El académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Pascual, analizó en radio Duna la indicación ingresada por el Ejecutivo al proyecto que modifica la Ley 21.325, para perfeccionar el sistema del procedimiento de expulsión administrativa, con la cual se busca que organismos públicos y privados de educación y salud entreguen antecedentes relativos a personas que tengan procedimientos migratorios en tramitación.
Pascual explicó que el acceso a la salud y la educación no pueden ser restringidos porque son derechos consagrados en la Constitución, sin embargo, “lo que hace esta indicación es alejar a esas personas del contacto con instituciones esenciales”. Es decir, en el ejercicio, se podría utilizar la información de centros de salud y educacionales para fines distintos a los que están destinados.
“La indicación, además, incorpora la posibilidad de que la Policía de Investigaciones o el Servicio de Migraciones soliciten a los jueces de garantía poder ingresar a los domicilios de las personas. Esto es que la PDI se transforme en un verdadero ICE. El problema que genera esta medida es de un impacto que no sé si el Ejecutivo está mirando”, puntualizó el académico UAH.
El experto aseguró que la raíz del problema es que el foco esté puesto en la expulsión de aquellos migrantes que se encuentran de manera ilegal en el país.
“La expulsión migratoria en particular es una expulsión compleja que tiene una proyección internacional. No es una sanción que se termina en Chile, sino que requiere necesariamente la transferencia de la persona hacia los países de origen. Y Chile se ha visto limitado, desde que se rompieron las relaciones consulares con Venezuela, de esa posibilidad”, aclaró, debido a que la mayor cantidad de migrantes irregulares en Chile provienen de dicho país.
“Mientras no tengamos la posibilidad de restablecer relaciones consulares y que Venezuela permita el tránsito aéreo de los vuelos que provienen de Chile, podemos hacer todas las modificaciones legales del mundo y no vamos a resolver el problema de fondo”, reiteró. Y añadió: “La única solución viable es la regularización. Lo que pasa es que nadie se atreve a llevar adelante este proceso”.
Para el académico, la movilidad humana ha sido un “caballito de batalla” en todas las elecciones del último tiempo en Europa y Norteamérica, y particularmente en Chile en el proceso electoral anterior. Por ello, es fundamental “que las modificaciones que nosotros hagamos internamente miren los contextos, no las posiciones políticas, sobre todo cuando ya no estamos en campaña. Me parece que hay un sentido de responsabilidad que se tiene que mirar con la evidencia y con personas que sepan de lo que se está hablando”.