros de Internación de Extranjeros no penitenciarios, y restringir el derecho a voto y el cómputo del avecindamiento de extranjeros”, dijo Pascual.